El Senado se dispone a rechazar los pliegos para la Corte Suprema
En una sesión especial convocada para las 14 hs., la Cámara Alta tratará finalmente las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según se prevé, la oposición logrará conseguir el quórum para iniciar la sesión, en tanto que el oficialismo tendría severos obstáculos para reunir los 48 votos necesarios para aprobar ambos pliegos. En caso de que sean rechazados, el gobierno sostiene que seguirán nombrados por decreto hasta el 30 de noviembre, aunque existen sospechas sobre la legitimidad de los futuros fallos de la Corte. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el senador nacional Francisco Paoltroni sostuvo: “más que hablar de una derrota para el gobierno, yo hablaría de una victoria para la justicia y la institucionalidad; frenar la designación del juez más cuestionado de la historia significa que algo está cambiando en nuestro país, más allá de que el Ejecutivo se haya encaprichado con llevar a este juez que justamente representa todo lo contrario a lo que se militó en campaña”. En este sentido, el legislador resaltó que la nominación de Lijo “son cosas que vienen de las Fuerzas del Cielo, que son más bien las Fuerzas de la Oscuridad”. Sin embargo, evitó criticar la designación de ambos candidatos por decreto: “más allá de que no comparto la forma, creo que termina siendo hasta algo mejor porque la Corte lo necesita para poder funcionar porque no tendría la mayoría en muchas votaciones que es de tres sobre cinco; en caso de que haya una mayoría no conforme, no contenta, lo que prové la Constitución es la destitución por el juicio político”, agregó.
El senador Kueider podría recibir 5 años de prisión en Paraguay
El legislador fue detenido el pasado 4 de diciembre en Paraguay tras ingresar al país con USD 200 mil, más de $600 mil y 3,9 millones de guaraníes sin declarar. El fiscal Alcides Giménez Zorrilla aseguró que se lo está investigando a él y a su secretaria, Iara Guinsel Costa, por tentativa de contrabando, por lo cual podría recibir una pena máxima de 5 años de prisión efectiva, según el Código Penal paraguayo. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la periodista local, Silvia Viera, detalló las particularidades de la investigación y resaltó que el juez a cargo de la causa, Humberto Otazu, “suele dar ejemplos en sus fallos”: “suele marcar un antes y un después con sus sentencias, por lo que perfectamente podría darle 5 años al senador”, expresó. Asimismo, sembró dudas sobre la detención del político argentino: “fue detenido en una inspección de rutina en el Puente de la Amistad a la 1:30 de la mañana; me llama la atención porque tenemos libre paso y esas inspecciones no se hacen comúnmente; lo que se comenta es que alguien tuvo que haberle pasado el dato a la policía”, agregó.
El gobierno presentó el proyecto de Juicio por Jurados
El presidente de la Nación encabezó un curioso acto en el que se presentó la iniciativa para establecer dicha modalidad en la administración federal de justicia. En el encuentro se desarrolló una obra de teatro titulada “La Noche del 16 de Enero”de Ayn Rand, en la cual participaron diferentes funcionarios del gobierno, tales como Mariano Cúneo Libarona, Manuel Adorni y el diputado José Luis Espert. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Andrés Harfuch, director del área de jurados del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), destacó la importancia de la aprobación del proyecto: “estamos desde el advenimiento de la democracia luchando para que el Congreso dicte por fin la ley que le ordena desde 1853 implementar el juicio por jurados; es una de las deudas constitucionales más grandes que tiene nuestro país; con el horrendo triunfo oscurantista y conservador se terminó implementando un sistema de justicia por expedientes, sin juicio, escrito y secreto, lo que tuvo grandes consecuencias para nuestro país”, expresó. Asimismo, manifestó que la iniciativa siempre contó con cierta resistencia porque “quien detenta el poder de castigo tiene un enorme poder en la sociedad”, a pesar de que varios países (y ya numerosas provincias de la Argentina) “dijeron que la justicia tiene que estar en manos del soberano -el pueblo- y no en los funcionarios del Estado”. De esta forma, describió el proceso mediante el cual se establece dicho juicio y aclaró que las 12 personas que juzgan “son elegidas a través de un triple filtro, mediante el cual se evalúa si cuentan con algún sesgo personal”, algo que no ocurre con los jueces.
Impugnan a Lijo y García-Mansilla como candidatos a la Corte Suprema
Esta semana venció el plazo para la presentación de impugnaciones y adhesiones para los dos candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para incorporar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En concreto, el pliego de Ariel Lijo cosech´33 impugnaciones, 14 adhesiones y una observación, mientras que Manuel García-Mansilla recibió 22 impugnaciones, cinco avales y una observación. Ambos deberán presentar sus defensas en la audiencia pública del próximo 28 de agosto. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), una de las organizaciones que presentaron impugnaciones a los pliegos, arremetió contra el juez de Comodoro Py: “Lijo es el juez más ineficaz porque es el que menos respuesta da a los casos de ingresan y el que más se demora en casos de corrupción, según información pública; ya es polémico que siga siendo juez federal, así que sería la primera vez en la historia que un juez con estos antecedentes y sin ningún mérito, porque el gobierno no lo puedo explicar, llega a la corte”. Al respecto, agregó que el nombramiento de Lijo en la Corte contiene “una gran sospecha de que hay un acuerdo transversal poco transparente para poner un juez como él en la corte que extienda y amplíe la garantía de impunidad para todos los grupos de poder de la Argentina”. Asimismo, destacó que “con la designación de Lijo y García-Mansilla, tendríamos una Corte exclusivamente masculina, violando tratados internacionales a los que suscribió el país, los cuales garantizan una mayor diversidad de género”.
