Celebraron el Día Internacional de las Personas de Edad
El último 4 de octubre, la Legislatura porteña conmemoró el Día Internacional de las Personas de Edad y el inicio de la Década del Envejecimiento Saludable 2020-2030. Participó del acto el defensor de la Tercera Edad y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría, Eugenio Semino, quien explicó la finalidad del mismo: «Se hizo reconocimiento a todos aquellos que trabajaron directamente para enfrentar la pandemia y sus consecuencias en nuestro país”. “Conjuntamente con esto, y teniendo en cuenta que entre más de los 115.000 fallecidos que hay en Argentina el 83% son adultos mayores, se ha reclamado por lo que hoy no se hace; es decir, el seguimiento de las comorbilidades, que se generaron después de la enfermedad”, agregó Semino. En paralelo, la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires registró en los últimos 12 meses una suba de precio en la canasta básica de los jubilados; fundamentalmente, en alimentos y remedios. El aumento es cercano al 52%. Y esto también implica que dicha canasta alcanzó los $75.505. al respectoEl presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría, , explicó: «El estudio está calculado sobre la vida del adulto mayor en grandes ciudades: CABA, conurbano bonaerense, Rosario, Córdoba y Mendoza; ya que es donde más población añosa hay”.
Acampe en el Congreso por la Ley de Acceso a la Tierra
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) inicia un acampe en Plaza Congreso para exigir avances en el tratamiento de la Ley de Acceso a la Tierra. “No podemos esperar más”, ese es el lema de la convocatoria en donde se desarrollarán varias actividades como movilización, verdurazo, feriazo, charlas y talleres. El martes 21, en el Día de la Primavera, finalizarán la acción con un florazo y un festival artístico al aire libre. En el contexto que atraviesa el país los integrantes de la agrupación señalan que “Ahora más que nunca, el pueblo necesita medidas concretas para poder acceder al alimento a través de precios justos, y para eso es fundamental bajar y controlar los precios de la canasta alimentaria». Una buena medida, cuentan, es avanzar con el acceso a la tierra a través de esta Ley para que las familias productoras puedan acercar alimento más económico y saludable para todos los argentinos. Asimismo, informaron que, en Argentina, sólo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país. La norma propone un sistema de créditos blandos estilo PROCREAR pero para el sector rural con el cual las familias pequeñas productoras puedan acceder a tierras para producir alimentos de un modo sustentable y habitar en una vivienda digna. El proyecto de ley cuenta con estado parlamentario, ya que en mayo las Comisiones de Agricultura y Asuntos Legislativos de la Cámara de Diputados de la Nación lo trataron pero sin llegar a un dictamen. El texto se presentó en octubre 2020, por tercera vez en el Congreso de la Nación, junto al ministro de Agricultura Luis Basterra, el entonces ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo y la vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos Cecilia Moreau. Las actividades programadas por la UTT son las siguientes: LUNES 20/9 – 11.30 hs. Marcha – 12 hs. Verdurazo – 15 hs. Asamblea de Nodos y de la Red de comedores por la Ley de acceso a la tierra. – 16 hs. Taller de Huerta a cargo del COTEPO – 19.30 hs. Proyecciones Feriazo y yerbatazo durante todo el día MARTES 21/09 – 10 hs. Radio abierta – 11 hs. Mística de jóvenes por la tierra – 12 hs. Verdurazo y Florazo por la primavera – 13 hs. Taller a cargo del área de alimentación y red de comedores. – 16 hs. Charla sobre trigo transgénico desde la Plataforma Socioambiental – 17 hs. Festival con Eruca Sativa, Susy Shock y Sudor Marika, entre otros artistas.
