Detienen el desalojo en un predio del Barrio 21-24
Cien familias dieron una conferencia de prensa para intentar frenar el desalojo de la toma de tierras que realizan hace una semana en el Barrio 21-24. La toma está ubicada en un predio ferroviario de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) nacional. Y, según indicaron desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) planeaba hacer allí una obra de agua potable. La ocupación comenzó el martes pasado. El fin de semana, la Policía Federal junto a efectivos de la Ciudad bloquearon las entradas. Según los vecinos, son alrededor de cien las familias que levantaron sus casillas dentro del predio; todas provenientes de la zona del barrio conocida como «Tierra Amarilla». Al ser un predio nacional, la causa judicial por la ocupación quedó finalmente en manos de la Justicia federal. En efecto, este lunes, el juez Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado en lo Correccional y Criminal N.° 3, emitió un oficio para instar al Ministerio de Seguridad nacional a desalojar el predio «de manera pacífica y sin la utilización de violencia, atentos a la presencia de niños». Por la tarde, Julián Axat, titular de la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal (MPF), solicitó a Rafecas: «el cese del desalojo y de toda medida que pueda implicar violencia sobre las personas o cosas, y que se fomente un espacio de resolución alternativa del conflicto». Quienes ocupan las tierras señalaron que resistirán de forma pacífica, que no llamarán al enfrentamiento, ni van a emplear la violencia. Pues, buscan dialogar para poder debatir la posibilidad de comprar estos terrenos (que están sin uso) o, en todo caso, de acceder a otra vivienda.
Reunión de vecinos para llevar reclamos en conjunto
Personas de distintos barrios, nucleadas en la red Vecinos Porteños, realizarán una reunión virtual para fijar puntos que plantearán al Fiscal General Mahíques. Quienes integran dicho colectivo vienen denunciando distintos temas, desde hace más de 2 años, pero desde el Ministerio Público Fiscal no obtienen ninguna devolución. Además señalan que no importa cuanta evidencia logren juntar, el fiscal interviniente, indefectiblemente archiva sus causas. Gloria Llopiz Ortíz, miembro de la ONG Buenos Vecinos, detalló al respecto: “Nos archivan todo tipo de denuncias. Ya sea de narco menudeo, como de lesiones o ruidos molestos, de daño a arboles, de ocupación del espacio público por parte de recicladores urbanos o de manteros”. Este viernes a las 18 hs., se reunirán vía Zoom, para sumarse se debe enviar un whatsapp al 1149490164.
Un sabor que perdura, como sus políticas de producción y comercialización
La cooperativa de trabajo Las Tunas, fundada en 1960, está ubicada en Apóstoles, al sur de la provincia de Misiones.Su producto, la yerba mate, es de excelente calidad, con estacionamiento de secado natural. En Buenos Aires, Leonardo Maza se encarga de la distribución y despacho de la producción a todo el país. Él nos contó que durante la pandemia se mantuvo el volumen de venta, “ya que, al considerarse un alimento de primera necesidad, pudimos circular”. Lo que se procesa proviene de pequeñas chacras familiares. Son productores de 25 o 50 hectáreas de tierras. Pero dentro de esas 50 hectáreas, tienen 5, 10 o como mucho 15 hectáreas de yerba. Y eso también influye en lo que se envasa, porque el volumen no es mucho; pero es el perfil que eligen cuidar para garantizar el sabor y calidad. Al respecto, Leonardo detalla: “En cuanto a la producción, se mantuvo la cantidad de kilos producidos en la cooperativa. Esto se basa en que el proceso de la yerba mate, una vez que se cosecha la hoja y se hace el proceso de secado, después está estacionada aproximadamente de 15 a 18 meses”. “Dentro de ese año y medio, la yerba está en el depósito y se le van haciendo controles de temperatura y humedad, etc. Es por eso que no se puede envasar una cantidad superior a la que venías haciendo, porque se saca del stock, perdiendo materia prima y no estaría bien estacionada”, agregó. La cooperativa recibe anualmente 1.500.000 kilos de hoja verde de sus socios y elabora entre 20.000 y 25.000 kilos de yerba mate, que son comercializados en distintos lugares de la Argentina, bajo la modalidad de venta directa. Para poder acceder al producto, pueden escribir a yerbamatelastunas@gmail.com; y también los encuentran redes como @yerbalastunas en Instagram o Cooperativa Las Tunas en Facebook.
