«La prueba en los expedientes es contundente en la Causa Vialidad»
Luego de la feria judicial, el Tribunal Oral Federal 2 lleva adelante el proceso final del juicio por la obra pública en Santa Cruz, que tiene como principal imputada a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien participa de la audiencia virtual. Se investigan presuntas irregularidades en 51 obras públicas que las empresas de Lázaro Báez recibieron para la provincia. La presidenta del Senado está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita, que habría direccionado contratos millonarios en favor del empresario. De este modo, el fiscal federal Diego Luciani inició su alegato en el juicio oral y público. “Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país», expuso vía Zoom. La exvicepresidenta de la Unión de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, marcó la contundencia de las pruebas en los expedientes. En este contexto, destacó la labor de Luciani, que podría haberse obstruido con la reforma de la Ley de Fiscales. «En este país, es muy difícil ir contra el poder que busca solamente corrupción», expresó. Talerico afirmó que el fiscal también habla de los millones que no solo fueron al exmatrimonio presidencial y a Báez, sino que se desviaron de la necesidad ciudadana. Según señaló, se trata de un entramado de corrupción escandaloso en uno de los casos que tiene implicada a la vicepresidenta. Al mismo tiempo, la abogada lamentó, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, el accionar de la UIF sobre el pedido de absolución, que tomó en cuenta la disidencia de una perito sobre el armado de los sobreprecios. Por último, Talerico descartó mayores interposiciones de la defensa de Cristina Kirchner, como intentaron o hicieron en la causa por el entendimiento con Irán. Y anticipó un veredicto para fin de año.
«No hay una evasión fiscal, hay una defraudación al Estado»
Jimena de la Torre, exsubdirectora de AFIP, aseguró: «acá no había una empresa que estaba al borde de la quiebra», sino que lo que no abonaba en impuestos lo prestaba a otras compañías del grupo.
Stolbizer criticó el sobreseimiento a Cristina
La diputada de Juntos por el Cambio aseguró que «la intención era que el juicio no empiece para que las pruebas no se expongan».
«Hay un poder político, ya que el fideicomiso es de Caputo S.A.»
En el derrumbe del 1 de abril de 2019, en el barrio San Cristóbal, cayó al vacío un joven de 32 años que se preparaba para ir a jugar a la pelota. Adrián Continiello Farelo falleció víctima de la negligencia de la empresa constructora Lybster y de una serie de “observaciones”, que nadie quiso ver. Es más, el mismo día en que la medianera de su edificio –lindero a la obra irregular– cedió, el inspector Guido Tirendi, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), verificó que faltaba la submuración. Sin embargo, dio el OK para continuar… Hoy, a Norma Farelo le toca atravesar la situación más difícil que le puede tocar a una persona: la pérdida de un hijo. Pero ese sufrimiento se agrava al no conseguir justicia. Pues, más allá de malas decisiones y la vista gorda que hicieron funcionarios públicos, ingenieros, arquitectos y una larga lista de etcéteras, actualmente, esa mamá se encuentra con un cerco legal y mediático, que le impide tanto difundir lo que pasó como lograr que el caso llegue a juicio. «Todavía no se llama a juicio. Nosotros creemos que detrás de todo esto hay un poder político, aunque no queramos politizar la causa, ya que el fideicomiso es de Caputo S. A.; y todos sabemos la relación con Macri y Larreta», explica Norma tras dos años y medio de la tragedia. Farelo se refiere a la empresa constructora Lybster, cuyos dueños son Flavio y Hugo Caputo, hermanos de Luis Caputo, el exministro de Finanzas e integrante del clan, que también integra el primo de ambos, Nicolás Caputo, y mejor amigo del expresidente de la Nación, Mauricio Macri. Los imputados son, por la constructora Lybster, el ingeniero Ricardo Nicolson, los arquitectos Eduardo Aguaviva y Valeria Martini, la titular de Seguridad e Higiene Sabrina Lorena Blans, el arquitecto técnico Ramiro Ramos y Norma Eugenia Mendes Simoes, presidente de la empresa y quien se postuló como diputada en provincia de Bs. As. en la lista de Gómez Centurión. Ahora bien, por Demoliciones Mitre, el arquitecto Osvaldo Becerra. En tanto, por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sería responsable el inspector Guido Tirendi. A pesar de las denuncias previas, las observaciones y los testimonios de empleados, la causa está caratulada como estrago culposo.
