No se cumple con el saneamiento, desvían fondos y disuelven organismos
El 8 de julio de 2008 en el marco de la causa Mendoza la Corte Suprema de Justica de la Nación dictó un fallo histórico en el que estableció quienes son los responsables del saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. Entre otras cosas obliga a la ACUMAR, la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, a elaborar anualmente el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) con el objetivo de mejorar de la calidad de vida de los habitantes, la recomposición del ambiente y la prevención de daños. Desde la Auditoria General de la Ciudad se audita, año vencido, cuáles fueron las acciones a las que se comprometieron desde el Gobierno porteño, de acuerdo al PISA, cómo las desarrolló y los niveles de eficacia de gestión y eficiencia económica. “Cuando aprobamos el informe de la Auditoría sobre el año 2019 nos encontramos con algunas sorpresas, muy desagradables”, señaló Lisandro Teszkiewicz, uno de los representantes del Frente de Todos en el organismo. En primer lugar detectaron que el GCABA disolvió la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo (UPE CUMAR) que centralizaba toda la política referida al saneamiento ambiental y la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca y repartió sus competencia en distintos espacios que en general tienen la función de coordinar políticas con las otras jurisdicciones. Otro de los puntos es que el ejecutivo porteño pretendió informar a la ACUMAR una inversión de más de 8 mil millones de pesos en el saneamiento durante 2019, y ésta reconoció solo 5300 millones se usaron para eso. “Cuando nosotros vamos a auditar ese gasto encontramos que el 54,58% de los fondos fueron destinados a acciones y a obras que no tienen que ver con el objetivo”, precisó Teszkiewicz. Resultando de la cuenta que utilizó menos de 2300 millones de pesos. Sobre esto se suma que, además de que aún falta reubicar 1027 familias, desde el año 2009 no existe ningún registro de que se hayan hecho los controles sanitarios del dosaje de plomo en sangre de los habitantes.
Cómo proceder ante los cambios en el monotributo
En junio, cuando los monotributistas aún intentan pilotear la pandemia en medio de restricciones, cambios de horarios y actividades, se encontraron con deudas en su cuenta corriente, a pesar de haber tenido el pago de las cuotas mensuales al día. Resulta que el Congreso Nacional y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) demoraron meses en aprobar y reglamentar una ley que debió definirse en 2020. Este mes la AFIP recategorizó automáticamente a cada monotributista con la nueva tabla 2021 que tiene un aumento del 35,3 % y, además, una suba en el valor del pago mensual desde enero 2021. Desde el Estudio Piacentini, su titular Elisabet recomienda ingresar a la página de AFIP para que cada pequeño contribuyente pueda ver su nueva categoría, corroborar si la definición es correcta y pagar la cuota de este mes que vence el 25 de junio. Además, sugiere que todavía no cancelen las diferencias que se generaron retroactivamente, ya que próximamente se instrumentará el pago en cuotas por el ente fiscal. Piacentini, presidenta de Mujeres Empresarias de FECOBA, aclaró que la Ley 27618 y la Resolución 5003 de AFIP reglamentan más puntos, como por ejemplo cómo se debe facturar a un monotributista, obligando a cambiar sistemas y controladores fiscales.
Detectan problemas de infraestructura y mantenimiento en el Tornú
La Auditoria General de la Ciudad analiza gestiones pasadas. Realizan informes en base a una planificación anual que se remite a la Legislatura porteña durante el último mes del año. En este caso, se analizó la gestión 2018 del Hospital Tornú de Parque Chas, con un trabajo de campo desarrollado en 2019. Y al hacer los relevamientos en el lugar, detectaron muchísimos problemas en su infraestructura y mantenimiento. Lisandro Teszkiewicz, uno de los representantes del Frente de Todos en la Auditoría porteña, detalló que se encontraron “desde baños rotos, falta de habilitación de los bares y comedores de algunos de los pabellones, hasta cosas realmente preocupantes, como la falta de matafuegos, salidas de emergencias bloqueadas o pérdidas de camas de internación por el estado de situación, pérdidas de gas de mecheros de laboratorios, presencia de material inflamable en pabellones donde había pacientes y no correspondía”. El documento elaborado por el organismo de control denota la falta de inversión que sufre el hospital de agudos desde hace años, como la pérdida de camas de internación, la falta de insumos y de recursos. Además, quedó relevado el desprendimiento de mampostería, roturas en paredes, pisos, cielorrasos, humedad en los cimientos del hospital y el mal estado de los sanitarios con mobiliarios rotos, cables y caños expuestos. Esas son algunas de las problemáticas descritas en el informe sobre el hospital público. Además, Teszkiewicz comparó la situación del Tornú con la de otros nosocomios de CABA: “No hace mucho tiempo aprobamos un informe del Hospital del Quemado, donde habíamos detectado goteras y filtraciones en quirófanos, salas que debieran ser estériles”.
