El 8 de julio de 2008 en el marco de la causa Mendoza la Corte Suprema de Justica de la Nación dictó un fallo histórico en el que estableció quienes son los responsables del saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo.

Entre otras cosas obliga a la ACUMAR, la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, a elaborar anualmente el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) con el objetivo de mejorar de la calidad de vida de los habitantes, la recomposición del ambiente y la prevención de daños.

Desde la Auditoria General de la Ciudad se audita, año vencido, cuáles fueron las acciones a las que se comprometieron desde el Gobierno porteño, de acuerdo al PISA, cómo las desarrolló y los niveles de eficacia de gestión y eficiencia económica.

“Cuando aprobamos el informe de la Auditoría sobre el año 2019 nos encontramos con algunas sorpresas, muy desagradables”, señaló Lisandro Teszkiewicz, uno de los representantes del Frente de Todos en el organismo.

En primer lugar detectaron que el GCABA disolvió la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo (UPE CUMAR) que centralizaba toda la política referida al saneamiento ambiental y la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca y repartió sus competencia en distintos espacios que en general tienen la función de coordinar políticas con las otras jurisdicciones.

Otro de los puntos es que el ejecutivo porteño pretendió informar a la ACUMAR una inversión de más de 8 mil millones de pesos en el saneamiento durante 2019, y ésta reconoció solo 5300 millones se usaron para eso. “Cuando nosotros vamos a auditar ese gasto encontramos que el 54,58% de los fondos fueron destinados a acciones y a obras que no tienen que ver con el objetivo”, precisó Teszkiewicz. Resultando de la cuenta que utilizó menos de 2300 millones de pesos.

Sobre esto se suma que, además de que aún falta reubicar 1027 familias, desde el año 2009 no existe ningún registro de que se hayan hecho los controles sanitarios del dosaje de plomo en sangre de los habitantes.