A 10 años de la relocalización, exigen condiciones dignas de habitabilidad
Legisladores del Frente de Todos presentaron en el Parlamento porteño un proyecto de declaración para que la casa exprese su preocupación sobre la falta de gas natural en el complejo habitacional «180 viviendas». Se trata de las viviendas ubicadas en las avenidas Fernández de la Cruz y Lacarra, del barrio de Villa Soldati, en la Comuna 8, donde fueron relocalizados vecinos del asentamiento Luján. El estado general de las edificaciones, que fueron creadas hace 10 años, “no dista mucho de las viviendas sociales y de los complejos habitacionales construidos por el Instituto de la Vivienda, donde se muestra la falta de decisión política de acompañar a los sectores populares en el acceso a un hábitat digno”, sentenció Nayla Loitegui, integrante de la Junta Comunal. Si bien uno de los puntos del proyecto presentado en la Legislatura tiene que ver con la ausencia de instalaciones que permitan la conexión al gas natural, la comunera aclaró que otras cuestiones que se plantean son las obras inconclusas, “como los huecos para ascensores”, la falta de mantenimiento de “los tanques de agua, la limpieza de estos y la inexistencia de una tapa para evitar que haya suciedad y bacterias”, entre otras cuestiones. Asimismo, Loitegui destacó: “Hay una falta de inversión del Gobierno de la Ciudad en estos complejos habitacionales, que son viviendas sociales destinadas a sectores populares. Y, además, estamos hablando del caso –el de las 180 viviendas– de un grupo de familias que ya han atravesado muchísimas vulneraciones. Y se supone que una relocalización a una vivienda tiene que ser en condiciones dignas para garantizar esos derechos que han sido históricamente vulnerados”.
No se cumple con el saneamiento, desvían fondos y disuelven organismos
El 8 de julio de 2008 en el marco de la causa Mendoza la Corte Suprema de Justica de la Nación dictó un fallo histórico en el que estableció quienes son los responsables del saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. Entre otras cosas obliga a la ACUMAR, la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, a elaborar anualmente el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) con el objetivo de mejorar de la calidad de vida de los habitantes, la recomposición del ambiente y la prevención de daños. Desde la Auditoria General de la Ciudad se audita, año vencido, cuáles fueron las acciones a las que se comprometieron desde el Gobierno porteño, de acuerdo al PISA, cómo las desarrolló y los niveles de eficacia de gestión y eficiencia económica. “Cuando aprobamos el informe de la Auditoría sobre el año 2019 nos encontramos con algunas sorpresas, muy desagradables”, señaló Lisandro Teszkiewicz, uno de los representantes del Frente de Todos en el organismo. En primer lugar detectaron que el GCABA disolvió la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo (UPE CUMAR) que centralizaba toda la política referida al saneamiento ambiental y la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca y repartió sus competencia en distintos espacios que en general tienen la función de coordinar políticas con las otras jurisdicciones. Otro de los puntos es que el ejecutivo porteño pretendió informar a la ACUMAR una inversión de más de 8 mil millones de pesos en el saneamiento durante 2019, y ésta reconoció solo 5300 millones se usaron para eso. “Cuando nosotros vamos a auditar ese gasto encontramos que el 54,58% de los fondos fueron destinados a acciones y a obras que no tienen que ver con el objetivo”, precisó Teszkiewicz. Resultando de la cuenta que utilizó menos de 2300 millones de pesos. Sobre esto se suma que, además de que aún falta reubicar 1027 familias, desde el año 2009 no existe ningún registro de que se hayan hecho los controles sanitarios del dosaje de plomo en sangre de los habitantes.
