El interventor de Aguas Blancas aclaró la polémica por el alambrado con Bolivia
En el marco del Plan Güemes, elaborado entre el gobernador de Salta y la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, el gobierno argentino dispuso la construcción de una valla con alambres de púa de 200 metros en la ciudad de Aguas Blancas, lindante con Bolivia. La decisión despertó el rechazo del gobierno de Luis Arce, cuya Cancillería advirtió que “medidas unilaterales” podían afectar “la buena vecindad y la convivencia pacífica”. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigaran, aclaró los motivos de la construcción: “en la orilla del río Bermejo está la terminal del pueblo y a 200 metros en línea recta están Migraciones y la Aduana, unidos por un pequeño muro para evitar crecidas; lo que pasa es que muchos llegan a la terminal y saltan el muro para no ir a Migraciones, por eso se tomó esta medida para encauzar a la gente por donde corresponde”. En este sentido, agregó que “se generará una suerte de L donde la parte más larga serían los 200 metros y el resto sería un emplazamiento de gendarmes y prefectos para impedir que la gente ingrese sin pasar por Migraciones”. Zigaran también explicó que el cerco obedece a cuestiones de seguridad vinculadas al narcotráfico y al traslado de estupefacientes en la frontera: “es una grave preocupación la que tenemos porque acá había un plan para seguir copando municipios, tenían la orden de matar al procurador de la provincia, cayó un juez federal y hasta los bomberos voluntarios pasaban 500 kg. de cocaína; el descontrol era total, además de que aparecen decapitados, ejecutados y hasta mataron al propio hermano del intendente”, detalló. En cuanto a la reacción del gobierno boliviano, el interventor sostuvo que “Arce quiso disimular los graves problemas que tiene Bolivia” con esta situación: “acá flashearon con Donald Trump y el muro, pero Bolivia está haciendo un escandalete por 200 metros de alambrado que unen dos edificios dentro del éjido urbano de Aguas Blancas”, respondió.
Impulsan un proyecto para bienes restituidos del crimen organizado
La iniciativa “Bien Restituido” busca que bienes criminales tales como vehículos o propiedades, que han sido instrumento, producto y provecho de actividades delictivas complejas, puedan ser transformados en bienes comunes para ser reutilizados social y económicamente. De esta forma, se busca crear un nuevo marco normativo que incite el decomiso de bienes provenientes del delito y que su destino sean diferentes organizaciones sociales y comunitarias. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Lucas Manjon, coordinador del proyecto, defendió la propuesta y sostuvo que “cerca del 90% de los bloques del Congreso firmaron en favor del proyecto”, aunque afirmó que la demora de su tratamiento en las comisiones se debe a “subjetividades políticas”: “algunos sectores creen que hay que vender directamente esos bienes, mientras que otros directamente no quieren que las organizaciones de la sociedad civil tengan participación”, agregó. Asimismo, resaltó la opacidad del sistema al sostener que no existe un ente que administre la materia y que “tampoco se sabe a ciencia cierta cuánto hay de bienes recuperados”. Cabe destacar que desde Bien Restituido consideran que la implementación de dicha ley permitirá al Estado ahorrar dinero en este tipo de transacciones: “sin un sistema de bienes restituidos, el Estado no solo pierde plata sino que gasta; en Italia, por ejemplo, se recuperaron 40 billones de euros del crimen organizado desde que se sancionó la ley”, destacó Majon.
Ciudad implementará nuevas armas de letalidad reducida
Se trata de las pistolas BYRNA que llegarán desde Estados Unidos en el mes de agosto. Permiten desactivar amenazas a 20 metros de distancia y funcionan a base de dióxido de carbono. Jorge Macri, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, destacó que se siga incorporando tecnología para distintos tipos de delito y resaltó que “funcionan, salvan vidas y nos dan más seguridad en las calles de la ciudad”. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el periodista Lucas Campos explicó que las BYRNA “serán una herramienta más de la policía y será opcional porque solo 500 estarán en funcionamiento”: “son distintas a las Taser porque tienen un rasgo de alcance más grande y permitirán evitar las armas de fuego”, agregó. Según el gobierno, las armas “pueden lanzar proyectiles cinéticos totalmente sólidos, químicos u orgánicos como balines que al impacto se fragmentan y liberan una sustancia parecida al gas pimienta”. Asimismo, “tienen la finalidad de incapacitar momentáneamente o disuadir a una persona que pone en riesgo a sus víctimas, a los policías y a sí mismo”. En el Código Porteño, Lucas Campos también habló de las denuncias de la Ciudad contra influencers que difundieron plataformas de apuesta ilegal, de la alta competitividad de la Capital para hacer turismo y de la desigualdad en la inversión de construcciones entre los barrios porteños.
