Crisis política en Colombia tras perder la sede de los Juegos Panamericanos
Deporte y política se conjugan en una catástrofe sin precedentes para Colombia y América, luego del anuncio de Panam Sports del retiro de la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 a la ciudad de Barranquilla. La entidad internacional publicó un comunicado en el que confirma la rescisión del contrato tras el incumplimiento del mismo y asegura que hará valer su derecho de reclamar “todos y cada uno de los daños” ocasionados. Mientras tanto, Gustavo Petro ordenó a su gabinete recuperar la sede y la oposición busca instalar una moción de censura contra la ministra de deporte. La razón de tamaña decisión se debe al incumplimiento del pago de USD 4 millones que la ciudad sede debía abonar a Panam Sports antes del 31 de diciembre. Sin embargo, la organización denunció “innumerables incumplimientos del contrato vigente”, con lo cual esta fue la gota que desbordó el vaso. Por su parte, el gobierno colombiano afirmó que había un acuerdo para realizar el pago en enero y que les sorprendió el anunció de Panam Sports. De hecho, el alcalde Alejandro Char sostuvo que “los recursos están”, pero que hubo “un impase en Hacienda Pública” por lo que el giro no se hizo efectivo, a pesar de la orden presidencial de ejecutar dicho presupuesto. Por el momento, el gobierno de Petro se encuentra en comunicaciones con el presidente de Chile, Gabriel Boric, a los fines de interceder ante Neven Ilic, presidente de Panam Sports y también dirigente deportivo chileno, para que la situación se pueda revertir. Desde el Senado colombiano, un dirigente del partido Cambio Radical anunció que citará a una moción de censura contra la ministra de deporte, Astrid Rodríguez, para que abandone su cargo por la responsabilidad política de lo sucedido. Entretanto, la capital paraguaya, Asunción, suena como posible reemplazo para organizar los juegos.
La justicia suspende la reforma laboral del DNU de Milei
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió declarar la suspensión del título IV del DNU 70/2023 sobre desregulación de la economía, anunciado por el presidente Javier Milei el pasado 20 de diciembre. La decisión obedece a la presentación de un amparo por parte de la CGT el pasado miércoles, en la previa de una masiva movilización que la confederación sindical llevó a cabo frente al Palacio de Tribunales. En dicho amparo se solicitaba declarar inconstitucional la reforma laboral contenida en el DNU, el cual derogó y modificó diferentes leyes laborales. La decisión de la Cámara fue sostenida por dos jueces contra una magistrada: los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior, contra la jueza Dora González, quien sostuvo que el caso debía trasladarse a la Cámara Contencioso Administrativo Federal para que sea el órgano decisor sobre qué fuero debía tratar el expediente. El Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, criticó la resolución y afirmó que “la cámara laboral actuó fuera de su jurisdicción”, por lo que el gobierno presentará una apelación. De esta manera, se suspendieron las reformas incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia que contemplaban la Ley de Contrato de Trabajo, hasta que haya una sentencia firme de la justicia. Entre las modificaciones se encontraban: La reducción de aportes y contribuciones de las empresas. La extensión del periodo de prueba. La reducción de las indemnizaciones. El final de las multas por registración deficiente. La desindexación de los intereses por indemnizaciones. La creación del fondo de cese laboral, en acuerdo con el empleado, para cubrir las indemnizaciones por despido. Entre otras medidas.