Ronda de Negocios en el marco de la Ley de Promoción de la Economía Social y Popular
En la Comuna 8, donde se encuentra inmerso el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, se llevó a cabo una jornada con participaron más de 70 empresas y 16 unidades productivas que desarrollan su actividad en la economía social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Victoria Ladoire, subsecretaria de Desarrollo del Potencial Humano, aseguró: “Desde el Ministerio estamos convencidos que la mejor política social es el trabajo y que hay que pensar el desarrollo social en clave productiva”. La primera “Ronda de Negocios” fue llevada a cabo con 106 ejecutivos de 72 empresas –con certificación de Empresa B o en proceso de certificación– y 16 Unidades Productivas de la economía social de CABA, organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño y el Sistema B Argentina. Sistema B es una organización sin fines de lucro que cree que los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, los ciudadanos y la responsabilidad social de los negocios, todos juntos no son suficientes para resolver los problemas sociales y ambientales actuales. La Ronda de Negocios entre empresas y cooperativas de la Ciudad se enmarca en la Ley de Promoción de la Economía Social y Popular, sancionada por la Legislatura porteña en diciembre de 2020. Los objetivos centrales fueron dos: el primero, promover el diálogo entre ambos sectores para generar compras inclusivas. Mientras que el segundo fue exhibir las propuestas del Ministerio de Desarrollo Humano para capacitación, la ley de prácticas formativas y la bolsa de empleo e intermediación para los sectores populares. Asistieron a la reunión ejecutivos de empresas como Grupo Mitre, Mercadolibre, Danone, Unilever, Banco Galicia, Farmacity, Microsoft, Accenture, Loma Negra y Limpiolux, entre otras. En cuanto a las Unidades Productivas, participaron la Cooperativa de Trabajo San Cayetano Ltda, Enredo Cooperativa Textil de Mujeres, Cooperativa de Trabajo La Ciudad Ltda, Cooperativa de Trabajo La Litoraleña Ltda, Cooperativa de Trabajo Librería del Profesional, Cooperativa de Trabajo Gráfica del Pueblo, Vivera Orgánica de Rodrigo Bueno, Recoveco, Fletes 31, entre otras. “Generamos estos espacios de encuentro entre ambos sectores para que puedan encontrarse y construir alianzas dinámicas y estratégicas, que promuevan una sociedad más equitativa desde los negocios y los mercados, para que la economía social y popular pueda desarrollar todo su potencial e integrarse al ecosistema productivo”, contó Ladoire. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, y busca generar más y mejores oportunidades de trabajo para 500.000 porteñas y porteños. Establece incentivos para que los sectores de la economía popular puedan acceder al crédito, participar de las compras públicas y, mediante beneficios impositivos, iniciar su camino hacia la formalización.
Detienen subasta en Villa Crespo
La justicia penal impidió la venta de un predio, situado en la avenida Corrientes 5377, del barrio porteño de Villa Crespo. El juez Ariza Clerici hizo lugar a un pedido de la diputada nacional Paula Penacca y la legisladora porteña Lorena Pokoik, en el marco de una denuncia penal contra el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y otros funcionarios por “malversación de caudales públicos y falsedad ideológica”. La acusación contó además con la adhesión del miembro de la Junta Comunal 15 Leonardo Lucchese Di Leva y el patrocinio del abogado Darío Liurgo, presidente de la asociación civil Abogados para el Desarrollo Comunitario. Además de suspender la subasta, el magistrado dispuso continuar con la investigación sobre el supuesto delito penal denunciado contra Rodríguez Larreta, su ministro de Desarrollo Económico y Producción, José Luis Giusti, y el titular del Banco de la Ciudad, Guillermo Laje. Cabe destacar que hubo un plan para el espacio en discordia. Pues la entonces juntista de la 15, Camila Rodríguez, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para emplazar un jardín maternal en el año 2018. Pero el mismo no prosperó por no contar con los votos del oficialismo. En este sentido, Lucchese Di Leva destacó la relevancia de la creación de un espacio como el que se propuso, “ya que el barrio de Villa Crespo tiene más de cien mil habitantes y ningún jardín de esas características”. El solar tiene una superficie de 612 metros cuadrados, un factor de ocupación total para subir en altura unos 38 metros y una “potencialidad constructiva” de al menos unos 9.180 metros cuadrados. Otro aspecto a tener en cuenta, y que yace en la denuncia, es que se trata de un emprendimiento inmobiliario en el predio que podría representar unos 29 millones de dólares para el inversor y el desarrollador. Pero la subasta tiene un precio base de 2,8 millones, es decir, diez veces menos del valor potencial.
