A 10 años de la relocalización, exigen condiciones dignas de habitabilidad
Legisladores del Frente de Todos presentaron en el Parlamento porteño un proyecto de declaración para que la casa exprese su preocupación sobre la falta de gas natural en el complejo habitacional «180 viviendas». Se trata de las viviendas ubicadas en las avenidas Fernández de la Cruz y Lacarra, del barrio de Villa Soldati, en la Comuna 8, donde fueron relocalizados vecinos del asentamiento Luján. El estado general de las edificaciones, que fueron creadas hace 10 años, “no dista mucho de las viviendas sociales y de los complejos habitacionales construidos por el Instituto de la Vivienda, donde se muestra la falta de decisión política de acompañar a los sectores populares en el acceso a un hábitat digno”, sentenció Nayla Loitegui, integrante de la Junta Comunal. Si bien uno de los puntos del proyecto presentado en la Legislatura tiene que ver con la ausencia de instalaciones que permitan la conexión al gas natural, la comunera aclaró que otras cuestiones que se plantean son las obras inconclusas, “como los huecos para ascensores”, la falta de mantenimiento de “los tanques de agua, la limpieza de estos y la inexistencia de una tapa para evitar que haya suciedad y bacterias”, entre otras cuestiones. Asimismo, Loitegui destacó: “Hay una falta de inversión del Gobierno de la Ciudad en estos complejos habitacionales, que son viviendas sociales destinadas a sectores populares. Y, además, estamos hablando del caso –el de las 180 viviendas– de un grupo de familias que ya han atravesado muchísimas vulneraciones. Y se supone que una relocalización a una vivienda tiene que ser en condiciones dignas para garantizar esos derechos que han sido históricamente vulnerados”.
Cautelar frena construcción de edificios en Parque España
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires propulsó, unilateralmente, un proyecto al que denominó “Parque de la Cultura”, que implica construir edificación en el Parque España, ubicado en el barrio de Barracas (Comuna 4). Zonificado como Urbanización Parque (UP), perdería 6.000 m2 de espacios verdes públicos, porque el Ejecutivo emplazaría la “Nueva Escuela Taller de artes y oficios del Casco Histórico”, la «Escuela de Danzas contemporáneas del teatro San Martín» y la «Escuela Taller de Titiriteros Ariel Bufano». Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, contó: “La Justicia de Cámara de la Ciudad decidió suspender a través de una medida cautelar”. El 18 de junio de 2021, la Sala II ordenó disponer la suspensión de los actos de la Administración que importen la construcción de edificios en el Parque España, que no cumplan con las exigencias contempladas en la normativa aplicable y que serían incompatibles con el Distrito Urbanización Parque y los caracteres de los espacios verdes públicos. Es que el Gobierno avanzó con la construcción del Distrito Cultural de las Artes, sin siquiera tener una autorización de la Legislatura porteña que exceptúe en ese parque la prohibición general de construir edificios. Otro de los puntos destacados por Baldiviezo tiene que ver con no haber consultado al Consejo Consultivo de la Comuna 4. “Así que nos encontramos con una obra que no solamente iba a desvirtuar el uso de un parque público, sino que tampoco había pasado por los ámbitos de decisiones democráticas”, alegó.
Obras claves para el saneamiento del Riachuelo
Desde ACUMAR, la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, anunciaron importantes acciones para aliviar la contaminación hacia 2023. Tanto la construcción del Sistema Riachuelo, el traslado del Mercado de Hacienda de Liniers al partido bonaerense de Cañuelas como la creación del parque para curtiembres en Lanús son las tres grandes obras que se prevé estarán finalizadas en 2023. Daniel Larrache, director ejecutivo de Gestión de ACUMAR, contó que, en el marco del crédito del Banco Mundial, se lleva a cabo la labor con AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) de la creación del Sistema Riachuelo. El empréstito tiene previsto tres grandes componentes: el colector margen izquierdo, el emisario subfluvial del Río de la Plata y la planta de tratamiento que une a ambas instalaciones, para que funcione por completo el programa. Larrache explicó: “Esta megaobra busca colectar las tres cloacas máximas de la Ciudad, más todas las descargas de los pluviales en época seca de la Ciudad y poder tratarlas en la planta para poder distribuirlas a través del emisario”. Asimismo, se refirió a la otra obra que lleva a adelante ACUMAR con su Unidad Ejecutora, el Parque Industrial Curtidor: ”Tiene que ver con el proyecto para dotar a la industria de las curtiembres, es una de las más contaminantes de la cuenca, de un espacio específico para el desarrollo de la actividad en Lanús”.
