El Gobierno liberó 580 productos de Precios Máximos
La Secretaría de Comercio Interior anunció que había comenzado a negociar con las diferentes cadenas el congelamiento de 120 productos, en reemplazo del programa Precios Máximos, que mantenía los valores de 700 alimentos. Por su parte, la encargada de la cartera, Paula Español, resaltó al portal Infobae que los precios ya subían y que era necesario avanzar con la nueva para canasta para evitar otro ascenso brusco. No obstante, según Español, no había por qué incluir a las primeras marcas. De las reuniones, participaron los dueños de las empresas Molinos, Mastellone, Arcor, Unilever, Las Marías, Bimbo, Papelera del Plata, Aceitera General Deheza, Procter & Gamble, Molino Cañuelas, Mondelez, Danone y Alicorp. Antes, habían habido encuentros con el presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, para salir de Precios Máximos. A su vez, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, el economista José Castillo señaló que el Gobierno vivía su mejor momento económico por la entrada de dólares a través de la soja y liberaba 580 productos. Asimismo detalló que para controlar a los empresarios, había que revisar el cumplimiento de los planes. No obstante, Castillo resaltó que los precios ya se habían desbordado por encima de la inflación promedio, pese a los programas gubernamentales. En consecuencia advirtió que la única medida que tenía el Ministerio de Economía para contener a los valores era mantener al tipo de cambio equilibrado. A la vez, el especialista remarcó que la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, había reconocido que el Estado solo recaudaría $30.000.000.000 de los 300.000.000.000 estipulados, por lo que, según él, la administración de Alberto Fernández no vigilaba el cumplimiento de las leyes.
La inflación de marzo fue la más alta de ese mes desde 1991
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) confirmó que la inflación de marzo había sido del 4,8% y que el acumulado del trimestre, del 13%. Asimismo, en una reunión de gabinete ampliado, el ministro de Economía, Martín Guzmán, advirtió que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo sería el más alto, pero destacó que esperaba una rebaja para abril. También destacó que los sindicatos se comportaban «responsablemente» y que necesitaba «más compromiso» de parte de los empresarios. Por su parte, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, el economista José Castillo recalcó que el IPC había sido el mayor desde la hiperinflación de marzo de 1991 y que el número de abril rondaría el 3,5%. Además, señaló que la cifra del pasado mes se había dado sin un aumento de tarifas y sin cambios en el precio del dólar, indicadores que, según él, explicaban las subas. Sin embargo, Castillo remarcó que el aumento se argumentaba en los aumentos de los rubros de Educación y de Calzado, que se elevaron en un 28,5% y en un 10,8% respectivamente. Asimismo, el economista multiplicó el 13% trimestral por cuatro y subrayó que la cuenta daba 52, por lo que destacó que la suma interanual no daría 29%, como estipulaba la Ley de Presupuesto, y que el Gobierno se tendría que esforzar para llegar al 40%.
Fernández restringió las clases por orden de Cristina y de Baradel
El presidente Alberto Fernández dictó ayer nuevas medidas frente a la segunda ola del COVID-19 para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y le pidió a la población que profundizara los cuidados y las medidas de distanciamiento. Entre las medidas, Fernández restringió la circulación nocturna desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana; suspendió las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados; estableció que las actividades comerciales cerrarían a las 19, que los locales gastronómicos funcionarían por entrega a domicilio luego de las 19; canceló las clases presenciales; y destacó que las Fuerzas Federales asegurarían que se cumplieran las imposiciones. Por su parte, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, el legislador porteño Sergio Abrevaya apuntó que el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, debía defender a la institucionalidad de la Ciudad y que no había ley que avalara la intervención de Fernández. En ese sentido, Abrevaya remarcó que el mandatario había cancelado la presencialidad en las aulas por orden de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel. Además, el legislador advirtió que el sector gastronómico vivía del turismo y apuntaba a trabajar al 50% de la capacidad, pero, al no poder abrir a la noche, en su teoría, los restaurantes necesitarían una ayuda del Estado. En otro sentido, el funcionario resaltó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) había recibido el 8% de las vacunas distribuidas, cuando necesitaba el 23% porque, según Abrevaya, tenía 17 médicos cada 1.000 habitantes y las otros distritos promediaban los trece doctores cada 1.000 personas. En la misma línea, apuntó que la provincia de Buenos Aires se había dedicado a armar vacunatorios en los que se inmunizaba a jóvenes de 24 años.
