El abogado asistió a la Comisión de Acuerdos del Congreso para defender su pliego para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en reemplazo de Juan Carlos Maqueda, quien se jubilará en diciembre. Durante su intervención, el letrado sostuvo que su cargo “fue ofrecido por Santiago Caputo en una reunión en la que participó el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio”. A partir de allí, se destapó una polémica sobre la incidencia del joven consultor político en el gobierno. 

El problema radica en que Santiago Caputo no es empleado en relación de dependencia del Poder Ejecutivo. A pesar de que en el mes de enero fue designado como asesor en el Boletín Oficial, no figura como trabajador formal del gobierno en las bases de datos de ANSES, por lo que no está sujeto al régimen de funcionario público, no debe presentar declaraciones juradas y no tiene responsabilidad legal sobre las acciones del gobierno nacional. 

Por otro lado, García-Mansilla se defendió de las críticas por su postura en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, además de expresarse sobre el cupo de género en la Corte Suprema y la situación legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia. El gobierno necesita 9 firmas positivas en el dictamen de comisión para que los pliegos puedan pasar a tratarse en el recinto del Senado, donde deberán lograr dos tercios de los votos para ser aprobados.