La MTC y AUSA planearon mejoras para el Parque Avellaneda
La Mesa de Trabajo y Consenso de Parque Avellaneda (MTC), y la empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) acordaron una agenda de temas a trabajar, en base a intereses comunes tendientes al cuidado del parque. Los puntos esenciales tienen que ver con la recuperación del ingreso por la calle Remedios, zona que quedó tapada por la autopista, la instalación de una barrera verde en el talud de la Perito Moreno, como parte del biocorredor Cildáñez, y también la instalación de cartelería informativa en esa zona del parque, entre otros temas. Estos puntos se volcaron en el plenario de mayo de la Mesa de Trabajo y Consenso, donde también se planteó la puesta en funcionamiento del trencito, y se notificó la recuperación de la Cremería, un espacio por el que los vecinos venían pidiendo hace tiempo. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el integrante de la MTC Fabio Oliva detalló que se establecieron grupos de trabajo para empezar a desarrollar los proyectos que tendrán como fin encarar esa agenda que se acordó. Este acuerdo con AUSA, viene a cuenta del recorte que sufrió el parque desde el momento en que la dictadura militar decidió fragmentar la ciudad con el paso de la autopista, y al Parque Avellaneda, como el único lugar donde pasa a nivel 0, dividiendo al barrio. Sumado al impacto ambiental que genera el peaje en detrimento de la biodiversidad del parque mismo. De la reunión, además de los vecinos, también participaron: uno de los integrantes de la junta comunal de la comuna 9, Juan Chavez, el director general de AUSA, Carlos Frugoni; el gerente de infraestructura de la empresa, Claudio Rimauro, y Cinthia Salama, miembro del directorio de AUSA.
Ningún Estado aportó fondos para las investigaciones de las vacunas
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) detectó 2897 positivos y 41 fallecidos de residentes por COVID-19, y sumó 383 508 casos y 9047 muertos desde el comienzo de la pandemia. Además, CABA reportó 1992 nuevos infectados y 35 decesos de personas no residentes. Y totalizó, en esta categoría, 278 598 enfermos y 3073 decaídos desde la llegada del coronavirus. También, la ocupación de la Unidades de Terapia Intensiva (UTI) se ubicó en un 83,8% y la tasa de letalidad se halló en un 2,36%. Asimismo, se testearon 30 599 personas, lo que dio una positividad del 25,1%. Por su parte, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, el infectólogo del Hospital Vélez Sarsfield, Daniel Pryluka, destacó que en 2020, la circulación estaba muy restringida y que, con la escolaridad, se verán también otros virus. Además, subrayó que las UTI estaban todas ocupadas en el Vélez y que solo quedaban algunos espacios para pacientes críticos en las guardias. Pero, según él, los médicos de guardia no tenían la misma función que un terapista. Asimismo, resaltó que, a la hora de invertir para hacer las investigaciones, ningún Estado ponía el dinero necesario. Y ejemplificó con que, para las dosis de la Sputnik V, el Instituto Gamaleya se había aliado con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés). Por otro lado, subrayó que la Ciudad tenía 1000 casos por millón de habitantes, cuando, en su teoría, la cifra debía ser de 150 para tener tranquilidad. En esa línea, detalló que, de los 3000 positivos diarios, 300 entraban en el sistema sanitario y 75 se morían. Además, Pryluka advirtió que hoy el único tratamiento probado contra el coronavirus era con corticoides y respiradores, debido a que los estudios de los otros no habían dado una alta efectividad. Desde el punto de la vacunación, el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, confirmó que habían ingresado 28.500, y el Monitor Público de Vacunación informó que CABA había suministrado 1 000 230 sueros de los 1 066 220 que disponía.
