Peligra la sesión de la Boleta Única de Papel
La Boleta Única de Papel está en la agenda parlamentaria para las próximas elecciones. Sin embargo, el tratamiento de este jueves corre riesgo. Es que la presidencia de la Cámara de Diputados convocó a una sesión previa para tratar los proyectos de producción industrial de cannabis, fomento a la construcción y respuesta integral al VIH. De todos modos, la oposición, que impulsa la discusión en el Congreso, tendrá una chance si el oficialismo no alcanza el quórum con 129 legisladores nacionales. No obstante, el riesgo sigue latente por posibles ausencias en Juntos por el Cambio: el pedido de licencia del diputado Claudio Poggi y la situación de salud de la mendocina Jimena Latorre, quien tiene la intención de habilitar el debate. «Las chances de que se haga esta vez son muy pocas», afirmó el consultor informático Javier Smaldone. En este sentido, lamentó el modo de discusión, porque cada espacio promueve o rechaza la propuesta según le convenga para el momento del voto. De hecho, sucede que los dirigentes apoyan a nivel nacional pero lo descartan en sus provincias. Para el especialista, «hace falta una discusión por fuera de intereses partidarios. Debería darse de forma abierta, en comisiones, con tiempo; porque no hay una forma de implementarla». Al mismo tiempo, sostuvo, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, que hay más mejoras para aplicar en el sistema de votación, más allá de la Boleta Única.
«Santa Fe retrocedió 7 años en materia de seguridad»
Rosario no tiene paz y se encuentra en medio de una escalada de crímenes. De este modo, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, echó al secretario de Seguridad de la provincia, Jorge Bortolozzi, por un viaje a Centroamérica como integrante del Club de Leones. En su lugar, designó a Claudio Brilloni, hasta ahora secretario de Prevención y Control Ciudadano. Al mismo tiempo, el intendente rosarino, Pablo Javkin, le reclamó mayor presencia de Gendarmería al Gobierno de la Nación y le pidió que no abandone a la ciudad santafesina. Por su parte, el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, le respondió por Twitter: «Una inversión millonaria y 575 mujeres y hombres avezados están siendo objeto de ninguneo para una ventaja politiquera. Basta por Dios. Estamos trabajando por Rosario a destajo y enviando más efectivos». En esta circunstancia, la especialista en narcotráfico y narcomenudeo, Laura Etcharren, señaló el derramamiento de sangre como la disputa entre distintas bandas. Esto llevó a finalizar abril con 36 muertos; y comenzar mayo con otra cantidad de homicidios. «En la Ciudad tampoco tenemos una situación mejor. Tenés una administración de los muertos. Las bandas se autorregulan, y respetan sus mercados y territorios. Por lo cual limita bastante los muertos por narcotráfico», comparó. La socióloga afirmó que estas disputas y ajustes de cuenta son por la venta de droga a menor escala. Es que se están disputando el dominio de los barrios y el microtráfico, que no está contemplado en la legislación argentina. «La lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo no son antagónicas, sino complementarias. Necesitás una política de seguridad de fronteras para que no te afecte la seguridad interior y una política de saneamiento en los barrios. La droga es un eslabón que va uniendo distintos delitos conexos de la actividad delictiva», explicó. Para Etcharren, no es una sorpresa lo que sucede en Santa Fe. Desde la asunción de Perotti, hubo una seguidilla de impericias, maltratos y destratos hacia la institución policial, con la que se debe combatir el narcotráfico, además de gestionar la seguridad desde los medios de comunicación, siendo después un «chaski boom» en el territorio. «Claramente, es un delito federal que le corresponde a la Nación. Pero las provincias que entienden la dinámica del narcotráfico y el narcomenudeo trabajan sobre la venta de drogas a menor escala, que no significa menos sangrienta». Por último, sostuvo que la provincia de Santa Fe retrocedió entre 6 y 7 años, porque entre la gestión de Antonio Bonfatti y Perotti está la de Miguel Lifschitz y Maximiliano Pullaro, «que pese a formar parte del Frente Progresista, hizo un trabajo muy bueno en materia de seguridad». Si bien le reconoció fallas, aseveró: «Andá a hacer una transición racional con Marcelo Saín o con personas que creen que la seguridad es un slogan, como la paz y el orden. La paz y el orden solamente está contemplada en Santa Fe para los narcos». En este sentido, manifestó, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, una institucionalización de la violencia.
Reforma de la Carta Orgánica Municipal de Ushuaia
La ciudad de Ushuaia, como pocas ciudades de Argentina, tiene su propia Carta Orgánica Municipal. Y, a fines del año pasado, se aprobó la reforma de la Constitución Municipal. El 15 de mayo se van a elegir los 14 Convencionales Constituyentes para trabajar la reforma de la ley suprema del municipio.