Se complica el tratamiento de la Ley Ómnibus en Diputados
El próximo 25 de enero es la fecha señalada por el oficialismo para tratar la denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” en la Cámara de Diputados de la Nación. Sin embargo, se conformaron tan solo 4 comisiones para debatir la iniciativa, mientras que la oposición sugiere que deben ser más de doce por la cantidad de temáticas que trata el proyecto. Algunos legisladores sostienen que, menos Juicio Político, la Ley Ómnibus debería girarse al resto de comisiones de la Cámara Baja, con lo cual se dificulta el acelerado tratamiento legislativo que desea el Ejecutivo. Las comisiones que se conformaron hasta el momento fueron Presupuesto y Hacienda, que será presidida por José Luis Espert del bloque Avanza Libertad, la de Relaciones Exteriores con el diputado Fernando Iglesias (PRO) a la cabeza, la de Legislación General, que quedó a manos del libertario Gabriel Bornoroni y la de Asuntos Constitucionales, con Nicolás Mayoraz de LLA como presidente. El Poder Ejecutivo desea que esas sean las comisiones que finalmente debatan la Ley Ómnibus, aunque el proyecto mantiene el “giro en estudio” de manera oficial, es decir, aún se desconoce cuáles serán las comisiones que tendrán que analizar el paquete de leyes. Por otra parte, el bloque de Unión por la Patria, presidido por el diputado Germán Martínez, publicó un comunicado solicitando “con urgencia” que se convoque a una reunión de presidentes de bloque para “dar previsibilidad y organización” al periodo de Sesiones Extraordinarias. De esta manera, la oposición busca conocer el giro a comisiones del proyecto de ley, qué bancas corresponderán a cada bloque para dichas comisiones y cómo serán sus mesas directivas, además de establecer un borrador de cronograma para el tratamiento de la agenda legislativa.
Iglesia y Estado, ya es un asunto separado
El pasado 31 de diciembre, la Iglesia dejó de percibir el aporte económico del Estado, mediante el cual, se pagaban $55.000 al centenar de arzobispos y obispos de todo el país. Dicho aporte se enmarcaba en el artículo 2 de la Constitución Nacional, que establecía que el gobierno federal debía “sostener” el culto católico apostólico romano. La medida se concreta a raíz de una renuncia progresiva que se acordó, en 2018, entre la Conferencia Episcopal Argentina y el gobierno de Mauricio Macri. La fecha para el cese definitivo del pago de los sueldos se fijó durante la administración de Alberto Fernández, acordada con la Secretaría de Culto de la Nación. Sin embargo, según algunas estimaciones privadas, el aporte económico no llegaba al 7% del presupuesto que sigue administrando la Iglesia. El Episcopado informó que el próximo pasó será prescindir de la contribución económica que perciben los seminaristas diocesanos del país y el reemplazo de la asignación para los párrocos de frontera. Cabe destacar que no se comprometen los aportes que reciben los colegios religiosos, ya que se encuentran amparados en un régimen de subsidios que deciden otorgar las distintas jurisdicciones del país a la enseñanza privada.
Año nuevo con aumentos en el transporte público
Año nuevo, tarifas nuevas. El 2024 comenzó con una actualización del tarifario del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con lo cual los usuarios de colectivos, trenes y subtes se verán impactados por un nuevo valor del boleto de pasajeros. A continuación, se detallan cuáles son los aumentos y a partir de cuándo comenzarán a regir. Colectivos El boleto mínimo pasará a costar $76,92, mientras que el máximo será de $105,45. De esta forma, la tarifa se incrementó $24 y regirá durante todo el mes de enero, ya que se prevé un nuevo aumento a partir del 1 de febrero. Sin embargo, dicho incremento se concretará en los próximos días, ya que la Asociación Argentina de Empresas del Transporte Automotor (Aaeta) comunicó que la actualización se vería retrasada a razón de que los nuevos cuadros tarifarios SUBE aún no fueron cargados en las validadoras de los colectivos. Cabe destacar que seguirá vigente el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social SUBE, con lo cual el mínimo quedará en $34,61. Tarifario completo de colectivos: Boleto mínimo (entre 0 y 3 km.): $76,92. Tramo de 3 a 6 km.: $85,69. Tramo de 6 a 12 km.: $92,28. Tramo de 12 a 27 km.: $98,89. Más de 27 km.: $105,45. Trenes Desde el 15 de enero, la tarifa mínima de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín y Urquiza costará $48,38. Por su parte, las líneas Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur tendrán un boleto mínimo de $37,38. En consecuencia, el aumento que verán los usuarios será del 45,32%. Subtes y Premetro El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió un aumento del 56%, el cual comenzará a regir desde este viernes 5. Dicho incremento se dará en dos tramos: el primero en enero, que subirá el boleto mínimo de $80 a $110, y el segundo en febrero, con un boleto a $125. El premetro, por su parte, tendrá un costo de $38,50.
