Primer juicio por jurados en la Ciudad
El caso de Adrián Continiello Farelo será el primer caso resuelto en un juicio por jurados antes de que finalice el año. Al menos eso es lo que se ha propuesto la magistrada Carla Cavaliere. El joven de 32 años se preparaba para salir a jugar a la pelota cuando el departamento se desmoronó, a causa de la excavación que estaban realizando en el terreno lindero, el 1 de abril de 2019, en el barrio San Cristóbal. Desde ese entonces su mamá, Norma Farelo, viene reclamando justicia y denunciando que «hay un poder político, ya que el fideicomiso es de Caputo S.A.». Este mes se dieron a conocer los nombres y rostros de los imputados en la causa de su hijo y argumenta: «Hoy pueden mostrar las caras de los responsables, porque siempre nos mantuvimos a derecho. Sabemos que el juicio será este año y que será por jurados». El próximo 26 de agosto, en Suipacha 150 a las 11 h, será la primera de tres audiencias previas al juicio. En adelante se elegirán a los jurados, ciudadanos de entre 18 y 75 años. Serán 12 quienes definirán si los acusados son “no culpables”, “no culpables por inimputabilidad” o “culpables”. Su manifestación debe ser unánime. El juicio por jurados está contemplado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (1996). Pero su implementación se demoró hasta septiembre de 2021, cuando la Legislatura porteña sancionó la Ley N.° 6451 que incorporó el sistema de juzgamiento penal de Juicio por Jurados. Según se desprende de la causa judicial, las firmas implicadas en la obra de excavación y submuración en Pavón 3062 son la constructora Lybster S.A. y Demoliciones Mitre S.A. El fideicomiso Caputo Hermanos S.A. ordenó los trabajos. Cabe destacar que la obra fue denunciada por el gremio UOCRA semanas antes del siniestro y que también la Agencia Gubernamental de Control (AGC) había hecho señalamientos, pero no la clausuró. Serán enjuiciados Valeria Martini, arquitecta y jefa de obra; Ricardo Nicolson, ingeniero a cargo y uno de los directores de Lybster; Eduardo Agustín Aguaviva, director de la obra por parte del fideicomiso Caputo Hermanos S.A., que encargó los trabajos. También están imputados en la causa, Norma Eugenia Mendes Simoes, presidenta de Lybster; Ramiro Ramos, arquitecto y representante técnico de la empresa; Sabrina Lorena Blands, responsable de Seguridad e Higiene de la obra; Osvaldo Becerra, arquitecto de la firma Demoliciones Mitre S.A.; Guido Eduardo Tirendi, inspector de la Dirección de Fiscalización y Control de Obras del GCBA.
Intento de censura
El juez penal porteño, Pablo Cruz Casas, rechazó por «inexistencia de delito» el pedido de una fiscal para bloquear el acceso a la página web «Mapa de la Policía». La herramienta de información y denuncia para la comunidad se presentó en julio del corriente año. Y, al poco tiempo, la legisladora porteña del Frente de Todos Ofelia Fernández fue denunciada penalmente por Florencia Arietto, dirigente de Juntos por el Cambio, por abuso de poder. Atenta a ese reclamo, la fiscal Celsa Ramírez pidió la medida cautelar de bloqueo y, además, que se ordenara al servidor, donde está alojada la página y a las autoridades que regulan internet, que bloqueen el acceso para “hacer cesar” un supuesto delito. Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), explicó: «El mapa es una idea de la diputada Ofelia Fernández. Y para llevarla a cabo, nos convocó a un grupo de organizaciones hace más de un año. Es un sitio web. Nos permite reunir información pública de la Policía y se pueden publicar denuncias para visibilizarlas o de manera formal». Asimismo, Tufró se refirió al intento de censura y remarcó que la decisión de la fiscal Ramírez fue «increíble» por hacerse eco del pedido descabellado de Arietto. En este sentido, el integrante del CELS señaló que el magistrado argumentó respecto a la acusación y el pedido: “Carece de sustento el señalamiento realizado por la denunciante de que la web –que ha sido desarrollada por actores particularmente interesados en la prevención, visibilización y denuncia de hechos de violencia institucional– tenga idoneidad objetiva para constituir un canal de recepción de denuncias que, de algún modo, busque sustituir y/o reemplazar los canales oficiales y/o institucionales”.
