Piden incluir los robos de celulares en el Mapa del Delito
Por el crecimiento del robo de celulares, legisladores del Frente de Todos (FdT) presentaron un proyecto de ley mediante el cual buscarán incorporar los datos de los celulares recuperados tras hechos delictivos al Mapa del Delito. La iniciativa fue impulsada por la peronista Claudia Neira (FdT) y busca incorporar en el artículo 6 de Ley N° 6.009 de Aparatos Electrónicos un apartado que establezca que “en caso de individualización del titular del celular secuestrado, previo a la restitución, se le deberá requerir que informe si el equipo le fue robado/hurtado. En caso afirmativo, se le pedirá que especifique fecha y lugar del robo/hurto. La información obtenida será incluida en el Mapa del Delito”. El director del área de Seguridad del Instituto de Políticas Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Duacastella Arbizu, analizó el proyecto en Frecuencia Zero, y remarcó la importancia de este registro dado que «de acuerdo a la encuesta de victimización que realizó la policía porteña 2021, al 78% de las víctimas de robo se les sustrajo el celular». «Es necesario hacer tareas de investigación e inteligencia policial para saber quienes cometen los delitos y dónde se reducen estos efectos, porque éstos vuelven al comercio, detalló. El Mapa del Delito fue dispuesto mediante la Ley 5.688 que creó el Sistema Integral de Seguridad Pública y la Policía de la Ciudad. Se implementó por primera vez en el año 2017 y su actualización es anual. Se trata de una herramienta de gestión con el objetivo de recopilar, procesar y analizar información concerniente a las actividades delictivas. Sus resultados son utilizados para planificar políticas públicas en materia de seguridad en base a datos y evidencia tales como: la distribución de los agentes en calle; la incorporación de nueva tecnología; y la organización de operativos de acuerdo a las necesidades particulares de cada barrio.
«El ajuste es solo para los trabajadores»
Gabriel Solano cuestionó el viaje del ministro de Economía, Sergio Massa, a Estados Unidos, dado a que consideró que después de las reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “se profundizará el ajuste”. El legislador del Partido Obrero criticó con dureza el viaje del ministro de Economía a Estados Unidos, ya que aseveró que fue para “recibir instrucciones para profundizar el ajuste que está en marcha” en la Argentina. El ministro de Economía Sergio Massa se fue anoche de Washington, luego de verse cara a cara con Kristalina Georgieva y dejar todo encaminado para un pronto cierre de la segunda revisión del programa vigente. Al respecto, Solano en diálogo con Frecuencia Zero señaló que «el ajuste se está llevando con una devalución del tipo de cambio oficial más acelerada que impacta en la inflación, que es hoy el instrumento principal del ajuste con los trabajadores, porque los precios aumentan más que los salarios, las jubilaciones y los planes sociales «.
Gendarmería intervino en un conflicto escolar
En la Escuela de Enseñanza Media N° 3 D.E. 19 – “Profesor Carlos Geniso”- de Nueva Pompeya se registró una situación de violencia. El hecho sucedió dentro del establecimiento educativo en la tarde del jueves y según denunció su comunidad educativa, una docente resultó herida y tuvieron que intervenir efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), los cuales ingresaron. Al día siguiente, el 9 de septiembre, las clases estuvieron suspendidas, en Agustín de Vedia 2519, “hasta evaluar de manera colectiva cómo continuar”. Desde la Comunidad de la escuela informaron al respecto: «En puerta de ingreso se encontraba el Vicedirector y Profesores de nuestra casa tratando de dialogar con las familias. Los conflictos intrabarriales que se traducen en la escuela de manera violenta son informados sistemáticamente desde marzo del año pasado. En ese sentido, se hicieron todos los esfuerzos a nuestro alcance para poder interpelar la lógica de resolución de los conflictos de manera violenta, a lo que se suma también la arraigada cultura de que para “ser alguien” y “hacerse respetar” hay que pararse de manos. Nada más alejado de los valores que cotidianamente queremos transmitir en las aulas”. Esta semana realizaron un abrazo simbólico a la Escuela de Enseñanza Media N° 3 D.E. 19, y en diálogo con Frecuencia Zero la Secretaria Gremial de Ademys, Amanda Martín, reflexionó sobre el conflicto y el rol de los docentes: «No hay profesionales para atender las múltiples violencias que estallan en las escuelas derivado de la crisis social profunda que golpean a los sectores más vulnerables».
Liberatori también falló en contra de Larreta
La justicia porteña declaró inconstitucional el sistema de reconocimiento facial que aplicó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De esa manera, la jueza Elena Amanda Liberatori, a cargo del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario 14, dio lugar al amparo colectivo presentado a fines del 2020 por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (Odia) contra la administración que encabeza Horacio Rodríguez Larreta. En Frecuencia Zero, uno de los integrantes de ODIA, el abogado Rodrigo Iglesias, celebró el fallo en primera instancia de la magistrada por garantizar la democracia. Cabe recordar que la causa que investiga irregularidades en la utilización de datos biométricos por parte de quienes tienen acceso al sistema de reconocimiento facial estuvo a cargo del juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Roberto Gallardo hasta julio pasado. Asimismo, fue apartado luego de la recusación planteada por el Gobierno porteño en julio pasado, por lo cual Liberatori quedó a cargo del expediente.