Detienen el desalojo en un predio del Barrio 21-24
Cien familias dieron una conferencia de prensa para intentar frenar el desalojo de la toma de tierras que realizan hace una semana en el Barrio 21-24. La toma está ubicada en un predio ferroviario de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) nacional. Y, según indicaron desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) planeaba hacer allí una obra de agua potable. La ocupación comenzó el martes pasado. El fin de semana, la Policía Federal junto a efectivos de la Ciudad bloquearon las entradas. Según los vecinos, son alrededor de cien las familias que levantaron sus casillas dentro del predio; todas provenientes de la zona del barrio conocida como «Tierra Amarilla». Al ser un predio nacional, la causa judicial por la ocupación quedó finalmente en manos de la Justicia federal. En efecto, este lunes, el juez Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado en lo Correccional y Criminal N.° 3, emitió un oficio para instar al Ministerio de Seguridad nacional a desalojar el predio «de manera pacífica y sin la utilización de violencia, atentos a la presencia de niños». Por la tarde, Julián Axat, titular de la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal (MPF), solicitó a Rafecas: «el cese del desalojo y de toda medida que pueda implicar violencia sobre las personas o cosas, y que se fomente un espacio de resolución alternativa del conflicto». Quienes ocupan las tierras señalaron que resistirán de forma pacífica, que no llamarán al enfrentamiento, ni van a emplear la violencia. Pues, buscan dialogar para poder debatir la posibilidad de comprar estos terrenos (que están sin uso) o, en todo caso, de acceder a otra vivienda.
Reunión de vecinos para llevar reclamos en conjunto
Personas de distintos barrios, nucleadas en la red Vecinos Porteños, realizarán una reunión virtual para fijar puntos que plantearán al Fiscal General Mahíques. Quienes integran dicho colectivo vienen denunciando distintos temas, desde hace más de 2 años, pero desde el Ministerio Público Fiscal no obtienen ninguna devolución. Además señalan que no importa cuanta evidencia logren juntar, el fiscal interviniente, indefectiblemente archiva sus causas. Gloria Llopiz Ortíz, miembro de la ONG Buenos Vecinos, detalló al respecto: “Nos archivan todo tipo de denuncias. Ya sea de narco menudeo, como de lesiones o ruidos molestos, de daño a arboles, de ocupación del espacio público por parte de recicladores urbanos o de manteros”. Este viernes a las 18 hs., se reunirán vía Zoom, para sumarse se debe enviar un whatsapp al 1149490164.
Un sabor que perdura, como sus políticas de producción y comercialización
La cooperativa de trabajo Las Tunas, fundada en 1960, está ubicada en Apóstoles, al sur de la provincia de Misiones.Su producto, la yerba mate, es de excelente calidad, con estacionamiento de secado natural. En Buenos Aires, Leonardo Maza se encarga de la distribución y despacho de la producción a todo el país. Él nos contó que durante la pandemia se mantuvo el volumen de venta, “ya que, al considerarse un alimento de primera necesidad, pudimos circular”. Lo que se procesa proviene de pequeñas chacras familiares. Son productores de 25 o 50 hectáreas de tierras. Pero dentro de esas 50 hectáreas, tienen 5, 10 o como mucho 15 hectáreas de yerba. Y eso también influye en lo que se envasa, porque el volumen no es mucho; pero es el perfil que eligen cuidar para garantizar el sabor y calidad. Al respecto, Leonardo detalla: “En cuanto a la producción, se mantuvo la cantidad de kilos producidos en la cooperativa. Esto se basa en que el proceso de la yerba mate, una vez que se cosecha la hoja y se hace el proceso de secado, después está estacionada aproximadamente de 15 a 18 meses”. “Dentro de ese año y medio, la yerba está en el depósito y se le van haciendo controles de temperatura y humedad, etc. Es por eso que no se puede envasar una cantidad superior a la que venías haciendo, porque se saca del stock, perdiendo materia prima y no estaría bien estacionada”, agregó. La cooperativa recibe anualmente 1.500.000 kilos de hoja verde de sus socios y elabora entre 20.000 y 25.000 kilos de yerba mate, que son comercializados en distintos lugares de la Argentina, bajo la modalidad de venta directa. Para poder acceder al producto, pueden escribir a yerbamatelastunas@gmail.com; y también los encuentran redes como @yerbalastunas en Instagram o Cooperativa Las Tunas en Facebook.