Críticas al DNU y su reforma laboral
El economista José Castillo analizó las principales medidas implementadas a partir del DNU presentado por Javier Milei esta semana: “estamos frente a una reforma que ataca a la clase trabajadora y a los sectores populares con un nivel infinitamente superior al programa menemista de los 90; el corazón del DNU es la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que es la que más se modifica”, expresó. Además, apuntó contra su autor, Federico Sturzenegger, quien no está nombrado oficialmente por el presidente: “si mañana llega a haber un juicio, no puede ir preso porque no figura como responsable”, advirtió. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el analista económico explicó que “la única vez que se hizo este tipo de reforma laboral en la Argentina, no generó trabajo”: “el menemismo planteó una flexibilización mucho más chica, pero en el mismo momento aumentaba el desempleo, además España, por ejemplo, tiene la ley laboral más flexible de Europa y tiene la tasa de desempleo más alta de la zona euro”, agregó. De esta forma, Castillo destacó la “eliminación virtual del derecho a huelga”: “los trabajos esenciales no pueden parar y si lo hacen, tienen que hacerlo con un porcentaje de presencialidad altísima”. Sin embargo, resaltó que, además de la salud o educación, el DNU suma al sector químico, siderúrgico y gastronómico, entre otros: “ni los mozos van a poder hacer huelga; en ningún país del mundo la gastronomía es un servicio esencial”, manifestó.
Milei y su vínculo con la historia
El historiador y escritor argentino, Alejandro Poli Gonzalvo, analizó el inicio de la gestión de Javier Milei en clave histórica, y expresó que su presidencia podría iniciar un nuevo ciclo histórico en la Argentina: “hemos tenido cuatro trayectorias históricas y creo que estamos empezando una quinta, que es lo que se va a disputar en los próximos tiempos; en esta quinta trayectoria se podría corregir lo que empezó después de la Segunda Guerra Mundial y que ningún gobierno pudo corregir, aún los no peronistas”, expresó. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Gonzalvo destacó que “Milei está buscando, de alguna manera, ser visto como el Menem de esta época”, teniendo en cuenta las similitudes retóricas y “filosóficas” que ambos mandatarios tienen en común. Además, se mostró optimista y afirmó: “como con Alfonsín se acabó para siempre la posibilidad de los golpes militares y se estableció un consenso democrático, con Milei creo que se podría lograr un consenso económico, donde ya no se podrá gastar más de lo que tenemos”, agregó. Además, comentó las referencias del nuevo mandatario hacia Julio Argentino Roca, aunque aclaró la diferencia que radica entre ambos presidentes: “Milei reivindica a Roca, pero él también construyó un Estado presente; no olvidemos que fomentó la inmigración y los ferrocarriles, había un marco jurídico, pero el Estado seguía presente; no era un Estado liberal fofo que no hacía nada, y no perdía de vista la iniciativa privada y las inversiones”.
Milei presentó un inédito DNU y hubo cacerolazos
El Presidente de la Nación hizo uso por primera vez de la cadena nacional para transmitir un mensaje al país junto con su gabinete, a los fines de presentar un DNU para establecer las “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”. El documento, cuyo objetivo es desregular la economía local, deroga y reforma alrededor de 300 leyes, además de implementar cambios en el sistema laboral, habilitar las privatizaciones e impedir la intervención del Estado, entre otros factores. Luego del anuncio, se registraron movilizaciones en diferentes barrios de Ciudad y el Gran Buenos Aires, con el epicentro de la protesta en el Congreso de la Nación hasta pasada la madrugada. “La dimensión de este decreto es inédita, no hay antecedentes”, resaltó el politólogo Esteban Chiacchio, en diálogo con FRECUENCIA ZERO. El analista político expresó que “estamos en una crisis de representación” y que por eso “la gente salió a la calle a reclamar por sí sola, en una demostración inédita de descontento, a tan solo diez días de la asunción del presidente”: “es algo que nunca ocurrió en la historia de este país”, agregó. Por otro lado, Chiacchio indagó en las posibilidades que la oposición tiene para anularlo: “el camino directo es la Comisión Bicameral del Congreso, cuya composición todavía no se sabe; también puede judicializarse y ahí jugará un rol importante la Corte Suprema de la Nación”, expresó. Asimismo, resaltó que “no alcanza con que un diputado explique el decreto porque integran un poder que está en crisis; el poder legislativo se tiene que apoyar en el universo de personas afectadas porque todos vamos a empatizar más, deben encontrar canales para contar su situación”. Puntos destacados del DNU: Deroga leyes tales como la de Alquileres, Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional, Promoción Industrial, Promoción Comercial, el Régimen de Sociedades del Estado y Ley de Tierras. Se deroga también la normativa que impide la privatización de las empresas públicas y se permite transformar todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. Además, establece la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas. Modifica el Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libertad contractual entre las partes, así como también para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la misma moneda. Elimina las restricciones de precios a la industria prepaga e incorpora a las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales. Modifica el Régimen de Empresas Farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos. Modifica la Ley de Sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo desean. Desregula los servicios de internet satelital y el sector turístico, eliminando el monopolio de las agencias de turismo.