La oposición se alinea para debatir sobre la Boleta Única de Papel
La oposición se alineó detrás de la Boleta Única de Papel y solicitaron un pedido de sesión especial para el próximo jueves las 12 en la Cámara Baja. La iniciativa de reforma del sistema electoral fue impulsada por Florencio Randazzo y apoyada por todos los bloques opositores; que suman los 129 votos necesarios para alcanzar el quórum y poder debatir el tema en el recinto.
Jesús María avanza con la Boleta Única
De cara a las elecciones municipales en 2023, la intendencia cordobesa de Jesús María busca avanzar con la Boleta Única. El método ya es implementado a nivel provincial en la gestión de Juan Schiaretti, Santa Fe y Mendoza.
El oficialismo y la oposición se cruzaron por el Consejo de la Magistratura
Para quedarse con la representación del Senado en el Consejo de la Magistratura, el Frente de Todos se partió en dos bancadas. Un sector de 21 senadores estará encabezado por José Mayans y el otro, de 14 miembros, por Juliana Di Tullio. De este modo, pretende convertir a uno de los bloques en segunda minoría y sacarle la posibilidad al PRO de quedarse con el cargo de la Cámara Alta. La jugada fue respaldada por el Gobierno de la Nación. “Esto tiene que ver con una decisión del máximo tribunal de justicia de avanzar con un fallo con el que no estamos de acuerdo. Por eso la decisión de nuestro bloque de avanzar en el marco de esta decisión que se ha tomado es correcta”, afirmó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en declaraciones a Crónica TV. Por su parte, Juntos por el Cambio brindó una conferencia de prensa para que Cristina Kirchner y Sergio Massa nombren a los representantes del Congreso. “Nos vemos todos inmersos en un capricho de una mujer que le tiene pánico a la justicia. Los problemas de la Argentina son mucho más profundos que los problemas judiciales de la Vicepresidenta”, afirmó el senador Luis Juez, candidato a ingresar con la diputada Roxana Reyes.
El oficialismo quiere seguir controlando la Justicia por la búsqueda de impunidad
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó el control del Consejo de la Magistratura, tras la asunción de su presidente, Horacio Rosatti, como nuevo titular del organismo responsable de seleccionar y remover jueces. Rosatti asumió en el cargo luego de declarase la inconstitucionalidad de la conformación de la institución, impulsada por Cristina Kirchner en 2006, e instar al Congreso, mediante el fallo del 16 de diciembre de 2021, a elaborar una nueva Ley para elegir autoridades y realizar cambios en el organismo. Por otro lado, la Corte Suprema le pidió ayer al juez federal de Paraná, Daniel Alonso, el envío del expediente de la causa que frenaba la acción del Congreso para nombrar a los dos representantes. Durante una votación especial, el Consejo había votado la semana pasada la designación de Alberto Lugones, quien era el responsable del organismo, como presidente interino y le había delegado una serie de atribuciones para que el funcionamiento siga bajo su mando. En medio de esta situación, el ex constituyente, Antonio María Hernández, se remontó al debate de la Convención para explicar el tema. Antes de la reforma, la designación de los jueces lo hacía el Presidente con acuerdo del Senado, lo que significaba un enorme peso del sector político. Por lo tanto, el objetivo de fue alejar tanta determinación de los dirigentes. En 2006 se pasó a la Ley 26.080 para reducir la cantidad de miembros de 20 a 13, por iniciativa de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dándole mayor predominio al sector político. «Alejándose del espíritu de la Constitución para dominar la Justicia», afirmó Hernández. Si bien las dos academias nacionales de derechos la calificaron de inconstitucional, la Corte tardó 15 años para dar una sentencia. «Ese fallo dio 120 días para sancionar una nueva Ley, y si eso no ocurría tenía que volverse a la integración de 20 miembros. Para cumplir ese fallo, queda nada más la integración de dos legisladores que deben corresponder a la segunda minoría de cada una de las Cámaras», explicó el profesor en derecho constitucional. Siguiendo su argumentación en diálogo con FRECUENCIA ZERO, señaló que la Ley de 1997 decía que el presidente del Máximo Tribunal podía asumir el mando del Consejo. Por lo tanto, consideró que no es ninguna novedad, porque ya ocurrió en la Argentina y todavía ocurre en la mayoría de las provincias. De este modo, el abogado desprendió una pregunta: «¿Por qué este escándalo institucional, que muestra la debilidad y muy baja calidad institucional de la Argentina? Porque el oficialismo quiere seguir controlando al Poder Judicial. El interés mayor está en las causas de corrupción. Es la búsqueda lisa y llanamente de impunidad».
