El Gobierno no paga las promesas a los médicos
El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó ayer la conciliación obligatoria en el conflicto con el sector de Sanidad, que había confirmado un cese de dos días en las intervenciones no prioritarias. A la vez, el texto de la cartera obligó a la Federación Argentina de Prestadoras de Salud (FAPS) a desistir de cualquier medida de fuerza planificada, y le ordenó al sector empresarial que no se tomaran represalias contra los trabajadores del sector. Por su parte, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, el presidente de la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA), Jorge Coronel, destacó que el Gobierno había prometido un bono para junio para el personal de salud y todavía nadie lo recibió. A la vez subrayó que la clase política, en el discurso, les agradecía a los integrantes del sistema sanitario por su desempeño en la pandemia, pero, a la hora de dar incentivos para motivar, no invertía. En ese sentido destacó que se habían elevado los sueldos del Programa Médico Asistencial Integral (PAMI) sin haber aumentado las prestaciones del PAMI. Al mismo tiempo destacó que había que llamar a todos los sectores para planificar una reforma del esquema de sanidad, y que no se convocaba a los trabajadores. También enfatizó en que el Estado fragmentaba a la salud entre la Nación, las provincias y las municipalidades, y que el Gobierno debía liberar la situación con las prepagas para que los empleados no perdieran contra la inflación. Sin embargo, Coronel recalcó que debía haber una voluntad política gubernamental para ver cómo se hacía el cambio. Hasta ahora, solo hubo reuniones con los empresarios.
Inclusión financiera en barrios porteños
La Defensoría del Pueblo porteña firmó un convenio con el Banco Ciudad para llevar a cabo capacitaciones sobre inclusión financiera. En ese marco, Bárbara Bonelli y Arturo Pozzali, defensores adjuntos, estuvieron en el Centro Cildáñez. Allí, abordaron temas como la apertura de cajas de ahorro, uso de cajeros automáticos, utilización del homebanking, transferencias, plazos fijos y microcréditos, entre otros. Bonelli explicó: “Siempre se busca que conozcan el uso responsable de estas herramientas, porque, por un lado, muchos servicios traen aparejados costos y, también, por el manejo de los datos personales; sobre todo, en este contexto de pandemia en donde muchos trámites son virtuales”. “Han llegado a la Defensoría muchos casos de phishing, de personas que solicitan información a usuarios de entidades bancarias y después producen estafas”, agregó. Por último, la defensora adjunta afirmó que con el uso de estas herramientas se garantizan derechos “porque hay programas sociales que exigen, por ejemplo, la apertura de una cuenta para poder inscribirse”. Cabe destacar que las personas que participan de los encuentros pueden realizar consultas y plantear diversos inconvenientes que han tenido con entidades bancarias a lo largo de los años.
Azcuénaga, un lugar para las bicicleteadas
El pueblo de Azcuénaga, de la Provincia de Buenos Aires, cuanta con la primera estación de trenes, inaugurada en 1880 y que conectaba a Luján con Pergamino, del partido de San Andrés de Giles. Por su parte, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, el licenciado en Turismo Gustavo Corvalán destacó que se podía hacer una bicicleteada de la localidad de Carlos Keen hasta la de Villa Ruiz, en donde se encontrará, según él, la entrada a Azcuénaga. Además advirtió que el camino era de tierra, y que Azcuénaga tenía una capilla y era un pueblo rural.