Organizaciones sociales manifiestan contra Milei y el gobierno activa el protocolo antipiquetes
Diferentes organizaciones sociales, sindicales y de DD.HH participarán de una manifestación multitudinaria contra el presidente Javier Milei y las medidas anunciadas por el ministro Caputo, en tanto el gobierno pretende poner en marcha el protocolo antipiquetes impulsado por la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, cuyo objetivo es evitar que se corte la calle. Néstor Pitrola, dirigente del Polo Obrero y uno de los organizadores de la protesta, aclaró: “no hay ningún piquete, se trata de una movilización popular pacífica prevista desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, en una fecha donde se conmemoran 22 años de diciembre del 2001 y donde hay un fuerte reclamo ante las medidas del gobierno”. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el dirigente político cruzó al gobierno nacional y comentó la presentación de un hábeas corpus contra el protocolo anunciado por Bullrich, debido a que “está afectando el derecho constitucional a la movilización popular”. Sin embargo, Pitrola comentó que “el juez a cargo de tratarlo, perteneciente al Juzgado Criminal N° 13, lo denegó argumentando que los derechos que se pretenden proteger tienen que ser por vía de amparo, eludiendo una verdadera definición”. Asimismo, se refirió a la identificación policial de los manifestantes, bajo la amenaza de quitarles el plan social si cortan la circulación: “tomar fotografías de los que asisten a las marchas es una práctica ilegal que viola la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional”, afirmó. Pitrola también calificó de “pantomima” las denuncias a la línea 134, implementada por el gobierno para que los titulares de planes sociales denuncien amenazas para participar de la marcha, así como también aclaró que el Polo Obrero “nunca extorsionó a nadie porque desde su fundación nunca dio de baja a nadie”. En cuanto a la presencia de menores de edad en las movilizaciones, expresó: “no recomendamos ni dejamos de recomendar, las personas son soberanas de ir con sus chicos sino tienen con quién dejarlos; es una manifestación pacífica y no tenemos la intención de enfrentar a nadie”.
El gobierno publicará un DNU para desregular la economía
Federico Sturzenegger, ex presidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, apareció en un video en el que mostró las 300 leyes que el gobierno de Javier Milei pretende derogar, junto con la legislación vigente que desea modificar. Todo eso se encontrará en un mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se publicará en el Boletín Oficial y que explicará el propio presidente de la Nación en cadena nacional. El documento contemplará una reforma laboral, además de la desburocratización y disminución del costo del Estado, entre otras cosas. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, se refirió a la posibilidad de que el DNU derogue leyes tales como la Ley de Góndolas o de Abastecimiento, que contemplan la regulación de precios: “claramente no es lo mismo que el precio de una bicicleta se defina por la oferta y la demanda, que el precio de alimentos o medicamentos, que son esenciales para sobrevivir”, resaltó. Asimismo, agregó: “el gobierno no demuestra la intención de coordinar los precios, sino que los va a coordinar el mismo mercado hasta que se den cuenta que no pueden vender un producto a un determinado precio porque se les cae la demanda”. El DNU también establecerá la reversión del Impuesto a las Ganancias, algo a lo que se opusieron los gobernadores peronistas luego de reunirse con el presidente Milei. En este sentido, la Liga de Gobernadores publicó un comunicado en el que solicita la coparticipación del 70% del impuesto al cheque. Al respecto, Caprarulo expresó: “el Impuesto a las Ganancias es un buen impuesto porque es progresivo, lo pagan los que más tienen, pero la idea de coparticipar el impuesto al cheque no es buena porque es un impuesto que va en detrimento de la necesidad de que haya menos economía informal”.