Privatización del Belgrano Cargas abre interrogantes sobre el sistema ferroviario
La privatización del Belgrano Cargas y Logística genera cuestionamientos por el esquema planteado por el Gobierno nacional y su compatibilidad con la normativa ferroviaria vigente. Según el politólogo Gabriel Schraiber, la Ley 27.132 y el decreto 1027/2018 establecen que la infraestructura ferroviaria debe permanecer bajo la órbita de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que no fue incluida en las empresas sujetas a privatización por la Ley Bases. “Hay algo que no me estaría quedando del todo claro”, sostuvo al analizar la diferencia entre lo que establecen las leyes y los pliegos de la privatización. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Gabriel Schraiber advirtió además sobre el concepto de acceso abierto que utiliza el Gobierno para justificar el nuevo esquema. “Eso no es un acceso abierto”, afirmó, al señalar que permitir que un privado le cobre un canon a otro por utilizar sus vías no equivale al sistema previsto por la legislación. Para el especialista, la infraestructura debería estar regulada por ADIF y permitir el ingreso de distintos operadores. También cuestionó la posibilidad de que un grupo extranjero busque obtener una posición dominante sobre las vías: “Si vos querés ir a una liberalización de la economía tenés que buscar el sistema de competencia perfecta, no el monopolio”. En cuanto a la situación ferroviaria general, Schraiber sostuvo que el sistema atraviesa un momento crítico por la paralización de obras y el deterioro de distintas líneas. En la Ciudad, puso el foco en el Sarmiento y cuestionó la posibilidad de continuar con el soterramiento: “Yo estoy en contra del soterramiento”, explicó, al considerar que demandaría unos 3.500 millones de dólares y limitaría otras alternativas. En su lugar, planteó priorizar obras más concretas, como la finalización del Belgrano Sur hasta Constitución para descomprimir al Sarmiento, y la incorporación de un tranvía sobre la traza del Metrobús de Juan B. Justo.
El «cientificidio» que está destruyendo la ciencia argentina
En Ponele Rock charlamos con la arqueóloga, profesora y becaria posdoctoral del CONICET Rocío Guichón, y nos informó sobre la situación actual del organismo y los profesionales que lo integran. Rocío habla de un “cientificidio” producto de la precarización laboral, los despidos y la baja de presupuesto destinado a la ciencia y la investigación. También remarca como importante la situación de las obras sociales: cientos de trabajadores científicos reportaron la quita de sus coberturas de salud. “Hay una decisión política por parte de este gobierno, por parte del presidente del CONICET, de hacer mierda a la ciencia argentina”, afirma la bioarqueóloga tras asegurar que la crisis es peor aún que la atravesada en la década del 90. El miércoles 1 de julio los becarios del CONICET convocan a una marcha que replicará en todo el país, en razón a la reunión del Directorio que tendrá lugar ese día. Los reclamos incluyen la exigencia de prórrogas, la efectivización de los cargos concursados en años anteriores, y la restitución de las obras sociales. Ponele play y escuchá la nota completa.
El detrás de escena del Congreso y de las negociaciones que marcan la agenda legislativa
La actividad parlamentaria suele quedar asociada a las sesiones y votaciones que se transmiten públicamente, pero detrás de cada ley existe un trabajo cotidiano de seguimiento, análisis y negociación que también forma parte de la cobertura periodística. En ese marco, el periodista acreditado en el Congreso Leandro Bravo explicó cómo es la tarea diaria de quienes informan desde el Palacio Legislativo y analizó los principales proyectos que hoy concentran la atención del Senado y la Cámara de Diputados. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Leandro Bravo sostuvo que el rol del periodista acreditado es mostrar “todo aquello que no está dentro del plano” de las transmisiones oficiales. Destacó que gran parte del trabajo ocurre en los pasillos del Congreso, donde se dialoga con legisladores y asesores para anticipar definiciones políticas. Además, remarcó que la cobertura exige una preparación constante sobre proyectos, reglamentos y procedimientos parlamentarios. Respecto al vínculo con las autoridades legislativas, señaló que tanto Martín Menem como Victoria Villarruel han mantenido una relación “respetuosa” con la prensa acreditada, sin los conflictos que sí se registraron en otros ámbitos del Poder Ejecutivo. El periodista también se refirió a los temas que dominan la agenda legislativa. Explicó que el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada continúa trabado por las diferencias en torno a la compra de tierras por parte de extranjeros y advirtió que el oficialismo sigue necesitando acuerdos con bloques dialoguistas para avanzar con sus iniciativas. Asimismo, consideró que varios proyectos impulsados por el Gobierno enfrentan resistencias y podrían quedar postergados para la segunda mitad del año, en un contexto donde las negociaciones políticas y la búsqueda de consensos siguen siendo determinantes para el funcionamiento del Congreso.