«La maniobra de Dolores fue un manoseo hacia Macri»
El expresidente Mauricio Macri volvió a recusar hoy al juez Martín Bava. Lo investigaba por un presunto espionaje ilegal desde el Poder Ejecutivo hacia los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan entre 2017 y 2018. La semana pasada, Macri fue citado a una indagatoria en Dolores. Aunque luego la convocatoria se suspendió por falta de relevamiento del secreto de Estado. Y se pospuso para el próximo 3 de noviembre. Por su parte, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, un extitular de la exsecretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Miguel Ángel Toma, subrayó que la maniobra se había tratado de un manoseo hacia la figura del exmandatario. Y alegó que Bava era un ignorante del Derecho y se había sacado un dos en el examen evaluativo. Al mismo tiempo, Toma recalcó que se había cometido un «aquelarre jurídico». Luego de lo cual aseguró que el exjefe nacional podría haber sido condenado con seis años de prisión si hubiera dado alguna información. No obstante, resaltó que la causa hubiera tenido posibilidades de caer en esa situación por la obtención de datos sobre una base dudosa de parte del magistrado. A la vez, el especialista sostuvo que el caso se basaba en una reunión entre Macri y las familias. Del mismo modo, aseveró que la Policía Federal tenía a cargo la seguridad de los gobernantes; y le consultaba a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre los lugares de las actividades. Sin embargo, afirmó que, si la AFI intervino teléfonos y persiguió personas, la situación se trataba de un delito. De todas formas, aclaró que la Justicia tenía que determinar si los allegados habían sido espiados y si Macri lo sabía. Además, Toma aseguró que la gobernación de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) había implementado en 2010 una inteligencia en cabeza militar, con el liderazgo del exsoldado César Milani. En esa línea, finalmente, destacó que CFK usó al organismo para el control social y con el objetivo de cubrir tanto la causa de la AMIA como el pacto con Irán.
Detienen el desalojo en un predio del Barrio 21-24
Cien familias dieron una conferencia de prensa para intentar frenar el desalojo de la toma de tierras que realizan hace una semana en el Barrio 21-24. La toma está ubicada en un predio ferroviario de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) nacional. Y, según indicaron desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) planeaba hacer allí una obra de agua potable. La ocupación comenzó el martes pasado. El fin de semana, la Policía Federal junto a efectivos de la Ciudad bloquearon las entradas. Según los vecinos, son alrededor de cien las familias que levantaron sus casillas dentro del predio; todas provenientes de la zona del barrio conocida como «Tierra Amarilla». Al ser un predio nacional, la causa judicial por la ocupación quedó finalmente en manos de la Justicia federal. En efecto, este lunes, el juez Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado en lo Correccional y Criminal N.° 3, emitió un oficio para instar al Ministerio de Seguridad nacional a desalojar el predio «de manera pacífica y sin la utilización de violencia, atentos a la presencia de niños». Por la tarde, Julián Axat, titular de la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal (MPF), solicitó a Rafecas: «el cese del desalojo y de toda medida que pueda implicar violencia sobre las personas o cosas, y que se fomente un espacio de resolución alternativa del conflicto». Quienes ocupan las tierras señalaron que resistirán de forma pacífica, que no llamarán al enfrentamiento, ni van a emplear la violencia. Pues, buscan dialogar para poder debatir la posibilidad de comprar estos terrenos (que están sin uso) o, en todo caso, de acceder a otra vivienda.
