A poco de haber asumido, la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), Beatriz de Anchorena, fue denunciada por “incumplimiento” de sus tareas y “abuso de autoridad”. El disparador había sido la prórroga por 20 días hábiles de los plazos administrativos para cumplir con los pedidos al organismo.

Entre los argumentos de la Resolución 1/2022 de la Agencia, aparece que el aplazamiento de los plazos en la ley es para «contar con la debida información sobre la situación general del organismo en miras a la mejor organización de las tareas y funciones que le son propias”.

A raíz de la decisión, la Fundación Apolo realizó una presentación en la Justicia Federal. Mientras que diputados de Juntos por el Cambio –encabezado por Karina Banfi– hicieron un pedido de informes en la Cámara Baja y solicitaron retrotraer la medida.

«Es un derecho humano. No se puede suspender», afirmó José Magioncalda, responsable del equipo legal de la Fundación. En este sentido, señaló que constantemente se hacen auditorías en el Estado y no se detienen los plazos legales. Además, planteó, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, que una resolución es de rango inferior para frenar una ley.

Por otro lado, el abogado recordó que la Fundación fue una de las ocho organizaciones que cuestionó la designación de la funcionaria por falta de idoneidad profesional en el área. También se opusieron moralmente porque «pertenece al Instituto Patria, que reivindica dictaduras latinoamericanas, donde no se respetan los derechos humanos. Justamente, el derecho a la información pública es reconocido por los tratados internacionales como un derecho humano».