Frecuencia Zero FM

Aumentó la pobreza

Según el Informe de Distribución del Ingreso del INDEC, la pobreza alcanzó el 40, 1% en el primer semestre del año, lo que implica un incremento del 3,6% respecto de 2022. La cifra indica que un total de 18,5 millones de personas son pobres en la Argentina, mientras que en los últimos 12 meses se sumaron 1,7 millones más. “El informe también indica que más de la mitad de los trabajadores tuvieron un promedio de ingresos de $160.000 al 30 de junio; es cierto que el número ya era terrorífico en ese momento, pero con la devaluación, los trabajadores hoy deben estar cobrando proporcionalmente, con la inflación, menos que en junio”, explicó el economista José Castillo. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el analista económico adelantó que “la inflación de septiembre también será de dos dígitos”, con lo cual los datos de pobreza e ingreso se verán aún más afectados. Asimismo, se refirió a las medidas que Sergio Massa viene presentando hace semanas: “el conjunto de medidas son paliativos para trabajar en que no sea tan directo el golpe al bolsillo del trabajador o el jubilado”. Sin embargo, indagó en el gasto público que demandan dichas medidas: “la Argentina tiene firmado con el FMI una meta de déficit fiscal del 1,9% del PBI, pero con estas medidas se suma alrededor de un 1% más”. En este sentido, Castillo expresó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se encuentra en peligro, debido a que hay autoridades de los Estados Unidos que están “muy enojadas” con las medidas de Massa. “Hay una grieta en EE.UU porque desde el Departamento del Tesoro plantean no bancar más al país, mientras que desde el Departamento de Estado, que es más cercano a Massa, dicen que no es para tanto; hoy tenemos que poner arriba de la mesa que EE.UU ya no banca el acuerdo”, agregó. Del mismo modo, previno sobre lo que pueda ocurrir luego de las elecciones: “cuando el FMI se siente a renegociar, con quien sea, va a tener exigencias más duras y el planteo de reformas estructurales como una reforma previsional, fiscal y laboral”. 

Diputados dio media sanción a la reforma de Ganancias

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la modificación a la Ley de Impuesto a las Ganancias, impulsada por Sergio Massa. La iniciativa propone eliminar la cuarta categoría del impuesto y habilitar que paguen solamente aquellos trabajadores que perciban ingresos superiores a 15 salarios mínimos, el equivalente a $1.770.000. El proyecto se aprobó con 135 votos afirmativos y 103 negativos, pertenecientes al interbloque de Juntos por el Cambio. Ahora su tratamiento continúa en el Senado de la Nación. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el Diputado de la Nación por Córdoba y secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Hugo Romero, defendió la decisión de la oposición de no apoyar la modificación: “el problema es que en esta Argentina de los extremos, en vez de buscar soluciones a este problemas subiendo las escalas, nos pasamos al otro extremo; no hay un punto intermedio en una Argentina que no tiene recursos, que gasta más de lo que le ingresa y el nivel de inflación pega en el poder adquisitivo de la gente”. Asimismo, el representante de la UCR agregó: “más allá del posicionamiento político, si hay una responsabilidad que tenemos que tener; si bajo un impuesto en un país sin recursos, en crisis económica, y no digo de dónde voy a sacar los recursos, es emisión monetaria y sabemos que eso se convierte en inflación”.  Romero también se refirió a la polémica desatada por los diputados radicales, que responden a Martín Lousteau, y que dieron quórum para habilitar la sesión especial: “el quórum ya estaba dado básicamente por Milei y partidos que son vecinalistas o del interior del país; si los diputados de Evolución Radical no hubiesen participado, el quórum igualmente estaba dado”. Por otro lado, se mostró a favor de la devolución del IVA a monotributistas y autónomos: “sí es una política redistributiva porque los sectores más vulnerables son los que más gastan en alimentos; puedo tener un gasto, pero tengo redistribución de ingresos; no estoy en contra y soy autor de varios proyectos de este tipo”. 

