El PRO reclama la Coparticipación en medio de la discusión por el Presupuesto 2025
Daiana Fernández Molero, Diputada de la Nación del PRO por la Ciudad de Buenos Aires, se expresó en torno al discurso del presidente Milei en el Congreso, en el que presentó el Presupuesto 2025. Se mostró de acuerdo con el ajuste reclamado por Nación a las provincias, pero también aprovechó para reiterar el reclamo por la Coparticipación: “está muy bien el enfoque de decir que esto no lo resuelve solo el gobierno nacional, pero se tiene que concretar un pacto fiscal claro con proyecciones claras; si en CABA no se resuelve esto y el envío de fondos no se hace de forma efectiva, es muy difícil trabajar con previsibilidad”, expresó. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la legisladora nacional consideró que el conflicto entre la Ciudad y Nación se resolverá: “van a terminar haciendo lo que corresponde porque es un gobierno que quiere traer inversiones y que podamos vivir en libertad, así que parte de eso es tener reglas claras y cumplir con los fallos de la Corte”, agregó. En cuanto a la exigencia del presidente a las provincias de efectuar un ajuste de USD 60 mil millones, Fernández Molero pidió que se atiendan todos los casos y se estudien “qué provincias tienen las cuentas en orden y cuáles necesitan sanearlas”, pero que “se trabaje con previsibilidad”. Por último, hizo alusión a sus colegas que decidieron ausentarse del discurso en el recinto de la Cámara de Diputados: “a mí me parece que es una formalidad ir, independientemente de lo que uno piense, porque es un acto institucional; es verdad que no fue obligatorio, pero creo que si el presidente decide venir al Congreso corresponde ir porque es un acto institucional, pero está en cada uno”, sostuvo.
Impulsan un proyecto para bienes restituidos del crimen organizado
La iniciativa “Bien Restituido” busca que bienes criminales tales como vehículos o propiedades, que han sido instrumento, producto y provecho de actividades delictivas complejas, puedan ser transformados en bienes comunes para ser reutilizados social y económicamente. De esta forma, se busca crear un nuevo marco normativo que incite el decomiso de bienes provenientes del delito y que su destino sean diferentes organizaciones sociales y comunitarias. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Lucas Manjon, coordinador del proyecto, defendió la propuesta y sostuvo que “cerca del 90% de los bloques del Congreso firmaron en favor del proyecto”, aunque afirmó que la demora de su tratamiento en las comisiones se debe a “subjetividades políticas”: “algunos sectores creen que hay que vender directamente esos bienes, mientras que otros directamente no quieren que las organizaciones de la sociedad civil tengan participación”, agregó. Asimismo, resaltó la opacidad del sistema al sostener que no existe un ente que administre la materia y que “tampoco se sabe a ciencia cierta cuánto hay de bienes recuperados”. Cabe destacar que desde Bien Restituido consideran que la implementación de dicha ley permitirá al Estado ahorrar dinero en este tipo de transacciones: “sin un sistema de bienes restituidos, el Estado no solo pierde plata sino que gasta; en Italia, por ejemplo, se recuperaron 40 billones de euros del crimen organizado desde que se sancionó la ley”, destacó Majon.
La UCR mantendría el veto contra la Movilidad Jubilatoria
A diferencia de lo sucedido en junio pasado, el bloque liderado por Rodrigo De Loredo parece que le dará los votos que necesita el gobierno para evitar que la Cámara de Diputados rechace el veto presidencial contra la Ley de Movilidad Jubilatoria. La oposición necesitará los dos tercios de los votos (172 en diputados y 48 en senadores) para anularlo, mientras que al oficialismo le hacen falta 10 para evitarlo en la Cámara Baja. En este contexto parece que, por lo menos, 7 diputados radicales desconocerán su votación previa a favor de la movilidad y apoyarán al gobierno con el veto. Algunos de ellos son el diputado Campero de Tucumán, Soledad Carrizo y Luis Picat de Córdoba, Roxana Reyes de Santa Cruz y otros legisladores que responden a los gobernadores radicales Gustavo Valdés de Corrientes y Alfredo Cornejo de Mendoza. Por si fuera poco, desde Casa Rosada echaron manos a la obra y convocaron a diputados del PRO, el MID de Oscar Zago y la propia Libertad Avanza para diagramar una estrategia parlamentaria que evite nuevas derrotas del gobierno nacional en el Congreso. Quien comandó el encuentro fue la mismísima Karina Milei, en carácter de secretaria general de la presidencia, y Federico Sturzenegger como ministro de desregulación y transformación del Estado. El momento de la verdad será mañana a partir de las 11 hs.
