El proyecto del gobierno, que se basaba en una propuesta inicial del PRO, busca prohibir que condenados por delitos contra la administración pública puedan ser candidatos a elecciones nacionales o funcionarios del Poder Ejecutivo, siempre y cuando reciban una ratificación en segunda instancia. En la Sesión Especial del día de ayer, la iniciativa cosechó 144 votos afirmativos, 98 negativos y 2 abstenciones y ahora se espera su tratamiento en el Senado, donde Unión por la Patria podría bloquear su aprobación.

Los votos afirmativos fueron de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, parte de Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Innovación Federal, el MID y partidos provinciales. Por su parte, el kirchnerismo y la izquierda se unieron para votar en contra, mientras que las únicas abstenciones fueron de los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot de Encuentro Federal. Del total de 13 ausentes, 7 fueron llamativamente de Unión por la Patria, cuyo titular del bloque mantuvo un tenso enfrentamiento con el presidente del cuerpo, Martín Menem.

Entre las modificaciones establecidas, se destaca la eliminación de la “Cláusula Petri”, que fijaba que las inhabilitaciones debían darse solo si se ratificaba el fallo antes del 1° de enero del año electoral. Ahora se aplicaría solamente en aquellos casos que la sentencia condenatoria resulte confirmada por una instancia superior antes del cierre de los padrones electorales, es decir, seis meses antes de los comicios.