El Club Sol de Mayo se organiza para ayudar a los sin techo
El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, junto con la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, llevó adelante el censo anual de personas en situación de calle en todo el territorio porteño. Hay 2.573 habitantes en esa condición, según el relevamiento que hizo el Gobierno porteño, lo que significa un aumento del 48% respecto al censo de 2019 (en 2020 no se hizo por la cuarentena). De esas personas, 1.605 pasan la noche en los centros de inclusión social y 968 directamente en la vía pública. Y 190 son menores de 18 años. En este contexto, desde el Club Sol de Mayo (ubicado en Oliden 1935), se invitó a participar de la colecta que realizarán para quienes atraviesan esas condiciones de vulnerabilidad extrema. Sergio Torres, secretario del club, convocó a sumarse a lo que llaman «Sol de Invierno»: “Necesitamos una mano, tenemos que juntar elementos para el kit de aseo personal, que consta de jabón, shampoo, dentífrico, cepillo de dientes y maquinita para afeitar –para los hombres–, que entregamos junto con un plato de comida. A su vez, frazadas, calzado y alimentos no perecederos para quienes pueden cocinarse”. “Este año sumamos la asistencia a la documentación e incluimos la inscripción a la vacuna de covid-19”, contó el secretario de la institución deportiva. Las donaciones se reciben de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas; o se pueden contactar para coordinar el retiro por domicilio al 115175-5339.
La Ciudad lanzó el «Operativo Frío» para las personas en situación de calle
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) lanzó el «Operativo Frío», destinado a reforzar la protección de las personas en situación de calle durante las bajas temperaturas. En ese sentido, el sitio web de CABA advirtió que el distrito contaba con 32 centros de alojamiento permanentes. A su vez, hay tres centros abiertos de emergencia por la pandemia, en el predio de Parque Roca. Y también 570 trabajadores del plan Buenos Aires Presente (BAP), a través del cual los vecinos pueden llamar a la línea 108 todos los días del año durante las 24 horas si ven a alguien que duerme en las calles. Por su parte, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, el subsecretario de Asistencia y Cuidado Inmediato de Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Corach, destacó que, al momento de la llamada, un móvil del BAP arribaba al lugar y comenzaba a trabajar. Aunque sostuvo que se necesitaba la voluntad del individuo para llevarlo a algún dispositivo. A la vez, Corach subrayó que había 2.573 ciudadanos en situación de calle y 1.600 en los centros, y que la Ciudad tenía la capacidad de albergar a la totalidad de los damnificados. En ese sentido, resaltó que el censo se hacía en una noche y que las organizaciones sociales pedían que se hiciera en más días. El número de las asociaciones civiles, en 2019, llegaba a 7.000. En esa línea, remarcó que el conteo debía hacerse una vez y en forma simultánea porque un 35% de los encuestados no contestaban las preguntas y, según él, muchos se movían. No obstante, Corach recalcó que había un trabajo en conjunto y una consciencia de que el tema debía trascender las diferencias políticas. Asimismo, a través del Operativo Frío, se abrieron los edificios gubernamentales para quienes no tuvieran hogar y quisieran pasar las noches allí. Y, a los que no deseaban hacerlo, se les brindaba un kit sanitario, con comida y abrigo.
«La sociedad ignora a los niños y a los adolescentes»
La asociación «En apoyo a los derechos de la niñez» confirmó que 149 niños, niñas y adolescentes de la Provincia de Buenos Aires (PBA) se habían presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar una violación a sus Derechos por parte de la Nación y de la gobernación provincial con respecto a la presencialidad en las aulas. En el comunicado, la organización detalló que se trataba de un grupo de NNyA perjudicados por las sistemáticas prórrogas de los Decretos de Necesidad y Urgencia que clausuraban los colegios por parte del Estado y por las adhesiones de la Provincia. Además, en la demanda, los NNyA subrayaron que no se los había escuchado, y el documento destacó que las políticas para mitigar al coronavirus no habían tenido proporcionalidad y habían causado un daño irreparable. Por su parte, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, una integrante de «En apoyo por los derechos de la niñez», Julia Orozco, destacó que en enero, no se veían las modificaciones edilicias necesarias en los establecimientos para el retorno a los institutos. A la vez subrayó que si hacía frío, los chicos no podían ir a las instituciones por falta de calefacción. Al mismo tiempo subrayó que la sociedad ignoraba a los adolescentes, cuando antes, según ella, se permitía que personas de 16 años votaran y se hicieran intervenciones quirúrgicas sin la autorización de los padres. También, Orozco enfatizó en que se hablaba de la salud integral y en que, en su teoría, los 43 municipios de PBA que estaban en Fase 2 no tenían transporte público, cuando el argumento del presidente Alberto Fernández para mantener a las aulas cerradas era la aglomeración en los colectivos. Asimismo sostuvo que si se abandonaba a los niños, se dejaba de lado al futuro. También destacó que los parámetros y los informes de la Provincia no eran claros, y advirtió que los datos debían ser transparentes. El pasado 13 de junio, el gobernador de PBA, Axel Kicillof, autorizó la vuelta a las escuelas en los municipios del Gran Buenos Aires y en las localidades de Villa Gesell y de Adolfo Suárez Chávez, que se hallaban en la Fase 3, con menos de 500 contagios cada 100.000 habitantes.
