«Santa Fe retrocedió 7 años en materia de seguridad»
Rosario no tiene paz y se encuentra en medio de una escalada de crímenes. De este modo, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, echó al secretario de Seguridad de la provincia, Jorge Bortolozzi, por un viaje a Centroamérica como integrante del Club de Leones. En su lugar, designó a Claudio Brilloni, hasta ahora secretario de Prevención y Control Ciudadano. Al mismo tiempo, el intendente rosarino, Pablo Javkin, le reclamó mayor presencia de Gendarmería al Gobierno de la Nación y le pidió que no abandone a la ciudad santafesina. Por su parte, el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, le respondió por Twitter: «Una inversión millonaria y 575 mujeres y hombres avezados están siendo objeto de ninguneo para una ventaja politiquera. Basta por Dios. Estamos trabajando por Rosario a destajo y enviando más efectivos». En esta circunstancia, la especialista en narcotráfico y narcomenudeo, Laura Etcharren, señaló el derramamiento de sangre como la disputa entre distintas bandas. Esto llevó a finalizar abril con 36 muertos; y comenzar mayo con otra cantidad de homicidios. «En la Ciudad tampoco tenemos una situación mejor. Tenés una administración de los muertos. Las bandas se autorregulan, y respetan sus mercados y territorios. Por lo cual limita bastante los muertos por narcotráfico», comparó. La socióloga afirmó que estas disputas y ajustes de cuenta son por la venta de droga a menor escala. Es que se están disputando el dominio de los barrios y el microtráfico, que no está contemplado en la legislación argentina. «La lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo no son antagónicas, sino complementarias. Necesitás una política de seguridad de fronteras para que no te afecte la seguridad interior y una política de saneamiento en los barrios. La droga es un eslabón que va uniendo distintos delitos conexos de la actividad delictiva», explicó. Para Etcharren, no es una sorpresa lo que sucede en Santa Fe. Desde la asunción de Perotti, hubo una seguidilla de impericias, maltratos y destratos hacia la institución policial, con la que se debe combatir el narcotráfico, además de gestionar la seguridad desde los medios de comunicación, siendo después un «chaski boom» en el territorio. «Claramente, es un delito federal que le corresponde a la Nación. Pero las provincias que entienden la dinámica del narcotráfico y el narcomenudeo trabajan sobre la venta de drogas a menor escala, que no significa menos sangrienta». Por último, sostuvo que la provincia de Santa Fe retrocedió entre 6 y 7 años, porque entre la gestión de Antonio Bonfatti y Perotti está la de Miguel Lifschitz y Maximiliano Pullaro, «que pese a formar parte del Frente Progresista, hizo un trabajo muy bueno en materia de seguridad». Si bien le reconoció fallas, aseveró: «Andá a hacer una transición racional con Marcelo Saín o con personas que creen que la seguridad es un slogan, como la paz y el orden. La paz y el orden solamente está contemplada en Santa Fe para los narcos». En este sentido, manifestó, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, una institucionalización de la violencia.
«D’Alessandro salió a dar explicaciones bastante flojas»
A partir de un amparo presentado por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) y de una denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Justicia ordenó una serie de medidas para determinar si el sistema de reconocimiento facial pudo haber sido utilizado para realizar trabajos de vigilancia masiva e inteligencia de políticos, dirigentes sociales, sindicalistas y otras personalidades. El juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, Andrés Gallardo, suspendió el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y allanó la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad y el Centro de Monitoreo porteño. Fue tras detectar la migración irregular de datos biométricos del Renaper (Registro Nacional de las Personas) de más de 7,5 millones de individuos hacia CABA; incluidos el Presidente, la Vicepresidenta, jueces de la Corte Suprema, entre otros. Beatriz Busaniche, presidenta de Fundación Vía Libre, señaló en diálogo con Frecuencia Zero que en 2019, antes de que se aprobara el proyecto en la Legislatura porteña, se presentaron junto al CELS y a ODIA para que lo rechacen y que se prohibiera, como en muchas ciudades del mundo, buscando proteger los derechos de la ciudadanía. “Nosotros en su momento habíamos indicado que esto suponía un problema serio a una violación a la privacidad, a la libertad de circulación; que era un sistema que tenía una tasa alta de falsos positivos. Pero que, además, si no fallara, supondría un estado de vigilancia permanente de todos modos”, explicó Busaniche. Entre las personas cuyos datos fueron migrados forma ilegal del Renaper a CABA por parte de la gestión de Larreta (es decir, se los robó), figuran los dirigentes más importantes del oficialismo, como el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el diputado Máximo Kirchner. Pero también integrantes del propio espacio del jefe de Gobierno porteño, como Patricia Bullrich, Gerardo Morales y Elisa Carrió. “D’Alessandro –el ministro de Seguridad porteño– salió a dar explicaciones bastante flojas, poco convincentes; pero la semana pasada ofreció el reconocimiento facial para perseguir manifestantes», advirtió la presidenta de la Fundación Vía Libre.