La Ley de Reiterancia ya es una realidad en Ciudad
La Legislatura Porteña aprobó el proyecto enviado por el Ejecutivo porteño con 36 votos a favor y 21 en contra. La iniciativa modifica el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires y establece la “reiteración delictiva” como un agravante a la hora de que la justicie dicte prisiones preventivas. La legisladora Gimena Villafruela de Vamos por Más, presidenta de la Comisión de Seguridad, explicó que la ley permite que “una persona que ya tiene un proceso penal y que comete un nuevo delito, quede detenido a la espera de su proceso o condena, por lo que al estar privado de su libertad se evita que siga cometiendo futuros delitos”. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la legisladora resaltó que la sanción “es un antes y un después” para los vecinos y “una herramienta importantísima que tendrá un impacto fundamental”, teniendo en cuenta que “la seguridad y el orden son prioridad para Jorge Macri”. Asimismo, apuntó contra el kirchnerismo y la izquierda que votaron en contra: “claramente habla de su postura ideológica, hay que poner el foco claro en la víctima y pensar qué herramientas le podemos brindar a la ciudadanía; claramente no es la misma prioridad para los espacios que no han querido acompañar”, señaló. Villafruela también aclaró cuáles son las excepciones de la ley y lo vinculó con lo sucedido en las inmediaciones del Congreso durante el tratamiento de la Ley Bases: “la ley no incurre en hechos investigados en el marco de la libertad de expresión o la petición ante la autoridad, en la medida que no cometan delitos contra la integridad física o generen daños contra la propiedad; es importante establecer ese límite con lo que vimos la semana pasada; una cosa es expresarse y manifestarse, que es un derecho, y otra es ir y romper todo”, agregó.
Ciudad lanzó un plan para afrontar la superpoblación carcelaria
Jorge Macri encabezó una conferencia de prensa en el penal de Devoto junto con la ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su par porteño, Waldo Wolff, para anunciar un plan para afrontar la situación de los detenidos en las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. “Tras la fuga de los presos, Jorge Macri tomó el toro por las astas y asumió una agenda que lo reclamaba”, sostuvo el periodista Lucas Campos. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Campos explicó que la presentación del plan se enmarca en un difícil contexto carcelario que afronta la Capital, teniendo en cuenta que “en 2020, había 60 detenidos y hoy son más de 2000”: “el 70% de ellos se encuentra en alcaldías y el 30% restante en comisarías”, agregó. En este sentido, la primera medida anunciada fue “la construcción de una alcaldía central en la Comuna 8, en 27 de febrero y Cámpora, para sumar 700 plazas, con una primera licitación ya aprobada y con el objetivo de acabar la obra en un año”. A su vez, el gobierno porteño promueve “la construcción de 19 módulos de detención para 300 detenidos, uno en la Comisaría Comunal N° 12 de Saavedra, otro en la Comisaría N° 15 de Chacarita y el tercero en la Comisaría N° 4 de Barracas”. Asimismo, anunciaron que se retomaron las obras del Complejo Penitenciario Federal N° 2 en Marcos Paz para trasladar los 1800 presos de Devoto, que pondrán a disposición un total de 2000 tobilleras electrónicas y que expulsarán un total de 340 extranjeros ilegales detenidos.
