La oposición de Sutecba realizó una denuncia por irregularidades financieras
La Agrupación Celeste del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba) que encabeza Carlos Elías, realizó una denuncia penal contra las autoridades de la obra social de la Ciudad (ObSBA) por inconsistencias en los libros contables. Javier Leira, abogado de la agrupación precisó que los fundamentos de la presentación se basan en un informe de la propia sindicatura general de la CABA que publicó en abril de 2019 informe final de una auditoría financiera del período 2016 de los estados contables y administrativos de la obra social. El letrado, señala que, pese a que se expresa en el documento que los mismos se encuentran razonablemente dentro de los presupuestos de la ObSBA “observan que del relevamiento efectuado se verificó que existe otra estructura real, diferente de la formal aprobada por la disposición 6110 y una ausencia de estructura urbana. Asimismo comentó que no existe un sistema administrativo y contable integrado, y que el balance de las sumas y los saldos de la entidad fueron confeccionados en planillas de cálculo en formato Excel, incumpliendo con la contratación de un sistema informático”. Tampoco existe, según Leira, manual de normas de procedimiento que consolide todas las que se disponen las acciones en la entidad, mientras que hay incumplimiento de los plazos fijados por el art. 116 de la ley 70 para la presentación para la contaduría general, entre otras irregularidades. Ante todo lo mencionado, desde la agrupación Celeste de Sutecba, solicitaron que se investigue cuál es el estado actual de la obra social y del patrimonio de la misma.
La Ciudad ayudará a pagar el salario de hoteleros y gastronómicos
Se activó el Programa de Asistencia al Sector Gastronómico y Hotelero en la Ciudad de Buenos Aires. El mismo clasifica dos tipos de beneficiarios y otorga un subsidio diferenciado para aquellos que se encuentren en la zona de emergencia gastronómica del microcentro, del macrocentro y de Puerto Madero, quienes percibirán un monto máximo de $15 mil. Para los gastronómicos que se encuentran fuera de la zona de emergencia económica se establecen dos rangos según medición de ventas en AGIP: quienes hayan decrecido sus ventas entre 20% y hasta 40%, recibirán $10 mil por trabajador.En tanto, quienes hayan decrecido sus ventas más del 40%, recibirán una ayuda de $12 mil por empleado. El trámite se realiza mediante el sistema Trámites a Distancia (TAD) en la AGIP, con usuario y clave Ciudad, hasta el día 15 de julio. Carlos Yanelli, Presidente de la Cámara de Restaurantes de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés se refirió a la medida de apoyo al sector: “si bien este anuncio ayudó, no alcanza para decir que ya estamos bien. Vamos a necesitar mucho apoyo para salir de esta crisis” “Ahora vienen los aguinaldos y por delante no podemos sufrir nuevas restricciones”, aseguró Yanelli, tras quince meses de pandemia.
Un lugar más en la Ciudad para recordar que la corrupción mata
El lunes 7 de junio se reunió la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bajo la modalidad virtual y con la presencia de legisladoras y legisladores integrantes de dicha comisión, se trataron los expedientes que conformaban el Orden del Día. Desde el comienzo se contó con la presencia de Silvia Bignami y otros integrantes del Movimiento Cromañón, que expusieron sobre el proyecto de expropiación del inmueble de Bartolomé Mitre 3060. Al respecto Pablo Almeida, diputado del Frente de Izquierda y de los trabajadores señaló que no solo es importante que el espacio sea un lugar en memoria de las 194 víctimas de la tragedia del 30 de diciembre de 2004, durante un recital de la banda de rock Callejeros, sino que también sea un recordatorio para no olvidar que la corrupción mata. Asimismo, aseguró: «Acompañaremos desde el bloque la expropiación y patrimonialización del inmueble, así como lo hicimos con los familiares y víctimas de la tragedia de taller textil de la calle Luis Viale» Luego se dio tratamiento a proyectos sobre un homenaje, un pedido de informes y un repudio a actos de vandalismo.
