Pauta oficial: reclaman un marco normativo para su distribución
Hoy, 30 de marzo a las 16 horas, se realizará una jornada de reclamo por una distribución justa de la pauta oficial, frente al Congreso Nacional. Redes de medios comunitarios del país y sindicatos de prensa realizarán este martes hasta la hora 18, bajo la consigna “Federalizar la pauta para democratizar las comunicaciones”, una actividad que se podrá seguir por el canal de YouTube de Barricada Tv. Tendrá la participación de redes nacionales de medios comunitarios, autogestivos y populares de todo el país, como la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADICCRA), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA), la Federación Gráfica Bonaerense (FGB), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), el Sindicato de Prensa de Rosario (SPR), la Red de Medios Digitales (RMD), los diarios Tiempo Argentino y El Ciudadano, ambos integrantes de la Red de Diarios Recuperados, el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (SIVENDIA) y el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (CISPREN) de Córdoba. Pablo Antonini, el presidente de FARCO, aclaró que es un reclamo histórico el que se viene haciendo: “Siempre pugnamos por una comunicación más democrática, que es que exista una legislación. Un marco normativo para la distribución de la pauta”. Frente al Congreso de la Nación, se presentará un documento con doce puntos que esperan sea el origen de una ley que permita la distribución de la Pauta Pública Oficial para garantizar el derecho a la información, con un criterio de equidad y transparencia.
Justicia para sanar el dolor
Silvana Mancuso, presidenta de “Familiares y Víctimas de Mala Praxis” y mamá de Mora Callejón, que falleció en 2008 por un ACV mal diagnosticado, en diálogo con FRECUENCIA ZERO comentó su caso y los proyectos de ley que impulsan para evitar que sucedan más situaciones similares. En primer lugar, Silvana recordó cómo fue su experiencia personal que desencadenó en el fallecimiento de su hija Mora Callejón, que tenía 19 años en ese momento: “No se hizo absolutamente nada. Mora amanece el 29 de Octubre de 2008 y me dice que tiene la pierna dormida, como anestesiada. La llevé a la Clínica Santa María de San Martín, la atendió un médico clínico, le hizo maniobras en la pierna y la derivó urgente a un neurólogo. Como me dilataban mucho el turno, averigüé y conseguí el contacto de Jorge Orlando Ferrari, un profesional especialista jerarquizado en neurología, que hoy está procesado con un pedido de probation denegado por Casación. Llegamos a la consulta, le pidió que se saque el pantalón a Mora, la hizo caminar, ir y venir; cuando le revisa la pierna, mi hija solo siente que la estaba tocando cuando, en realidad, la estaba pinchando. Luego le pidió que se ponga de pie, la miró y nos dice: ‘Cómo creció la nena’. Con Mora nos mirábamos y no podíamos entender lo que estaba expresando este profesional. Cuando le pregunte cómo seguía todo, nos dijo que si no se le pasaba en 20 días, le pedía un electromiograma de pierna entera. Le pedí que me dé una orden para una tomografía y no me la dio, y me dijo que no hacía falta; nos mandó a un spa. Cuando fuimos al traumatólogo, le pedí que me diera una orden para una resonancia, me dijo que no hacía falta, que mi hija iba a recuperar la sensibilidad de la pierna. Luego, en la causa, argumentó que en la clínica se lo prohíben. Lo más grave es que a mi hija no le dieron ningún diagnóstico, la ficha de Mora decía: ‘dolor en pierna derecha y muslo por… stress?’, solo eso. El 3 de noviembre, unos días después, Mora amanece con la boca torcida y la llevé al Hospital Eva Perón (ex-Castex) de San Martín, porque ahí trabajaba Ferrari, que no se dio por aludido y apareció tardísimo. Ese día, recién ahí le hicieron la primera tomografía y detectaron que tenía los pulmones llenos de sangre y no podía respirar por sus propios medios. La quisieron intervenir, pero no se pudo. A las 11:40 h de ese día, Mora falleció”. Sobre lo que se podría haber hecho para que todo hubiera sido distinto, Silvana Mancuso relató: “A ella le tendría que haber hecho estudios y haberla internado para hacer una intervención quirúrgica, haberle hecho una tomografía computada y una resonancia magnética, algo fundamental para diagnosticar un ACV. Recibimos una atención paupérrima por parte de quien estaba catalogado como especialista jerarquizado”. Luego de vivir esta terrible experiencia, Silvana Mancuso ha trabajado junto a otras personas que pasaron por lo mismo en la “Agrupación Familiares y Víctimas de mala praxis”, impulsando un proyecto de ley