Fondos para que las cooperadoras escolares compren insumos de higiene
La Cooperadora de la Escuela 12 Facundo Zuviría, ubicada en el barrio de Flores, denunció que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no la proporcionaba de insumos para llevar a cabo la presencialidad y enfrentar la pandemia. No obstante, en su cuenta de Twitter, la socióloga y presidenta de la Cooperadora de la escuela número ocho, Débora Vassallo, desmintió a la demanda y remarcó que, desde la segunda quincena de mayo, las afiliaciones recibirán los fondos por parte de la Ciudad para comprar los productos de limpieza y de cuidado personal necesario, y representaban a las familias en el sistema. Además resaltó que la partida será diferenciada del Fondo Único Descentralizado de Educación (FUDE). En una entrevista con FRECUENCIA ZERO, Vassallo advirtió que el último miércoles, el área educativa de la Ciudad había anunciado que le trasladaría el dinero a las entidades a través de una transferencia especial. En ese sentido aprobó la medida debido a que, según ella, por la diferencia en la cantidad de alumnos, distintos recintos recibían artículos por sobre sus necesidades y otros, por de menos de los requeridos. También detalló que a su institución, ubicada en el barrio del shopping Abasto, concurrían 340 alumnos de primaria y 210 de jardín de infantes todos los días durante tres horas. En esa línea remarcó que se había pactado que, cuando se llegara al 25% de utilización de los productos , se notificaría a la Gerencia Operativa del Ministerio para efectivizar la reposición. Al mismo tiempo aseguró que había una comunicación directa con Educación a través de reuniones bimestrales y del correo electrónico. A la vez, Vassallo afirmó que, a fin de año, las cooperadoras le rendían a Educación todos los gastos y que, si el proceso de informar al área no se hacía, no se percibía el plan. Asimismo recordó que las asociaciones debatían, coordinaban con las direcciones escolares para llegar a acuerdos y hacían un seguimiento de las necesidades estructurales y edilicias del establecimiento. En coincidencia contó que la afiliación dirigida por ella había repartido útiles a domicilio para los chicos durante la cuarentena y había juntado juntado fondos extras con el objetivo de ayudar a las familias que no tenían un trabajo.
CABA realizó el censo de personas en situación de calle sin las organizaciones
Se había firmado una acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizaciones sociales, organismos de la defensa pública para conformar una mesa de trabajo para la realización del Censo de Personas en Situación de Calle, tal como lo fija la Ley 3706/11, pero el ejecutivo porteño lo incumplió El objetivo era diseñar políticas públicas que sean efectivas para mejorar de manera definitiva la situación de las personas que viven en la calle. En diciembre de 2020, cuando se firmó dicho acuerdo, las organizaciones consideraron que avanzar con la mesa era un paso importante para revertir la invisibilización de miles de personas en la información oficial, motor fundamental, en 2017, para la realización del Primer Censo Popular, tras el fallido intento de que el GCBA corrigiera su metodología de conteo. Rosario Fassina, socióloga y coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), explicó “Luego de meses de trabajo hemos visto que el Ministerio de Desarrollo y Habitat y la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, no estaban dispuestos a ceder en parte del diseño metodológico que ya tenían construido para el censo”. Es que durante estos cinco meses, según contaron desde ACIJ, participaron en la mesa de trabajo y durante los encuentros no se lograron acuerdos en relación a la inclusión de personas en centros de integración o dispositivos de alojamiento, no se han aceptado propuestas de incorporación de preguntas sobre Covid, violencias y experiencias específicas sobre mujeres y personas trans, se buscó reducir el rol de las organizaciones sociales y organismos de defensa a observadores no participantes, se desconoció el pedido, argumentado, de extender la duración del censo y se adjudicó a la falta de tiempo la toma unilateral de decisiones sobre la metodología. Tampoco se han contemplado los riesgos a los que se expone a los trabajadores que llevarán adelante el censo y personas censadas en el contexto de la grave crisis sanitaria que atravesamos, decidiendo llevarlo adelante en el peor escenario desde el inicio de la pandemia. “Lo que nos queda ahora es seguir trabajando para generar datos que reflejen fielmente la realidad y que podamos trabajar por diseñar políticas públicas que reviertan la situación de quienes están viviendo en la calle”, aseguró Fassina.
