El gobierno restringe el Acceso a la Información Pública
El Ejecutivo publicó un polémico decreto que establece una serie de restricciones a la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública. Como consecuencia, el gobierno ya no se verá obligado a responder pedidos que puedan ser considerados de la esfera privada de los funcionarios, así como también deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo, exámenes preliminares o que su conocimiento público cause daños y perjuicios, entre otros aspectos. Un total de 70 entidades de la sociedad civil expresaron su preocupación por la medida. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Alicia Miller, integrante de la Comisión Directiva de FOPEA y miembro del Monitoreo de Libertad de Expresión, opinó que “esto afecta a los periodistas por su operatividad cotidiana”, pero que “en realidad el más afectado es el ciudadano común que puede ver restringido su derecho de tener un ejercicio pleno de la ciudadanía porque no hay ciudadanía sin información”. De esta forma, denunció que la nueva reglamentación “tiene la clara intención de restringir y reducir derechos”, algo que “no se puede hacer por decreto”. Según la ley, aprobada en 2016 durante el mandato de Mauricio Macri, toda información producida, generada y almacenada por organismos del Estado es pública, por lo que el Ejecutivo tiene la obligación de responder los pedidos de cualquier ciudadano. En este sentido, Miller objetó la noción de esfera privada del decreto ya que “la privacidad es mucho más restringida en los funcionarios que en cualquier persona común”: “la sociedad tiene derecho de saber, por ejemplo, si los funcionarios tienen relaciones con proveedores del Estado”, agregó. Finalmente, la representante de FOPEA, afirmó que están evaluando concretamente llevar adelante una acción judicial contra el decreto presidencial: “si el Ejecutivo no retira este decreto, esto se deberá dirimir en la justicia”, advirtió.
Polémica en la audiencia de García-Mansilla por Santiago Caputo
El abogado asistió a la Comisión de Acuerdos del Congreso para defender su pliego para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en reemplazo de Juan Carlos Maqueda, quien se jubilará en diciembre. Durante su intervención, el letrado sostuvo que su cargo “fue ofrecido por Santiago Caputo en una reunión en la que participó el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio”. A partir de allí, se destapó una polémica sobre la incidencia del joven consultor político en el gobierno. El problema radica en que Santiago Caputo no es empleado en relación de dependencia del Poder Ejecutivo. A pesar de que en el mes de enero fue designado como asesor en el Boletín Oficial, no figura como trabajador formal del gobierno en las bases de datos de ANSES, por lo que no está sujeto al régimen de funcionario público, no debe presentar declaraciones juradas y no tiene responsabilidad legal sobre las acciones del gobierno nacional. Por otro lado, García-Mansilla se defendió de las críticas por su postura en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, además de expresarse sobre el cupo de género en la Corte Suprema y la situación legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia. El gobierno necesita 9 firmas positivas en el dictamen de comisión para que los pliegos puedan pasar a tratarse en el recinto del Senado, donde deberán lograr dos tercios de los votos para ser aprobados.
¿Se reconfiguran las alianzas políticas?
Esta semana dejó conclusiones sorprendentes en el Congreso de la Nación: Martín Lousteau se alió con el kirchnerismo para obtener la presidencia de la Comisión Bicameral que controla los Servicios de Inteligencia, el PRO votó en contra del gobierno tanto en Diputados como en el Senado y La Libertad Avanza parece que recurrirá a una negociación con Unión por la Patria para facilitar la aprobación del pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el Lic. en Ciencias Políticas, Emmanuel Boente Brusa, analizó lo sucedido y expresó que este tipo de alianzas “se van a empezar a ver más seguido”: “si bien Milei tiene muchos aliados dialoguistas, estos son condicionales a su propia ideología; yo creo que seguirá habiendo un buen nivel de diálogo e incluso apoyo a determinadas medidas del gobierno, pero también empezarán a impulsar mucho sus agendas propias porque se viene un año electoral”, resaltó. Asimismo, opinó sobre la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel, quien “empieza a construir su poder en el ámbito legislativo porque entiende que es importante para su proyección en el largo plazo”: “ella se piensa como candidata y sabe que necesita negociar con la casta para desarrollar su futuro político; el aumento salarial de los senadores fue algo estratégico en la construcción de su capital político en el Senado”, agregó.