En tres meses se muda el Mercado de Hacienda
Según parece, después de 120 años en el barrio de Mataderos, la mudanza del Mercado de Hacienda de Liniers ya es casi un hecho. Autoridades de la Cuenca Matanza Riachuelo contaron hace unos días, que la obra en del Mercado Agroganadero (MAG), ubicada en Cañuelas, está en un 90% realizada. Es decir, que, en tres meses, en agosto próximo, el traslado de la plaza concentradora a su nueva sede sería un hecho. Así lo aseguró también Favio Pirone, integrante de la junta Comunal 9, quien recorrió la obra y contó que para agosto próximo el mercado ya podría estar funcionando en el nuevo predio ubicado sobre la ruta 6 de esa ciudad.Allí se realizaron 55.000 metros cuadrados de pisos de hormigón para la hacienda, unas cuatro hectáreas de techo de acero para cubrir los 450 corrales de venta y los 2570 metros de pasarelas aéreas. Asimismo, se concluyeron los trabajos de 17 atracaderos curvos, 300 corrales galvanizados en el sector de carga y descarga y las 16 básculas para pesar los animales. Pirone señaló, además, la importancia de generar una Mesa de Trabajo y Consenso para definir qué desarrollar en los espacios libres que quedarán luego de la mudanza del Mercado de Hacienda de Liniers: “Yo creo que es el mejor momento, un momento ideal para iniciar un proceso participativo con los vecinos y vecinas del barrio de Mataderos y de la Comuna 9, para ver el mejor destino para esas tierras”.
Hace ocho años que no se otorgan los Premios Municipales en CABA
La colectiva de Autoras, junto a otras instituciones como SADA (Sindicato argentino de autoras y autores), ARGENTORES (Sociedad general de autores de la Argentina) y La Unión de Escritoras y Escritores enviaron una carta al Ministro de Cultura de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Enrique Avogadro, a expresando su enorme preocupación ante el estado de parálisis en el que se encuentran los Premios que otorga a los artistas el Gobierno porteño, conocidos como “Premios Municipales”, los cuales tienen un amplio reconocimiento no solo en el ámbito teatral y literario, sino en toda la cultura de nuestro país. Susana Torres Molina, dramaturga, directora, docente e integrante de La Colectiva de Autoras, contó : “ La cuestión es que hace 8 años, o sea, cuatro bienios que hubo convocatorias donde los escritores, dramaturgos enviaron sus materiales y no han convocado al jurado para que falle y evalúe esos materiales”. Es decir para el Premio a la dramaturgia, los Premios literarios para las categorías de Poesía, Ensayo, Cuento y Novela y los especiales Eduardo Mallea y Ricardo Rojas, se han efectuado cuatro convocatorias que abarcan los bienios 2012/2013, 2014/2015, 2016/2017, 2018/2019. Sin embargo, y pese a que los autores y autoras han respondido con el envío de sus obras, aún ni siquiera se han constituido los jurados, después de transcurridos —desde 2012— ocho años. Además, durante 2020 no se efectuó la convocatoria correspondiente, pese a estar contemplada por ley. Ayer, durante la reunión que el ministro tuvo con personas que integran la Asamblea Permanente de las Artes Escénicas se planteo la problemática con los premios pero no encontraron respuesta. Torres Molina, asegura que «es un concurso importantísimo junto al Premio Nacional y es tan relevante porque el que gana el primer lugar obtiene una pensión vitalicia a partir de los 50 años, que es muy necesaria, porque el oficio de la escritura es un oficio discontinuo, azaroso y son contados con los dedos de una mano los que pueden vivir solamente de escribir”.
Presentan proyecto para que vuelvan a repartir bolsones de alimentos
El legislador porteño Eugenio Casielles, de Consenso Federal, planteó su preocupación ante la falta de apoyo alimentario a los sectores más vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Casielles explicó que “Desde enero de 2021 el GCABA dejó de repartir bolsones de comida para quienes lo necesitan en un contexto de muchísima necesidad. No hay ningún tipo de informe del gobierno sobre la situación y para colmo hoy estamos en una situación mucho peor, pero sin ningún tipo de asistencia”. Por ese motivo el diputado presentó un proyecto de declaración en la Legislatura porteña, para reforzar la ayuda y que se vuelvan a repartir bolsones de comida para organizaciones y barrios vulnerables. “Si queremos cuidar la salud de la gente, no se puede mirar a otro lado cuando se trata de la alimentación”, sentenció. Con respecto a la información brindada por el ejecutivo de la Ciudad, el diputado de Consenso Federal aseguró que a mediados del 2020 dejaron de recibir información sobre cómo se administraban los bolsones de comida, para luego interrumpir definitivamente la ayuda.