El gobierno busca generar empleo en la Economía del Conocimiento

La Secretaría de Economía del Conocimiento, perteneciente al Ministerio de Economía de la Nación, presentó el programa “Insertar”, que busca crear nuevos puestos de trabajo en pequeñas y medianas empresas del sector, ampliar la oferta de trabajo calificado y aumentar la competitividad local. “Mediante el programa se otorgan aportes no reembolsables para financiar parte de los salarios de nuevos empleos formales, lo cual se financia con el fondo de promoción que aportan las empresas beneficiarias de la Ley de Economía del Conocimiento, sancionada en octubre de 2020”, detalló Romina Gaya, especialista en comercio internacional y economía del conocimiento.  En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la economista explicó que la medida impactará en empresas de software, informática, servicios audiovisuales, actividad aeroespacial, biotecnología, robótica, sectores de servicios e industria 4.0. Sin embargo, destacó que “la ley no alcanza”, debido a que “el sector se enfrenta al cepo y la brecha cambiaria como sus principales limitaciones”: “hay falta de recurso humano calificado y gracias al cepo y la brecha no pueden competir con los salarios que ofrecen otras empresas del exterior; los trabajadores del área hoy prefieren trabajar para afuera”, agregó.  Gaya también sostuvo que la industria de la economía del conocimiento en Argentina “necesita gente con perfiles más senior”, aunque destacó que el mercado valora el talento argentino porque “hay mejor nivel de inglés, mejor capacidad de resolución de problemas y tienen ventaja respecto  de la corta diferencia horaria, sobre todo con los Estados Unidos”. Sin embargo, “el mercado argentino podría beneficiarse más si se solucionan sus limitaciones: el cepo y la brecha cambiaria”, resaltó. 

El INDEC informará la inflación semanalmente 

La Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Gabriel Rubinstein, anunció que cada viernes dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor. De esta forma, abandona la metodología de recuento mensual, cuya última cifra arrojó el récord de 12,4% en agosto. “Se trata de poner en paridad de situación con otras consultas que también miden semanalmente, aunque obviamente no es la misma forma ni los recursos que tiene el INDEC”, expresó Fabián Medina, economista y tributarista. A raíz de los primeros datos, publicados la semana pasada, el gobierno expuso que la inflación semanal se encuentra “en descenso». En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Medina sostuvo: “se va a ir dando a la baja porque en los meses previos tuvimos tres sectores que aumentaron y que ya no aumentan más: el transporte, las prepagas y los combustibles; ya de por sí el aumento del combustible en agosto te significan dos puntos y medio del total de la inflación”. En este sentido, en la semana del 3 de septiembre se registró un alza del 2,5%, mientras que en la semana del 10 bajó a un 2,1%. El economista también se refirió a las medidas impulsadas por el gobierno, tales como el congelamiento de precios: “no estoy de acuerdo con el congelamiento porque en un momento se termina y tenés que pagar las consecuencias; sin embargo, hoy no podes hacer otra cosa porque al gobierno le quedan 3 meses de gestión”. Respecto de los acuerdo de precios agregó: “el problema del congelamiento y control de precios es que es una decisión unilateral del Estado, mientras que los acuerdos son entre las partes; el problema está en que el Estado debe controlar si o si que esos acuerdos se cumplan, y es algo que no está pasando ahora”. 

