El Ejecutivo publicó un polémico decreto que establece una serie de restricciones a la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública. Como consecuencia, el gobierno ya no se verá obligado a responder pedidos que puedan ser considerados de la esfera privada de los funcionarios, así como también deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo, exámenes preliminares o que su conocimiento público cause daños y perjuicios, entre otros aspectos. Un total de 70 entidades de la sociedad civil expresaron su preocupación por la medida.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Alicia Miller, integrante de la Comisión Directiva de FOPEA y miembro del Monitoreo de Libertad de Expresión, opinó que “esto afecta a los periodistas por su operatividad cotidiana”, pero que “en realidad el más afectado es el ciudadano común que puede ver restringido su derecho de tener un ejercicio pleno de la ciudadanía porque no hay ciudadanía sin información”. De esta forma, denunció que la nueva reglamentación “tiene la clara intención de restringir y reducir derechos”, algo que “no se puede hacer por decreto”. 

Según la ley, aprobada en 2016 durante el mandato de Mauricio Macri, toda información producida, generada y almacenada por organismos del Estado es pública, por lo que el Ejecutivo tiene la obligación de responder los pedidos de cualquier ciudadano. En este sentido, Miller objetó la noción de esfera privada del decreto ya que “la privacidad es mucho más restringida en los funcionarios que en cualquier persona común”: “la sociedad tiene derecho de saber, por ejemplo, si los funcionarios tienen relaciones con proveedores del Estado”, agregó.

Finalmente, la representante de FOPEA, afirmó que están evaluando concretamente llevar adelante una acción judicial contra el decreto presidencial: “si el Ejecutivo no retira este decreto, esto se deberá dirimir en la justicia”, advirtió.