Massa pasó la tijera de $128.000 millones por el Ejecutivo
Previo a su viaje a los Estados Unidos para continuar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, pasó la tijera para lo que resta del año y recortó el Presupuesto de Gastos de la Administración Central en $128.000 millones. El principal ajuste del Ministro, quien ya confirmó a Gabriel Rubinstein como su segundo, fue aplicado en las carteras de Educación, Salud y Desarrollo Territorial y Hábitat, y también en el dinero disponible para las provincias. Para el economista Fabio Rodríguez, recordó tres puntos señalados por Massa cuando brindó su primera conferencia de prensa: orden fiscal, apretón monetario y encontrar dólares. «En los dos primeros pudo empezar a hacer algo concreto, en el tercero no hay nada», explicó. Vinculado al último punto, afirmó que hay menos de mil millones de dólares en reservas y el mercado no cree que pueda evitar una devaluación. En este contexto, el especialista indicó, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, que el ajuste de tarifas dará menos del 0,1% del PBI. Por eso, metió el cuchillo en las partidas del Ejecutivo. Es que juntar 0,6% no puede ser únicamente con los servicios, ya que el aumento hubiese sido «astronómico». «No podés hacer más magia. No tenés un bono de la suerte, que la soja en vez de 500 se va a 1.000, y tampoco podés hacer más nada con los impuestos. No hay margen para aumentar o crear», sostuvo Rodríguez. Por lo tanto, consideró que la salida es el crecimiento genuino de la economía y el empleo, encuadrándolo con un plan antiinflacionario.
Descubrí el pueblo más grande de Buenos Aires
A 280 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra uno de los poblados más grandes de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Colón, que se encuentra frente a Santa Fe. Este pueblo tiene grandes atracciones turísticas e incluso se puede pasar un fin de semana, tiene campings y bungalows municipales.
«A Cristina Kirchner la enfureció que haya aparecido tanta evidencia»
Tras la última jornada de alegatos de las nueve que tenían prevista, los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani pidieron una condena de 12 años de prisión efectiva y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, en el marco del juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre el 2003 y el 2015.
El salario mínimo subirá 7% en septiembre
El Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil acordó un piso de $51.200 mensuales para el trabajo registrado a partir de septiembre, lo que equivale a un incremento del 7%. En octubre, el mínimo pasará a $54.550 y en noviembre, $57.900. De este modo, el aumento del salario mínimo vital acumulado en el trimestre será del 21%. El Consejo, compuesto por 32 miembros, también resolvió una nueva revisión para noviembre. Para el economista Marcelo Ramal, la CGT y la CTA le hicieron un guiño al Gobierno, particularmente al ministro Sergio Massa (Economía), para continuar con el ajuste. Es que la suba alcanzará un 75% anual, ubicándose por debajo de la inflación proyectada (90%). «Ayer se consagró la reducción del salario mínimo en términos reales, al menos 15% en 2022. Como el salario mínimo establece en forma directa una serie de prestaciones sociales y luego es una vara más general para el salario en su conjunto, lo que se acordó es una reducción del salario», explicó en diálogo con FRECUENCIA ZERO. Siguiendo con su análisis, Ramal afirmó que el actual salario mínimo ($47.850) está por debajo de la canasta de indigencia. Mientras la de pobreza ($110 mil) duplica a este ingreso. «Significa un ajuste muy severo. Agreguemos que tendrá lugar en un escenario de aumento de tarifas, combustible y canasta alimentaria, que sigue avanzando», cerró.