10 años de incumplir la Ley de Salud Mental
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó su informe «Salud mental: recursos insuficientes y concentrados en el manicomio”, que es el resultado del análisis realizado anualmente sobre los recursos que destina el Estado a garantizar los derechos humanos y salud mental. El objetivo es saber cómo éstos han evolucionado en los últimos años y los recursos que se destinan durante el 2021 en esa materia. “El Estado nacional tiene una obligación a partir de la sanción de la Ley de Salud Mental de 2010, que la de destinar el 10 % del presupuesto total de salud a salud mental y además, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben adoptar este mismo criterio”, aseguró Eduardo Quiroga, abogado del Programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la ACIJ. Asimismo, Quiroga, remarcó que dicha ley “dispuso la sustitución del modelo manicomial, basado en el encierro y el aislamiento por uno de salud mental comunitaria que promueva una mejor atención de la salud y que permita la vida en comunidad y la inclusión social de las personas con padecimiento mental”. Sin embargo, en esta primera década, según el informe, no se han producido cambios estructurales tendientes a modificar el sistema de atención a estas problemáticas y gran parte del presupuesto asignado se deriva a los hospitales psiquiatricos. A nivel nacional pueden identificarse 4 entidades con gasto en salud mental: el Ministerio de Salud (en particular la “Actividad Apoyo y Promoción de la Salud Mental”), los 2 hospitales monovalentes nacionales (Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Lic. “Laura Bonaparte” y Colonia “Dr. Manuel A. Montes de Oca”), y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR). Durante el año 2021, la suma de los recursos totales de estos organismos representará tan solo el 1,47% del gasto total de salud, lo que se encuentra muy por debajo del mínimo dispuesto en la norma 26.657. Por último el abogado del Programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la ACIJ, Eduardo Quiroga, enfatizó “Ésta situación es particularmente grave porque nos encontramos ya a más de 10 años de la sanción de la ley, porque el año pasado venció el plazo para el cierre de todos los hospitales psiquiátricos y porque no se ha avanzado en la transformación estructural del sistema de atención. Es por eso que es importante no solo aumentar los recursos, sino como comenzar a redirigirlos hacia la atención comunitaria». Además, ACIJ, lanzó argentinasinmanicomios.acij.org.ar, un sitio web que tiene como objetivo contar las historias de las personas que sobrevivieron al encierro psiquiátrico y desarticular los prejuicios que pesan sobre ellas, generar conocimiento sobre la ley y sobre la situación actual de la salud mental en Argentina, relevar y difundir modelos de salud mental comunitaria, compartir reflexiones y análisis sobre lo sucedido en estos años, y llamar a la movilización para exigir que se cumpla la ley 26.657.
Hospital Durand: reclaman habilitar una vieja UTI
El sector de salud entró en un momento aun más delicado y sus trabajadores sostienen reclamos desoídos por las autoridades. En la Ciudad autónoma de Buenos Aires, los trabajadores del Hospital Durand vienen reclamando la apertura de la 4ta terapia lo cual les permitiría contar con 10 camas más en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y sumar más personal para atender a los pacientes. Héctor Ortiz, secretario gremial de ATE en el Hospital Durand aseguró que ”realmente la guardia está desbordada. Salas de Covid con pacientes moderados que se están poniendo cada vez más delicados y la verdad es que hoy, que seguramente vamos a necesitar camas de terapia, no las tenemos. Estamos trabajando a cama caliente y la verdad que preocupa mucho”. Ortiz además hizo referencia al Horacio Rodríguez Larreta al decir que se tienen que alistar para una situación aún más compleja “ya que el jefe de Gobierno no entiende que hay que reducir la circulación, nos tenemos que preparar para recibir más pacientes”. Por este motivo reclamó que habilite la 4ta terapia, una antigua, que yace abandonada y que tiene todas las condiciones para ponerse en funcionamiento. Sobre el final el secretario gremial contó que el 12 de mayo realizaran una medida de fuerza por 24hs. para que todos los trabajadores de los hospitales de la Ciudad “se convoquen en la Jefatura de Gobierno para decir basta, estamos cansados, extenuados, no queremos enfermar, no queremos morir”.