Día difícil para el oficialismo en Diputados
La Libertad Avanza enfrentó un fatídico miércoles en la Cámara Baja, luego de que fuera rechazado por mayoría absoluta el DNU sobre gastos reservados de los servicios de inteligencia. Asimismo, en una escandalosa reunión de bloque, la diputada Lourdes Arrieta estalló en crisis y denunció al legislador Mayorgaz por violencia de género. En el hecho intervino la seguridad del palacio, en un insólito enfrentamiento que destapó las fuertes internas dentro del oficialismo. En cuanto a la Sesión Especial solicitada por Nicolás Massot de Encuentro Federal, junto con otros legisladores, se rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia publicado por el Ejecutivo que aumentaba los gastos reservados de la nueva SIDE a $100 mil millones. La votación resultó contundente: 156 votos a favor del rechazo, 52 negativos y 6 abstenciones. Sin embargo, no se declaró una nulidad absoluta, por lo tanto el DNU seguirá vigente hasta que también lo rechace el Senado. Por otro lado, la discusión en la reunión de bloque de LLA se originó a raíz de fuertes declaraciones de la diputada Arrieta en la Comisión de Peticiones, tras la polémica visita a genocidas en el penal de Ezeiza. La legisladora había apuntado a Martin Menem y Beltrán Benedit como principales organizadores del encuentro, lo que originó un fuerte enfrentamiento con el diputado Mayorgaz, quien terminó denunciado. ¿Cómo podrá recomponerse el oficialismo luego de este día para el olvido?
El oficialismo apunta a evitar la caída del DNU sobre gastos reservados de la SIDE
El diputado Nicolás Massot de Encuentro Federal solicitó una sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar el polémico decreto que incrementó los gastos reservados de los servicios de inteligencia a $100 mil millones. Se prevé que el encuentro será este miércoles 21 a las 12 hs. aunque La Libertad Avanza buscará, un día antes, conformar la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia para brindar los argumentos de semejante medida. La presidencia de dicha Comisión Bicameral ya viene siendo un nuevo terreno de disputa entre Javier y Karina Milei y Victoria Villarruel, debido a que cada uno impulsa a un candidato diferente: mientras que desde casa Rosada bregan por el senador entrerriano Edgardo Kueider, un peronista disidente que apoyó la Ley Bases y el Paquete Fiscal, desde el lado de la vicepresidente impulsan al senador del PRO, Martín Goerling. Sin embargo, en las últimas horas trascendió un nuevo candidato: Martín Lousteau, quien tendría el aval del kirchnerismo, quienes son mayoría en la Bicameral. Lo cierto es que será una semana de intensa actividad en el Congreso de la Nación: este martes será la conformación de dicha Comisión Bicameral, en tanto el miércoles se espera que Ariel Lijo acuda al Senado para defender su pliego para la Corte Suprema y diputados trate el mencionado DNU. Por último, los senadores tendrán sesión este jueves para debatir el proyecto de movilidad jubilatoria, que ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja.
El gobierno presentó el proyecto de Juicio por Jurados
El presidente de la Nación encabezó un curioso acto en el que se presentó la iniciativa para establecer dicha modalidad en la administración federal de justicia. En el encuentro se desarrolló una obra de teatro titulada “La Noche del 16 de Enero”de Ayn Rand, en la cual participaron diferentes funcionarios del gobierno, tales como Mariano Cúneo Libarona, Manuel Adorni y el diputado José Luis Espert. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Andrés Harfuch, director del área de jurados del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), destacó la importancia de la aprobación del proyecto: “estamos desde el advenimiento de la democracia luchando para que el Congreso dicte por fin la ley que le ordena desde 1853 implementar el juicio por jurados; es una de las deudas constitucionales más grandes que tiene nuestro país; con el horrendo triunfo oscurantista y conservador se terminó implementando un sistema de justicia por expedientes, sin juicio, escrito y secreto, lo que tuvo grandes consecuencias para nuestro país”, expresó. Asimismo, manifestó que la iniciativa siempre contó con cierta resistencia porque “quien detenta el poder de castigo tiene un enorme poder en la sociedad”, a pesar de que varios países (y ya numerosas provincias de la Argentina) “dijeron que la justicia tiene que estar en manos del soberano -el pueblo- y no en los funcionarios del Estado”. De esta forma, describió el proceso mediante el cual se establece dicho juicio y aclaró que las 12 personas que juzgan “son elegidas a través de un triple filtro, mediante el cual se evalúa si cuentan con algún sesgo personal”, algo que no ocurre con los jueces.
Ya hay empresas interesadas en la privatización de los trenes
Tras la aprobación de la Ley Bases, el gobierno dispuso de la privatización de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), con lo cual diferentes empresas ya están interesadas en adquirir las líneas de trenes del Área Metropolitana. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el politólogo especialista en transporte, Gabriel Schraiber, presentó su investigación y habló sobre cuál podría ser el futuro de dichas líneas. En primer lugar, la empresa DOTA estaría interesada en tener la nueva concesión de las líneas Roca y San Martín. En el caso puntual del Roca, la línea más utilizada de toda la red metropolitana, Schraiber adelantó que la idea de la empresa sería establecer “un corredor del Gran Buenos Aires en zona sur porque muchas líneas de colectivos son propiedad de ese grupo”, con lo cual alertó sobre un posible monopolio en el transporte de pasajeros en el sur del AMBA. Por otro lado, Ferrovías tendría intenciones de adquirir el Belgrano Sur, debido a que ya cuenta con la operación técnica del Belgrano Norte. “Hay algo preocupante que es que Ferrovías es la única empresa con conocimiento técnico real para hacer funcionar operativamente una línea de trenes, Dota ese conocimiento no lo tiene”, expresó. Por último, hizo mención de Key Group, una nueva empresa que pertenece al Grupo Motora, y que estaría detrás de las concesiones de las líneas Mitre y Sarmiento. Sin embargo, indagó en el “peligroso” vínculo de la entidad con la familia Moyano: “el inconveniente es que la persona dueña de Motora está ligada a uno de los hijos del sindicato de Camioneros y los camiones no se llevan bien con los trenes, es como si le entregaran la tesorería de Boca a un hincha de River”, agregó.
