El Distrito de Integración Productiva expulsa a los habitantes de los barrios populares
En la sesión del último jueves, la Legislatura porteña aprobó el proyecto de «Distrito de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares». Es decir, creó un nuevo distrito, una característica distintiva del PRO en la Ciudad, que la viene fragmentado y creando unidades de negocios. La coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, María Eva Koutsovitis, aseguró que la propuesta fue presentada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para los barrios Rodrigo Bueno, Playón de Chacarita, Villa 20 y Carlos Mugica. Desde el oficialismo, el proyecto- con tratamiento exprés en el Parlamento local- busca promover el desarrollo económico de estos lugares, entregándoles beneficios económicos a las empresas que realizan inversiones. Sin embargo, Koutsovitis sostuvo que la idea no tiene nada que ver con la integración productiva y mucho menos con el impulso al trabajo. «Los beneficiarios pueden descontar del pago de Ingresos Brutos un porcentaje de hasta el 80% de la inversión que realicen, respecto a la totalidad de las actividades económicas que hagan en la Ciudad», explicó la referente en diálogo con FRECUENCIA ZERO. En esta sintonía, afirmó que hasta ahora solo beneficia a los grandes grupos económicos y a las cadenas comerciales, quienes van a poder descontar del conjunto de la actividad que desarrollan en CABA entre el 50 y 80% de la inversión en los barrios populares. A cambio, deberán contratar un 30% de mano de obra local, pero si acreditan que no lo pueden hacer por falta de capacitación, ni siquiera deberán cumplir con esto. Las actividades involucradas son aquellas que hoy se desarrollan en los barrios y que, además, funcionan como el motor de crecimiento y productividad. Entonces, consideró que habrá una competencia desleal entre las grandes cadenas y los negocios locales, «terminando de destruirlos o desplazarlos». La especialista remarcó la preocupación por la falta de una instancia participativa de la ciudadanía. Es que el proyecto involucra a cuatro barrios de la Ciudad que cuentan con leyes de urbanización, que establecen a las mesas de gestión barrial como las encargadas de decidir sobre el proceso de reurbanización e integración social y urbana. No obstante, no se discutió en ningún sitio. «Es una etapa más en el proceso de expulsión de los habitantes de villas, asentamientos y barrios populares de la Ciudad, ya que atenta de manera directa con la actividad existente y aumentará los valores inmobiliarios. En definitiva, se discute una ley para beneficiar a un grupo de empresas, y no a los habitantes populares», concluyó.
«Los legisladores votan a libro cerrado»
La Legislatura porteña aprobó 11 de los 16 convenios urbanísticos enviados por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, para la zona ribereña del distrito. El espacio de la ribera está actualmente en disputa entre diferentes organizaciones y la administración de Larreta, debido a los proyectos de construcciones en el predio de Costa Salguero y en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. Por su parte, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, la coordinadora de la cátedra libre de Ingeniería Comunitaria, María Eva Koutsovitis, advirtió que el distrito tenía un modelo instalado desde la década de 1990 de transferencia de los terrenos públicos a los sectores acomodados, y que ese sistema no había resuelto los problemas de la ciudadanía. Al mismo tiempo, Koutsovitis remarcó que los integrantes del Parlamento votaban a libro cerrado, y que las contraprestaciones de las constructoras eran $36.000.000, y no beneficios para la calidad de vida de la población. Asimismo, resaltó que los textos violaban al Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). A la vez, remarcó que el 40% de las familias de CABA alquilaba y que uno de cada siete porteños no contaba con agua potable. Además, subrayó que había un colapso de los servicios públicos y que no se hacían estudios preambientales.
«La ciudadanía quiere una nueva Reserva Ecológica y no un Puerto Madero»
Diferentes organizaciones participarán de una audiencia pública de la Ciudad con respecto al proyecto Costa Urbana, que proponía un acuerdo entre el Gobierno de la Capital Federal y la empresa IRSA para instalar torres en el predio de la ex Ciudad Deportiva del Club Boca Juniors. El espacio cuenta con 72 hectáreas y se ubica entre la Reserva Ecológica y el barrio Rodrigo Bueno. A la vez, el texto ya tiene una primera lectura en la Legislatura porteña. Por su parte, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, la líder de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, María Eva Koutsovitis, aseguró que la ciudadanía deseaba la instalación de un parque público y no «un nuevo Puerto Madero». Al mismo tiempo, detalló que la idea permitía emprendimientos de 145 metros de altura y generará daños ambientales. Asimismo, resaltó que la votación en el Parlamento se había llevado a cabo sin los dos tercios reglamentarios. Y alegó que ningún legislador le había dado estado parlamentario al proyecto de una nueva reserva. A la vez, Koutsovitis recalcó que la situación excedía a los porteños porque se trataba de un humedal. Y, finalmente, esgrimió que la población no deseaba que los poderes políticos y económicos le ordenaran cómo vivir.