Dictaminaron un proyecto para el uso de energías renovables en el transporte
La Comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura porteña le dio dictamen a un proyecto que proponía la realización de pruebas para alentar el uso de energías renovables en el transporte público. El plan buscará recabar experiencias y evaluar nuevas modalidades de servicios y vehículos de transporte de pasajeros en ómnibus, de carga y/o modificación y/o adecuación de servicios existentes. Por su parte, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, el legislador ideólogo del texto, Sergio Abrevaya, destacó que se autorizará un plazo de dos años, con una prórroga de tres, para probar el cambio de motorización; y que también se había incorporado al transporte de carga. A la vez, subrayó que, con el esquema propuesto, la Ciudad podría ahorrarse la ampliación del subterráneo, y que la eficiencia de los colectivos y los subtes estaba en el tiempo y en el acceso. Del mismo modo, aseguró que la idea de la norma mejoraba la contaminación y el ruido. Asimismo, Abrevaya enfatizó que el Estado debía ofrecer facilidades crediticias e impositivas para la inversión en el plan. Y sostuvo que la Ciudad debía hacerlo también.
Decisiones que enturbian el panorama
Lisandro Teszkiewicz, auditor porteño por el Frente de Todos, advirtió en diálogo con FRECUENCIA ZERO que el Gobierno de la Ciudad disolvió el organismo que se ocupaba específicamente del saneamiento del Riachuelo; y denunció el desvío de fondos del presupuesto destinado para este fin a otras áreas de gestión. Luego de un informe elaborado por la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA), quedó en evidencia que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta desarmó el departamento encargado de resolver la problemática de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Sobre este tema, Teszkiewicz, uno de los firmantes del documento, aportó: “Se disolvió la Unidad de Proyectos Especiales CUMAR, que era un organismo que centralizaba toda la política que tenía que ver con la Cuenca Matanza-Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires. En el 2008, la Corte Suprema sacó un fallo histórico que responsabiliza a los Estados de Nación, Ciudad y Provincia de efectivamente sanear el Riachuelo, no solo hacer declaraciones. Por eso, se repartieron tareas a cumplir, responsabilidades, acciones; y, entre ellas, la Ciudad debía reubicar 2500 familias. A más 10 años de terminar el censo, aún quedan familias por relocalizar, 1027 para ser exactos. Lo que significa que más de 10 años después de este fallo, hay familias que siguen viviendo no en riesgo, sino en medio del foco más grande de contaminación de la Ciudad de Buenos Aires». En consonancia con este tema, el auditor porteño agregó: «Además, lo más grave en ese sentido es que, según el informe que hicimos, en el año 2019 el Gobierno de la Ciudad dejó de hacer los controles de plomo en sangre para los habitantes de la orilla del Riachuelo. Esto es gravísimo, ya que es el indicador internacional más importante para medir el impacto en la salud que tiene la contaminación ambiental, lo que nos permite planificar políticas sanitarias. No se hicieron más estos controles y se disolvieron los organismos encargados de hacerlo en otras dependencias que nada tienen que ver con el medio ambiente”. Otro de los puntos controversiales que expuso el informe de Auditoría fue el desvío de fondos destinados al saneamiento del Riachuelo y para reubicar a los habitantes de esta zona vulnerable a otras áreas que no estaban relacionadas con este objetivo. Acerca de este asunto, Teszkiewicz precisó: “En lo primero que se nota es en el presupuesto. En el fallo, la Corte le da la responsabilidad a los Estados de