Denuncian a Marcó del Pont por las deudas generadas a contribuyentes
La Fundación Apolo presentó una denuncia contra la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, por violar la propiedad privada. El presidente de la Fundación, Antonio Fratamico, explicó que, al no poder realizar una presentación de amparo judicial planteando la inconstitucionalidad de la ley, porque aún no es exigible de pago la deuda a los contribuyentes, avanzaron contra Marcó del Pont. Fratamico detalló que la denuncia se basa en que la responsable de AFIP no informó a los monotributistas que los pagos de sus cuotas, desde comienzos de año, serían tomados como pagos a cuenta de la actualización que sufrirían meses después. La denuncia la subscriben José Magioncalda, coordinador del equipo legal de la Fundación Apolo, Gabriel Salvatore, que maneja otra área de la misma, el presidente Antonio Fratamico y una monotributista afectada por el caso, Marina Kienast. En cuanto al perjuicio que la omisión de la funcionaria y su decisión provocaron en los contribuyentes, dejan en claro que la seguridad jurídica de los monotributistas se vio afectada y sus derechos, cercenados a partir de una certeza tributaria que no era tal.
Buscan eliminar las deudas retroactivas por la nueva escala del monotributo
El diputado nacional Luis Pastori presentó en el Congreso un proyecto de ley, con el apoyo de treinta diputados de Juntos por el Cambio, para que la nueva escala del monotributo rija a partir del 1 de julio en vez del 1 de enero. Según explica Pastori, la nueva norma fue aprobada en abril del corriente año, en beneficio de aquellos monotributistas que, por haberse excedido en la facturación anual, debían pasar al Régimen General, para que este traspaso sea menos gravoso. La actualización de las categorías se da –conforme la ley– en el mes de enero de cada año. La variación anual es por la variabilidad de la movilidad previsional del año anterior. Y aquí uno de los puntos del conflicto, ya que la misma se suspendió con la Ley de Emergencia de diciembre de 2019. En consecuencia, se dispuso que solo para el año 2021 esta actualización se daría en función del incremento del haber previsional mínimo, dispuesto por decretos durante 2020 por Alberto Fernández, lo cual da aproximadamente el 35%. Sin embargo, el proyecto presentado en enero se demoró injustificadamente hasta abril. Y se reglamentó recién a fines de mayo, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso que rigiera en forma retroactiva desde el 1 de enero, generando así injustas deudas a los contribuyentes en la mayoría de los casos. Por todo lo detallado, el diputado radical definió presentar, junto a sus compañeros de banca, un proyecto para que el gobierno “corrija esta situación por considerar injusta la decisión de cargarle al contribuyente la demora inexplicable de no haber actuado en tiempo oportuno en enero pasado, como correspondía”. En consecuencia, proponen que los valores actualizados rijan desde julio y no desde enero, con dos fundamentos importantes: se viola el principio de legalidad en materia tributaria, porque las leyes rigen para el futuro; y se vulnera el efecto liberatorio del pago (que es cuando un contribuyente paga mensualmente un monto), de acuerdo a la ley vigente, lo cual lo libera de toda obligación tributaria.