Segura destacó la falta de investigación en la causa por el Paseo del Bajo
La legisladora por el Frente de Todos, Cecilia Segura, objetó el fallo de la Cámara Federal de la Ciudad sobre el sobreseimiento del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y del exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en la causa por irregularidades en la licitación pública internacional para la construcción del Paseo del Bajo. El fallo de la Cámara Federal en lo Penal, que confirma la decisión tomada por el juez Bonadío y que fue apelada tanto por el fiscal de instrucción como por la fiscal de Cámara y por el procurador de investigaciones administrativas, utiliza argumentos que son evidentemente falsos. La maniobra, que fue denunciada por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) –presidida por Segura en ese entonces–, consistía en la alteración del orden de apertura de las ofertas para beneficiar en el proceso licitatorio a la firma familiar de Mauricio Macri, IECSA. Pues, en ese momento, su primo Calcaterra era quien estaba al frente. “Según pudimos saber, el fallo indica que al momento de esa decisión no era posible saber qué empresas se presentarían a la licitación, por lo cual no se podría haber beneficiado o dirigido la licitación para beneficiar a ninguna empresa. Esto es falso porque la decisión de alterar el orden de apertura de estas ofertas se realizó cuando las empresas ya las habían presentado”, explicó la legisladora. En la causa, se detalla que las circulares inconsultas que cambian ese orden fueron el 28 de octubre y el 3 de noviembre. Mientras que el llamado y la presentación de las empresas ocurrieron durante el mes de septiembre. La diputada Cecilia Segura comentó que en el fallo se afirma: “La variación estuvo destinada a un préstamo bancario que beneficiaría el financiamiento de la obra”. Sin embargo, aseguró que no hay ninguna documentación que respalde la maniobra. Por último, la extitular de la AGCBA refutó otro de los puntos, ya que la Justicia determinó lo siguiente: “No es atendible construir una hipótesis delictiva en torno a un perjuicio patrimonial». Y alegó: «Esto también es faso. Si la Justicia investigara, se podrían haber pedido la totalidad de las ofertas para todos los tramos y así evaluar su existencia”.
Detienen subasta en Villa Crespo
La justicia penal impidió la venta de un predio, situado en la avenida Corrientes 5377, del barrio porteño de Villa Crespo. El juez Ariza Clerici hizo lugar a un pedido de la diputada nacional Paula Penacca y la legisladora porteña Lorena Pokoik, en el marco de una denuncia penal contra el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y otros funcionarios por “malversación de caudales públicos y falsedad ideológica”. La acusación contó además con la adhesión del miembro de la Junta Comunal 15 Leonardo Lucchese Di Leva y el patrocinio del abogado Darío Liurgo, presidente de la asociación civil Abogados para el Desarrollo Comunitario. Además de suspender la subasta, el magistrado dispuso continuar con la investigación sobre el supuesto delito penal denunciado contra Rodríguez Larreta, su ministro de Desarrollo Económico y Producción, José Luis Giusti, y el titular del Banco de la Ciudad, Guillermo Laje. Cabe destacar que hubo un plan para el espacio en discordia. Pues la entonces juntista de la 15, Camila Rodríguez, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para emplazar un jardín maternal en el año 2018. Pero el mismo no prosperó por no contar con los votos del oficialismo. En este sentido, Lucchese Di Leva destacó la relevancia de la creación de un espacio como el que se propuso, “ya que el barrio de Villa Crespo tiene más de cien mil habitantes y ningún jardín de esas características”. El solar tiene una superficie de 612 metros cuadrados, un factor de ocupación total para subir en altura unos 38 metros y una “potencialidad constructiva” de al menos unos 9.180 metros cuadrados. Otro aspecto a tener en cuenta, y que yace en la denuncia, es que se trata de un emprendimiento inmobiliario en el predio que podría representar unos 29 millones de dólares para el inversor y el desarrollador. Pero la subasta tiene un precio base de 2,8 millones, es decir, diez veces menos del valor potencial.