Insisten con la reapertura del Parque Agronomía
La Legislatura porteña aprobó el último jueves un proyecto presentado por la diputada Laura Velasco para que el Gobierno de la Ciudad y la Universidad de Buenos Aires lleguen a un acuerdo que permita la reapertura al uso público del Parque Agronomía. La iniciativa surge a partir del reclamo y la movilización de Movimiento Agronomía Abierta, un grupo de vecinos y vecinas que decidieron organizarse con el objetivo de pedir la reapertura. “Ya hace tres décadas que la universidad pública viene atentando con nuestros derechos ciudadanos sobre el parque. En los ’90 empezaron a perimetrar, con alambre olímpico determinadas hectáreas, del parque público y la generaciones después del 2000 no han podido jugar a la pelota en los mismos espacios donde yo jugué con mi papá”, señaló Sebastián integrante de la organización vecinal. El predio está catalogado como Urbanización Parque (UP) por el Código Urbanístico de la Ciudad, es decir, áreas destinadas a espacios verdes y parquización de uso público, por lo que el Gobierno porteño debe interceder para su apertura.
Vecinos solicitan la reposición de adoquinado en la calle Bogotá
En el juzgado en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo Nº 3, a cargo del magistrado subrogante Martín Converset, se presentó una medida colectiva bajo la carátula “Asociación Civil y Vecinal S.O.S. Caballito” por una mejor calidad de vida y otros contra GCBA sobre amparo-ambiental” Con la misma se busca que se declare la nulidad de los actos administrativos que autorizaron la remoción del adoquinado en la calle Bogotá y se repongan, mientras que piden que se le ordene al gobierno porteño “se abstenga de realizar obras por sí o por intermedio de las empresas concesionadas en las calles de la Comuna 6 que no se ajusten a las pautas y procedimientos que el ordenamiento jurídico vigente en materia de protección del patrimonio cultural establece”. Asimismo solicitan que se imponga el deber de informar adecuada, fundada y ampliamente a los vecinos las obras proyectadas con la debida antelación posible y se informa que otorga a todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, el plazo de cinco (5) días para que se presenten en el expediente. Martín Iommi, coordinador del Consejo consultivo Comunal de la 6, destacó que “la calle se encontraba en perfectas condiciones” y que el adoquinado “cumple una función ambiental como lo dice el mismo Gobierno de la Ciudad en su página web”, pero por sobre todas las cosas señala que la comunidad vecinal tiene otras necesidades ya que, por ejemplo, “a muy pocas cuadras está el Hospital Durand donde tienen un montón de falencias, donde los enfermeros presentan reclamos casi continuamente”. Además, los demandantes, buscan conocer las irregularidades en el procedimiento administrativo de la empresa a cargo de la pavimentación.
El saneamiento del Riachuelo es una responsabilidad tripartita
Hace algunos días se dio a conocer un informe de la Auditoría General de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre cuáles fueron las acciones a las que se comprometieron desde el Gobierno porteño, de acuerdo al PISA (Plan Integral de Saneamiento Ambiental), cómo las desarrolló y los niveles de eficacia de gestión y eficiencia económica. Pero resulta que la evaluación de estos trece años de incumplimiento con el fallo de la Corte Suprema de Justicia con respecto al saneamiento del la Cuenca Matanza Riachuelo debe evaluarse con la responsabilidad tripartita que tienen Nación, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Al respecto Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) dijo que “la falta de gestión que han tenido los organismos a cargo. El primero y principal, la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, que si bien está integrada por las tres jurisdicciones, está fuertemente encabezada por el Gobierno nacional que ha tenido gestión muy discontinua”. “Las distintas jurisdicciones han hecho más y menos, es decir, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires el hecho de que se haya disuelto el organismo- la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo (UPE CUMAR)-es un dato, pero también es cierto que la CABA no ha avanzado con la relocalización de las viviendas que están en el borde del Riachuelo y que tenía la obligación de hacer y a mermado en otras obligaciones. Pero eso no es un indicador principal”, comentó Napoli. Asimismo, el titular de FARN, señaló que es importante tener una visión equitativa de la situación: “La provincia de Buenos Aires por no ha hecho nada. Al punto tal que la representación de la provincia, en la última audiencia, fue un asesor de un Subsecretario. Lo que le valió a que la Corte dijera que la provincia no tiene representación en el caso”.
Un canal de comercialización de la Economía Popular
Con la premisa de que el productor reciba el 80% del precio que paga el consumidor, Todos Comen, se abrió paso durante la pandemia abasteciendo a los argentinos. El proyecto, creado en el Instituto de la Producción Popular, coordinado por Enrique Martínez se trata de un portal web de compras con variadas ofertas de productos de empresas pequeñas o medianas, cooperativas o familiares, de todo el país. Si bien el comercio digital se desarrolló muchísimo durante este-casi- año y medio, beneficiando al consumidor con la entrega puerta a puerta, esta herramienta también busca sumar un canal de comercialización para los productores de la economía popular, ya que muchos de esos alimentos no llegan a las góndolas supermercados por no poder soportar el esquema financiero y económico que estos tienen. Otra particularidad del Todos Comen es el costo del servicio de entrega del producto, siendo el mismo en Ciudad de Buenos Aires que en cualquier otro punto del país. Es posible gracias a fijar una compra mínima de $2500 para habitantes de la CABA y GBA, mientras para que en el resto del país ese piso de de $4000. De este modo, una parte del envío la absorbe el proyecto y la otra queda prorrateada entre los que viven más lejos y los que viven más cerca de los centros de consumo.
