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El oficialismo y la oposición se cruzaron por el Consejo de la Magistratura

Para quedarse con la representación del Senado en el Consejo de la Magistratura, el Frente de Todos se partió en dos bancadas. Un sector de 21 senadores estará encabezado por José Mayans y el otro, de 14 miembros, por Juliana Di Tullio. De este modo, pretende convertir a uno de los bloques en segunda minoría y sacarle la posibilidad al PRO de quedarse con el cargo de la Cámara Alta. La jugada fue respaldada por el Gobierno de la Nación. “Esto tiene que ver con una decisión del máximo tribunal de justicia de avanzar con un fallo con el que no estamos de acuerdo. Por eso la decisión de nuestro bloque de avanzar en el marco de esta decisión que se ha tomado es correcta”, afirmó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en declaraciones a Crónica TV. Por su parte, Juntos por el Cambio brindó una conferencia de prensa para que Cristina Kirchner y Sergio Massa nombren a los representantes del Congreso. “Nos vemos todos inmersos en un capricho de una mujer que le tiene pánico a la justicia. Los problemas de la Argentina son mucho más profundos que los problemas judiciales de la Vicepresidenta”, afirmó el senador Luis Juez, candidato a ingresar con la diputada Roxana Reyes.

El oficialismo quiere seguir controlando la Justicia por la búsqueda de impunidad

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó el control del Consejo de la Magistratura, tras la asunción de su presidente, Horacio Rosatti, como nuevo titular del organismo responsable de seleccionar y remover jueces. Rosatti asumió en el cargo luego de declarase la inconstitucionalidad de la conformación de la institución, impulsada por Cristina Kirchner en 2006, e instar al Congreso, mediante el fallo del 16 de diciembre de 2021, a elaborar una nueva Ley para elegir autoridades y realizar cambios en el organismo. Por otro lado, la Corte Suprema le pidió ayer al juez federal de Paraná, Daniel Alonso, el envío del expediente de la causa que frenaba la acción del Congreso para nombrar a los dos representantes. Durante una votación especial, el Consejo había votado la semana pasada la designación de Alberto Lugones, quien era el responsable del organismo, como presidente interino y le había delegado una serie de atribuciones para que el funcionamiento siga bajo su mando. En medio de esta situación, el ex constituyente, Antonio María Hernández, se remontó al debate de la Convención para explicar el tema. Antes de la reforma, la designación de los jueces lo hacía el Presidente con acuerdo del Senado, lo que significaba un enorme peso del sector político. Por lo tanto, el objetivo de fue alejar tanta determinación de los dirigentes. En 2006 se pasó a la Ley 26.080 para reducir la cantidad de miembros de 20 a 13, por iniciativa de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dándole mayor predominio al sector político. «Alejándose del espíritu de la Constitución para dominar la Justicia», afirmó Hernández. Si bien las dos academias nacionales de derechos la calificaron de inconstitucional, la Corte tardó 15 años para dar una sentencia. «Ese fallo dio 120 días para sancionar una nueva Ley, y si eso no ocurría tenía que volverse a la integración de 20 miembros. Para cumplir ese fallo, queda nada más la integración de dos legisladores que deben corresponder a la segunda minoría de cada una de las Cámaras», explicó el profesor en derecho constitucional. Siguiendo su argumentación en diálogo con FRECUENCIA ZERO, señaló que la Ley de 1997 decía que el presidente del Máximo Tribunal podía asumir el mando del Consejo. Por lo tanto, consideró que no es ninguna novedad, porque ya ocurrió en la Argentina y todavía ocurre en la mayoría de las provincias. De este modo, el abogado desprendió una pregunta: «¿Por qué este escándalo institucional, que muestra la debilidad y muy baja calidad institucional de la Argentina? Porque el oficialismo quiere seguir controlando al Poder Judicial. El interés mayor está en las causas de corrupción. Es la búsqueda lisa y llanamente de impunidad».

La Justicia tiene una desorientación originada en la Corte

El juez Horacio Rosatti asumió como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en reemplazo de Carlos Rosenkrantz, que será el vicepresidente.  La elección se llevó a cabo con los votos de Rosatti, de Rosenkrantz y del magistrado Juan Carlos Maqueda; debido a que los otros dos integrantes de la CSJN, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, no se presentaron a votar.  Por su parte, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, el vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Alfredo Pérez Galimberti, detalló que se necesitaba una Corte que arcara precedentes con sus medidas. Y planteó que el organismo padecía de disputas internas. En ese sentido, Galimberti señaló que los miembros del máximo tribunal tenían un apetito de poder administrativo y se habían olvidado de que debían servir a la ciudadanía en materia judicial. Al respecto, puso de relieve que la Justicia tenía un problema de desorientación general originado en la Corte; que, desde su punto de vista, no contaba con una jurisprudencia clara.  Al mismo tiempo, el especialista advirtió que el ente se había quedado con el presupuesto del sector; cuando, según él, la idea original de la reforma constitucional de 1994 era que el Consejo de la Magistratura administrara y que la Corte controlara.  A la vez, subrayó que la Corte precisaba ser modélica; y que sus conformantes debían ser investigados por el Poder Legislativo y poseer pergaminos intachables. Aunque sostuvo que la CSJN tenía hoy fallos «ambivalentes»… En esa línea, finalmente, Galimberti aseguró que el expresidente Mauricio Macri había afirmado en el libro Primer Tiempo que se arrepentía de los nombramientos de Rosenkrantz y de Rosatti.