Las protestas de ayer dan comienzo a un estallido social
La Policía de la provincia de Buenos Aires (PBA) reprimió ayer con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes en Ramos Mejía; donde había protestas por el asesinato del kiosquero Roberto Sabo en manos de un delincuente. Al mismo tiempo que la represión, el ministro de Seguridad de la PBA, Sergio Berni, afirmó en una entrevista televisiva que la inseguridad era una «enfermedad endémica». En tanto, su par de Nación, Aníbal Fernández, aseguró que los delitos pasaban en todas las partes del mundo. Por su parte, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, el periodista y conductor del programa «Los locos de Buenos Aires», Roberto Ruiz, advirtió que las marchas de ayer habían sido una pueblada y podrían ser el comienzo de un estallido social. A la vez, remarcó que la agenda política del progresismo se hallaba alejada de la ciudadanía. Del mismo modo, el analista subrayó que las protestas sintetizaban un cansancio. Y alegó que las personas reclamaban por el empleo y la posibilidad de trabajar. Asimismo, puso de relieve que el intendente local, Fernando Espinoza, había recibido insultos también por haber financiado un recital de la cantante Karina La Princesita el sábado pasado. Además, sostuvo que los progresistas debían cambiar el discurso porque, según él, decían lo mismo hacía 40 años; y, por su parte, la población no les cree ya. En esa línea, finalmente, expuso que un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) había revelado que el 66% de Argentina no tenía cloacas.
«El Gobierno está conformado por delincuentes»
La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, aseguró ayer que Suiza era más seguro y más aburrido que Argentina, en referencia a la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. A la vez, la funcionaria repudió, en una entrevista con Radio Mitre, el crimen de un jubilado de 69 años y de un joven de 19 años en Ituzaingó. Al mismo tiempo, recalcó que se precisaba una cooperación del Poder Judicial; que, según ella, no contaba con elementos para emitir una sanción. Por su parte, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, el exsubsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Seguridad, Martín Siracusa, destacó que Frederic debía disculparse con la población. Y aseveró que el Gobierno estaba conformado por delincuentes. Además, recalcó que la libertad del sindicalista Juan Pablo «Pata» Medina y del dirigente Luis D´Elía demostraba que el Frente de Todos (FdT) tenía una lógica de impunidad y de ponerse del lado de los victimarios. Al mismo tiempo, remarcó que había que cortar con el narcotráfico para mostrarle un futuro a la juventud; que, en su teoría, pensaba en emigrar. En ese sentido, advirtió que el ser humano, para emprender, no podía pensar en que no lo mataran. Asimismo, Siracusa subrayó que el buen policía debía recibir un sueldo acorde. Y, finalmente, alegó que el Estado debía garantizar la protección de los agentes y la compra de las pistolas taser.
Más presupuesto en Seguridad y menos en Educación en la Ciudad
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) llevó a cabo en junio dos licitaciones por $860.000.000 para adquirir 70 camionetas blindadas y 150 patrulleros. No obstante, durante el mes pasado, la administración de Horacio Rodríguez Larreta les donó 20 autos de policía a los municipios de La Plata y de Lanús, liderados por los intendentes del PRO Julio Garro y Néstor Grindetti. Por su parte, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, la coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, María Eva Koutsovitis, destacó que el presupuesto del área de Seguridad superaba los $5.500.000.000 y excedía al de Educación para el 2021. Además, detalló que los fondos para el sector educativo eran los más bajos en los últimos 20 años, y que el GCABA consolidaba un aparato represivo en el espacio público. En ese sentido, Koutsovitis recalcó que, en CABA, había 869 policías cada 100.000 habitantes, cuando, según ella, la Organización de Naciones Unidas (ONU) recomendaba que hubieran 280. También, advirtió que se habían registrado 91 casos de «gatillo fácil» desde enero de 2017. Y alegó que, con la implementación del sistema de reconocimiento facial de los presos, las fuerzas habían encarcelado a 145 personas equivocadas en cuatro meses.
«Había solo ocho policías y una camioneta para la seguridad del presidente»
El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, y el fiscal Carlos Díaz Mayer confirmaron la detención de cinco individuos que habían atacado a la comitiva del presidente Alberto Fernández el pasado 13 de marzo. Asimismo, Mayer Díaz confirmó en una entrevista con Radio 10 que los atacantes habían sido identificados y vivían en la localidad de Lago Puelo. También aseguró que la investigación se hallaba «bastante avanzada». En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la periodista enviada de Comodoro Rivadavia Ornella Vezzoso resaltó que había ocho efectivos y una camioneta de la Policía Federal ante la presencia presidencial. También resaltó que el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, salió por un lugar diferente porque, según ella, sabía que lo insultarían. En ese sentido, Vezzoso resaltó que el clima en la provincia era «tenso» porque Arcioni buscaba aprobar un proyecto en favor de la megaminería y la población estaba en contra. Además resaltó que habían habido quemas en las casas de los legisladores en las noches previas a la llegada de Fernández en forma de protesta contra el mandatario provincial.