Arroyo pide encarar un plan antiinflacionario
A raíz de la situación económica, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, y las organizaciones sociales se reunieron y llegaron a un acuerdo parcial. De este modo, no habrá nuevos acampes aunque continuará el plan de lucha. Después del encuentro, el funcionario afirmó, en declaraciones a Todo Noticias, que “los argentinos necesitan que nos pongamos de acuerdo, un conflicto no se resuelve con un contra conflicto, no se resuelve cortando el puente Pueyrredón, con cortar calles”. Por su parte, el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni dialogó con el portal Infobae y señaló que hasta el momento no les dieron una respuesta positiva a la apertura de planes sociales. “Tampoco somos necios y seguimos buscando soluciones para los que menos tienen”, expuso. En este contexto de negociaciones y alza de precios, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo (Frente de Todos), propuso encarar un plan antiinflacionario, en el que existan medidas dirigidas a la macroeconomía, la canasta básica y los créditos. «El problema central hoy es la inflación, con el pan a $300, la leche a $130 y el kilo de asado a $1.000 se hace muy difícil llegar a fin de mes», aseveró Arroyo. Para enfrentar esta desaceleración, hizo foco en bajar las expectativas no sólo de los formadores de precios, sino de los pequeños comerciantes que incrementan los productos por temor a no recomponerlos. El ex ministro de Desarrollo Social de la Nación explicó que los sectores más pobres trabajan en cinco rubros productivos: construcción, textil, producción de alimentos, cuidado de personas y reciclado. «Cuánto esos sectores crezcan es cuánto será posible transformar planes sociales en trabajo», indicó. «Hoy parte de esos empleos están creciendo, pero el tema es cuánto rinde la plata. Si logramos bajar la expectativa inflacionaria y se consolidan esos sectores, no solo define los niveles de pobreza, sino cuánto en cada territorio se podrá consolidar este esquema productivo», cerró en comunicación con FRECUENCIA ZERO.
Denuncian la suspensión del acceso a la información pública
A poco de haber asumido, la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), Beatriz de Anchorena, fue denunciada por “incumplimiento” de sus tareas y “abuso de autoridad”. El disparador había sido la prórroga por 20 días hábiles de los plazos administrativos para cumplir con los pedidos al organismo. Entre los argumentos de la Resolución 1/2022 de la Agencia, aparece que el aplazamiento de los plazos en la ley es para «contar con la debida información sobre la situación general del organismo en miras a la mejor organización de las tareas y funciones que le son propias”. A raíz de la decisión, la Fundación Apolo realizó una presentación en la Justicia Federal. Mientras que diputados de Juntos por el Cambio –encabezado por Karina Banfi– hicieron un pedido de informes en la Cámara Baja y solicitaron retrotraer la medida. «Es un derecho humano. No se puede suspender», afirmó José Magioncalda, responsable del equipo legal de la Fundación. En este sentido, señaló que constantemente se hacen auditorías en el Estado y no se detienen los plazos legales. Además, planteó, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, que una resolución es de rango inferior para frenar una ley. Por otro lado, el abogado recordó que la Fundación fue una de las ocho organizaciones que cuestionó la designación de la funcionaria por falta de idoneidad profesional en el área. También se opusieron moralmente porque «pertenece al Instituto Patria, que reivindica dictaduras latinoamericanas, donde no se respetan los derechos humanos. Justamente, el derecho a la información pública es reconocido por los tratados internacionales como un derecho humano».
La boleta única aparece en el horizonte nacional
La Boleta Única de Papel (BUP) es un hecho para las elecciones provinciales de Córdoba, Santa Fe y Mendoza. De este modo, toman fuerza algunos proyectos que impulsan su implementación a nivel nacional. Este es el caso de la senadora Mariana Juri (Juntos por el Cambio), quien consideró que la BUP es una clave para la democracia. Es que su utilización permitirá empoderar a los ciudadanos. «La Boleta Única es un instrumento muy valioso. Los dirigentes tenemos que buscar las formas para que el electorado elija mejor, de manera más sencilla e igualitaria. Se produce un ahorro económico y es un aporte a lo ambiental», afirmó la parlamentaria. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la senadora mendocina señaló que la propuesta también es un beneficio para los partidos más chicos, quienes sufren la falta de fiscales para resguardar la elección de sus candidatos. «Esto da la posibilidad de tener toda la oferta electoral en una sola boleta», manifestó. Para Juri, hace falta decisión política, fundamentalmente del oficialismo. En este contexto, está prevista una jornada en el Senado, junto al Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), para avanzar con esta idea.