La Justicia le puso un freno a la Legislatura porteña
A raíz de una acción de amparo, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires declaró la nulidad de la Audiencia Pública Virtual que trató la venta de 26 inmuebles del distrito. El Observatorio del Derecho a la Ciudad, junto a otras organizaciones, comenzó la presentación, porque ya existía una orden judicial que suspendía este tipo de audiencias. Por esta razón, el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 2, Andrés Gallardo, resolvió el incumplimiento de la medida cautelar sobre las audiencias públicas virtuales y declaró la nulidad del encuentro sobre los inmuebles. Además, le ordenó a la Legislatura de la Ciudad comunicar en su sitio web la suspensión de las audiencias públicas virtuales pendientes. Sumado a la remisión de una copia del expediente al fuero penal para investigar la posible comisión del delito de desobediencia, previsto por el Código Penal. El referente del Observatorio, Jonatan Baldiviezo, aseguró que el gobierno de Horario Rodríguez Larreta respondió con el pedido de recusación del magistrado. Este planteo se repitió durante la cuarentena, aunque fue rechazado en las otras oportunidades. Sin embargo, el abogado descartó un impacto en la medida judicial dictada, debido al pedido oficial. «Sigue vigente hasta que los jueces de Cámara decidan revocar o levantar», afirmó. De esta manera, consideró, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, que la gestión estatal utiliza las herramientas para obstaculizar el acceso de la ciudadanía a la justicia, en lugar de respetar la decisión del juez.
La Justicia frenó al caballito de IRSA
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°24 de la Ciudad de Buenos Aires suspendió el emprendimiento «Ciudad Palmera», promovido por la compañía Portland en el barrio de Caballito, por no adecuarse a las normas urbanísticas actuales. El titular del juzgado, Darío Reynoso, le dio lugar a la medida cautelar presentada por diferentes organizaciones y asociaciones vecinales, el Consejo Consultivo Comunal de Caballito y miembros de la Junta Comunal 6, en relación a los terrenos ubicados sobre la avenida Avellaneda al 1300. El referente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, repasó los cuestionamientos sobre Portland e IRSA, dueña de las tierras donde se pretendía establecer el desarrollo. En este sentido, señaló que el magistrado detectó que los permisos ambientales no respetarían la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de la Ciudad, porque no se analizó en conjunto el proyecto de urbanización. Si bien administrativamente manifiestan que no será un centro de compras, Baldiviezo indicó, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, que lo venden públicamente de esa manera. Sobre este punto, planteó otra irregularidad, porque el nuevo Código Urbanístico no autoriza nuevos shoppings en el distrito. Por lo tanto, deberían cambiar toda la propuesta inmobiliaria.
El caballito de Troya de IRSA
El Observatorio del Derecho a la Ciudad denunció que el Gobierno porteño le otorgó un permiso de obra a Portland en Caballito, aplicando el Código de Planeamiento derogado en 2018. Se trata de una autorización para la construcción de un complejo de viviendas y locales comerciales, promocionado como Ciudad Palmera. Esa zona de la Ciudad, ubicada en Avellaneda 1314, corresponde a la llamada Unidad de Sustentabilidad de Altura Alta, cuyo máximo permitido es de 29,8 metros. Sin embargo, el plano registrado en junio no respeta el actual Código Urbanístico y posibilita una obra de 34,8 mts. El referente del Observatorio, Jonatan Baldiviezo, repasó la historia de esas tierras, iniciada por IRSA hace dos años. Por aquel entonces, la propuesta de la compañía requería la cesión de una porción a la Ciudad de Buenos Aires (entre el 25 y 50%), aunque nunca se efectivizó. Un año más tarde, IRSA le permutó una de esas parcelas a Portland a cambio de viviendas, garajes y locales comerciales. Según Baldiviezo, este año la segunda empresa en cuestión registró los planos y le aplicaron el Código anterior. La excusa fue la supuesta continuidad del expediente de 2018. Sin embargo, ese documento tuvo un inicio y final, y la misma firma reconoció que impulsaba un proyecto totalmente nuevo. Además de estas dos cuestiones, el abogado expuso, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, que le dieron «un permiso ambiental que no correspondía a la categorización que exige la ley, que es con relevancia efecto».