FECOBA en busca de la reactivación del micro y el macrocentro porteño
Luego de la reunión de representantes de las asociaciones ubicadas en las zonas las afectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) acordaron solicitar al Gobierno porteño y el nacional, una serie de medidas para paliar los efectos de la crisis por la pandemia en los comercios. Fabián Castillo, Presidente de FECOBA, contó «Estamos pidiendo una ayuda inmediata para el comercio del micro y macrocentro. La situación es muy grave. Venimos de un 2018/2019 muy pero muy malo y con grandes pérdidas para el comercio de proximidad, para la industria PyMe y de golpe hace un año atrás chocamos contra este iceberg del Covid“. Al gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta se le solicita suspensión del pago del impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB), Patentes Vehiculares y Alumbrado Barrido y Limpieza (ABL), y el mantenimiento del libre ingreso y egreso vehicular de la zona. Todas medidas que apuntan a reactivar a toda la zona de comercios y oficinas vacías, trasformando esta zona en lugares que la población elija habitar con créditos para la vivienda otorgado por los bancos estatales. En cuanto a las medidas solicitadas al Gobierno nacional se encuentran la quita o suspensión en el pago de intereses por refinanciaciones de impuestos de servicios públicos, como también la exención del pago de la categoría Tarifa 3 para locales comerciales en las áreas más comprometidas por las restricciones. “El efecto que estamos buscando es generar previsibilidad, hacia el consumidor para que pueda gastar y darle seguridad al comerciante en la inversión que tiene que hacer para comprar mercadería o para mantener el local o abrir locales que hoy permanecen cerrados”, explicó Castillo.
Murieron siete personas por incidentes de tránsito en 2020
La Dirección Nacional de del Observatorio Vial confirmó que durante 2020, se murieron siete personas en los accidentes de tránsito. El informe relevó que, detrás del COVID-19, los choques fueron la principal causa de fallecimientos en 2020 en el país., Por su parte, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, el licenciado en Turismo Gustavo Corvalán destacó que las rutas tenían parches y llamó a los conductores a que no se apuraran en llegar al destino y respetaran las normas. Asimismo remarcó que había camionetas que iban en contramano y que las prisas generaban esos accionares.
Valery Martínez Navarro estrena las primeras zapatillas de cáñamo
En Ponele Rock, hablamos con Valery Martinez Navarro, fabricante de las primeras zapatillas de cáñamo del país. El diseñador, nacido en Cuba, quien vive en Argentina hace 22 años, milita para Acción Cannábica y, pensando en cómo combinar su oficio con la militancia, surgió el tema de la industria del cáñamo. A Valery, un compañero de la agrupación, le acercó un mantel hecho de este material y de ahí salieron las primeras “Cañameras 420”. “Es un proyecto social para reabrir esta industria que va a traer muchos beneficios para los que trabajen y además de generar un mercado para el país. Con cada Cañamera que se compra se está aportando a todos los eslabones de la cadena de producción” dijo el artesano. También nos habló de las diferencias entre la planta de cannabis y la planta de cáñamo, la cual no tiene propiedades psicoactivas, sino que la utilización que tiene es industrial. Escucha la nota completa dándole play.