Alquiler social en Argentina

El Congreso de la Nación está discutiendo la modificación a la Ley de Alquileres, la cual contempla en tres de sus artículos la creación de un Programa Nacional de Alquiler Social. Sin embargo, tres años después de sancionada la ley original, nunca se implementaron políticas en relación a dicha problemática. “Hablamos de un modelo de acceso a la vivienda para personas en situación de vulnerabilidad, que por diferentes motivos no pueden acceder a un alquiler de forma tradicional; es un tema que no se habla y no se pone en discusión”, expresó Juan Juri, vocero de la organización “Hábitat para la Humanidad Argentina” y organizador de la 1° Jornada de Alquiler Social en el país.  En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el activista explicó que las políticas de alquiler social deben estar enfocadas en grupos tales como adultos mayores, familias que viven en la informalidad laboral, desempleados o hasta mujeres víctimas de violencia de género que no tienen dónde vivir, entre otros. “Para alquilar se pide garantía o meses de depósito y son barreras de acceso porque muchos no las pueden cumplir, por ejemplo cada vez menos gente es propietaria y es difícil adquirir garantía de propiedad”, sostuvo Juri, quien afirmó que “Argentina es un país con alto déficit habitacional”, donde se registran “más de 600 mil hogares sin ingresos en blanco”.  En cuanto a la Jornada de Alquiler Social, el vocero de Hábitat para la Humanidad Argentina comentó que se contó con la presencia de representantes de La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria: “la realidad es que hubo coincidencia entre las tres fuerzas sobre la necesidad de implementar una política de alquiler social; obviamente va a haber diferencias en cómo implementarla, pero para nosotros fue un logro poder llegar a ese acuerdo”, resaltó. 

Argentina, a las puertas de una posible hiperinflación

José Castillo, analista económico, advirtió sobre las consecuencias de los datos de inflación publicados esta semana: “estamos en una crisis tremenda, pero la verdadera crisis todavía no llegó, estamos ahí, la pregunta es si vamos a estar en la hiper o no”, expresó. En cuanto a la inflación récord registrada en el mes de agosto, sostuvo: “hubo una devaluación del 22% hecha por el gobierno a exigencia del FMI, pero sobre la canasta básica alimentaria y el conjunto de bienes hay un traslado de más del 50% de la devaluación en tan solo apenas 20 días”. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el economista recordó que “en otros meses con alta inflación como febrero o marzo, era la indumentaria, la canasta escolar o los rubros vinculados al turismo los que sufrían más impacto inflacionario”. Sin embargo, advirtió: “ahora esto es una inflación gigantesca y los rubros que más aumentan son los de la canasta básica que pega directamente en el corazón del consumo popular”. Asimismo, se refirió a la inflación en el rubro salud, no solo por los aumentos de las prepagas, sino por el incremento de los precios de los medicamentos: “cayó la facturación de las farmacias porque la gente empezó a dejar de comprar medicamentos”, alertó.  En cuanto a la decisión del gobierno de aumentar el piso del impuesto a las ganancias, Castillo explicó que tiene una trampa: “el gobierno no elimina la cuarta categoría del impuesto, solo sube el mínimo no imponible, por lo que con esta inflación existe el riesgo de que dentro de tres o cuatro meses, los trabajadores vuelvan a estar agarrados al impuesto a las ganancias; hasta que no se elimine la cuarta categoría, el problema va a continuar”. 

Agosto tuvo la inflación más alta en 32 años

Se dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor de agosto, el cual arrojó la histórica cifra de 12,4%, el registro más alto desde el año 1991. De esta forma, la Argentina acumula una inflación interanual del 124,4%, y un índice inflacionario del 80,2% en lo que va del año. Alberto Siglióccoli, Lic. en Economía y periodista, ex funcionario del Ministerio de Economía y ex asesor del Banco Central y la Jefatura de Gabinete, explicó que en marzo de 1991 “se registró una inflación de este nivel porque estábamos entrando en la convertibilidad y hubo aumentos y ajustes preventivos; luego, a la salida de la convertibilidad en 2002 se produjo otra inflación de dos dígitos, pero apenas superior a los 10%”.  El economista, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, destacó que la diferencia entre el actual contexto económico y lo sucedido en 1991 y 2002 radica en que “no entramos ni salimos de ningún esquema de estabilización, ni tenemos plan económico, ya que hace tiempo el presidente se ufabana de no tener plan económico, lo que hace esto más riesgoso”. Asimismo, agregó: “el otro tema es que estamos en una situación complicada, en un período pre eleccionario en el que no se definió nada todavía y las PASO solo mostraron un equilibrio entre tres fuerzas, algo inédito en la Argentina; eso muestra mucha disconformidad de la población con la política económica”.  Siglióccoli también se refirió al impacto de la inflación en los alimentos y la salud: “la inflación de agosto está motorizada por los alimentos y la salud, donde hubo una paradoja porque Massa anunció que se iban a congelar los precios de la medicina prepaga, pero así y todo la medida no salió reglamentada a tiempo en el Boletín Informativo, así que las empresas aumentaron de todos modos”.  Según el INDEC, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo un aumento del 15,6%, mientras que la salud registró una inflación del 15,3%.  En cuanto a las previsiones inflacionarias de los próximos meses, el economista lamentó “un pronóstico sombrío” y afirmó que “muy difícilmente la inflación baje en este contexto, sin un plan económico, con un gobierno de salida, sin un acuerdo con la oposición y con medidas que son parche tras parche y que el propio ministro sabe que no se van a poder implementar”. En concreto, sostuvo que: “es muy difícil que a esta altura la inflación baje de dos dígitos en lo que queda de este gobierno; la esperanza es que no se monte una espiralización de los índices, por lo que si se mantiene la inflación entre un 12% y 14%, sería una buena noticia”. 

