De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción 2021, la Argentina obtuvo 38 puntos sobre 100 en el ranking mundial y se ubicó en el puesto 96 entre 180 países. En 2020, Argentina había obtenido 42 puntos y quedado en el lugar 78 del ranking.

Karina Alejandra Kalpschtrej, directora de Fortalecimiento Institucional de Poder Ciudadano, explicó en FRECUENCIA ZERO que pese al retroceso de Argentina en el ranking mundial, la performance que obtuvo nuestro país a lo largo de los años nunca fue buena. 

En Argentina existen leyes que combaten la corrupción, pero el problema radica en la aplicación de estas leyes. De esta manera, combatir la corrupción implica un autocontrol por parte del Estado, quienes hacen las normas deben autorregularse.

«La corrupción impacta directamente en nuestra capacidad como ciudadanía, en nuestro potencial de desarrollo sostenible, pero también en el ejercicio de derechos elementales. Si hay corrupción el acceso a la salud, educación, infraestructura sanitaria, vivienda se ve profundamente afectada. De esta manera, al momento de las elecciones de todos los problemas que tenemos, la corrupción aparece en el fondo», explicó Kalpschtrej. 

Por ello, uno de los puntos más importantes en la lucha contra la corrupción es el control ciudadano. Si la ciudadanía tiene un rol activo en el control de las arcas públicas, se dificula que se apropien de los recursos públicos, con lo cual es menos probable que haya corrupción. «La ciudadanía tiene que mirar con un ojo más crítico, más empoderado como se construye la política pública», afirmó Kalpschtrej.

Asimismo, para la lucha contra la corrupción es necesario fortalecer a los organismos de control con independencia. También es necesario pensar en las políticas anticorrupción preventivas. En los últimos años, solo tenemos en cuenta el hecho de corrupción luego de que ocurre, pero no se piensa en una política de prevención de estos delitos. 

«Nos perciben en un clima de impunidad. Es barato, no hay sanciones«, resaltó Kalpschtrej. Por ello es importante el rol del poder judicial y su independencia en la lucha contra la corrupción. Claramente la solución a los hechos de corrupción no es la resolución de una causa luego de 10 años.

«En una sanción se deberían recuperar los activos desviados porque se sacaron del Estado. Si todo es poquito cuando llegamos al momento de la sanción, todavía hay un enorme camino para empezar a pensar el recupero de activos», aseguró Kalpschtrej.

Finalmente, en el la lucha contra la corrupción hay que pensar en la reparación del daño. Los activos que se desviaron del Estado podrían haber sido invertidos en infraestructura, en salud, en educación. Sin embargo, al apropiarse de los activos públicos arrebataron esta posibilidad, entonces es necesario el resarcimiento del daño que se le generó a la población.