invertir recursos para el saneamiento efectivo del Riachuelo, no es algo solo discursivo. Cuando elaboramos el informe de 2019, descubrimos que de los $5400 millones que figuraban para tal fin, más de la mitad (el 54,58% exactamente), en realidad, está destinado a cosas que no son el saneamiento del Riachuelo. Por ejemplo, suman programas de vivienda para la reubicación de familias de otros sectores de la Ciudad, no solo las que viven en la vera del Riachuelo. Suman campañas publicitarias, como Ciudad Verde, que tienen que ver con lo ambiental pero no específicamente con el Riachuelo. Mientras las familias siguen quedando ahí, no se reubican las empresas que siguen tirando sus vertidos, no se avanza en el saneamiento de las aguas». Como conclusión, Teszkiewicz sostuvo: «Todo esto, sumado a la suspensión de controles de plomo en sangre, a que todavía hay familias sin reubicar (y las que sí ya están en otro lugar, hace 10 años que no tienen gas natural), nos demuestra que no hay una voluntad política para resolver las cosas. La Ciudad de Buenos Aires tiene muchos riesgos ambientales. Hay uno que se cumplió, que no es un riesgo a futuro, es un problema del presente y la Ciudad lo está atendiendo cada vez menos”.
El INAES busca exportar los productos cooperativos
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) firmó un convenio con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), con el objetivo de potenciar la oferta exportadora de productos cooperativos. Además, el presidente del INAES, Alexandre Roig, participó de un encuentro del MERCOSUR Cooperativo, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Por su parte, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, el licenciado en Cooperativismo Hugo Iacovino detalló que Argentina había pasado de representar al 0,8% de la exportación mundial en 1970 al 0,3% en la actualidad. En esa línea, remarcó que el INAES buscaba interactuar con los organismos internacionales. A la vez, Iacovino enfatizó que, en la década de 1960, había una importante clase media y se repartía más el ingreso; y reveló que, en ese momento, la relación entre el que más y menos ganaba era de 1 a 7. Actualmente, según él, esa comparación era de 1 a 50. Al mismo tiempo, resaltó que, para comerciar, el país tenía que estar abierto al mundo. Pero, según él, Argentina se distanciaba de la mayoría de los países.
El GCBA busca que el 80% de los porteños separe sus residuos
El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad lanzó el Programa Embajadores Ciudad Verde, vinculado con el Plan de Reciclaje. Tiene como objetivo que el 80% de los vecinos separe sus residuos. La meta del plan es otorgarle a la ciudadanía un espacio de encuentro y de construcción de una visión compartida para avanzar hacia una Ciudad más sustentable. Por su parte, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, la gerenta operativa de Cambio Cultural en la Dirección General de Reciclado del área, Kieshka Peruilh, advirtió que eran embajadores verdes todos los que militaban la causa y que se buscaba brindar información sobre pequeños cambios de hábito. A la vez, detalló que el esquema se basaba en charlas de capacitación; y que los habitantes se podían inscribir a través de la web o de la aplicación WhatsApp, al 1150500147. También, señaló que se armaban grupos de chats para hacer consultas y se enviaban mails con noticias. Además, Peruilh destacó que se incluía a las empresas a través de la Red de Economía Circular, en la que, según ella, se capacitaba a los empleados y las compañías se relacionaban entre sí. Al mismo tiempo, informó que habrá un contenedor verde a 150 metros de cada hogar. Y que el distrito contaba con un Centro de Reciclaje, que procesaba los residuos reciclados.