El juez de la impunidad en camino a la Corte Suprema
Ariel Lijo, juez federal de Comodoro Py, espera aún que el Senado de la Nación decida la suerte de su pliego para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta aún no estableció un cronograma para su tratamiento, pero las críticas contra su desempeño siguen creciendo y amenazan con entorpecer la intención de Javier Milei de tenerlo en el máximo tribunal del país. Manuel García-Mansilla también integra la nómina propuesta por el Ejecutivo y su suerte estará atada a la de Lijo: o se aprueban ambos pliegos o ninguno. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, María Eugenia Talerico, abogada penalista y ex vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), fue contundente contra Lijo: “estamos en presencia de premiar en la Corte Suprema a uno de los exponentes más grandes de la casta judicial, quien ha dado impunidad a muchísimos políticos y funcionarios de todos los colores, involucrados en casos de corrupción, lo que le dio una gran capacidad de negociación que hoy lo premia con el pliego”, detalló. Por otro lado, opinó sobre la intención personal de Javier Milei de llevarlo al máximo tribunal: “el presidente tiene mal la información y es absolutamente inconsistente a la hora de responder por qué lo propone; lo rodean personas del ámbito judicial que tienen que ver con un sistema de protección juicial de cosas que no están bien, personas que no tienen buena reputación en la materia y quienes lo estarían influenciando”. Sin embargo, destacó el pliego de García-Mansilla: “es una persona que merece estar en la Corte Suprema y que sería un honor que la integre, todo lo contrario con el compañero que le han puesto ahí”, agregó.
La Ley de Reiterancia ya es una realidad en Ciudad
La Legislatura Porteña aprobó el proyecto enviado por el Ejecutivo porteño con 36 votos a favor y 21 en contra. La iniciativa modifica el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires y establece la “reiteración delictiva” como un agravante a la hora de que la justicie dicte prisiones preventivas. La legisladora Gimena Villafruela de Vamos por Más, presidenta de la Comisión de Seguridad, explicó que la ley permite que “una persona que ya tiene un proceso penal y que comete un nuevo delito, quede detenido a la espera de su proceso o condena, por lo que al estar privado de su libertad se evita que siga cometiendo futuros delitos”. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la legisladora resaltó que la sanción “es un antes y un después” para los vecinos y “una herramienta importantísima que tendrá un impacto fundamental”, teniendo en cuenta que “la seguridad y el orden son prioridad para Jorge Macri”. Asimismo, apuntó contra el kirchnerismo y la izquierda que votaron en contra: “claramente habla de su postura ideológica, hay que poner el foco claro en la víctima y pensar qué herramientas le podemos brindar a la ciudadanía; claramente no es la misma prioridad para los espacios que no han querido acompañar”, señaló. Villafruela también aclaró cuáles son las excepciones de la ley y lo vinculó con lo sucedido en las inmediaciones del Congreso durante el tratamiento de la Ley Bases: “la ley no incurre en hechos investigados en el marco de la libertad de expresión o la petición ante la autoridad, en la medida que no cometan delitos contra la integridad física o generen daños contra la propiedad; es importante establecer ese límite con lo que vimos la semana pasada; una cosa es expresarse y manifestarse, que es un derecho, y otra es ir y romper todo”, agregó.
Argentina retrocedió en el Índice de Percepción de la Corrupción
El índice, elaborado por Transparencia Internacional, clasifica 180 países en una escala elaborada a partir de casos de sobornos, malversación de fondos, capacidad de los gobiernos para prevenir la corrupción, etc. En este contexto, la Argentina logró 37 puntos sobre 100 y se ubicó en el puesto 98, lo que significó un retroceso respecto de 2022, cuando el país se ubicó en el puesto 94. Teniendo en cuenta que en la escala el 0 implica una baja corrupción y el 100 alta corrupción, la Argentina habría mejorado su performance internacional. Sin embargo, ¿esto alcanza? En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Clara Lucarella, abogada y coordinadora del programa Fortalecimiento de la Democracia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), sostuvo que “la Argentina tiene todavía una deuda muy importante en la lucha contra la corrupción, sobre todo en cuanto a su prevención y sanción”. Asimismo, resaltó que “las causas de corrupción demoran muchos años y eso tiene que ver con las lógicas de poder y situaciones que se generan cuando llegan al poder judicial”. En consecuencia, manifestó que “hay que reforzar los mecanismos de investigación y de eventual sanción de la corrupción, así como también brindar herramientas a los organismos que se encargan de investigar”. Clara Lucarella también presentó el Observatorio de Causas de Corrupción, una plataforma que ACIJ pone a disposición de la ciudadanía “para que se pueda conocer más sobre las causas, investigar, conocer el sistema y ver qué actores intervienen, de manera simple, con información agregada y estadísticas”.
