Reclaman que se ataque el problema de fondo frente a la inflación
Fernando Blanco Muiño, Director Ejecutivo de la Asociación Civil Centro de Estudios en Derecho del Consumidor planteó la paradoja de Precios Cuidados y apuntó a combatir la inflación abandonado “políticas que son parches”. Blanco Muiño, explicó que “Es una real paradoja que un programa que se crea para establecer precios de referencia en un contexto inflacionario, termine generando un impacto más alto en el bolsillo de los argentinos” y que lo urgente hoy es atacar la inflación “El gobierno nacional se distrae con temas temas como la reforma de Ministerio Publico Fiscal, la reforma de la Justicia que en otras condiciones serían temas de debate que hoy no son prioritarias”. Asimismo, el Director Ejecutivo de la Asociación Civil Centro de Estudios en Derecho del Consumidor, señaló que “El tema prioritario-la inflación- se aborda con medidas insuficientes que no solucionan la cuestión de fondo. Es un parche la tarea de la Secretaria de Comercio Interior al momento de sacar una resolución que establece que los supermercados van a tener que tener a la vista el precio más bajo, es otro parche la Ley de Góndolas, su reglamentación y su implementación por ser una ley que no se aplica en ningún lugar del mundo y de imposible control”. En conclusión, Blanco Muiño, se remontó al Gobierno de Néstor Kirchner e hizo hincapié en atacar al problema de fondo “donde la inflación no fue un problema, donde la cotización del dólar no fue un problema y donde en ningún caso se aplicaron medidas como Ley de Góndolas, Precios cuidados, Precios Máximos, etc.”
Quieren frenar un impuesto a las compras con tarjeta de crédito
Buscan frenar un impuesto aprobado en diciembre de 2020, en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de una alícuota del 1,2% que recae sobre todas las operaciones que se abonen con las tarjetas de crédito, como compras, pago de impuestos o servicios, sean en cuotas o en un solo pago. El legislador porteño del Frente de Todos Juan Manuel Valdés intenta detener, a través de un amparo colectivo, el impuesto que cobra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre los resúmenes de las tarjetas de crédito radicadas en el distrito, ya que la justicia hizo lugar a una medida cautelar que él presentó, pero limitó su alcance. Aunque Valdés presentó una acción colectiva, la jueza de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Alejandra Petrella, ordenó al Gobierno de la Ciudad «suspender», a través de la AGIP, el cobro del impuesto a los sellos sobre los resúmenes de las tarjetas de crédito, pero solo de «la parte actora», es decir, de quienes hicieron la presentación. Compromiso Ciudadano, se sumó al amparo y uno de sus miembros, Franco Maldonado planteó: “ojalá que quien tenga que decidir sobre la no sea parte de la jurisprudencia que tenemos a favor sobre la improcedencia de este tipo de gravámenes que son ilegítimos y arbitrarios.
La Ciudad absorberá un costo fiscal de 700 millones de pesos
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó, éste jueves, dos leyes de alivio fiscal que buscan paliar la crisis que atraviesan sanatorios de gestión privada y los comercios de gastronomía afectados por las últimas restricciones dispuestas por la emergencia sanitaria. Una de las normas sancionadas fija que se exima del pago de los impuestos sobre Ingresos Brutos (IIBB) por servicios de internación a los efectores de salud del sector privado (clínicas, sanatorios y similares), correspondiente a los anticipos de mayo y junio de 2021. Aunque cabe aclarar que no están comprendidos en este beneficio los institutos de salud mental. En este caso el texto fue impulasado por la ex Ministra de Salud y actual diputada, Ana María Bou Pérez, acompañada por Diego García Vilas, Claudio Romero (VJ), Patricia Vischi (UCR) y Roy Cortina (PS). El proyecto fue tratado y despachado por la Comisión de Presupuesto, que preside Claudio Romero Romero quien expresó que «esta ley viene a aportarle en cada mes unos 100 millones de pesos al sector». El diputado también hizo referencia a la medida para el ramo gastronómico, asegurando que «había unos 10 mil locales prepandemia, 150 mil personas trabajaban en la gastronomía y no sabemos al fin de la pandemia como va a terminar». Romero continuó explicando que «hoy es un sector que sufrió la pérdida de su aforo interno. Los porteños aún no están acostumbrados a tomar el espacio público». En este caso, en base a un proyecto de Marcelo Guouman (UCR), Facundo Del Gaiso, Matías López, Romero, Agustín Forchieri (VJ) y Cortina, se exime del pago del gravamen de IIBB durante mayo, junio y julio 2021 a los comercios de venta o servicios de alimentos y bebidas, ya fuere con atención en mesas, en el mostrador, al paso, “fastfood” o expendio de helados. Incluye los rubros catalogados en el Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES) con los siguientes códigos: 561011, 561012, 561013, 561014, 561019 y 561030. El legislador Claudio Romero, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña, aclaró que con ésta última ley, el costo fiscal que absorbe la Ciudad es de 500 millones de pesos.
