Luego de que Javier Milei dijera que “la universidad pública no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos” y de que se convirtió en un “obstáculo” para la movilidad social, el presidente reiteró su reclamo para auditar las 62 universidades nacionales: “deben estar sucios si no se dejan auditar”, había dicho en su discurso en el rebautizado Palacio Libertad. Sin embargo, La Libertad Avanza todavía no presentó proyectos en el Congreso de la Nación para modificar la legislación actual y avanzar en el sistema de rendición de cuentas que reclama el Ejecutivo.

Los únicos bloques que presentaron iniciativas al respecto fueron el PRO y la Coalición Cívica. En el caso de los “lilitos”, se trata de proyectos de resolución que exigen a la Auditoría General de la Nación (AGN) una “auditoría presupuestaria, económica y financiera” sobre la Universidad de Buenos Aires, la de Tres de Febrero, Lomas de Zamora y General San Martín. 

Sin embargo, el proyecto más destacado es el encabezado por la diputada Giudici del PRO, acompañada por 10 legisladores del mismo espacio, que busca modificar la Ley de Educación Superior y la Ley Permanente de Presupuesto para que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) pueda realizar auditorías en todas las universidades públicas, respetando el principio de autonomía. En este sentido, según la propia SIGEN, no se pudo continuar con las respectivas auditorías tras un dictamen del ex Procurador General de la Nación, Carlos Zannini, quien en 2022 concluyó que no deben quedar bajo control de la Sindicatura. De esta forma, la iniciativa del PRO pretende volver a otorgar dicha potestad.