El proyecto de ley que perjudicaría a las víctimas de abuso y a sus acompañantes
En Ponele Rock hablamos con la Licenciada en Psicología de la UBA y escritora del libro Después del abuso sexual Andrea Aghazarian, quién analizó el proyecto de ley de la senadora de la UCR Carolina Losada, que busca penar las falsas denuncias de abuso. La legislación propone efectuar a las “falsas” denunciantes y sus defensoras una pena de entre tres y seis años de prisión. Según la licenciada, esto puede tener resultados extremadamente negativos: para los profesionales, porque de no poderse demostrar judicialmente un abuso, corren el riesgo de perder su matrícula, y para las víctimas, porque ante el temor de ser encarceladas, dudarán en acudir a la justicia para denunciar sus abusos. Aghazarian fue contundente durante la nota respecto a los datos estadísticos del tema: la falsa denuncia es muy excepcional, solo el 3% de las denuncias de abuso resultan no ser verdaderas, porcentaje dentro del cual las denuncias en su mayoría tienen que ver más con cuestiones económicas o financieras que con cuestiones de violencia. Además, el acceso a la justicia para las víctimas resulta casi nulo, porque de cada mil casos de víctimas de abuso sexual, nada mas cien llegan a denunciarlo ante la justicia, de las cuales solo una tiene una sentencia final favorable. Un proyecto de este tipo solo conseguiría que estos números se achiquen. Por último, la licenciada explicó que la propuesta se ve como un efecto backlash producto del avance en la organización y la lucha por los derechos de las mujeres, y que mientras se perpetúa el debate sobre las falsas denuncias, crece la industria de comercialización y difusión por internet de materiales de abuso y violencia sexual contra niños. Ponele play y escuchá la nota completa.
Paulón denuncia gastos irregulares en Nucleoeléctrica y apunta a falta de controles
El diputado nacional Esteban Paulón presentó una denuncia judicial por el uso de tarjetas corporativas en Nucleoeléctrica Argentina, que habrían acumulado gastos por más de 313 mil dólares en el último año. La presentación se da luego de información oficial incluida en el informe de gestión del jefe de Gabinete y de pedidos previos de acceso a datos públicos. La causa quedó radicada en Comodoro Py y apunta a posibles irregularidades en el uso de fondos destinados a viáticos y actividades en el exterior. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Esteban Paulón advirtió que el análisis de más de 50 páginas de consumos revela “gastos insólitos” como compras en tiendas de ropa, bebidas, servicios de playa, extracciones en efectivo y consumos en free shop, lo que a su entender evidencia una “falta total de control” sobre el uso de recursos públicos. Además, señaló que había más de 100 tarjetas habilitadas, lo que dificulta identificar responsabilidades individuales, y apuntó contra la gestión del ex titular de la empresa por no haber implementado mecanismos de auditoría más estrictos. El legislador también vinculó este caso con lo que definió como un “modus operandi” del Gobierno en el uso de bienes estatales y lo relacionó con otras polémicas recientes. En ese marco, confirmó que impulsa una moción de censura contra el jefe de Gabinete, aunque reconoció que aún trabajan para reunir los votos necesarios. Mientras tanto, sostuvo que la Justicia deberá avanzar en determinar quiénes realizaron los gastos y si corresponde la devolución de los fondos.