Mercado Libre Avanza
Esta semana, el presidente de la Nación asistió a la celebración de la UIA por el Día de la Industria y a las oficinas de Mercado Libre, en el marco del anuncio de inversiones por USD 75 millones en el país. De esta forma, Javier Milei consolidó su cercanía con determinado sector empresarial, con miras a incrementar el financiamiento, pero también para buscar apoyo ideológico de referentes del sector. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el Lic. en Ciencias Políticas, Emmanuel Boente Brusa, analizó ambas visitas y resaltó la visita del mandatario a Marcos Galperín: “ahí hay una vinculación ideológica más que nada porque las empresas tecnológicas comparten la misma visión de la política que él; ellas producen bienes inmateriales, especialmente virtuales, y por eso son afines a su ideología de libre mercado total”, explicó. Asimismo, detalló que todos los gobiernos tuvieron “momentos de bonanza con el empresariado”, como el kirchnerismo con algunas empresas industriales o el macrismo con el sistema financiero y el campo, a excepción de la gestión de Alberto Fernández. Por otro lado, se refirió a las dificultades que enfrentan los gobiernos para conseguir inversiones por parte del empresariado: “en Argentina, el ámbito empresarial tiene una cultura que privilegia la exportación y al mercado externo por sobre el interno, por lo que es difícil que se piense en invertir acá; esa falencia se intentó subsanar con intervención estatal con industrias que se consideraban claves, pero las mismas van cambiando con los gobiernos”, agregó.
El gobierno restringe el Acceso a la Información Pública
El Ejecutivo publicó un polémico decreto que establece una serie de restricciones a la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública. Como consecuencia, el gobierno ya no se verá obligado a responder pedidos que puedan ser considerados de la esfera privada de los funcionarios, así como también deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo, exámenes preliminares o que su conocimiento público cause daños y perjuicios, entre otros aspectos. Un total de 70 entidades de la sociedad civil expresaron su preocupación por la medida. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Alicia Miller, integrante de la Comisión Directiva de FOPEA y miembro del Monitoreo de Libertad de Expresión, opinó que “esto afecta a los periodistas por su operatividad cotidiana”, pero que “en realidad el más afectado es el ciudadano común que puede ver restringido su derecho de tener un ejercicio pleno de la ciudadanía porque no hay ciudadanía sin información”. De esta forma, denunció que la nueva reglamentación “tiene la clara intención de restringir y reducir derechos”, algo que “no se puede hacer por decreto”. Según la ley, aprobada en 2016 durante el mandato de Mauricio Macri, toda información producida, generada y almacenada por organismos del Estado es pública, por lo que el Ejecutivo tiene la obligación de responder los pedidos de cualquier ciudadano. En este sentido, Miller objetó la noción de esfera privada del decreto ya que “la privacidad es mucho más restringida en los funcionarios que en cualquier persona común”: “la sociedad tiene derecho de saber, por ejemplo, si los funcionarios tienen relaciones con proveedores del Estado”, agregó. Finalmente, la representante de FOPEA, afirmó que están evaluando concretamente llevar adelante una acción judicial contra el decreto presidencial: “si el Ejecutivo no retira este decreto, esto se deberá dirimir en la justicia”, advirtió.
Polémica en la audiencia de García-Mansilla por Santiago Caputo
El abogado asistió a la Comisión de Acuerdos del Congreso para defender su pliego para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en reemplazo de Juan Carlos Maqueda, quien se jubilará en diciembre. Durante su intervención, el letrado sostuvo que su cargo “fue ofrecido por Santiago Caputo en una reunión en la que participó el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio”. A partir de allí, se destapó una polémica sobre la incidencia del joven consultor político en el gobierno. El problema radica en que Santiago Caputo no es empleado en relación de dependencia del Poder Ejecutivo. A pesar de que en el mes de enero fue designado como asesor en el Boletín Oficial, no figura como trabajador formal del gobierno en las bases de datos de ANSES, por lo que no está sujeto al régimen de funcionario público, no debe presentar declaraciones juradas y no tiene responsabilidad legal sobre las acciones del gobierno nacional. Por otro lado, García-Mansilla se defendió de las críticas por su postura en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, además de expresarse sobre el cupo de género en la Corte Suprema y la situación legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia. El gobierno necesita 9 firmas positivas en el dictamen de comisión para que los pliegos puedan pasar a tratarse en el recinto del Senado, donde deberán lograr dos tercios de los votos para ser aprobados.
¿Se reconfiguran las alianzas políticas?
Esta semana dejó conclusiones sorprendentes en el Congreso de la Nación: Martín Lousteau se alió con el kirchnerismo para obtener la presidencia de la Comisión Bicameral que controla los Servicios de Inteligencia, el PRO votó en contra del gobierno tanto en Diputados como en el Senado y La Libertad Avanza parece que recurrirá a una negociación con Unión por la Patria para facilitar la aprobación del pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el Lic. en Ciencias Políticas, Emmanuel Boente Brusa, analizó lo sucedido y expresó que este tipo de alianzas “se van a empezar a ver más seguido”: “si bien Milei tiene muchos aliados dialoguistas, estos son condicionales a su propia ideología; yo creo que seguirá habiendo un buen nivel de diálogo e incluso apoyo a determinadas medidas del gobierno, pero también empezarán a impulsar mucho sus agendas propias porque se viene un año electoral”, resaltó. Asimismo, opinó sobre la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel, quien “empieza a construir su poder en el ámbito legislativo porque entiende que es importante para su proyección en el largo plazo”: “ella se piensa como candidata y sabe que necesita negociar con la casta para desarrollar su futuro político; el aumento salarial de los senadores fue algo estratégico en la construcción de su capital político en el Senado”, agregó.