El INDEC anuncia mañana el índice de inflación de marzo
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer mañana por la tarde el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo. En febrero, la inflación fue del 3,6% y en enero, la suba se ubicó en el 4,1%. Entre ambos meses, la acumulación se halló en el 7,8%, cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, había estipulado en la Ley de Presupuesto que el IPC interanual sería del 29%. Por su parte, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, el economista José Castillo advirtió que las consultoras anticipaban que la cifra se encontraría entre el 3,5% y el 4,1%, números que, según él, el resto del planeta tenía en un año. Además, resaltó que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin un alquiler, una familia tipo necesitaba $60.000 mensuales para cubrir los gastos básicos. En cambio, según Castillo, se incluía una renta, se precisaban $90.000. Asimismo señaló que, en el caso de los jubilados, 4.000.000 cobraban entre $16.000 y $20.000, cuando la canasta básica de la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad se encontraba en $62.000. En la misma línea, recalcó que una pareja con dos hijos necesitaba entre $110.000 y $120.000 para manterse a ellos mismos y ayudar a sus padres.
La carne está cara y los salarios baratos
La Secretaria de Comercio, Paula Español, advirtió que no le temblaría el pulso al momento de cerrar las exportaciones si el precio de la carne seguía en aumento. A la vez, la funcionaria remarcó que había que avanzar con medidas como subas, retenciones, encajes y cupos en determinados productos para frenar a los precios. Asimismo, el pasado 4 de febrero, la vicejefa de Gabinete, Cecilio Todesca Bocco, anticipó en declaraciones radiales que no se descartaba un aumento de los impuestos para el sector. No obstante, la inflación interanual en 2020 llegó al 36,1% y la pobreza, al 42%. En ese sentido, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, el titular del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI), Isaac Rudnik, resaltó que la solución era separar a los precios internacionales de los internos y no obstaculizar las exportaciones. Asimismo, Rudnik que si coincidían las canastas de consumo y de ventas al exterior, según él, se generaba una necesidad de tener medidas concretas. También subrayó que la carne estaba cara y los salarios, baratos. y que nadie cerraría los envíos a otros países. En esa línea, destacó que Español buscaba negociar con los productores. Además, detalló que, si bien el Gobierno había impuesto congelamientos en determinados cortes, todavía se registraban subas del 30%. No obstante señaló que para defender el poder adquisitivo de la población, el Gobierno tenía que despegar a los costos nacionales de los del resto del mundo.
Argentina firmará el ajuste del FMI
El presidente Alberto Fernández pidió ayer que el Fondo Monetario Internacional revisara los plazos de pago y señaló que «no deberia ser tan complicado» hacerlo, en la apertura de una sesión del Consejo Económico y Social. Además, Fernández advirtió que aspiraba a que se reevaluaran las tasas y los tiempos. No obstante, el estatuto del FMI remarcó que no se aceptaban quitas y la directora de la entidad, Kristalina Georgieva, sostuvo que los cargos estaban justificados. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el economista José Castillo señaló que los técnicos del FMI propondrían ajuste y un máximo de cinco años para abonar. También advirtió que Argentina aprovecharía las partidas de Derechos Especiales de Giro (DEGs) que enviará el FMI con el objetivo de paliar los efectos de la pandemia para pagar los vencimientos de fin de año. Al país, por los DEGs, ingresarán u$$4.500 millones. En ese sentido resaltó que una parte del Frente de Todos quería armar un discurso contra la asociación con la meta de ganar las elecciones, pero después, en su teoría, el ministro de Economía, Martín Guzmán, firmará el contrato que le impongan. No obstante, Castillo resaltó que, dentro del organismo, una auditoría corrió de sus puestos a los encargados del tratado argentino, Alejandro Werner y Roberto Cardarelli, ya que, según él, el otorgamiento al gobierno de Mauricio Macri se había salteado todos los reparos del FMI.