A 10 años de la relocalización, exigen condiciones dignas de habitabilidad
Legisladores del Frente de Todos presentaron en el Parlamento porteño un proyecto de declaración para que la casa exprese su preocupación sobre la falta de gas natural en el complejo habitacional «180 viviendas». Se trata de las viviendas ubicadas en las avenidas Fernández de la Cruz y Lacarra, del barrio de Villa Soldati, en la Comuna 8, donde fueron relocalizados vecinos del asentamiento Luján. El estado general de las edificaciones, que fueron creadas hace 10 años, “no dista mucho de las viviendas sociales y de los complejos habitacionales construidos por el Instituto de la Vivienda, donde se muestra la falta de decisión política de acompañar a los sectores populares en el acceso a un hábitat digno”, sentenció Nayla Loitegui, integrante de la Junta Comunal. Si bien uno de los puntos del proyecto presentado en la Legislatura tiene que ver con la ausencia de instalaciones que permitan la conexión al gas natural, la comunera aclaró que otras cuestiones que se plantean son las obras inconclusas, “como los huecos para ascensores”, la falta de mantenimiento de “los tanques de agua, la limpieza de estos y la inexistencia de una tapa para evitar que haya suciedad y bacterias”, entre otras cuestiones. Asimismo, Loitegui destacó: “Hay una falta de inversión del Gobierno de la Ciudad en estos complejos habitacionales, que son viviendas sociales destinadas a sectores populares. Y, además, estamos hablando del caso –el de las 180 viviendas– de un grupo de familias que ya han atravesado muchísimas vulneraciones. Y se supone que una relocalización a una vivienda tiene que ser en condiciones dignas para garantizar esos derechos que han sido históricamente vulnerados”.
No se cumple con el saneamiento, desvían fondos y disuelven organismos
El 8 de julio de 2008 en el marco de la causa Mendoza la Corte Suprema de Justica de la Nación dictó un fallo histórico en el que estableció quienes son los responsables del saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. Entre otras cosas obliga a la ACUMAR, la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, a elaborar anualmente el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) con el objetivo de mejorar de la calidad de vida de los habitantes, la recomposición del ambiente y la prevención de daños. Desde la Auditoria General de la Ciudad se audita, año vencido, cuáles fueron las acciones a las que se comprometieron desde el Gobierno porteño, de acuerdo al PISA, cómo las desarrolló y los niveles de eficacia de gestión y eficiencia económica. “Cuando aprobamos el informe de la Auditoría sobre el año 2019 nos encontramos con algunas sorpresas, muy desagradables”, señaló Lisandro Teszkiewicz, uno de los representantes del Frente de Todos en el organismo. En primer lugar detectaron que el GCABA disolvió la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo (UPE CUMAR) que centralizaba toda la política referida al saneamiento ambiental y la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca y repartió sus competencia en distintos espacios que en general tienen la función de coordinar políticas con las otras jurisdicciones. Otro de los puntos es que el ejecutivo porteño pretendió informar a la ACUMAR una inversión de más de 8 mil millones de pesos en el saneamiento durante 2019, y ésta reconoció solo 5300 millones se usaron para eso. “Cuando nosotros vamos a auditar ese gasto encontramos que el 54,58% de los fondos fueron destinados a acciones y a obras que no tienen que ver con el objetivo”, precisó Teszkiewicz. Resultando de la cuenta que utilizó menos de 2300 millones de pesos. Sobre esto se suma que, además de que aún falta reubicar 1027 familias, desde el año 2009 no existe ningún registro de que se hayan hecho los controles sanitarios del dosaje de plomo en sangre de los habitantes.
Cómo proceder ante los cambios en el monotributo
En junio, cuando los monotributistas aún intentan pilotear la pandemia en medio de restricciones, cambios de horarios y actividades, se encontraron con deudas en su cuenta corriente, a pesar de haber tenido el pago de las cuotas mensuales al día. Resulta que el Congreso Nacional y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) demoraron meses en aprobar y reglamentar una ley que debió definirse en 2020. Este mes la AFIP recategorizó automáticamente a cada monotributista con la nueva tabla 2021 que tiene un aumento del 35,3 % y, además, una suba en el valor del pago mensual desde enero 2021. Desde el Estudio Piacentini, su titular Elisabet recomienda ingresar a la página de AFIP para que cada pequeño contribuyente pueda ver su nueva categoría, corroborar si la definición es correcta y pagar la cuota de este mes que vence el 25 de junio. Además, sugiere que todavía no cancelen las diferencias que se generaron retroactivamente, ya que próximamente se instrumentará el pago en cuotas por el ente fiscal. Piacentini, presidenta de Mujeres Empresarias de FECOBA, aclaró que la Ley 27618 y la Resolución 5003 de AFIP reglamentan más puntos, como por ejemplo cómo se debe facturar a un monotributista, obligando a cambiar sistemas y controladores fiscales.