La seguridad en Ciudad en el centro del debate
Dos temas vienen encabezando la agenda pública en la Ciudad de Buenos Aires: por un lado, la Ley de Reiterancia impulsada por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y las reiteradas fugas en comisarías porteñas. En consecuencia, la situación de la seguridad en la Capital se encuentra en el centro del debate de los vecinos. El periodista Lucas Campos analizó las claves de ambos fenómenos en su Código Porteño. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Campos especificó el objetivo real de la Ley de Reiterancia: “muchos se la confunden con la Ley de Reincidencia que ya opera; la reiterancia es que si vos estás en un proceso de ser juzgado, tendrías que esperar preso o detenido; por ejemplo, si lo de los chicos de Vélez hubiese ocurrido en CABA y la ley estuviera vigente, tendrían que estar detenidos”, aclaró. Asimismo, comentó que la iniciativa ya está vigente en provincias tales como Mendoza, Tucumán, Chubut y Formosa. Por tanto, se trata del principal caballo de batalla legislativo de Jorge Macri, quien impulsó en las últimas semanas una colecta de firmas en las diferentes comuna para sumar apoyo vecinal. Por otro lado, el periodista se refirió a las fugas de presos en comisarías de los barrios de San Telmo, Balvanera y Caballito. Los hechos suceden desde el pasado domingo de Pascuas, cuando 11 delincuentes intentaron escapar de la Alcaldía N° 1 de la Policía de la Ciudad en San Telmo. Dos de ellos fueron recapturados, pero el resto sigue en proceso de búsqueda. Luego se registró la huída de dos presos en la Alcaldía N° 3 de Balvanera y de otros cuatro de la Comisaría Vecinal 6B de Caballito. “Si vos tenes problemas con fugas, podes tener problemas mucho mayores”, alertó Lucas Campos, quien sostuvo que “la inseguridad está en la agenda pública desde hace mucho tiempo” y apuntó también a la superpoblación carcelaria.
Cómo será el accionar de las Fuerzas Armadas en Rosario
Con el recrudecimiento del conflicto narco en la ciudad santafesina, el gobierno nacional anunció el envío de fuerzas federales y la presencia de fuerzas armadas en territorio. Sin embargo, a contramano de las exigencias de la mayor parte de los rosarinos, el ejército solo podrá actuar en concordancia con el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior, que establece que deben prestar servicios de apoyo en términos de arsenal, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones, transporte, ingeniería y comunicaciones. De esta forma, su accionar se encuentra acotado en la lucha contra el narcotráfico. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Fernando Morales, presidente de la Liga Naval Argentina y experto en Defensa, se refirió a esta cuestión y expresó que “una cosa es lo que pide el ciudadano común” y “otra lo que pueden hacer las fuerzas”, amparados en la ley. En este sentido, especificó que los militares “no van a estar en las calles sino en la retaguardia, sin poder estar armados, a pesar que en secreto podrán llevar armas de puño, pero no las pueden exhibir”. Asimismo, aclaró que si se modificara la ley actual y el ejército tuviera una intervención activa, “se tendrían que capacitar y modificar los planes de estudio de los colegios militares o impartir capacitación en oficiales y suboficiales, lo que demandaría 2 años porque la hipótesis de conflicto es diferente”. En cuanto a la designación de Luis Petri al frente del ministerio de defensa, Morales lo definió como “un buen muchacho que no tiene la menor idea de la diferencia entre un gendarme y un cabo” y resaltó: “las fuerzas necesitan un ministro que lleve adelante las políticas de defensa, no alguien que juegue a ser soldado o marinero”. Por otro lado, hizo referencia a la desilusión de las FF.AA por el hecho de que la vicepresidenta Victoria Villarruel no haya tomado dicha cartera: “pensaban que iban a tener un trato directo con ella, pero la política decidió otra cosa; no van a hacer una revolución por eso, lo acatan, pero fue una desilusión”.
Rosario bajo ataque
La ciudad de Rosario registró numerosos ataques narco contra la población civil en los últimos días, a raíz de las nuevas medidas tomadas por el gobierno de Maximiliano Pullaro en el sistema carcelario y la difusión de imágenes de los reclusos al estilo Bukele. En el último fin de semana, se contabilizaron violentos homicidios contra un colectivero y el playero de una estación de servicio, ambos asesinados por sicarios que les dispararon a la cabeza sin mediar palabra. El gobierno nacional estableció un Comité de Crisis y anunció el envío de fuerzas federales, que contarán con el apoyo logístico de las fuerzas armadas. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la periodista rosarina Candelaria de la Cruz, relató las horas de terror que atraviesa la ciudad: “estamos en una ciudad cuasi paralizada; no hay transporte público, solo circulan algunos taxis, no hay recolección de residuos ni clases en escuelas públicas y privadas; por su parte, los trabajadores estatales se encuentran con sus actividades paralizadas y los centros de salud funcionan solo con guardias mínimas”. Asimismo, sostuvo que “todos consideran que fue un error difundir la foto al estilo Bukele” porque incentivó a los narcotraficantes a tomar represalias: “era necesario tomar medidas extremas en las cárceles, pero no que se difundieran”, agregó. Respecto al envío de fuerzas federales, la periodista aclaró que desde la población “no hay tantas expectativas porque todos los años es más o menos lo mismo” y resaltó que Nación siempre “anuncia la llegada de fuerzas, pero que eso dura unos días y después la situación vuelve a ser la misma”. En el mismo sentido, describió la situación del poder judicial en la provincia: “tenemos un juzgado federal al que se le están cayendo los expedientes; no hay personal para la cantidad de delitos federales que hay en Rosario por el narcotráfico”, resaltó.