Cómo proceder ante los cambios en el monotributo
En junio, cuando los monotributistas aún intentan pilotear la pandemia en medio de restricciones, cambios de horarios y actividades, se encontraron con deudas en su cuenta corriente, a pesar de haber tenido el pago de las cuotas mensuales al día. Resulta que el Congreso Nacional y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) demoraron meses en aprobar y reglamentar una ley que debió definirse en 2020. Este mes la AFIP recategorizó automáticamente a cada monotributista con la nueva tabla 2021 que tiene un aumento del 35,3 % y, además, una suba en el valor del pago mensual desde enero 2021. Desde el Estudio Piacentini, su titular Elisabet recomienda ingresar a la página de AFIP para que cada pequeño contribuyente pueda ver su nueva categoría, corroborar si la definición es correcta y pagar la cuota de este mes que vence el 25 de junio. Además, sugiere que todavía no cancelen las diferencias que se generaron retroactivamente, ya que próximamente se instrumentará el pago en cuotas por el ente fiscal. Piacentini, presidenta de Mujeres Empresarias de FECOBA, aclaró que la Ley 27618 y la Resolución 5003 de AFIP reglamentan más puntos, como por ejemplo cómo se debe facturar a un monotributista, obligando a cambiar sistemas y controladores fiscales.
Detectan problemas de infraestructura y mantenimiento en el Tornú
La Auditoria General de la Ciudad analiza gestiones pasadas. Realizan informes en base a una planificación anual que se remite a la Legislatura porteña durante el último mes del año. En este caso, se analizó la gestión 2018 del Hospital Tornú de Parque Chas, con un trabajo de campo desarrollado en 2019. Y al hacer los relevamientos en el lugar, detectaron muchísimos problemas en su infraestructura y mantenimiento. Lisandro Teszkiewicz, uno de los representantes del Frente de Todos en la Auditoría porteña, detalló que se encontraron “desde baños rotos, falta de habilitación de los bares y comedores de algunos de los pabellones, hasta cosas realmente preocupantes, como la falta de matafuegos, salidas de emergencias bloqueadas o pérdidas de camas de internación por el estado de situación, pérdidas de gas de mecheros de laboratorios, presencia de material inflamable en pabellones donde había pacientes y no correspondía”. El documento elaborado por el organismo de control denota la falta de inversión que sufre el hospital de agudos desde hace años, como la pérdida de camas de internación, la falta de insumos y de recursos. Además, quedó relevado el desprendimiento de mampostería, roturas en paredes, pisos, cielorrasos, humedad en los cimientos del hospital y el mal estado de los sanitarios con mobiliarios rotos, cables y caños expuestos. Esas son algunas de las problemáticas descritas en el informe sobre el hospital público. Además, Teszkiewicz comparó la situación del Tornú con la de otros nosocomios de CABA: “No hace mucho tiempo aprobamos un informe del Hospital del Quemado, donde habíamos detectado goteras y filtraciones en quirófanos, salas que debieran ser estériles”.
Ronda de Negocios en el marco de la Ley de Promoción de la Economía Social y Popular
En la Comuna 8, donde se encuentra inmerso el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, se llevó a cabo una jornada con participaron más de 70 empresas y 16 unidades productivas que desarrollan su actividad en la economía social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Victoria Ladoire, subsecretaria de Desarrollo del Potencial Humano, aseguró: “Desde el Ministerio estamos convencidos que la mejor política social es el trabajo y que hay que pensar el desarrollo social en clave productiva”. La primera “Ronda de Negocios” fue llevada a cabo con 106 ejecutivos de 72 empresas –con certificación de Empresa B o en proceso de certificación– y 16 Unidades Productivas de la economía social de CABA, organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño y el Sistema B Argentina. Sistema B es una organización sin fines de lucro que cree que los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, los ciudadanos y la responsabilidad social de los negocios, todos juntos no son suficientes para resolver los problemas sociales y ambientales actuales. La Ronda de Negocios entre empresas y cooperativas de la Ciudad se enmarca en la Ley de Promoción de la Economía Social y Popular, sancionada por la Legislatura porteña en diciembre de 2020. Los objetivos centrales fueron dos: el primero, promover el diálogo entre ambos sectores para generar compras inclusivas. Mientras que el segundo fue exhibir las propuestas del Ministerio de Desarrollo Humano para capacitación, la ley de prácticas formativas y la bolsa de empleo e intermediación para los sectores populares. Asistieron a la reunión ejecutivos de empresas como Grupo Mitre, Mercadolibre, Danone, Unilever, Banco Galicia, Farmacity, Microsoft, Accenture, Loma Negra y Limpiolux, entre otras. En cuanto a las Unidades Productivas, participaron la Cooperativa de Trabajo San Cayetano Ltda, Enredo Cooperativa Textil de Mujeres, Cooperativa de Trabajo La Ciudad Ltda, Cooperativa de Trabajo La Litoraleña Ltda, Cooperativa de Trabajo Librería del Profesional, Cooperativa de Trabajo Gráfica del Pueblo, Vivera Orgánica de Rodrigo Bueno, Recoveco, Fletes 31, entre otras. “Generamos estos espacios de encuentro entre ambos sectores para que puedan encontrarse y construir alianzas dinámicas y estratégicas, que promuevan una sociedad más equitativa desde los negocios y los mercados, para que la economía social y popular pueda desarrollar todo su potencial e integrarse al ecosistema productivo”, contó Ladoire. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, y busca generar más y mejores oportunidades de trabajo para 500.000 porteñas y porteños. Establece incentivos para que los sectores de la economía popular puedan acceder al crédito, participar de las compras públicas y, mediante beneficios impositivos, iniciar su camino hacia la formalización.