Insisten en la liberación de patentes de las vacunas
Desde Médicos Sin Fronteras (MSF), instan a todos los gobiernos a que apoyen la histórica solicitud presentada por India y Sudáfrica en octubre para renunciar a ciertos derechos de propiedad intelectual mientras dure la pandemia de COVID-19 está siendo discutida estas semanas en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Según explican desde MSF la exención de propiedad intelectual permitiría a todos los países no otorgar ni hacer cumplir las patentes y otras medidas de propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías de COVID-19 mientras dura la pandemia, hasta que se logre la inmunidad de grupo mundial. Esta medida se remonta a la epidemia del VIH/sida, hace 20 años, cuando los medicamentos genéricos asequibles contra el VIH, fabricados en países donde las patentes no bloquearon su producción, fueron decisivos para comenzar a salvar la vida de millones de personas. Josefina Martorell, directora de Médicos sin Fronteras, contó que la suspensión temporal de la patentes de las vacunas, hasta que se pueda lograr la inmunidad de la población mundial, es una propuesta que está apoyada por más de cien países de la OMC y permitirá a todos los miembros de la misma, la posibilidad de no otorgar, ni hacer cumplir las patentes y otras medidas de propiedad intelectual sobre todo tipo de tratamientos contra el Covid-19. En cuanto a las empresas farmacéuticas, Martorell comentó que “mantienen su enfoque centrado en maximizar ganancias pero muchas de las herramientas medicas que se están desarrollando, y que ya se desarrollaron, recibieron financiación pública en sus etapas de investigación y a pesar de esto las compañías buscan patentarlas, controlar el precio y la producción. Con lo cual decir que las suspensión de patentes es una amenaza para la innovación, es algo que en la realidad no lo vemos”.
La presencialidad enmascara la falta de políticas para garantizar la conectividad en CABA
La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) con respecto a la presencialidad en las escuelas del distrito, que había sido suspendida por el presidente Alberto Fernández en el anteúltimo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). En el documento, la Corte argumentó que la Ciudad contaba con la autonomía como para definir sus propias políticas en cuanto a la educación y que el Estado se había intrometido en una jurisdicción ajena sin una justificación. Por su parte, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, la coordinadora de la cátedra de Ingeniería Comunitaria, María Eva Koutsovitis, remarcó que la defensa de la apertura de los colegios enmascaraba la falta de políticas para garantizar la conectividad por parte del GCABA. A la vez, Koutsovitis recalcó que un informe de su espacio y de la asociación civil Observatorio por el Derecho a la Ciudad, que incluía a 230 a familias y los 21 recintos educativos de la Capital, confirmaba que el 40% de los estudiantes no había accedido a una computadora. Además destacó que el 60% de los alumnos tenía una presencialidad mixta. Además, la especialista enfatizó en que la Ciudad había reducido en un 41% el presupuesto educativo y que, de los 17 que había en 2020, habían quedado tres Centros de Reparación de equipos tecnológicos, por ende, según ella, las 30.000 notebooks repartidas por el GCABA se rompieron y no se arreglaron.
El fallo mostró la debilidad institucional de la Ciudad
El presidente Alberto Fernández sumó su firma contra el proyecto de venta de los predios de Costa Salguero, impulsado por el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Fernández estampó su sello en el documento en el marco del lanzamiento del Instituto de Formación Política del PJ Ciudad. Fue el primer mandatario en hacerlo y, salvo por la directora de la Administración Nacional de Aviación Civil, Paola Tamburelli, nadie más en el Gabinete opinó sobre el tema. Por su parte, en diálogo con FRECUENCIAZERO, la coordinadora de la cátedra de Ingeniería Comunitaria, María Eva Koutsovitis, advirtió que el fallo en primera instancia de la Justicia respetaba la lucha de 25 años de la ciudadanía por recuperar los espacios de Costa Salguero. Además, Koutsovitis afirmó que el documento mostraba la debilidad institucional de la Ciudad, debido a que Larreta había impulsado la norma sin una doble lectura en la Legislatura, como decían las normas. Asimismo, la especialista remarcó que el objetivo era democratizar a la Justicia y garantizar la democracia participativa. No obstante resaltó que ya había un plan de rezonificación en debate y que se dificultaba preveer los próximos pasos en un año electoral. También recalcó que el Gobierno de la Ciudad había prorrogado la concesión de los espacios, vencida el último 30 de abril.