La Corte confirmó el freno a la candidatura de Uñac
A poco de la medida cautelar que impidió la elección de gobernador y vicegobernador en San Juan, la Corte Suprema de Justicia resolvió inhabilitar a Sergio Uñac como candidato en aquella provincia. Según estableció, con los votos de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz en forma concurrente, “se sitúa fuera de la limitación establecida en el artículo 175 de la Constitución”. Ricardo Lorenzetti no votó porque no había intervenido en la cautelar. El abogado constitucionalista Diego Armesto planteó que la Constitución de San Juan establece tres mandatos; la propia Convención Constituyente lo dijo al reformar la Carta Magna provincial. En este sentido, sumó que el Máximo Tribunal nacional encontró una coalición con la Constitución de la Nación en cuestiones federales: artículos 1, 5 y 123. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el especialista recordó los antecedentes de la Corte sobre Río Negro, Santiago del Estero y La Rioja. Desde su punto de vista, «Uñac tiró de la cuerda», pese a las normas y la advertencia de aliados, como José Luis Gioja.
El oficialismo y la oposición se cruzaron por el Consejo de la Magistratura
Para quedarse con la representación del Senado en el Consejo de la Magistratura, el Frente de Todos se partió en dos bancadas. Un sector de 21 senadores estará encabezado por José Mayans y el otro, de 14 miembros, por Juliana Di Tullio. De este modo, pretende convertir a uno de los bloques en segunda minoría y sacarle la posibilidad al PRO de quedarse con el cargo de la Cámara Alta. La jugada fue respaldada por el Gobierno de la Nación. “Esto tiene que ver con una decisión del máximo tribunal de justicia de avanzar con un fallo con el que no estamos de acuerdo. Por eso la decisión de nuestro bloque de avanzar en el marco de esta decisión que se ha tomado es correcta”, afirmó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en declaraciones a Crónica TV. Por su parte, Juntos por el Cambio brindó una conferencia de prensa para que Cristina Kirchner y Sergio Massa nombren a los representantes del Congreso. “Nos vemos todos inmersos en un capricho de una mujer que le tiene pánico a la justicia. Los problemas de la Argentina son mucho más profundos que los problemas judiciales de la Vicepresidenta”, afirmó el senador Luis Juez, candidato a ingresar con la diputada Roxana Reyes.
El oficialismo quiere seguir controlando la Justicia por la búsqueda de impunidad
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó el control del Consejo de la Magistratura, tras la asunción de su presidente, Horacio Rosatti, como nuevo titular del organismo responsable de seleccionar y remover jueces. Rosatti asumió en el cargo luego de declarase la inconstitucionalidad de la conformación de la institución, impulsada por Cristina Kirchner en 2006, e instar al Congreso, mediante el fallo del 16 de diciembre de 2021, a elaborar una nueva Ley para elegir autoridades y realizar cambios en el organismo. Por otro lado, la Corte Suprema le pidió ayer al juez federal de Paraná, Daniel Alonso, el envío del expediente de la causa que frenaba la acción del Congreso para nombrar a los dos representantes. Durante una votación especial, el Consejo había votado la semana pasada la designación de Alberto Lugones, quien era el responsable del organismo, como presidente interino y le había delegado una serie de atribuciones para que el funcionamiento siga bajo su mando. En medio de esta situación, el ex constituyente, Antonio María Hernández, se remontó al debate de la Convención para explicar el tema. Antes de la reforma, la designación de los jueces lo hacía el Presidente con acuerdo del Senado, lo que significaba un enorme peso del sector político. Por lo tanto, el objetivo de fue alejar tanta determinación de los dirigentes. En 2006 se pasó a la Ley 26.080 para reducir la cantidad de miembros de 20 a 13, por iniciativa de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dándole mayor predominio al sector político. «Alejándose del espíritu de la Constitución para dominar la Justicia», afirmó Hernández. Si bien las dos academias nacionales de derechos la calificaron de inconstitucional, la Corte tardó 15 años para dar una sentencia. «Ese fallo dio 120 días para sancionar una nueva Ley, y si eso no ocurría tenía que volverse a la integración de 20 miembros. Para cumplir ese fallo, queda nada más la integración de dos legisladores que deben corresponder a la segunda minoría de cada una de las Cámaras», explicó el profesor en derecho constitucional. Siguiendo su argumentación en diálogo con FRECUENCIA ZERO, señaló que la Ley de 1997 decía que el presidente del Máximo Tribunal podía asumir el mando del Consejo. Por lo tanto, consideró que no es ninguna novedad, porque ya ocurrió en la Argentina y todavía ocurre en la mayoría de las provincias. De este modo, el abogado desprendió una pregunta: «¿Por qué este escándalo institucional, que muestra la debilidad y muy baja calidad institucional de la Argentina? Porque el oficialismo quiere seguir controlando al Poder Judicial. El interés mayor está en las causas de corrupción. Es la búsqueda lisa y llanamente de impunidad».