Aprobaron en primera lectura el proyecto Costanera Sur
La Legislatura porteña aprobó el pasado jueves el proyecto Costanera Sur, que implicaba la construcción de dos torres de 145 metros en la ex Ciudad Deportiva de Boca, ubicada entre el barrio Rodrigo Bueno y la Reserva Ecológica. El predio le pertenece a la empresa IRSA, que se lo compró en la década de 1990 al Club Atlético Boca Juniors. Y cuenta con 72 hectáreas. Por su parte, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, la coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, María Eva Koutsovitis, aseguró que el espacio era uno de los humedales más grandes de la Ciudad. A la vez, Koutsovitis enfatizó que, de avanzar, se generarán efectos ambientales irreversibles para la Reserva. Además, contó que el domingo se había llevado a cabo una bicicleteada y un abrazo a la Costanera. También, remarcó que, junto con la organización Observatorio por el Derecho a la Ciudad, habían presentado un proyecto paralelo que proponía la transformación de ese espacio en un parque público y que contaba con 5.000 firmas. Asimismo, Koutsovitis sostuvo que la ciudadanía le debía exigir al Legislativo porteño que le diera estado parlamentario a la idea propuesta por ella. Finalmente, esgrimió que todavía quedaba pendiente la segunda lectura y la aprobación final.
Más presupuesto en Seguridad y menos en Educación en la Ciudad
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) llevó a cabo en junio dos licitaciones por $860.000.000 para adquirir 70 camionetas blindadas y 150 patrulleros. No obstante, durante el mes pasado, la administración de Horacio Rodríguez Larreta les donó 20 autos de policía a los municipios de La Plata y de Lanús, liderados por los intendentes del PRO Julio Garro y Néstor Grindetti. Por su parte, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, la coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, María Eva Koutsovitis, destacó que el presupuesto del área de Seguridad superaba los $5.500.000.000 y excedía al de Educación para el 2021. Además, detalló que los fondos para el sector educativo eran los más bajos en los últimos 20 años, y que el GCABA consolidaba un aparato represivo en el espacio público. En ese sentido, Koutsovitis recalcó que, en CABA, había 869 policías cada 100.000 habitantes, cuando, según ella, la Organización de Naciones Unidas (ONU) recomendaba que hubieran 280. También, advirtió que se habían registrado 91 casos de «gatillo fácil» desde enero de 2017. Y alegó que, con la implementación del sistema de reconocimiento facial de los presos, las fuerzas habían encarcelado a 145 personas equivocadas en cuatro meses.
La presencialidad enmascara la falta de políticas para garantizar la conectividad en CABA
La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) con respecto a la presencialidad en las escuelas del distrito, que había sido suspendida por el presidente Alberto Fernández en el anteúltimo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). En el documento, la Corte argumentó que la Ciudad contaba con la autonomía como para definir sus propias políticas en cuanto a la educación y que el Estado se había intrometido en una jurisdicción ajena sin una justificación. Por su parte, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, la coordinadora de la cátedra de Ingeniería Comunitaria, María Eva Koutsovitis, remarcó que la defensa de la apertura de los colegios enmascaraba la falta de políticas para garantizar la conectividad por parte del GCABA. A la vez, Koutsovitis recalcó que un informe de su espacio y de la asociación civil Observatorio por el Derecho a la Ciudad, que incluía a 230 a familias y los 21 recintos educativos de la Capital, confirmaba que el 40% de los estudiantes no había accedido a una computadora. Además destacó que el 60% de los alumnos tenía una presencialidad mixta. Además, la especialista enfatizó en que la Ciudad había reducido en un 41% el presupuesto educativo y que, de los 17 que había en 2020, habían quedado tres Centros de Reparación de equipos tecnológicos, por ende, según ella, las 30.000 notebooks repartidas por el GCABA se rompieron y no se arreglaron.
El fallo mostró la debilidad institucional de la Ciudad
El presidente Alberto Fernández sumó su firma contra el proyecto de venta de los predios de Costa Salguero, impulsado por el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Fernández estampó su sello en el documento en el marco del lanzamiento del Instituto de Formación Política del PJ Ciudad. Fue el primer mandatario en hacerlo y, salvo por la directora de la Administración Nacional de Aviación Civil, Paola Tamburelli, nadie más en el Gabinete opinó sobre el tema. Por su parte, en diálogo con FRECUENCIAZERO, la coordinadora de la cátedra de Ingeniería Comunitaria, María Eva Koutsovitis, advirtió que el fallo en primera instancia de la Justicia respetaba la lucha de 25 años de la ciudadanía por recuperar los espacios de Costa Salguero. Además, Koutsovitis afirmó que el documento mostraba la debilidad institucional de la Ciudad, debido a que Larreta había impulsado la norma sin una doble lectura en la Legislatura, como decían las normas. Asimismo, la especialista remarcó que el objetivo era democratizar a la Justicia y garantizar la democracia participativa. No obstante resaltó que ya había un plan de rezonificación en debate y que se dificultaba preveer los próximos pasos en un año electoral. También recalcó que el Gobierno de la Ciudad había prorrogado la concesión de los espacios, vencida el último 30 de abril.
