Previo a su viaje a Brasil para la asunción de Lula da Silva, el presidente Alberto Fernández anunció la solicitud del juicio político para el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, “para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones”.

“También ordenaré al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos que promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese Estado autónomo», afirmó el Jefe de Estado, quien recibió el apoyo de gobernadores.

Según el convencional constituyente de 1994, Antonio María Hernández sostuvo que «no hay peor forma de comenzar el año que con esta noticia». En este sentido, señaló la baja calidad institucional de la Argentina, expresada en un hiperpresidencialismo que gobierna por decretos. «Decir que la Corte no puede corregir lo que haga el Poder Ejecutivo o Legislativo es desconocer su esencial función, que es hacer el control de constitucionalidad», manifestó.

Al mismo tiempo, remarcó 26 años de violación constitucional, ya que al 31 de diciembre de 1996 tuvo que haber estado la Ley Convenio, vinculada a la Coparticipación. De este modo, planteó el incumplimiento de la profundización y modernización del federalismo. Además, criticó al mandatario argentino por la reducción de los fondos a la Ciudad para transferírselos a la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de beneficiarla políticamente. 

«El cambio en la Argentina pasa por cumplir la Constitución. Cuando eso ocurra, empezará a dejar atrás esa etapa de decadencia que estamos transitando. Estamos muy alejados de la gran reforma del 94», cerró Hernández en diálogo con FRECUENCIA ZERO.