que busca lo siguiente: “El punto más importante es tipificar el delito de mala praxis, que hoy está dentro de los delitos culposos de homicidio y lesiones. Esto nos permitiría la oportuna diferenciación de un médico que comete un error humano con aquel que incurre en reiterados actos contrarios a la tarea de curar; la aplicación de una medida cautelar en todos los delitos: suspensión preventiva de la matrícula, cuando el fiscal considere que existe verosimilitud del hecho y hay imputación. Con ello evitamos que estos profesionales sigan ejerciendo; la condena sería la inhabilitación. Otra es la creación de un registro de los médicos imputados, con la consiguiente obligación del Poder Judicial de actualizarlo, y de las autoridades provinciales, municipales y de centros privados de revisarlo antes de contratar un profesional. Otro punto importante es que la historia clínica sea digitalizada, encriptada y nacional, para que se pueda ingresar desde cualquier sistema con el número de DNI. Esto facilitaría la tarea de los médicos y garantizaría el derecho de que cada uno sea dueño de la historia clínica, algo que ya está contemplado en la Ley 26529, que hoy es violada sistemáticamente. Hay que saber que es muy difícil llevar un juicio de estas características adelante, en las situaciones de mala praxis, lamentablemente no tenemos igualdad ante la ley”.
Cuestionan proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue resonando el proyecto de «Ley Orgánica de Participación Ciudadana» que se ha debatido en comisiones la semana pasada en la Legislatura porteña. Se cuestiona su real fundamento, ya que la Ley de Comunas (1777) define la participación del vecino a través del Consejo Consultivo de las Comunas de CABA. El proyecto es de la diputada Lucía Romano, del bloque Vamos Juntos, quien durante la reunión conjunta de las Comisiones de Descentralización y de Asuntos Constitucionales dijo que la norma busca «fomentar los mecanismos de participación ciudadana» creados por la Ley de Comunas (1777) de la Ciudad. En contraposición, el integrante de la Junta Comunal 7, del Frente de Todos, Julián Cappa señaló: “El proyecto busca validar los mecanismos que ellos dicen que son de participación ciudadana, pero que para nosotros es una pantomima y son los mecanismos que en realidad vulneran el espíritu de la Ley de Comunas”.
Alivio fiscal para el sector hotelero
Durante la última sesión ordinaria de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se sancionó una ley que exime a los hoteles, alojamientos, pensiones, albergues transitorios y moteles del pago del impuesto inmobiliario y el ABL durante seis meses. En el proyecto debatido, se establece que los comercios mencionados anteriormente deberán encontrarse habilitados y autorizados para su funcionamiento, de acuerdo a la normativa vigente. Mientras que en los casos donde los beneficiarios hayan cancelado el pago de dichos impuestos, se generará un crédito a favor del contribuyente. El legislador porteño Matías Barroetaveña, por el bloque del Frente de Todos, señaló: “Nos parece que es positiva, aunque consideramos que debería discriminarse esta ayuda y aportarles más a las empresas chicas ‒más que a las grandes cadenas internacionales‒, pero además es insuficiente. Muchos sectores han sufrido la pandemia y, además, están sufriendo un impuestazo importantísimo de la Ciudad”. Asimismo, en el Parlamento porteño se aprobó la sustitución de la cláusula transitoria primera de la Ley N.º 6.382, la cual establece un plan de pagos para que estos comercios puedan saldar sus deudas. El pago de las deudas en cuotas es para los casos correspondientes a tributos empadronados, cuya liquidación es efectuada por el Organismo Fiscal, cuando los vencimientos hubieran operado desde el 1 de enero de 2019 y hasta el día 30 de octubre de 2020, condonando los intereses resarcitorios y financieros por el pago hasta en seis cuotas mensuales y disponiendo una reducción de hasta un 75% de los mismos cuando el pago se opere entre siete y doce cuotas. Es necesario mencionar que, para esos compromisos económicos, se elevará el monto fijado en el artículo 190 de la Ley Tarifaria para el año 2021 a 18 millones de pesos. En cambio, para el caso de deudas mayores a 1.500.000 pesos, la condonación de intereses resarcitorios deberá ser reducida al menos en un 25%.
La lucha por el espacio verde porteño no se detiene
La semana pasada, la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la UBA, junto a un colectivo de organizaciones sociales, ambientales, comunitarias y universitarias, presentó un proyecto de ley marco para espacios verdes públicos.