Laura Velasco, legisladora del Frente de Todos e integrante de la Comisión de Educación, presentó un proyecto para que el Gobierno porteño explique el motivo por el cual recortó las propuestas educativas destinadas a estudiantes con discapacidad mayores de 22 años. Según la diputada, se recortó carga horaria, transporte escolar y servicio de comedor.

Actualmente, los niños y niñas con discapacidades tienen una cursada de tres horas diarias, y solo tres días de la semana. Esto produjo una inmediata deserción de muchos jóvenes y adultos, dado que afecta la rutina diaria de las familias. A ello se le suma un fuerte ajuste en el servicio de comedor desde el 2015 que ahora, al cursar solo 3 horas diarias, se profundiza. Los estudiantes solo reciben una colación.

Además, en 2021 se les había quitado el transporte escolar; y esto obligó a muchos jóvenes y adultos a abandonar sus estudios por no contar con otros medios para concurrir a la escuela. Incluso, hasta el año pasado podían recibir formación hasta los 30 años, pero desde el 2022 lo limitaron a los 22.

«Se aplica selectivamente una resolución del 2011, quitándoles a los estudiantes el derecho a continuar porque no se les da un dispositivo alternativo», aseguró Velasco en diálogo con FRECUENCIA ZERO.

La legisladora explicó que la Resolución 155/11 limita la educación para personas con discapacidad a los 22 años. Pero si se generasen dispositivos alternativos que contengan a los jóvenes en formación laboral, pero esto no ocurre en la Ciudad. Solo se aplica la reducción etaria, sin generar los dispositivos alternativos.

Según el último estudio realizado por la Dirección General de Estadística y Censos y COPIDIS, 4 de cada 10 personas con discapacidad manifiestan que existen barreras en su inclusión educativa. La falta de apoyos para la asistencia y el aprendizaje es la más importante (86,9% de las respuestas); le siguen las actitudes discriminatorias (51,3%) y la falta de accesibilidad arquitectónica y comunicacional (28,9%). El relevamiento también indica que el 83,6% de las personas requiere personal especializado –acompañante personal no docente o maestro integrador–.

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