La CTA expresó apoyo a la suba del piso de Ganancias

  Mariana Mandakovic, secretaria general adjunta de la CTA Autónoma Nacional se refirió al anuncio de Sergio Massa sobre la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. A partir de dicha medida, pagarán el impuesto solo los mayores ingresos superiores a $1.770.000, es decir, los CEOs, gerencias, directores de sociedades, puestos calificados, jubilaciones y pensiones de privilegio y cargos políticos desde Secretarios de Estado en adelante. “Es una medida beneficiosa para muchos trabajadores y un reclamo que teníamos hace muchísimos años, lo discutimos incluso con otros gobierno que prometieron que lo iban a hacer y lo hicieron”, expresó la dirigenta sindical.  En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la representante de la CTA hizo alusión a las críticas que recibió el ministro de economía, acusado de hacer campaña con la medida: “personalmente digo que más vale tarde que nunca, cuando el bolsillo no te alcanza para hacer compras y todo aumenta, que haya una medida de alivio es bueno; los que dicen que son por cuestiones electorales, no están mirando la realidad del país y cómo estamos los trabajadores y trabajadoras de todo el país”. Mandakovic también fue parte de la reunión que la CTA y la CGT mantuvieron con Sergio Massa, y comentó que se planteó “la necesidad de volver a convocar al Consejo del Salario para que haya un aumento del salario mínimo, vital y móvil, lo que sería importante no solo para los trabajadores en relación de dependencia, sino también para los que trabajan en la economía informal”.   La secretaria general adjunta de la CTA también llamó a “defender los derechos consagrados” y sostuvo que la decisión de aumentar el piso de ganancias “fue una respuesta al menos precisa, concreta y afortunada”. Asimismo, resaltó que desde la central de trabajadores no se pronunciarán sobre “un apoyo concreto” a Massa porque creen que deben “seguir trabajando por todo lo que falta y reclamando medidas que puedan mejorar la situación de los trabajadores y trabajadoras”.  Sin embargo, destacó: “no queremos ningún gobierno neoliberal que pueda poner en peligro nuestras conquistas históricas, pero sabemos que gane quien gane tenemos que seguir con esta puja para que haya una redistribución del ingreso más justa y equitativa”.