Circo Político con Nico Castillo
En Circo Urbano le dimos columna a Nico Castillo Abad y hablamos un poco de lo sucedido en la semana. El vocero presidencial Manuel Adorni quedó en el centro de la polémica tras sumar cuatro denuncias penales en una semana, mientras que la investigación por la criptomoneda $Libra sumó nuevos datos que involucran al presidente Javier Milei. Uno de los cuestionamientos a Adorni está vinculado a su viaje a Nueva York junto a Milei para participar de la “Argentina Week”, donde también estuvo su esposa. El funcionario explicó que ella había pagado su pasaje, pero que luego fue invitada a sumarse a la comitiva oficial. Sin embargo, el episodio generó críticas porque el propio gobierno había establecido normas que prohíben el uso de recursos del Estado para fines personales. A esto se sumó otro viaje realizado en febrero a Punta del Este en un avión privado. Por estos hechos, se presentaron denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos y abuso de autoridad. En paralelo, el periodista Hugo Alconada Mon reveló en La Nación nuevos datos del peritaje del celular del empresario cripto Mauricio Novelli en la causa $Libra. Además, en el teléfono del empresario se encontró un documento que menciona un supuesto acuerdo por cinco millones de dólares vinculado al apoyo al proyecto cripto. El texto habría sido redactado tres días antes del lanzamiento de $Libra. Las revelaciones suman presión política y judicial sobre el gobierno, mientras avanzan las investigaciones en la justicia y en el Congreso. Dale play para ver la entrevista completa!
Temor por la posible creación de un ICE en Argentina
El asesinato de un inmigrante durante una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis volvió a poner en el centro de la escena las políticas migratorias impulsadas en Estados Unidos y el uso de fuerzas de seguridad para el control de inmigrantes en situación irregular. El hecho, ocurrido en el marco de operativos cada vez más frecuentes y agresivos, generó protestas y cuestionamientos por el uso de la fuerza letal, al tiempo que reabrió el debate sobre si ese tipo de mecanismos podrían replicarse en la Argentina, bajo el actual gobierno de Javier Milei. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Andrea del Mar, abogada especializada en derecho migratorio, explicó que ICE no es una fuerza creada por Donald Trump, sino una agencia que surge en 2003 tras la reforma de seguridad posterior al 11 de septiembre, cuando Estados Unidos adoptó la doctrina de la seguridad nacional. “ICE nace con una lógica de agencia de seguridad, con poder de localización de migrantes y de uso de la fuerza letal, aunque ese poder debería tener una interpretación restrictiva por la Corte Suprema”, señaló. Sin embargo, advirtió que en la práctica existe una “sobreactuación” y un uso discrecional que deriva en abusos, como ingresos a domicilios, controles en escuelas y procedimientos que terminan vulnerando derechos civiles. Consultada sobre la situación argentina, Del Mar alertó sobre el riesgo de avanzar hacia un esquema similar si se consolida la subordinación de la Dirección Nacional de Migraciones al Ministerio de Seguridad y la eventual creación de una agencia migratoria con brazo policial propio. “Si se autoriza una estructura de este tipo sin una reglamentación clara, se abre una zona gris muy peligrosa”, sostuvo, y advirtió que podrían multiplicarse situaciones de represión, violaciones al debido proceso y a los Derechos Humanos de personas migrantes. En ese escenario, remarcó que el control judicial suele llegar tarde: “Los procedimientos ocurren primero y el daño ya está hecho”.
Reclamo sindical por un debate real sobre la reforma laboral
La reforma laboral impulsada por el gobierno abrió un nuevo frente de discusión en la agenda pública. El anuncio del envío del proyecto al Congreso reavivó tensiones con el movimiento obrero, que cuestiona la falta de diálogo previo y alerta sobre el impacto que podría tener en un mercado laboral marcado por la informalidad y la falta de crecimiento económico. En este contexto, la CGT insiste en que cualquier cambio debe partir de un debate profundo sobre el modelo productivo y las condiciones económicas que permitan crear empleo genuino. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Fernando Barrera, secretario de profesionales de UPCN, cuestionó que el gobierno haya avanzado sin convocar a empresarios, sindicatos y fuerzas políticas a una discusión previa. Para el dirigente, la clave no pasa por modificar leyes sino por impulsar un modelo económico capaz de generar trabajo registrado y de calidad. También criticó la idea de crear un fondo de indemnización, advirtiendo que incluso las pymes lo rechazan porque implicaría un costo adicional sin garantizar beneficios. En su análisis, Barrera remarcó que la Argentina necesita discutir el futuro del trabajo y del Estado, pero desde una perspectiva estratégica y no desde el ajuste. Planteó que la política debe generar ámbitos reales de debate para adecuar la legislación a las nuevas formas de empleo y a la realidad social de un país donde la informalidad alcanza a casi la mitad de los trabajadores. También llamó a repensar el rol estatal bajo un concepto de “Estado promotor”, capaz de impulsar sectores productivos, garantizar investigación científica y sostener políticas de desarrollo que permitan proyectar empleo, crecimiento y estabilidad para las generaciones que hoy ya no pueden planificar su futuro.