Ronda de Negocios en el marco de la Ley de Promoción de la Economía Social y Popular
En la Comuna 8, donde se encuentra inmerso el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, se llevó a cabo una jornada con participaron más de 70 empresas y 16 unidades productivas que desarrollan su actividad en la economía social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Victoria Ladoire, subsecretaria de Desarrollo del Potencial Humano, aseguró: “Desde el Ministerio estamos convencidos que la mejor política social es el trabajo y que hay que pensar el desarrollo social en clave productiva”. La primera “Ronda de Negocios” fue llevada a cabo con 106 ejecutivos de 72 empresas –con certificación de Empresa B o en proceso de certificación– y 16 Unidades Productivas de la economía social de CABA, organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño y el Sistema B Argentina. Sistema B es una organización sin fines de lucro que cree que los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, los ciudadanos y la responsabilidad social de los negocios, todos juntos no son suficientes para resolver los problemas sociales y ambientales actuales. La Ronda de Negocios entre empresas y cooperativas de la Ciudad se enmarca en la Ley de Promoción de la Economía Social y Popular, sancionada por la Legislatura porteña en diciembre de 2020. Los objetivos centrales fueron dos: el primero, promover el diálogo entre ambos sectores para generar compras inclusivas. Mientras que el segundo fue exhibir las propuestas del Ministerio de Desarrollo Humano para capacitación, la ley de prácticas formativas y la bolsa de empleo e intermediación para los sectores populares. Asistieron a la reunión ejecutivos de empresas como Grupo Mitre, Mercadolibre, Danone, Unilever, Banco Galicia, Farmacity, Microsoft, Accenture, Loma Negra y Limpiolux, entre otras. En cuanto a las Unidades Productivas, participaron la Cooperativa de Trabajo San Cayetano Ltda, Enredo Cooperativa Textil de Mujeres, Cooperativa de Trabajo La Ciudad Ltda, Cooperativa de Trabajo La Litoraleña Ltda, Cooperativa de Trabajo Librería del Profesional, Cooperativa de Trabajo Gráfica del Pueblo, Vivera Orgánica de Rodrigo Bueno, Recoveco, Fletes 31, entre otras. “Generamos estos espacios de encuentro entre ambos sectores para que puedan encontrarse y construir alianzas dinámicas y estratégicas, que promuevan una sociedad más equitativa desde los negocios y los mercados, para que la economía social y popular pueda desarrollar todo su potencial e integrarse al ecosistema productivo”, contó Ladoire. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, y busca generar más y mejores oportunidades de trabajo para 500.000 porteñas y porteños. Establece incentivos para que los sectores de la economía popular puedan acceder al crédito, participar de las compras públicas y, mediante beneficios impositivos, iniciar su camino hacia la formalización.
CABA realizó el censo de personas en situación de calle sin las organizaciones
Se había firmado una acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizaciones sociales, organismos de la defensa pública para conformar una mesa de trabajo para la realización del Censo de Personas en Situación de Calle, tal como lo fija la Ley 3706/11, pero el ejecutivo porteño lo incumplió El objetivo era diseñar políticas públicas que sean efectivas para mejorar de manera definitiva la situación de las personas que viven en la calle. En diciembre de 2020, cuando se firmó dicho acuerdo, las organizaciones consideraron que avanzar con la mesa era un paso importante para revertir la invisibilización de miles de personas en la información oficial, motor fundamental, en 2017, para la realización del Primer Censo Popular, tras el fallido intento de que el GCBA corrigiera su metodología de conteo. Rosario Fassina, socióloga y coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), explicó “Luego de meses de trabajo hemos visto que el Ministerio de Desarrollo y Habitat y la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, no estaban dispuestos a ceder en parte del diseño metodológico que ya tenían construido para el censo”. Es que durante estos cinco meses, según contaron desde ACIJ, participaron en la mesa de trabajo y durante los encuentros no se lograron acuerdos en relación a la inclusión de personas en centros de integración o dispositivos de alojamiento, no se han aceptado propuestas de incorporación de preguntas sobre Covid, violencias y experiencias específicas sobre mujeres y personas trans, se buscó reducir el rol de las organizaciones sociales y organismos de defensa a observadores no participantes, se desconoció el pedido, argumentado, de extender la duración del censo y se adjudicó a la falta de tiempo la toma unilateral de decisiones sobre la metodología. Tampoco se han contemplado los riesgos a los que se expone a los trabajadores que llevarán adelante el censo y personas censadas en el contexto de la grave crisis sanitaria que atravesamos, decidiendo llevarlo adelante en el peor escenario desde el inicio de la pandemia. “Lo que nos queda ahora es seguir trabajando para generar datos que reflejen fielmente la realidad y que podamos trabajar por diseñar políticas públicas que reviertan la situación de quienes están viviendo en la calle”, aseguró Fassina.