CABA realizó el censo de personas en situación de calle sin las organizaciones
Se había firmado una acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizaciones sociales, organismos de la defensa pública para conformar una mesa de trabajo para la realización del Censo de Personas en Situación de Calle, tal como lo fija la Ley 3706/11, pero el ejecutivo porteño lo incumplió El objetivo era diseñar políticas públicas que sean efectivas para mejorar de manera definitiva la situación de las personas que viven en la calle. En diciembre de 2020, cuando se firmó dicho acuerdo, las organizaciones consideraron que avanzar con la mesa era un paso importante para revertir la invisibilización de miles de personas en la información oficial, motor fundamental, en 2017, para la realización del Primer Censo Popular, tras el fallido intento de que el GCBA corrigiera su metodología de conteo. Rosario Fassina, socióloga y coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), explicó “Luego de meses de trabajo hemos visto que el Ministerio de Desarrollo y Habitat y la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, no estaban dispuestos a ceder en parte del diseño metodológico que ya tenían construido para el censo”. Es que durante estos cinco meses, según contaron desde ACIJ, participaron en la mesa de trabajo y durante los encuentros no se lograron acuerdos en relación a la inclusión de personas en centros de integración o dispositivos de alojamiento, no se han aceptado propuestas de incorporación de preguntas sobre Covid, violencias y experiencias específicas sobre mujeres y personas trans, se buscó reducir el rol de las organizaciones sociales y organismos de defensa a observadores no participantes, se desconoció el pedido, argumentado, de extender la duración del censo y se adjudicó a la falta de tiempo la toma unilateral de decisiones sobre la metodología. Tampoco se han contemplado los riesgos a los que se expone a los trabajadores que llevarán adelante el censo y personas censadas en el contexto de la grave crisis sanitaria que atravesamos, decidiendo llevarlo adelante en el peor escenario desde el inicio de la pandemia. “Lo que nos queda ahora es seguir trabajando para generar datos que reflejen fielmente la realidad y que podamos trabajar por diseñar políticas públicas que reviertan la situación de quienes están viviendo en la calle”, aseguró Fassina.
FECOBA en busca de la reactivación del micro y el macrocentro porteño
Luego de la reunión de representantes de las asociaciones ubicadas en las zonas las afectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) acordaron solicitar al Gobierno porteño y el nacional, una serie de medidas para paliar los efectos de la crisis por la pandemia en los comercios. Fabián Castillo, Presidente de FECOBA, contó «Estamos pidiendo una ayuda inmediata para el comercio del micro y macrocentro. La situación es muy grave. Venimos de un 2018/2019 muy pero muy malo y con grandes pérdidas para el comercio de proximidad, para la industria PyMe y de golpe hace un año atrás chocamos contra este iceberg del Covid“. Al gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta se le solicita suspensión del pago del impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB), Patentes Vehiculares y Alumbrado Barrido y Limpieza (ABL), y el mantenimiento del libre ingreso y egreso vehicular de la zona. Todas medidas que apuntan a reactivar a toda la zona de comercios y oficinas vacías, trasformando esta zona en lugares que la población elija habitar con créditos para la vivienda otorgado por los bancos estatales. En cuanto a las medidas solicitadas al Gobierno nacional se encuentran la quita o suspensión en el pago de intereses por refinanciaciones de impuestos de servicios públicos, como también la exención del pago de la categoría Tarifa 3 para locales comerciales en las áreas más comprometidas por las restricciones. “El efecto que estamos buscando es generar previsibilidad, hacia el consumidor para que pueda gastar y darle seguridad al comerciante en la inversión que tiene que hacer para comprar mercadería o para mantener el local o abrir locales que hoy permanecen cerrados”, explicó Castillo.
