El Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, firmó una resolución que habilita a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a efectuar auditorías en las Casas de Altos Estudios de todo el país. De esta forma, el gobierno pretende resolver la problemática de la transparencia en las universidades, a través de una herramienta que siempre tuvo a disposición. Mientras tanto, alrededor de 100 facultades se encuentran tomadas en reclamo del financiamiento universitario y la recomposición salarial del personal docente y no docente.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Victoria Rottondi Oliveti, redactora de ElAuditor.info, explicó la situación de las auditorías y expresó: “el gobierno optó por decir que no se hacían, pero ya existen mecanismos internos y externos; la incorporación de la SIGEN dependía de una simple cuestión administrativa”. En este sentido, detalló que “la Ley de Educación Superior establece que la encargada de auditar las universidades es la Auditoría General de la Nación” y que “el Congreso puede pedirle a la AGN que sume universidades en cualquier momento”. Además, indicó que existen auditorías internas realizadas por las propias instituciones, las cuales también son de acceso público.

Asimismo, la especialista detalló que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) gestiona la plataforma “Universidades Compran”, donde “se registran todos los procedimientos que se ponen en marcha en cuanto a compras y se especifica si se trata de licitaciones, compras directas o privadas y también los plazos de vigencia”. Por último, adelantó el plan de auditorías establecido por la AGN para el 2025: “se auditará la Facultad de Medicina de la UBA y las universidades de Córdoba, La Plata, San Juan, Cuyo, Tierra del Fuego, la Patagonia, Chilecito y Avellaneda, entre otras, además de procesos de compra, contrataciones y la gestión de bienestar estudiantil”.