«Uno de cada seis habitantes se encuentra en emergencia habitacional»
Este fin de semana, con actividades en todas las comunas de la CABA, desde el colectivo «La Ciudad somos quienes la habitamos» lanzarán la campaña para declarar la emergencia urbanística, ambiental y habitacional. El espacio lo integran organizaciones como el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA y la CTA Autónoma. Asimismo, adhieren a la propuesta espacios vecinales tales como Autoconvocados de Rodrigo Bueno, Vecinxs por Saavedra, Conciencia Urbana Comuna 11 o Basta de Destruir Devoto. Durante las actividades del fin de semana, las organizaciones juntan firmas para apoyar el proyecto de ley que busca declarar la emergencia urbanística, ambiental y habitacional. María Eva Koutsovitis, fundadora del colectivo, explicó en diálogo con Frecuencia Zero los motivos de la convocatoria: «En el distrito más rico de nuestro país, uno de cada seis habitantes está en emergencia habitacional, en villas, asentamientos y sin acceso formal a los servicios básicos». «Buenos Aires es de las capitales del mundo con menos espacios verdes por habitante y tenemos la mitad del arbolado necesario para poder desarrollar una vida saludable. Si bien hay más de 160.000 inmuebles a la venta y 150.000 ociosos la megaconstrucción especulativa no para», agregó la ingeniera civil.
El Gobierno porteño convocó a audiencia pública por aumento en peajes
Para definir aumentos de peajes en las autopistas porteñas, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llamó a una audiencia pública, online, para el 6 de octubre. Se estima que el incremento será del 40 por ciento, en línea con las alzas de colectivos, subtes y taxis. La suba incluirá a las Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Illia, Retiro II, Sarmiento, Salguero, Alberti y Paseo del Bajo. La hora pico seguirá siendo considerada de lunes a viernes, en ambos sentidos, de 7 a 11 y de 16 a 20, y los sábados, domingos, feriados y días no laborables con fines turísticos, de 11 a 15, en sentido provincia, y de 17 a 21 en sentido al centro. En Frecuencia Zero, Ricardo Lasca, referente del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, señaló que «las audiencias son una burla porque no son vinculantes y los aumentos están decretados». «La excusa ante todo aumento de tarifas es la ecuación financiera del concesionario, que puede ser real el aumento de costos, pero nadie se preocupa por el bolsillo del usuario. En las audiencias públicas deberían tratarse todas las problemáticas de las concesiones. Lo de AUSA es una caja negra que nadie se anima a investigar». Asimismo, explicó que «un transporte de cargas que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires le cuesta $4000 por viaje solo de peajes que representa $150 mil al año. Esto es un impuesto al tránsito, el peaje es otra cosa, acá no hay contraprestación», agregó Lasca.
Buscan que los ex playones ferroviarios se conviertan en espacios verdes públicos
Asociaciones, vecinos, asambleas, grupos y organizaciones barriales nucleadas en la Red Tierras Ferroviarias Verdes, promueven una solicitada por parques públicos en los ex playones ferroviarios y los bajo viaductos de la Ciudad de Buenos Aires. En la misma plantean al presidente Alberto Fernández que haga valer el decreto que firmó en febrero de 2020, en el que ordenó la auditoría de toda la disposición de tierras bajo el gobierno de Mauricio Macri, entre la Ciudad y la Nación, durante el período 2015/2019. «Planteamos que los ex playones ferroviarios que quedan en la Ciudad, teniendo en cuenta que son las últimas reservas de tierra pública que hasta el momento no han sido urbanizadas, y considerando que se viene la cumbre del C40 en donde Larreta intentará conseguir financiamiento para sus proyectos, nosotros queremos plantear que si hablamos de una Ciudad Verde tenemos que tener más proyectos que creen más espacios verdes», explicaron desde el colectivo. Según especificaron desde el Gobierno porteño: «Entre el 19 y el 21 de octubre, la Ciudad recibirá a más de 40 alcaldes, delegados internacionales, intendentes locales, filántropos, jóvenes y reconocidos expertos para ser parte de la Cumbre Global de Alcaldes de C40. El encuentro, que se realiza cada tres años, reunirá a representantes de todo el mundo para discutir acerca del cambio climático, sus efectos y el rol que tienen los gobiernos locales en la lucha para enfrentarlo».