Crearon el primer corredor verde nativo
En Villa del Parque, el día del Vecino, que se celebró el 11 de junio, plantaron árboles nativos en un pasaje que se convirtió en el primer corredor verde nativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En enero de este año 20 vecinos convocaron a los integrantes de la Junta Comunal 11 por el Frente de Todos, para plantearles algunos problemas que tenían en el Pasaje El Quijote. Durante la reunión aparecieron varias demandas y se observó que no había ni un solo árbol. “Entiendo que se había pensado que al ser tan angosto, no podía plantarse ninguno allí y esto era un problema sobre todo en los meses de verano, pero también en esto de la pandemia trae la necesidad de empezar a repensar el espacio público”, señaló la comunera Victoria Pugliese. Pensar los espacios verdes, los lugares públicos en comunidad, es clave para que los vecinos se apropien de los mismos y procurar, en estos, sumar flora autóctona para aportarle calidad. Pugliese, contó que convocaron a Graciela, de Villa del Parque, que lleva adelante el proyecto “Arbolitos de empedrado”que tiene que ver con biocorredores de plantas nativas y se dan charlas al respecto, quien los asesoró en la plantación de las Anacahuitas.
No se cumple con el saneamiento, desvían fondos y disuelven organismos
El 8 de julio de 2008 en el marco de la causa Mendoza la Corte Suprema de Justica de la Nación dictó un fallo histórico en el que estableció quienes son los responsables del saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. Entre otras cosas obliga a la ACUMAR, la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, a elaborar anualmente el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) con el objetivo de mejorar de la calidad de vida de los habitantes, la recomposición del ambiente y la prevención de daños. Desde la Auditoria General de la Ciudad se audita, año vencido, cuáles fueron las acciones a las que se comprometieron desde el Gobierno porteño, de acuerdo al PISA, cómo las desarrolló y los niveles de eficacia de gestión y eficiencia económica. “Cuando aprobamos el informe de la Auditoría sobre el año 2019 nos encontramos con algunas sorpresas, muy desagradables”, señaló Lisandro Teszkiewicz, uno de los representantes del Frente de Todos en el organismo. En primer lugar detectaron que el GCABA disolvió la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo (UPE CUMAR) que centralizaba toda la política referida al saneamiento ambiental y la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca y repartió sus competencia en distintos espacios que en general tienen la función de coordinar políticas con las otras jurisdicciones. Otro de los puntos es que el ejecutivo porteño pretendió informar a la ACUMAR una inversión de más de 8 mil millones de pesos en el saneamiento durante 2019, y ésta reconoció solo 5300 millones se usaron para eso. “Cuando nosotros vamos a auditar ese gasto encontramos que el 54,58% de los fondos fueron destinados a acciones y a obras que no tienen que ver con el objetivo”, precisó Teszkiewicz. Resultando de la cuenta que utilizó menos de 2300 millones de pesos. Sobre esto se suma que, además de que aún falta reubicar 1027 familias, desde el año 2009 no existe ningún registro de que se hayan hecho los controles sanitarios del dosaje de plomo en sangre de los habitantes.
Vamos Juntos tiene nueva diputada
El 13 de mayo asumió como legisladora porteña en el bloque de Vamos Juntos, María Celeste Peña. La flamante diputada, que en 2017 quedó afuera por muy poco, reemplaza a Victoria Roldán, quien pasó a la Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como subsecretaria de Atención Ciudadana y Gestión Comunal. Peña es una abogada de 36 años, vive en la Comuna 7 y se involucró en la política luego de formar parte del sector público. “Después de estar 7 años en el Área de Legales de una obra social prepaga, en el 2012 envié mi currículum para una búsqueda que se estaba haciendo de Atención al Ciudadano y tuve la suerte de que me llamaran”, contó. Comenzó tomando los pedidos de los vecinos que llevaban sus reclamos a la Jefatura de Gabinete. Más tarde, ayudó en las reuniones de Horacio Rodríguez Larreta con vecinos. En 2015, pasó a la gerencia de reclamos especiales de la Secretaría de Atención Ciudadana. Y desde 2017 hasta hace un mes, ocupó el cargo de gerenta del Consejo de Coordinación Intercomunal. Por otra parte, el año pasado la nombraron secretaria general del PRO en la Comuna 7. “Al escuchar tantos pedidos de reclamos, primero en esos siete años en la parte de legales en la obra social prepaga y, sobre todo, después en la Ciudad, me quedó mucho el tema de la aplicabilidad de las leyes; de lo importante de hacer leyes que traigan un beneficio a la gente. Que sean leyes que realmente se necesiten y se hagan de forma correcta para que puedan ser aplicadas”, señaló.