AUSA se hará cargo del acarreo
La semana pasada el Gobierno porteño anunció que tomaría control del acarreo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), pero lo que no especificó fue de qué manera. Si bien la controversia sobre las grúas viene de meses anteriores, con el informe de la Auditoría de CABA, la presión surgió desde el propio partido cuando Carrió afirmó: «Denuncié en silencio las grúas en la Ciudad». Y luego con el legislador Facundo del Gaiso, cuando aseguró: «Mañana la Coalición Cívica presentará un proyecto de ley para asegurar que no puedan prorrogar la licitación de acarreo después de 21 años de servicio irregular. Y vamos a suspender el servicio de acarreo hasta que se adjudique la nueva licitación». Ahora se abre otro capítulo con AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima) a cargo del servicio de acarreo. Según señalaron desde el Observatorio de Derecho a la Ciudad, su titular Jonatan Baldiviezo, en diálogo con Frecuencia Zero, apuntó: «La decisión de estatizar se tomó en solo seis horas y, dentro de las mismas, se le informó a AUSA que se haría cargo, sin un informe ni justificación». «La licitación está preparando un nuevo negocio: el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta le otorgará a las concesionarias 1.000.000 millones de anticipo financiero para que compren las grúas y adecuen las playas de remisión de vehículos, es decir, cero inversión privada. Por otra parte, el Ejecutivo porteño, pagará $29.017 por acarreo a las concesionarias, cuando hasta ahora cobraban $6525. El GCBA garantiza un pago mensual que implica una ganancia casi cinco veces mayor, sin riesgo empresarial», sentenció Baldiviezo.
La designación de Rubinstein demuestra que no hay margen para más populismo
El ministro de Economía, Sergio Massa, designó este domingo a la tarde a Gabriel Rubinstein como secretario de Planeación Económica, quien actúa como viceministro. Su nombre comenzó a circular hace varias semanas. Pero la designación se dilató a la espera de que el flamante funcionario «resolviera un tema familiar y disolviera sus responsabilidades contractuales incompatibles con la función pública», según informó Massa.
«No se podía vivir en una provincia gobernada por una dictadora como Milagro Sala»
Desde la semana pasada, Milagro Sala enfrenta un nuevo juicio oral. En la investigación, también se acusa a un abogado y a un empleado del Poder Judicial jujeño de haber sustraído el expediente de otra causa en la que estaba imputada la dirigente social. El empleado judicial habría recibido una coima para tomar el documento y luego destruirlo para eliminar las pruebas. En este contexto y sumado a otras acusaciones contra Sala, el referente del movimiento Túpac Katari, Carlos «Perro» Santillán, recordó las denuncias desde 2011, cuando la dirigente recibía los planes sociales de Nación y cosechaba poder durante la gobernación de Eduardo Fellner: cambiando y poniendo ministros a su gusto, reprimiendo a los movimientos que no se alineaban y explotando trabajadores, entre otras cuestiones. «De ser una pobre mujer, empleada pública, pasó directamente a ser una empresaria, tener negocios inmobiliarios y distintas viviendas por todas partes. Eso lo vimos y denunciamos. Sufrimos las consecuencias. Nos persiguieron. Vino varias veces a atacarnos donde tenemos nuestra sede. Veíamos, prácticamente, cómo se amparaba en la impunidad que iba teniendo», afirmó Santillán. Además, señaló el bastardeo sobre la lucha de los más humildes. A partir de eso, consideró, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, que la gente descree en la pelea y la unidad para exigir derechos ante el avance del Estado. «Seguimos reclamando lo que está pasando en la provincia con el gobierno de Gerardo Morales, que aprovecha esta situación donde la Justicia va haciendo que aparezcan estos nuevos testigos. Morales gobierna Jujuy porque metió presa a Milagro Sala. No se podía vivir en una provincia como Jujuy, gobernada por una dictadora como Milagro Sala y que ejercía la represión como lo hacía. Vino Morales, la metió presa y ahí ganó las elecciones», cerró.
Cambios en las licencias de conducir
A partir del miércoles 17 de agosto, la Ciudad puso en marcha el nuevo protocolo para habilitar a los conductores de automóviles con evaluaciones más exigentes y un examen práctico en la vía pública. El nuevo protocolo se aplicará a los conductores de la categoría B1, que son aquellos que sacan la licencia por primera vez.