En la sesión del último jueves, la Legislatura porteña aprobó el proyecto de «Distrito de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares». Es decir, creó un nuevo distrito, una característica distintiva del PRO en la Ciudad, que la viene fragmentado y creando unidades de negocios.

La coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, María Eva Koutsovitis, aseguró que la propuesta fue presentada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para los barrios Rodrigo Bueno, Playón de Chacarita, Villa 20 y Carlos Mugica.

Desde el oficialismo, el proyecto- con tratamiento exprés en el Parlamento local- busca promover el desarrollo económico de estos lugares, entregándoles beneficios económicos a las empresas que realizan inversiones. Sin embargo, Koutsovitis sostuvo que la idea no tiene nada que ver con la integración productiva y mucho menos con el impulso al trabajo.

«Los beneficiarios pueden descontar del pago de Ingresos Brutos un porcentaje de hasta el 80% de la inversión que realicen, respecto a la totalidad de las actividades económicas que hagan en la Ciudad», explicó la referente en diálogo con FRECUENCIA ZERO.

En esta sintonía, afirmó que hasta ahora solo beneficia a los grandes grupos económicos y a las cadenas comerciales, quienes van a poder descontar del conjunto de la actividad que desarrollan en CABA entre el 50 y 80% de la inversión en los barrios populares. A cambio, deberán contratar un 30% de mano de obra local, pero si acreditan que no lo pueden hacer por falta de capacitación, ni siquiera deberán cumplir con esto.

Las actividades involucradas son aquellas que hoy se desarrollan en los barrios y que, además, funcionan como el motor de crecimiento y productividad. Entonces, consideró que habrá una competencia desleal entre las grandes cadenas y los negocios locales, «terminando de destruirlos o desplazarlos».

La especialista remarcó la preocupación por la falta de una instancia participativa de la ciudadanía. Es que el proyecto involucra a cuatro barrios de la Ciudad que cuentan con leyes de urbanización, que establecen a las mesas de gestión barrial como las encargadas de decidir sobre el proceso de reurbanización e integración social y urbana. No obstante, no se discutió en ningún sitio.

«Es una etapa más en el proceso de expulsión de los habitantes de villas, asentamientos y barrios populares de la Ciudad, ya que atenta de manera directa con la actividad existente y aumentará los valores inmobiliarios. En definitiva, se discute una ley para beneficiar a un grupo de empresas, y no a los habitantes populares», concluyó.