Presentan proyecto para que vuelvan a repartir bolsones de alimentos
El legislador porteño Eugenio Casielles, de Consenso Federal, planteó su preocupación ante la falta de apoyo alimentario a los sectores más vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Casielles explicó que “Desde enero de 2021 el GCABA dejó de repartir bolsones de comida para quienes lo necesitan en un contexto de muchísima necesidad. No hay ningún tipo de informe del gobierno sobre la situación y para colmo hoy estamos en una situación mucho peor, pero sin ningún tipo de asistencia”. Por ese motivo el diputado presentó un proyecto de declaración en la Legislatura porteña, para reforzar la ayuda y que se vuelvan a repartir bolsones de comida para organizaciones y barrios vulnerables. “Si queremos cuidar la salud de la gente, no se puede mirar a otro lado cuando se trata de la alimentación”, sentenció. Con respecto a la información brindada por el ejecutivo de la Ciudad, el diputado de Consenso Federal aseguró que a mediados del 2020 dejaron de recibir información sobre cómo se administraban los bolsones de comida, para luego interrumpir definitivamente la ayuda.
Represión en el Ministerio de Desarrollo
Este mediodía se dio un hecho lamentable en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, tras una manifestación. Ocurrió que integrantes del Movimiento Territorial de Liberación (MTL), que habían ido a reclamar frente al Ministerio por la baja de fondos para una cooperativa textil, fueron reprimidos por efectivos de la policía. Nadia Polanco, delegada general de ATE Promoción Social y trabajadora del Ministerio de Desarrollo de CABA, contó que se “apunta a seguir haciendo recortes, a dejar sin su fuente de trabajo a compañeros y compañeras de estas organizaciones sociales y a cortar distintos emprendimientos“. Además, Polanco aseguró: “Vamos a seguir haciendo las denuncias correspondientes”. De hecho, esto se enlaza con un episodio que sufrieron el año pasado quienes se organizan en ATE Promoción Social. En julio de 2020, al realizar un reclamo, debido a que seguían sin llegar equipos de protección para poder desarrollar sus tareas ante las problemáticas más sensibles y que no se tomaban medidas de cuidado necesarias para la realización de objetivos cotidianos, fueros embestidos «por una patota que se autorreferenció con el gremio SUTECBA». Y declaró la delegada: «Son personas que el día de hoy tienen contratos del GCBA, pero que su función está orientada a este tipo de cuestiones”.
Buscan acompañar a egresados de hogares sin cuidados parentales
El legislador porteño de Vamos Juntos, Claudio Cingolani, presentó un proyecto de ley ‒que será trabajado en distintas comisiones‒ para que jóvenes egresados de hogares y centros sin cuidados parentales tengan herramientas para poder insertarse en el mundo del trabajo. Cingolani aseguró que, como Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quieren que “la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio acompañe a estos jóvenes a conseguir su primer empleo”. La propuesta busca capacitarlos, preparándolos y promocionando sus oficios y saberes para que puedan sentirse valiosos, y así puedan ingresar al mercado laboral. La idea es ayudarlos, intermediando laboralmente con el objeto de que sus capacidades sean tomadas en cuenta por las distintas actividades económicas. El texto presentado la semana pasada fija que la autoridad de aplicación deberá “promover de forma progresiva en el sector privado la intermediación laboral, a través de los distintos programas, iniciativas, convenios o de las demás herramientas que a su alcance estime corresponder, de jóvenes sin cuidados parentales que hayan egresado de dispositivos de cuidados alternativos de la Ciudad”; y desarrollar “programas de capacitación para la obtención del primer empleo, dirigidos a jóvenes sin cuidados parentales en el plazo de permanencia institucional”. Además, establece que los requisitos necesarios para la inscripción en las distintas iniciativas serán determinados por la autoridad de aplicación, teniendo en cuenta antecedentes educativos, laborales, idoneidad para el cargo aspirado e inclusión voluntaria al “Programa Nacional de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales”.