Detienen subasta en Villa Crespo
La justicia penal impidió la venta de un predio, situado en la avenida Corrientes 5377, del barrio porteño de Villa Crespo. El juez Ariza Clerici hizo lugar a un pedido de la diputada nacional Paula Penacca y la legisladora porteña Lorena Pokoik, en el marco de una denuncia penal contra el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y otros funcionarios por “malversación de caudales públicos y falsedad ideológica”. La acusación contó además con la adhesión del miembro de la Junta Comunal 15 Leonardo Lucchese Di Leva y el patrocinio del abogado Darío Liurgo, presidente de la asociación civil Abogados para el Desarrollo Comunitario. Además de suspender la subasta, el magistrado dispuso continuar con la investigación sobre el supuesto delito penal denunciado contra Rodríguez Larreta, su ministro de Desarrollo Económico y Producción, José Luis Giusti, y el titular del Banco de la Ciudad, Guillermo Laje. Cabe destacar que hubo un plan para el espacio en discordia. Pues la entonces juntista de la 15, Camila Rodríguez, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para emplazar un jardín maternal en el año 2018. Pero el mismo no prosperó por no contar con los votos del oficialismo. En este sentido, Lucchese Di Leva destacó la relevancia de la creación de un espacio como el que se propuso, “ya que el barrio de Villa Crespo tiene más de cien mil habitantes y ningún jardín de esas características”. El solar tiene una superficie de 612 metros cuadrados, un factor de ocupación total para subir en altura unos 38 metros y una “potencialidad constructiva” de al menos unos 9.180 metros cuadrados. Otro aspecto a tener en cuenta, y que yace en la denuncia, es que se trata de un emprendimiento inmobiliario en el predio que podría representar unos 29 millones de dólares para el inversor y el desarrollador. Pero la subasta tiene un precio base de 2,8 millones, es decir, diez veces menos del valor potencial.
En tres meses se muda el Mercado de Hacienda
Según parece, después de 120 años en el barrio de Mataderos, la mudanza del Mercado de Hacienda de Liniers ya es casi un hecho. Autoridades de la Cuenca Matanza Riachuelo contaron hace unos días, que la obra en del Mercado Agroganadero (MAG), ubicada en Cañuelas, está en un 90% realizada. Es decir, que, en tres meses, en agosto próximo, el traslado de la plaza concentradora a su nueva sede sería un hecho. Así lo aseguró también Favio Pirone, integrante de la junta Comunal 9, quien recorrió la obra y contó que para agosto próximo el mercado ya podría estar funcionando en el nuevo predio ubicado sobre la ruta 6 de esa ciudad.Allí se realizaron 55.000 metros cuadrados de pisos de hormigón para la hacienda, unas cuatro hectáreas de techo de acero para cubrir los 450 corrales de venta y los 2570 metros de pasarelas aéreas. Asimismo, se concluyeron los trabajos de 17 atracaderos curvos, 300 corrales galvanizados en el sector de carga y descarga y las 16 básculas para pesar los animales. Pirone señaló, además, la importancia de generar una Mesa de Trabajo y Consenso para definir qué desarrollar en los espacios libres que quedarán luego de la mudanza del Mercado de Hacienda de Liniers: “Yo creo que es el mejor momento, un momento ideal para iniciar un proceso participativo con los vecinos y vecinas del barrio de Mataderos y de la Comuna 9, para ver el mejor destino para esas tierras”.