La Justicia ratificó la ilegalidad de la obra Astor San Telmo
La Sala ll de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario rechazó las apelaciones de la empresa TGLT y el Gobierno porteño, y confirmó la sentencia de primera instancia que declaró nulos los permisos de obra del edificio Astor San Telmo por ilegales. La Dirección General de Interpretación Urbanística (Dgiur) había autorizado a construir sobre la calle Bolívar y la avenida Caseros- dentro del Casco Histórico- cerca 30 metros de altura, pese a que el permitido es de 13 mts. en la primera y 22 mts. para la segunda. De esta manera, Basta de Demoler, el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y Casco Histórico Protege (CHP) presentaron un amparo cuestionando la legalidad del permiso de construcción. En este marco, el Tribunal, integrado por Mariana Díaz, Fernando Juan Lima y Esteban Centanaro, rechazó las justificaciones de la compañía y el Gobierno. El referente del Observatorio, Jonatan Baldiviezo, señaló los dos argumentos esgrimidos. Por un lado, la gestión porteña aseguró que enfrente hay otro edificio de 29 mts. aproximadamente. Sin embargo, los códigos determinan la capacidad constructiva de cada parcela y no el Estado. Además, planteó la compensación volumétrica, ya que cedía cuatro metros para espacio público. No obstante, no era aplicable, como ocurrió en otros sectores de la Ciudad. Por tal motivo, el especialista aseveró, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, que la Justicia reconoció que el permiso se había otorgado violando el Código de Planeamiento. En caso de no haber apelaciones, la empresa- que adquirió la constructora Caputo S.A.- tendrá que readecuar el proyecto según la normativa.
Avanza el debate por la planificación urbana porteña
La Ciudad de Buenos Aires inició la discusión por el Plan Urbano Ambiental (PUA). El referente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, había comentado la conformación del Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA), sin el Frente de Todos y FIT. Ahora señaló la constitución de la coordinadora de asambleas y organizaciones para discutir la planificación desde la ciudadanía, teniendo en cuenta las problemáticas del distrito porteño. Al mismo tiempo, Baldiviezo afirmó que el COPUA se reunió con el Consejo de Plan Estratégico para empezar a discutir el PUA, orientada en cuatro ejes: área metropolitana, equidad, cambio climático y digitalización. Estos son los temas que el Gobierno de la Ciudad viene promoviendo para incluir en el debate, según expuso el especialista. Si bien hubo muchos temas y problemas que quedaron afuera, hubo un compromiso de los funcionarios para incorporarlos en el futuro. En este contexto, el abogado propuso, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, pensar en herramientas que respeten la planificación urbana, por parte del Ejecutivo, la Justicia y los jueces.
La oposición porteña quedó afuera del COPUA
El Frente de Todos y el FIT no participarán del Consejo que actualizará la planificación de la Ciudad.
La Legislatura porteña comenzó la discusión del Plan Urbano Ambiental
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires debate la modificación del Plan Urbano Ambiental (PUA) para ajustarlo a los nuevos códigos Urbanístico y de Edificación. Se trata de la ley marco a la que deben adecuarse las políticas del distrito. El referente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, recordó que el PUA fue aprobado en 2009, cuya actualización se había establecido cada 5 años. En 2014 se tendría que haber hecho la primera revisión, pero eso no ocurrió. Por eso, insistieron con su discusión antes del tratamiento de los códigos, ya que son los instrumentos del plan. No obstante, el Gobierno porteño decidió cambiar el orden. En este sentido, agregó que el plan actual está confeccionado en base a un diagnóstico de los años ’90, por lo que no tiene correspondencia con los instrumentos de planificación de la Ciudad. De hecho, los alquileres no eran una problemática, sólo afectaba al 10% de la población. Sin embargo, hoy son inquilinos entre el 35 y 40% de los porteños. De esta manera, se conformó el Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA) que redactará y actualizará el PUA. Para eso, el grupo estará compuesto por legisladores de Vamos Juntos, los radicales, el Gen y Consenso Federal. Esta decisión generó disconformidad en el bloque del Frente de Todos, la fuerza opositora con mayor representación. «Haciendo uso de su mayoría, el Jefe de Gobierno y sus aliados proponen una conformación sin ni siquiera un miembro de nuestra fuerza, excluyendo a la oposición que defiende el espacio público para todos, para dejar las decisiones de políticas urbanísticas en manos de los privados”, afirmaron. Según Baldiviezo, también queda afuera parte de la población que no tiene acceso a internet o no posee dispositivos informáticos Es que, dada la circunstancia de la pandemia, se avanzará de manera virtual. «Debe ser lo más participativa posible», manifestó en diálogo con FRECUENCIA ZERO. Porque su verificación determinará el comportamiento de las construcciones, el acceso a los servicios públicos, la dinámica comercial y productiva, y la protección de la cultura.
¿Qué plantea la Ley de Alquileres?
Sin la presencia de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos sancionó la Ley de Alquileres en el Senado, tras la media sanción de la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado. Luego de extensos tres años de idas y vuelas, el referente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, repasó los principales puntos de la norma y la postura de la oposición.
Pedido judicial para que el acceso a Internet sea un Derecho Humano
Buscan garantizar el derecho a la educación de los estudiantes de escuelas públicas, ante la suspensión de las clases presenciales.
Denuncian negocio con las Canastas Escolares Nutritivas
Por medio de la Resolución N° 90/2020 del Boletín Oficial, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reveló que paga $1.575 por cada una de las Canastas Escolares Nutritivas (desayuno y almuerzo), repartidas en las escuelas cada diez días.