Pedido de informes por la Subsede Comunal 9 cerrada desde 2020
Hace unos días, se llevó adelante una reunión de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana en la Legislatura porteña de la que participaron integrantes de la Junta Comunal 9 por haber presentado un pedido de informes al Ejecutivo porteño. Los juntistas quieren saber por qué aún no se abre la subsede de la Comuna, ubicada en Av. Directorio 4360, cerrada desde marzo de 2020. La no apertura del espacio repercute en la falta de servicios para los vecinos y, al mismo tiempo, perjudica a los comuneros que no cuentan con un lugar donde desarrollar su trabajo y así cumplir con sus obligaciones. «Lo único que tenemos es nuestro celular para gestionar», señaló Lorena Crespo, integrante de la Junta en diálogo con Frecuencia Zero. Asimismo, Crespo explicó que «en la sede de Timoteo Gordillo 2212, funciona el despacho del Presidente de la Comuna 9 y algunos servicios de forma restringida, ya que la mayoría de los trámites, después de la pandemia, pasaron a ser virtuales, para lo cual se ha instalado un espacio para ayudar a quienes no están acostumbrados a lo digital». «El Gobierno de la Ciudad no se ha encargado de informar cómo tramitar los servicios y hay otros que ya no existen como, el Servicio Social Zonal que atiende a las personas de mayor vulnerabilidad. Acá hay una cuestión de voluntad política, porque cuando se tuvo que cerrar por reformas la Comuna, en la primera camada de Comuneros, la misma funcionó en el Club Brisas de Liniers», agregó. Por otra parte, Hernán Poggi, también integrante de la Junta Comunal 9 por la Coalición Cívica, coincidió con su par del Frente de Todos: «Adherimos al pedido de informes porque queremos saber por qué está cerrada y queremos su reapertura».
Intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner
Anoche, alrededor de las 21 h, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sufrió un intento de magnicidio mientras saludaba a los militantes que realizaban una vigilia en la puerta de su domicilio, en Recoleta. El hombre que gatilló frente al rostro de Fernández entre la multitud es Fernando André Sabag Montiel; portaba un arma Bersa calibre 40. El agresor fue detenido por los seguidores y, luego, por efectivos de la Policía Federal. Y, según confirmaron, se encuentra en condiciones de declarar. La encargada de la investigación es la jueza federal María Eugenia Capuchetti. El fiscal es Carlos Rívolo, aunque en las primeras horas estuvo suplantado por Eduardo Taiano. La calificación del delito sería tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por alevosía. Javier, el militante que fue citado por la magistrada a declarar luego del episodio en Recoleta, contó ver por encima de su hombro derecho un brazo que sostenía un arma y escuchó gatillar dos veces. Por su parte, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, explicó por qué no salió el proyectil: «Para que la munición salga hay que darle para atrás a la corredera, para que la bala entre a la recámara. El arma no tenía nada en la recámara, ergo, podía gatillar un millón de veces y nada iba a salir». La mayoría de los dirigentes políticos y funcionarios se prenunciaron en contra del atentado. Entre ellos, Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy y presidente de la Unión Radical Nacional (UCR), quien llamó «a la política y a la comunicación a bajar un cambio, la gente está muy mal como para que incentivemos a la crispación». Quien también llamó a la reflexión fue el senador nacional, Oscar Parrilli. Y además describió cuál es el estado de salud de la Vicepresidenta: «Se encuentra impactada y conmocionada, pero igual está bien. Tiene su temple intacto».
«Las personas con discapacidad son la variable de ajuste»
Tras rumores de la publicación de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que quitaría «a la discapacidad de las obras sociales», surgió una petición en la plataforma change.org para evitarlo. Pablo Molero, coordinador del Foro para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, explicó, en diálogo con Frecuencia Zero, que no se trata de una exclusión de las personas con discapacidad, sino que el proyecto de DNU habla de crear un fondo específico con recursos del Estado para financiar a prestaciones de las obras sociales, debido a que el fondo de las mismas no alcanza para esto. Asimismo, hace referencia a las personas que no cuentan con una cobertura de salud. Pero también admitió que el planteo es injusto, ya que «debería ser la cobertura médica de los trabajadores la que responda, porque para eso uno hace los aportes correspondientes. Esto es un arreglo con sindicalistas. El Gobierno se tiene que hacer cargo de aquellos que no tienen obras sociales».Por otra parte, desde el 29 de agosto comenzó un paro con extensión nacional durante toda la semana, con acampe en la Plaza de Mayo por la falta de pago a quienes atienden a personas en situación de discapacidad a nivel nacional. La deuda lleva meses y, en algunos casos, todo lo que va del año. Al respecto, Pamela Chomiak, fonoaudióloga y miembro de la Asamblea de Prestadorxs Precarizadxs en Salud y Educación, especificó que la carpa instalada el lunes rechaza el DNU: «Además busca visibilizar la situación de los trabajadores que tuvimos dos aumentos en el año, que suman un 60%, pero que se otorgarán de forma escalonada y que terminaremos percibiéndolo en enero». Además, Chomiak se refirió al traspaso de obligaciones hacia al Estado nacional: «Hay un acuerdo de salvataje con las grandes conducciones gremiales. Nos dicen: ‘No nos metamos, es todo político. Acá el problema son las personas con discapacidad’. Y claro que son el problema porque son la variable de ajuste».