En tres meses se muda el Mercado de Hacienda
Según parece, después de 120 años en el barrio de Mataderos, la mudanza del Mercado de Hacienda de Liniers ya es casi un hecho. Autoridades de la Cuenca Matanza Riachuelo contaron hace unos días, que la obra en del Mercado Agroganadero (MAG), ubicada en Cañuelas, está en un 90% realizada. Es decir, que, en tres meses, en agosto próximo, el traslado de la plaza concentradora a su nueva sede sería un hecho. Así lo aseguró también Favio Pirone, integrante de la junta Comunal 9, quien recorrió la obra y contó que para agosto próximo el mercado ya podría estar funcionando en el nuevo predio ubicado sobre la ruta 6 de esa ciudad.Allí se realizaron 55.000 metros cuadrados de pisos de hormigón para la hacienda, unas cuatro hectáreas de techo de acero para cubrir los 450 corrales de venta y los 2570 metros de pasarelas aéreas. Asimismo, se concluyeron los trabajos de 17 atracaderos curvos, 300 corrales galvanizados en el sector de carga y descarga y las 16 básculas para pesar los animales. Pirone señaló, además, la importancia de generar una Mesa de Trabajo y Consenso para definir qué desarrollar en los espacios libres que quedarán luego de la mudanza del Mercado de Hacienda de Liniers: “Yo creo que es el mejor momento, un momento ideal para iniciar un proceso participativo con los vecinos y vecinas del barrio de Mataderos y de la Comuna 9, para ver el mejor destino para esas tierras”.
Insisten en la liberación de patentes de las vacunas
Desde Médicos Sin Fronteras (MSF), instan a todos los gobiernos a que apoyen la histórica solicitud presentada por India y Sudáfrica en octubre para renunciar a ciertos derechos de propiedad intelectual mientras dure la pandemia de COVID-19 está siendo discutida estas semanas en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Según explican desde MSF la exención de propiedad intelectual permitiría a todos los países no otorgar ni hacer cumplir las patentes y otras medidas de propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías de COVID-19 mientras dura la pandemia, hasta que se logre la inmunidad de grupo mundial. Esta medida se remonta a la epidemia del VIH/sida, hace 20 años, cuando los medicamentos genéricos asequibles contra el VIH, fabricados en países donde las patentes no bloquearon su producción, fueron decisivos para comenzar a salvar la vida de millones de personas. Josefina Martorell, directora de Médicos sin Fronteras, contó que la suspensión temporal de la patentes de las vacunas, hasta que se pueda lograr la inmunidad de la población mundial, es una propuesta que está apoyada por más de cien países de la OMC y permitirá a todos los miembros de la misma, la posibilidad de no otorgar, ni hacer cumplir las patentes y otras medidas de propiedad intelectual sobre todo tipo de tratamientos contra el Covid-19. En cuanto a las empresas farmacéuticas, Martorell comentó que “mantienen su enfoque centrado en maximizar ganancias pero muchas de las herramientas medicas que se están desarrollando, y que ya se desarrollaron, recibieron financiación pública en sus etapas de investigación y a pesar de esto las compañías buscan patentarlas, controlar el precio y la producción. Con lo cual decir que las suspensión de patentes es una amenaza para la innovación, es algo que en la realidad no lo vemos”.