El Socialismo Auténtico propone recuperar la soberanía y erradicar la pobreza
A poco más de una semana de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el Partido Socialista Auténtico busca hacerse oír entre la multiplicidad de listas que compiten en la Ciudad de Buenos Aires. Con una trayectoria de más de cinco décadas en la militancia política, Mario Mazzitelli encabeza la propuesta socialista que apunta a reconstruir la soberanía nacional y revertir las consecuencias sociales y económicas de las políticas de Javier Milei. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Mazzitelli sostuvo que el principal desafío del país es “salir de la locura económica” y devolverle centralidad al desarrollo tecnológico, la educación y la producción nacional. En esa línea, criticó duramente al gobierno por su endeudamiento y dependencia del capital extranjero, al que calificó como “un proceso de entrega de los recursos nacionales”. El candidato planteó que, de llegar al Congreso, su primera iniciativa sería una ley de ingreso básico universal e incondicional, destinada a combatir la pobreza infantil. Además, adelantó un paquete de proyectos que incluyen una batería de leyes contra la corrupción, una reforma tributaria orientada a la justicia fiscal y la eliminación de la prórroga de jurisdicción en causas económicas. También propuso una auditoría integral de la deuda externa para “abrir la caja negra de la corrupción que hipoteca la soberanía nacional”. Finalmente, Mazzitelli llamó a construir una gran convergencia nacional tras los comicios, que reúna a fuerzas políticas, trabajadores, empresarios y sectores académicos en torno a dos objetivos centrales: mejorar la calidad de vida del pueblo y recuperar el control soberano de las finanzas. “El primer punto es social, el segundo es la soberanía monetaria. Si no manejamos el dinero, no hay futuro”, resumió.
Integrar busca llevar al Congreso una agenda de derechos
A poco menos de dos semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el Partido Integrar busca hacerse un lugar en el escenario porteño con un mensaje que apunta a la unión y a la renovación política. La lista, encabezada por el exfutbolista Claudio “Turco” García y secundada por la ingeniera civil y psicóloga Graciela Balestra, propone superar la grieta y devolverle credibilidad a la política desde la transparencia y la empatía social. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Balestra aseguró que decidió involucrarse porque “el país está muy mal y los que gobiernan no lo están haciendo bien”. Presidenta de la asociación civil Puerta Abierta a la Diversidad y fundadora del primer centro de jubilados LGBT del país, sostuvo que su paso a la política responde al deseo de “cambiar las cosas desde adentro”. “Las personas honestas que no estuvimos en política tenemos que involucrarnos. Si no lo hacemos, nos seguirán gobernando los mismos corruptos de siempre”, afirmó. Balestra subrayó que su espacio busca “integrar” a la sociedad, terminar con la polarización y priorizar la justicia social. Entre los temas que considera urgentes mencionó el deterioro del sistema científico, la crisis de los jubilados y la pérdida de derechos del colectivo LGBT. “Hemos avanzado en igualdad, pero hoy esos derechos están en peligro. Hay más violencia y crímenes de odio que antes. Queremos volver a defender lo conquistado y seguir ampliando derechos”, destacó. Como consecuencia, adelantó que buscará impulsar una Ley Nacional de Antidiscriminación, vinculada con la orientación sexual y la identidad de género, además de fortalecer los derechos del colectivo a través de proyectos que garanticen un acceso igualitario a servicios de salud, identidad legal y protección contra los crímenes de odio. “Voten a quien quieran, pero vayan a votar. Es la única forma de transformar el país”, concluyó.