La situación del alquiler temporario en Ciudad

El Senado aprobó por unanimidad en comisión el proyecto que registra y regula el alquiler temporario a nivel nacional, lo que permite que la iniciativa pueda ser tratada en el recinto en una próxima sesión. El documento propone regularizar y desdolarizar a plataformas como Airbnb, además de crear un Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario. Sin embargo, la Ciudad de Buenos Aires ya cuenta con una legislación aprobada en 2019, que obliga el registro de las propiedades utilizadas para alquiler temporario, pero que no es del todo cumplida: actualmente existen tan solo 445 viviendas registradas sobre 26.200 que están ofertadas en internet.  En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Patricio De Laet, Director General de Desarrollo Turístico de CABA, se expresó sobre esta problemática: “dentro de la ciudad sabemos que existe cada vez más cantidad de alquiler temporario, pero lo que está costando es que cumplan con la registración; con ese incumplimiento, las propiedades quedan fuera de toda regulación y el procedimiento es similar a cualquier multa, se labra un acta, se envía a dirección de infracciones, controlador, juez de falta, etc”. A diferencia del sector hotelero, “los establecimientos temporarios tienen un registro gratuito, se hace por internet y solo se informe al registro para conocer la totalidad de plazas disponibles; es importante que sepamos fehacientemente que la persona que viene a alojarse a la Ciudad tenga una relación legal con el inmueble donde va a quedarse”, afirmó.  El funcionario de la Ciudad también sostuvo que “la coyuntura económica y nosotros como sociedad no ayudamos a que el alquiler ordinario sea el principal oferente para las necesidades de los vecinos; frente al caudal de turistas que vienen, las plazas hoteleras están completas y el alquiler temporario es una buena alternativa, pero necesitamos brindar seguridad jurídica y turística”. Además, manifestó que “desde el gobierno de la Ciudad existe cierto tipo de acompañamiento a la ley que se está tratando en el Senado”, pero resaltó que la ley porteña “es un faro a seguir” y que entiende que la legislación nacional pretende copiarla: “en CABA ya tenemos regulación, así que no estamos desesperados para que salga o no”, agregó. 

El gobierno deberá pagar USD 16 mil millones por YPF

La jueza estadounidense Loretta Preska falló contra la Argentina y el gobierno nacional deberá pagar ese monto al fondo inglés Burford, en compensación por la expropiación de YPF en el año 2012. Se trata del fallo más alto contra un país en la historia de los Estados Unidos, y la administración nacional ya confirmó que apelará la medida. José Castillo, analista económico, analizó la decisión del Tribunal del Distrito Sur de Manhattan y expresó: “le tenemos que pagar a un fondo buitre que no tiene nada que ver con YPF y si en la apelación, el fallo sigue siendo adverso, pueden reclamar USD 20 mil millones y terminamos pagando 4 YPFs porque actualmente la empresa cotiza solo USD 5 mil millones”.  En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el economista explicó cómo el fondo Burford terminó quedándose con el reclamo por la expropiación: “en el menemismo, YPF se privatiza y pasa a manos de la petrolera española Repsol; con el kirchnerismo, entra a YPF el Grupo Eskenazi con el 25% de las acciones y la siguen saqueando hasta 2012, donde el gobierno aprueba la estatización del 50% de la compañía y crea YPF S.A; como consecuencia, Eskenazi, que era testaferro de los Kirchner, fue a España, decretó la quiebra y reclamó la plata; empezó a hacerle juicio al Estado argentino, pero luego le vendió el juicio a este fondo buitre, que lo llevó a los tribunales de Nueva York”. Argentina aceptó la intervención de la justicia estadounidense a partir de la firma de tratados bilaterales de inversión durante el menemismo, pero Castillo sostuvo que “Argentina tiene que denunciar esos tratados y declarar que no acepta la jurisdicción de EE.UU, con un caso que tiene que ver con la soberanía argentina”.  En concreto, el economista resaltó que el gobierno argentino “tiene que hacer bien la expropiación porque desde que Cristina creó YPF S.A., el Estado tiene el 50% y el otro 50% son acciones, por lo que puede ser sometida a la jurisdicción de la justicia civil; hay que proceder al 100% de la estatización, declararla Sociedad del Estado y no aceptar soberanía de tribunales internacionales”. “Acá hay que ir al nudo de la cuestión; esto es culpa de la privatización de Carlos Menem, de Néstor Kirchner cuando metió a su amigo Eskenazi a Repsol y culpa de los que aceptaron ir a juicio contra un fondo buitre y aceptaron la intervención de la justicia de EE.UU”, denunció Castillo.