Jorge Macri, entre la presión política y la encrucijada legislativa
Jorge Macri asumió el pasado jueves como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un discurso que marcó una fuerte postura contra los piquetes en sintonía con lo propuesto por Javier Milei. Sin embargo, según el periodista Antonio Lizzano, Jefe de Redacción de Noticias Urbanas, “los propios jorgemacristas dicen en off que no pueden pagar las consecuencias políticas de lo que podría ser una represión de todas las protestas en Ciudad, ya que el costo político lo pagarían ellos y no Milei, teniendo en cuenta que quien actúa en estos casos es la Policía de la Ciudad”. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el periodista político expresó que, en cuanto a seguridad, Waldo Wolff “no era el principal candidato para asumir la cartera, ya que no era hombre del actual Jefe de Gobierno, pero se lo designó por su cercanía con Javier Milei”. En este sentido, destacó: “Jorge Macri está haciendo política; discursivamente se pone del lado de Milei, pero de ahí a los hechos hay un tramo y vamos a ver cómo se terminan acomodando las cosas”. Por otro lado, en cuanto a la reconfiguración de la legislatura porteña, Lizzano señaló las dificultades que enfrentará el oficialismo para lograr la sanción de leyes: “en la legislatura, Juntos por el Cambio se va a mantener unido, pero de todas formas siempre va a necesitar un voto más para aprobar leyes (se requieren 31 votos), mientras que para reformar códigos como el urbanístico, tal como expresó Jorge Macri en su asunción, van a necesitar 10 más porque son necesarios 40 votos”. Se especula con que La Libertad Avanza apoye las iniciativas, pero la relación entre ambas fuerzas no terminó tan bien: “al conseguir 9 legisladores, LLA reclamó la vicepresidencia tercera, por lo que será interesante ver cómo el PRO, como cabeza de JxC, hará alianzas para que se aprueben sus proyectos”, destacó.
Burzaco acusó al kirchnerismo de ideologizar las Taser
Tras los vaivenes del gobierno de la Ciudad con la administración nacional por la importación de las pistolas taser, las mismas comenzaron a ser utilizadas por efectivos de seguridad desde el pasado lunes 17. Eugenio Burzaco, Ministro de Justicia y Seguridad de la Capital, explicó que “se lograron pasar todas las instancias judiciales, porque el gobierno puso trabas para la importación y el registro de las pistolas”. “El kirchnerismo hizo de esto un debate ideológico, pero ahora aceptaron que es una buena herramienta”, agregó. El ministro, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, comentó que en la primera semana de vigencia, las pistolas no debieron ser utilizadas, pero que las mismas ya están distribuidas en puntos estratégicos de la Ciudad, tales como parques públicos, estaciones de trenes o subtes: “se utilizan en lugares donde existen grandes concentraciones de personas porque un arma de fuego puede ser muy peligrosa y una bala perdida puede matar a alguien; la policía necesitaba esta herramienta para dar tranquilidad a los vecinos y la justicia”, agregó. De esta forma, Burzaco detalló que hasta el momento se capacitaron a 250 policías, pero que su implementación se irá generalizando tanto en el ámbito de la ciudad como a nivel nacional: “es una herramienta que se va a ir usando en todo el país”, expresó. Asimismo, se refirió a las críticas de las organizaciones de Derechos Humanos y afirmó que desde la cartera de seguridad porteña mantuvieron reuniones con dichos organismos. A su vez, declaró que “es una de las herramienta menos letales” y que “su uso se extiende en todo el mundo porque ya las usan más de 500 cuerpos policiales, y está comprobado que en más del 80% de los casos, si el agresor ve las taser, suelta el objeto con el que pretendía atacar”.