La estrategia del gobierno para impulsar una reforma electoral
El Ejecutivo parece querer poner primera en el Congreso para implementar una serie de reformas en materia electoral. Sin embargo, cuenta con el riesgo de quedarse sin tiempo, ya que tendrá hasta fin de año para que puedan ser aprobadas por ambas Cámaras. La prioridad del gobierno de Javier Milei es eliminar las PASO, pero también están en el tintero la implementación de la Boleta Única y la Ficha Limpia. En cuanto a la eliminación de las PASO, la iniciativa cuenta con mucha resistencia por parte de la oposición, sobre todo del PRO, algo que llamó la atención de Balcarce 50. Sin embargo, buscan establecer un consenso e intentar convencer a los bloques que se trata de un “gasto inútil”. Si ello no funciona, podrían recurrir a la eliminación de la obligatoriedad de las primarias, algo con lo que ya viene trabajando la diputada María Eugenia Vidal. Por otro lado, las autoridades nacionales optaron por retomar un proyecto de ley de Boleta Única que ya cuenta con media sanción de Diputados y aguarda su tratamiento en el Senado. Asimismo, esperan poder impulsar un proyecto de Ficha Limpia en el corto plazo para que no puedan presentarse candidatos que tengan causas en avanzado estado judicial. Cristian Ritondo, titular del bloque PRO, mantuvo una reunión a solas con Santiago Caputo, principal asesor de Javier Milei, para conversar sobre ello, en tanto se aguarda que Guillermo Francos coordine una pronta reunión en el Congreso de la Nación.
El peronismo contra las cuerdas
El PJ viene de atravesar una semana negra: Alberto Fernández fue denunciado por violencia de género por la ex primera dama, Fabiola Yáñez, en tanto Guillermo Moreno, ex secretario de comercio, fue condenado a 3 años de prisión y 6 de inhabilitación por abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción de registros y documentos y falsedad ideológica de documentos públicos. A estos escándalos se suma la condena de Alperovich y la denuncia contra Espinoza por abuso sexual. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Emmanuel Boente Brusa, Lic. en Ciencias Políticas, analizó el duro momento que atraviesa el peronismo y adelantó sus repercusiones: “en el peronismo hay un acostumbramiento a estar en el poder, y cuando se tiene poder se abusa de él; tiene que haber un recambio de figuras porque las que están ya están quemadas y ya no pueden construir nada; lo que pasó hace muy dura la construcción del peronismo hacia el futuro”, opinó. Por otro lado, resaltó que lo ocurrido implica un “triunfo ideológico de Milei”, ya que “su discurso conservador se ve revalizado por lo ocurrido”. De esta manera, según el politólogo, “el peronismo progresista quedó muy golpeado”, sobre todo en materia de políticas de género. Sin embargo, destacó la diferencia entre la causa de Alberto Fernández y Guillermo Moreno: “las causas de corrupción no tienen tanto peso en cuanto a lo electoral, pero sí la sociedad no perdona las causas de violencia de género”.
Organizaciones sociales y sindicales se movilizan por San Cayetano
Desde las 8, diferentes organizaciones agrupadas en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), realizan una marcha rumbo a Plaza de Mayo, con motivo del día de San Cayetano, bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”. A las 14 hs. se desarrollará un acto junto con la CGT y demás organizaciones para protestar en contra de las políticas del gobierno de Javier Milei. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el periodista Alejo Spinosa, quien estuvo presente en la movilización, relató: “la situación en general de los que están presentes en la marcha es de gente que no está en el mercado formal de trabajo; la mayoría de las organizaciones que sisten provienen del conurbano y están presentes dirigentes como Grabois, Wado de Pedro, Emilio Pérsico y el diputado Tonioli”. El ex diputado Leonardo Grosso también estuvo presente en la marcha, habló con Código de Barras y arremetió contra el Ejecutivo: “la situación en Argentina ya era compleja, pero ellos vinieron y empeoraron todos los problemas que ya había; se tienen que hacer cargo que están gobernando desde hace ya 9 meses y dejar de enfrentar al pueblo trabajador”.