Hace ocho años que no se otorgan los Premios Municipales en CABA
La colectiva de Autoras, junto a otras instituciones como SADA (Sindicato argentino de autoras y autores), ARGENTORES (Sociedad general de autores de la Argentina) y La Unión de Escritoras y Escritores enviaron una carta al Ministro de Cultura de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Enrique Avogadro, a expresando su enorme preocupación ante el estado de parálisis en el que se encuentran los Premios que otorga a los artistas el Gobierno porteño, conocidos como “Premios Municipales”, los cuales tienen un amplio reconocimiento no solo en el ámbito teatral y literario, sino en toda la cultura de nuestro país. Susana Torres Molina, dramaturga, directora, docente e integrante de La Colectiva de Autoras, contó : “ La cuestión es que hace 8 años, o sea, cuatro bienios que hubo convocatorias donde los escritores, dramaturgos enviaron sus materiales y no han convocado al jurado para que falle y evalúe esos materiales”. Es decir para el Premio a la dramaturgia, los Premios literarios para las categorías de Poesía, Ensayo, Cuento y Novela y los especiales Eduardo Mallea y Ricardo Rojas, se han efectuado cuatro convocatorias que abarcan los bienios 2012/2013, 2014/2015, 2016/2017, 2018/2019. Sin embargo, y pese a que los autores y autoras han respondido con el envío de sus obras, aún ni siquiera se han constituido los jurados, después de transcurridos —desde 2012— ocho años. Además, durante 2020 no se efectuó la convocatoria correspondiente, pese a estar contemplada por ley. Ayer, durante la reunión que el ministro tuvo con personas que integran la Asamblea Permanente de las Artes Escénicas se planteo la problemática con los premios pero no encontraron respuesta. Torres Molina, asegura que «es un concurso importantísimo junto al Premio Nacional y es tan relevante porque el que gana el primer lugar obtiene una pensión vitalicia a partir de los 50 años, que es muy necesaria, porque el oficio de la escritura es un oficio discontinuo, azaroso y son contados con los dedos de una mano los que pueden vivir solamente de escribir”.
Avogadro se reunió con la Asamblea Permanente de las Artes Escénicas
Integrantes del sector teatral independiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se declararon en estado de asamblea permanente. Y firmaron un petitorio, que hicieron público, dirigido al ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Enrique Avogadro. Según contó Julio Cortés, actor e integrante de la agrupación Actuemos, que participa de la Asamblea Permanente de las Artes Escénicas, en este petitorio plantearon dos propuestas centrales para paliar la crisis que atraviesa el sector desde el comienzo de la pandemia por el SARS-CoV-2. En primera medida, solicitan un subsidio de desempleo. Y reclaman al Gobierno de la Ciudad la constitución urgente de un fondo excepcional que permita, a través de instrumentos con los que el Ejecutivo ya cuenta –como el Fondo Metropolitano–, otorgar una ayuda económica por desocupación. La misma debería ser destinada a personas físicas, sin concursos ni contraprestaciones, a modo de compensación salarial hasta que puedan volver a trabajar en condiciones normales de aforo y de transporte tanto para los trabajadores como para el público. Como segunda cuestión plantean un circuito de escena a distancia, con la implementación de un desarrollo de obras, clases y talleres a través de las plataformas públicas. La propuesta consiste en que sea grabado en instalaciones seguras del Complejo Teatral de Buenos Aires, con técnica y salario digno a cargo del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Julio Cortés brindó detalles sobre lo que hoy pudieron expresarle personalmente al ministro Avogadro y las respuestas que recibieron. Ante la solicitud del subsidio hubo una negativa rotunda, se derivó el caso a la cartera nacional y se les ofreció incorporar a los más complicados económicamente a la lista de quienes reciben alimentos y/o tarjeta Alimentar. En cuanto al segundo punto, surgió la propuesta de la conformación de un espacio de trabajo para poder dar curso al desarrollo de espectáculos vía streaming.
Presentan proyecto para que vuelvan a repartir bolsones de alimentos
El legislador porteño Eugenio Casielles, de Consenso Federal, planteó su preocupación ante la falta de apoyo alimentario a los sectores más vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Casielles explicó que “Desde enero de 2021 el GCABA dejó de repartir bolsones de comida para quienes lo necesitan en un contexto de muchísima necesidad. No hay ningún tipo de informe del gobierno sobre la situación y para colmo hoy estamos en una situación mucho peor, pero sin ningún tipo de asistencia”. Por ese motivo el diputado presentó un proyecto de declaración en la Legislatura porteña, para reforzar la ayuda y que se vuelvan a repartir bolsones de comida para organizaciones y barrios vulnerables. “Si queremos cuidar la salud de la gente, no se puede mirar a otro lado cuando se trata de la alimentación”, sentenció. Con respecto a la información brindada por el ejecutivo de la Ciudad, el diputado de Consenso Federal aseguró que a mediados del 2020 dejaron de recibir información sobre cómo se administraban los bolsones de comida, para luego interrumpir definitivamente la ayuda.