Detectan problemas de infraestructura y mantenimiento en el Tornú
La Auditoria General de la Ciudad analiza gestiones pasadas. Realizan informes en base a una planificación anual que se remite a la Legislatura porteña durante el último mes del año. En este caso, se analizó la gestión 2018 del Hospital Tornú de Parque Chas, con un trabajo de campo desarrollado en 2019. Y al hacer los relevamientos en el lugar, detectaron muchísimos problemas en su infraestructura y mantenimiento. Lisandro Teszkiewicz, uno de los representantes del Frente de Todos en la Auditoría porteña, detalló que se encontraron “desde baños rotos, falta de habilitación de los bares y comedores de algunos de los pabellones, hasta cosas realmente preocupantes, como la falta de matafuegos, salidas de emergencias bloqueadas o pérdidas de camas de internación por el estado de situación, pérdidas de gas de mecheros de laboratorios, presencia de material inflamable en pabellones donde había pacientes y no correspondía”. El documento elaborado por el organismo de control denota la falta de inversión que sufre el hospital de agudos desde hace años, como la pérdida de camas de internación, la falta de insumos y de recursos. Además, quedó relevado el desprendimiento de mampostería, roturas en paredes, pisos, cielorrasos, humedad en los cimientos del hospital y el mal estado de los sanitarios con mobiliarios rotos, cables y caños expuestos. Esas son algunas de las problemáticas descritas en el informe sobre el hospital público. Además, Teszkiewicz comparó la situación del Tornú con la de otros nosocomios de CABA: “No hace mucho tiempo aprobamos un informe del Hospital del Quemado, donde habíamos detectado goteras y filtraciones en quirófanos, salas que debieran ser estériles”.
Ronda de Negocios en el marco de la Ley de Promoción de la Economía Social y Popular
En la Comuna 8, donde se encuentra inmerso el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, se llevó a cabo una jornada con participaron más de 70 empresas y 16 unidades productivas que desarrollan su actividad en la economía social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Victoria Ladoire, subsecretaria de Desarrollo del Potencial Humano, aseguró: “Desde el Ministerio estamos convencidos que la mejor política social es el trabajo y que hay que pensar el desarrollo social en clave productiva”. La primera “Ronda de Negocios” fue llevada a cabo con 106 ejecutivos de 72 empresas –con certificación de Empresa B o en proceso de certificación– y 16 Unidades Productivas de la economía social de CABA, organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño y el Sistema B Argentina. Sistema B es una organización sin fines de lucro que cree que los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, los ciudadanos y la responsabilidad social de los negocios, todos juntos no son suficientes para resolver los problemas sociales y ambientales actuales. La Ronda de Negocios entre empresas y cooperativas de la Ciudad se enmarca en la Ley de Promoción de la Economía Social y Popular, sancionada por la Legislatura porteña en diciembre de 2020. Los objetivos centrales fueron dos: el primero, promover el diálogo entre ambos sectores para generar compras inclusivas. Mientras que el segundo fue exhibir las propuestas del Ministerio de Desarrollo Humano para capacitación, la ley de prácticas formativas y la bolsa de empleo e intermediación para los sectores populares. Asistieron a la reunión ejecutivos de empresas como Grupo Mitre, Mercadolibre, Danone, Unilever, Banco Galicia, Farmacity, Microsoft, Accenture, Loma Negra y Limpiolux, entre otras. En cuanto a las Unidades Productivas, participaron la Cooperativa de Trabajo San Cayetano Ltda, Enredo Cooperativa Textil de Mujeres, Cooperativa de Trabajo La Ciudad Ltda, Cooperativa de Trabajo La Litoraleña Ltda, Cooperativa de Trabajo Librería del Profesional, Cooperativa de Trabajo Gráfica del Pueblo, Vivera Orgánica de Rodrigo Bueno, Recoveco, Fletes 31, entre otras. “Generamos estos espacios de encuentro entre ambos sectores para que puedan encontrarse y construir alianzas dinámicas y estratégicas, que promuevan una sociedad más equitativa desde los negocios y los mercados, para que la economía social y popular pueda desarrollar todo su potencial e integrarse al ecosistema productivo”, contó Ladoire. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, y busca generar más y mejores oportunidades de trabajo para 500.000 porteñas y porteños. Establece incentivos para que los sectores de la economía popular puedan acceder al crédito, participar de las compras públicas y, mediante beneficios impositivos, iniciar su camino hacia la formalización.