Martín Guzmán, ministro de Economía, mantuvo ayer una reunión en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno para hablar de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con los gobernadores oficialistas y el Presidente para explicar el Acuerdo de Facilidades Extendidas y la propuesta argentina para pagarle al organismo internacional.
Lucas Romero, politólogo y director de Synopsis consultores, dialogó con FRECUENCIA ZERO de la reunión que mantuvo el oficialismo y explicó que lo que necesita el gobierno es generar consensos para mejorar la posición negociadora con el fondo. Sin embargo, lo que se observó en la reunión del día de ayer fue todo lo contrario. El gobierno volvió a apuntar contra la oposición y «tiñió de amarillo» la deuda.
«Lo que vimos fue una escena contraria, mas que buscar acuerdos lo que logró fue materializar desacuerdo, porque no logró juntar a los gobernadores opositores y en algún punto le dio la razón porque lo que vimos ayer fue una escena absolutamente partidizada, gastó mas esfuerzo en hablar del origen de la deuda y no en explicar cual es la posición del gobierno frente a FMI», aseguró Romero.
Asimismo, el politólogo sacó del centro de la escena a Juntos por el Cambio y aseguró que la deuda hay que analizarla en base al déficit fiscal y de gasto público, porque de alguna forma hay que cubrir el gasto. «El oficialismo está presentando una visión muy parcial», apuntó.
El desacuerdo
El «sendero fiscal» que propuso la Argentina implica reducir el déficit de forma gradual, de manera virtuosa sobre un mayor crecimiento de la actividad económica. Sin embargo, tal como lo reconoció Guzmán ayer ahí radica la «diferencia medular».
«El Fondo no cree que sea consistente un programa que tenga un sendero de corrección fiscal como el que plantea el gobierno», resaltó Romero.
Ahora bien, si la política es entendida como la búsqueda de voluntades y consensos para un bien común, entonces el gobierno está fracasando porque no sólo no logra generar consensos, más bien se aleja cada vez más de ello. Lo que el organismo reclama para que el propio gobierno pueda, eventualmente, generar un programa propio, es un cosenso entre oposición y oficialismo.
Por otro lado, el politólogo aseguró: «La procrastinación del acuerdo le está costando, según los especialistas, más 2.500 millones de dólares en contener la brecha entre los dólares informales y el oficial que afecta seriamente las condiciones para que las importaciones y las exportaciones puedan fluir y puedan generar un superávit comercial que permita generar reservas».
El acuerdo vigente obliga a Argentina a afrontar compromisos por casi USD 40.000 millones entre 2022 y 2023 y por cerca de USD 5.000 millones en 2024, en un contexto de debilidad de las reservas del Banco Central.
Mientras tanto el Gobierno viene llevando a cabo políticas para avanzar en dirección con los lineamientos que evaluará el FMI. Sin embargo, los detalles finales del acuerdo deberán ser aprobados por el board del Fondo y la directora gerente Kristalina Georgieva. Por su parte, el staff del organismo es el que conduce la letra chica del programa y negocia con los funcionarios locales.