Día difícil para el oficialismo en Diputados
La Libertad Avanza enfrentó un fatídico miércoles en la Cámara Baja, luego de que fuera rechazado por mayoría absoluta el DNU sobre gastos reservados de los servicios de inteligencia. Asimismo, en una escandalosa reunión de bloque, la diputada Lourdes Arrieta estalló en crisis y denunció al legislador Mayorgaz por violencia de género. En el hecho intervino la seguridad del palacio, en un insólito enfrentamiento que destapó las fuertes internas dentro del oficialismo. En cuanto a la Sesión Especial solicitada por Nicolás Massot de Encuentro Federal, junto con otros legisladores, se rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia publicado por el Ejecutivo que aumentaba los gastos reservados de la nueva SIDE a $100 mil millones. La votación resultó contundente: 156 votos a favor del rechazo, 52 negativos y 6 abstenciones. Sin embargo, no se declaró una nulidad absoluta, por lo tanto el DNU seguirá vigente hasta que también lo rechace el Senado. Por otro lado, la discusión en la reunión de bloque de LLA se originó a raíz de fuertes declaraciones de la diputada Arrieta en la Comisión de Peticiones, tras la polémica visita a genocidas en el penal de Ezeiza. La legisladora había apuntado a Martin Menem y Beltrán Benedit como principales organizadores del encuentro, lo que originó un fuerte enfrentamiento con el diputado Mayorgaz, quien terminó denunciado. ¿Cómo podrá recomponerse el oficialismo luego de este día para el olvido?
El oficialismo apunta a evitar la caída del DNU sobre gastos reservados de la SIDE
El diputado Nicolás Massot de Encuentro Federal solicitó una sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar el polémico decreto que incrementó los gastos reservados de los servicios de inteligencia a $100 mil millones. Se prevé que el encuentro será este miércoles 21 a las 12 hs. aunque La Libertad Avanza buscará, un día antes, conformar la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia para brindar los argumentos de semejante medida. La presidencia de dicha Comisión Bicameral ya viene siendo un nuevo terreno de disputa entre Javier y Karina Milei y Victoria Villarruel, debido a que cada uno impulsa a un candidato diferente: mientras que desde casa Rosada bregan por el senador entrerriano Edgardo Kueider, un peronista disidente que apoyó la Ley Bases y el Paquete Fiscal, desde el lado de la vicepresidente impulsan al senador del PRO, Martín Goerling. Sin embargo, en las últimas horas trascendió un nuevo candidato: Martín Lousteau, quien tendría el aval del kirchnerismo, quienes son mayoría en la Bicameral. Lo cierto es que será una semana de intensa actividad en el Congreso de la Nación: este martes será la conformación de dicha Comisión Bicameral, en tanto el miércoles se espera que Ariel Lijo acuda al Senado para defender su pliego para la Corte Suprema y diputados trate el mencionado DNU. Por último, los senadores tendrán sesión este jueves para debatir el proyecto de movilidad jubilatoria, que ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja.
El gobierno presentó el proyecto de Juicio por Jurados
El presidente de la Nación encabezó un curioso acto en el que se presentó la iniciativa para establecer dicha modalidad en la administración federal de justicia. En el encuentro se desarrolló una obra de teatro titulada “La Noche del 16 de Enero”de Ayn Rand, en la cual participaron diferentes funcionarios del gobierno, tales como Mariano Cúneo Libarona, Manuel Adorni y el diputado José Luis Espert. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Andrés Harfuch, director del área de jurados del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), destacó la importancia de la aprobación del proyecto: “estamos desde el advenimiento de la democracia luchando para que el Congreso dicte por fin la ley que le ordena desde 1853 implementar el juicio por jurados; es una de las deudas constitucionales más grandes que tiene nuestro país; con el horrendo triunfo oscurantista y conservador se terminó implementando un sistema de justicia por expedientes, sin juicio, escrito y secreto, lo que tuvo grandes consecuencias para nuestro país”, expresó. Asimismo, manifestó que la iniciativa siempre contó con cierta resistencia porque “quien detenta el poder de castigo tiene un enorme poder en la sociedad”, a pesar de que varios países (y ya numerosas provincias de la Argentina) “dijeron que la justicia tiene que estar en manos del soberano -el pueblo- y no en los funcionarios del Estado”. De esta forma, describió el proceso mediante el cual se establece dicho juicio y aclaró que las 12 personas que juzgan “son elegidas a través de un triple filtro, mediante el cual se evalúa si cuentan con algún sesgo personal”, algo que no ocurre con los jueces.