Argentina necesita importar para tener más justicia social
En la cumbre por los 30 años de la creación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, reclamó que se le permitiera a Uruguay comerciar por fuera del MERCOSUR. Y calificó a la entidad como «un lastre», ante lo cual su par argentino, Alberto Fernández, le pidió que abandonara «el barco» si creía que la entidad era un peso. El reclamo de Lacalle Pou fue apoyado por los mandatarios de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y de Brasil, Jair Bolsonaro. Este último demandó una baja de la tarifa externa común, situada en un 14%; una mejora del ambiente de negocios; y que el consenso necesario para aprobar cambios estructurales no fuera en la práctica un veto. A la vez, el jefe de Estado de Bolivia, Luis Arce, y Fernández se opusieron a la flexibilización. No obstante, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, la exsubsecretaria de Programación Microeconómica durante el gobierno de Mauricio Macri, Daiana Fernández Molero, advirtió que Argentina necesitaba importar para tener una mayor justicia social, exportar y atraer inversiones. En ese sentido, señaló que los viajantes compraban ropa y tecnología, y que la protección a los empresarios implicaba una desprotección para los consumidores porque, según ella, los aranceles en la aduana a los celulares impactaban en los bolsillos de los trabajadores. Asimismo, señaló que las importaciones generaban trabajo y permitían exportar y atraer inversiones. También ejemplificó que una empresa que se quisiera instalar en el país y viera la falta de acuerdos con el mundo, tenía mucha incertidumbre; lo que, en su teoría, reducía las posibilidades de generar más empleo. En ese sentido, Fernández Molero resaltó que, al cubrir a un sector de la economía, había una visión a largo plazo para competir en el mundo. Pero, desde su punto de vista, no estaba clara la situación de los textiles y los dueños amenazaban con despedir a los empleados si se quitaban los impuestos a los productos del exterior.
No hay diferencias con la política cambiaria de Mauricio Macri
El ministro de Economía, Martín Guzmán, advirtió ayer en una entrevista con la CNN que la economía argentina no soportaría un nuevo cierre estricto como el del 19 de marzo de 2020. Además, Guzmán resaltó que la economía llevaba nueve meses consecutivos de crecimiento y funcionaba con circulación. Por lo que, según él, por más que hubiera una pandemia, el efecto sobre su área siempre era menor. Asimismo, subrayó que el pronóstico de crecimiento era del 7% en 2021 y que, en su teoría, las medidas tomadas en 2020 habían permitido que Argentina tuviera una situación mejor que otros países de la región y habían protegido al trabajo y al capital. No obstante, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, el director del Centro de Estudios de la Productividad, Ariel Coremberg, advirtió que no había una política distinta con respecto al dólar en comparación con los gobiernos de Mauricio Macri, Carlos Menem y Jorge Rafael Videla. También señaló que en septiembre, con el objetivo de evitar la compra del billete norteamericano, el oficialismo había impuesto, según él, gracias a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un seguro de cambios para incentivar la adquisición de bonos dólar-linked, que costaban $90 y cuya diferencia con el mercado paralelo se pagaba, en la opinión de Coremberg, con un salto inflacionario o más impuestos. Asimismo, el economista destacó que, dentro del oficialismo, había una descoordinación mayor a la acaecida durante el mandato de Mauricio Macri, porque cada ministro opinaba algo distinto y la autoridad del presidente Alberto Fernández estaba devaluada. También, en cuanto a los dos aumentos de tarifas estipulados por Guzmán en la charla, remarcó que Fernández de Kirchner, a quien calificó como la mandataria «de facto», había impulsado un 9% de aumento; mientras que desde el Ministerio de Energía se proponía una suba del 30%.
El INDEC anuncia hoy los datos de pobreza
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) confirmó a través de su cuenta de Twitter que se publicará el índice de pobreza 2020-2021 a las 16 horas. Además, el INDEC advirtió que la caída interanual de la actividad económica había sido del 2%. A la vez, el 2020 finalizó con una baja mensual del 10%. Por su parte, el economista José Castillo, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, confirmó que habrá una suba del índice de pobreza con respecto al 2020 y resaltó que habrá que prestar atención a los índices de niños y mujeres. En ese sentido, Castillo destacó que el Gobierno usaría los USD 4.000.000 que le llegarían de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) como derechos especiales de giro, enviados para paliar los problemas sociales generados por la pandemia, para pagar parte de la deuda del país con la entidad. También señaló que se eliminaron partidas sociales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para mostrarle al FMI que se bajaría el déficit fiscal y que el oficialismo buscará firmar un acuerdo que arrancará a abonarse en 2024 con USD 7.000 millones después de las elecciones de octubre.
La pandemia del desempleo argentino
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el desempleo finalizó el 2020 en 11%, afectando a 2,1 millones de argentinos. En relación con los dos trimestres anteriores, reflejó una mejora porque habían sido del 11,7% y 13,1%.