Alemania se pone en marcha

Garantías e inversiones por medio de instrumentos de deuda y capital en empresas que se han visto afectadas por la pandemia de la COVID-19. Es lo que contempla este fondo que brinda apoyo y liquidez a las empresas azotadas por la pandemia.

En este sentido, el economista José Luis Carretero Miramar observa que las intervenciones por parte de los Estados están siendo de todo tipo.

«Encontramos aquí intervenciones muy fuertes, como puede ser la alemana, intervenciones más débiles, como puede ser la española, y también la intervención propiamente europea: por un lado la intervención del Banco Central Europeo [BCE], […] y por otro, esa idea de poner en marcha un fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros, de los cuales 500.000 millones serían ayudas directas, y los otros 250.000, [serán] préstamos, y que vendría financiado con deuda asumida por la Comisión Europea [CE]».

Respecto a la intervención europea mencionada por el experto, Margrethe Vestager, vicepresidenta Ejecutiva de la CE y encargada de la política de competencia, aseveró que se sigue trabajando en estrecha colaboración con los Estados miembro.

El problema fundamental de esta segunda opción de acuerdo al analista, es que vendría acompañada de determinadas condicionalidades que muy probablemente vendrían relacionadas con lo que son políticas de austeridad para los países que serán los perceptores fundamentales, como son los casos de los países del sur de Europa.

España, ¿a contrapelo de Europa?

Para atacar, o contener, los efectos devastadores de la pandemia en las economías europeas, están las estrategias como las Alemania e Italia, y aunque ya se haya marchado, la de Reino Unido también tiene puntos en común, y se trata de la bajada de impuestos.

Y es que tras el nuevo plan de apoyo fiscal que prepara Berlín para las pymes y las familias, que a su vez beneficiará a las rentas altas al reducir el número de contribuyentes que aportan al tipo máximo de IRPF tras subir el listón del límite de ingresos, la rebaja de gravámenes asciende a los 42.000 millones de euros, es decir, el 1,2% de su PIB. Algo que se añadirá a los 34.100 millones de euros en rebaja de impuestos aprobado por el Gobierno alemán con anterioridad en su programa de estabilidad para 2020 remitido a Bruselas.

A Italia ya le parecieron bien estas medidas alemanas, tanto que han decidido seguir la huella de Alemania: aprobó un estímulo fiscal de 17.100 millones de euros, repartido entre exenciones, subvenciones y créditos fiscales.

Mientras, en Reino Unido su ministro de Economía, Rishi Sunak señaló que hasta 2021 se eliminará el pago del impuesto por la compra de una propiedad en las primeras 500.000 libras de su valor [unos 555.000 euros], y se rebajará el IVA del 20% al 5% el impuesto en turismo, ocio y hostelería. Asimismo, obsequiará a la población con un vale de descuento en agosto para que salga a comer fuera de casa.

Y luego está la estrategia de España. Dice el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tendrá que subir impuestos y ejecutar una reforma fiscal «dada la situación de deuda y déficit público en el que España se encuentra como consecuencia del coronavirus».

Por si fuera poco, la patronal tumbó el anteproyecto en el que se está trabajando de puertas del ministerio para adentro, entre otros motivos, por la rigidez que se presenta para el empresario en la asunción de costes generados por el empleado en el teletrabajo.

En este sentido, Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales [CEOE], el mayor ente patronal de España, ya había lanzado una amenaza en los días previos. «Si tengo que contratar y se me ponen condiciones imposibles y que no pueda gestionar a mi plantilla, es que yo mañana puedo contratar en Portugal. El mundo es global y la digitalización es global. Cuidado cómo se plantea esto». La realidad es que cualquier empresa con oficinas debe asumir los gastos logísticos.

Al respecto, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras [CCOO], reclaman que el teletrabajo tenga carácter voluntario; que las empresas pongan los medios necesarios para que sus empleados puedan trabajar desde sus casas; que se compense económicamente los gastos derivados del trabajo a las personas que teletrabajan; el derecho a la desconexión; el respeto a la jornada laboral, y medidas específicas para la prevención de riesgos laborales y garantizar la seguridad y salud laboral de los teletrabajadores, entre otros asuntos.

Carretero Miramar admite que conoce «empresas del sector de los call center, del telemarketing, éstas que precisamente amenazan diciendo que se podrían ir a trabajar a cualquier otro sitio, que han tenido a sus trabajadores teniendo que comprar ellos mismos sus ordenadores [computadoras], los auriculares, teniendo que pagar su conexión a internet, etc., con sueldos muy, muy bajos».

«Esto implica, no ya un gasto para el empresario, sino una subvención para el propio empresario que sea el propio trabajador el que se pague esto», sentencia el economista.