Costa Salguero afronta la audiencia pública más grande de la historia
A fines de la semana pasada, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires inició la audiencia pública por la segmentación y venta de Costa Salguero, tras la presentación del proyecto por parte del Gobierno porteño. Se espera que las exposiciones duren hasta el 27 de enero, ya que se inscribieron más de 7 mil personas, transformándose en la convocatoria más importante de la historia. Luego de las primeras presentaciones, María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la UBA, aseguró que casi todos los disertantes se opusieron a la propuesta hasta el momento. Ya que, según planteó en diálogo con FRECUENCIA ZERO, «es un contrasentido urbano, social y ambiental». En este marco, comentó que un grupo de arquitectos y urbanistas afirmaron que llevar a la Ciudad al borde costero permitirá recuperar el espacio público. Sin embargo, la especialista señaló un sesgo por ser todos hombres y, además, aseveró que la pandemia del Coronavirus dejó en claro la necesidad de nuevos modelos urbanos, basados en la justicia de género, ambiental y social. Desde su óptica, «necesitamos democratizar el espacio público, y no tiene nada que ver con privatizarlo». Al mismo tiempo, Koutsovitis puso el eje en recuperar la costa para mitigar las amenazas del distrito: inundaciones y olas de calor; mejorar la cantidad de superficie verde por habitante; y rechazar la fractura urbana de una Buenos Aires que mirará al río y otra que quedará de espaldas, separada por una muralla de cemento de 30 metros de altura. Por otro lado, manifestó que requiere de importantes obras de infraestructura, como el Colector Cloacal Norte (desde Vicente López hasta Dock Sud), para garantizar los servicios. Esta construcción costará U$S 160 millones, mientras que 1 de cada 7 porteños no accede al agua potable. «Es la síntesis de un modelo que es el despojo del patrimonio público y la precarización de nuestras dimensiones urbanas», indicó. De este modo, seguirán el conjunto de las presentaciones y desde la coordinadora “La Ciudad Somos Quienes La Habitamos» invitaron a la ronda en el Parlamento para defender a la Costanera. Además de seguir impulsando la iniciativa ciudadana con estado legislativo.
El barrio «Los Piletones» tiene su audiencia pública
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires realiza este lunes la audiencia pública por el barrio «Los Piletones», ubicado en la Comuna 8. Desde la Cátedra de Libre de Ingeniería Comunitaria criticaron el proyecto del Gobierno porteño, ya que no incorpora ningún artículo sobre la integración social. De hecho, la coordinadora María Eva Koutsovitis afirmó que este planteo significa un retroceso en materia de derechos, respecto a otras leyes que cuentan algunos barrios vulnerables de la Ciudad. Además de poner en evidencia la necesidad de una ley marco que establezca un piso de derechos para la integración de estas zonas. Según su mirada, el Ejecutivo debería respetar principios de justicia social, y criterios de sustentabilidad y perdurabilidad. También incorporar paradigmas del derecho a la Ciudad y el buen vivir, entre otros puntos. No obstante, no observan estas garantías en el articulado. De este modo, anticipó, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, que rechazarán la propuesta y solicitarán la incorporación de un conjunto de artículos para un mínimo de derechos. Primero, asegurar un 25% de mano de obra local en cualquier intervención dentro del barrio, tener en cuenta la paridad de género, aplicar infraestructura intradomiciliaria de los servicios y un sistema de monitoreo de la calidad del agua,, y la intervención del espacio público.
Audiencia pública por la urbanización del barrio Ramón Carrillo
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires convocó una audiencia pública- para el 17 de noviembre- en relación a la adecuación de la infraestructura, la integración socio-urbana, el reordenamiento parcelario y la zonificación del barrio Ramón Carrillo (ubicado en la Comuna 8). En este marco, la Coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la UBA, María Eva Koutsovitis, aseguró que el proyecto recibió la sanción en diciembre del año pasado e involucra a casi seis mil personas. «La historia del barrio es una enorme estafa en relación al acceso a los servicios. Si bien cuenta con una trama urbana compatible con que establecen las prestadoras; no sólo no acceden, sino que además las familias del barrio- desde hace 30 años- pagan por servicios que nunca les fueron prestados», planteó en diálogo con FRECUENCIA ZERO. Koutsovitis aseguró que el proyecto del Gobierno porteño retrocede en materia de derechos, respecto a otras propuestas sobre barrios populares. Por eso, la audiencia será clave para evidenciar la falta de garantías en la integración barrial. En contrapartida, planteó la incorporación de la infraestructura intradomiciliaria, mano de obra local en un 25% (con criterio de paridad de género) y veedores de obras de infraestructura, entre otros puntos.