Diputados ratificó el veto contra el Financiamiento Universitario
La oposición no consiguió reunir los dos tercios de los votos para rechazar el veto presidencial contra la Ley de Financiamiento Universitario, que establecía un mecanismo de actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades y una recomposición salarial para el personal docente y no docente. La votación finalizó con 159 votos contra el veto (necesitaban 166), 85 a favor, 5 abstenciones y 8 ausentes. La Unión Cívica Radical y el bloque Independencia de Tucumán, que responde al gobernador Jaldo, fueron clave para torcer la decisión del Congreso en favor del Ejecutivo. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Vanina Biasi, diputada nacional del Partido Obrero-Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, analizó el resultado y sostuvo que “el Congreso se está convirtiendo en una institución que, lejos de ser un contrapeso al gobierno, le da cada vez más poder”. Asimismo, calificó las políticas del gobierno como “criminales” y apoyó el reclamo de los estudiantes y docentes: “la comunidad educativa no está dispuesta a tolerar estas políticas de destrucción”, agregó. La legisladora también expresó que “Milei es un producto descartable” y que detrás suyo “están los mismos de siempre que gobernaron el país en los últimos 30 años”, haciendo referencia al apoyo del PRO en el Congreso de la Nación. Biasi también habló sobre la polémica desatada con el streamer Fran Fijap y la continuidad de las tomas en las universidades nacionales.
Alerta por el cierre del único Hospital Nacional de Salud Mental
El nuevo ministro de salud de la Nación, Mario Lugones, tomó dos decisiones polémicas apenas asumió su cargo: por un lado, despidió a todos los miembros del Consejo de Administración del Hospital Garrahan y, por el otro, ordenó cerrar la guardia y la internación del Hospital Nacional Laura Bonaparte de Salud Mental. Desde el gobierno nacional anticiparon el cierre completo del establecimiento bajo el argumento de escasa atención y para priorizar la asignación de recursos. Los trabajadores de la institución decidieron tomar el edificio, ubicado en Combate de los Pozos al 2100, además de realizar vigilias y asambleas para evitar el cierre. En el día de hoy, se realizó un abrazo simbólico y se brindó una conferencia de prensa. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la psicoanalista Soledad Arrieta, trabajadora del hospital desde hace 10 años, expresó su preocupación ante las consecuencias de dicha medida: “esto constituye un atentado para la salud mental de toda la población porque hay pocos espacios donde se pueden atender estas problemáticas y los pacientes quedan a la deriva”, denunció. Asimismo, desmintió los datos del gobierno y resaltó que “en el año ya se atendieron más de 98 mil consultas, además de 15 mil en el territorio” y que actualmente cuentan con “25 mil pacientes con tratamiento permanente”. De todas formas, aclaró que “el cierre trasciende a las instalaciones porque el hospital cuenta con servicios de salud integral en todo el país, una línea 0800 de emergencia y un amplio abordaje territorial en diferentes barrios de CABA y la provincia de Buenos Aires”, entre otros aspectos.
El gobierno hace cuentas para sostener el veto contra las universidades
Tras la segunda Marcha Federal Universitaria y el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, la discusión ahora se centra en el Congreso de la Nación, lugar donde la oposición intentará resistirlo con los dos tercios de los votos. En el caso de la Cámara Baja, se necesitarán 172 diputados para anular el veto, en tanto que la oposición ya podría contar con, al menos, 160 votos garantizados (teniendo en cuenta el pedido de sesión por parte de la UCR, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, bloques provinciales y la adhesión de Innovación Federal). En este sentido, el gobierno depende en un 100% del PRO, cuyo bloque está integrado por 38 diputados. Si la oposición consigue 12 diputados más para el próximo miércoles, el veto correrá serio riesgo y su discusión se trasladará al Senado de la Nación. En este contexto, Mauricio Macri se reunió con los senadores de su partido y declaró puertas adentro que “la educación pública es una de las banderas del PRO”. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Emmanuel Boente Brusa, Lic. en Ciencias Políticas, analizó la compleja situación de Javier Milei en el Congreso y opinó sobre los dichos del presidente del PRO: “hay una jugada de Macri en doble sentido: por un lado, establecer una diferencia con La Libertad Avanza y, por el otro, es una forma de ver qué tanto controla su tropa en un tema tan sensible”. Al respecto, expresó que “la educación pública no fue una de las banderas del PRO, aunque es verdad que durante el macrismo no hubo un recorte tan masivo en la educación”. En cuanto al rol de la Unión Cívica Radical en la discusión, el politólogo resaltó que “el partido va a tener que revalidar su postura”: “tienen la oportunidad de demostrar que realmente representan esa bandera de la educación pública, si no defienden eso van a seguir perdiendo credibilidad”, agregó.
La sociedad argentina es más progresista, pero privatista
El Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires publicó su estudio sobre creencias sociales en referencia al Estado, el mercado y la libertad en la Argentina. El informe estableció una diferencia entre las posturas privatistas (a favor de las empresas privadas) y estatistas (a favor de la intervención del Estado), además de establecer una diferencia “moral” entre progresistas y conversadores. De esta forma, la sociedad presenta un giro hacia el privatismo, con un 54% que prefiere que el empleo generado provenga del sector privado, mientras que un 55% se considera progresista y un 38% conservador. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Lucas Raffo, politólogo, consultor político y miembro del Observatorio Pulsar, analizó los datos de la encuesta y destacó que “la discusión entre el Estado y el mercado es la que ordena las posturas dentro de los partidos políticos”. En este sentido, “el eje progresista-conservador no forma parte de la discusión pública más amplia, pero sí hay una división de aguas en cuanto al rol que debe tener el Estado”. Al interior de los partidos políticos, la investigación presenta una mayor segmentación: “los votantes de Juntos por el Cambio, en su mayoría, son privatistas (8 de cada 10 personas) y mayormente conservadores, tal como los votantes de La Libertad Avanza; con Unión por la Patria y el peronismo esa proporción se invierte y encontramos que más del 60% es estatista”. Sin embargo, el politólogo resaltó un insólito dato en cuanto al perfíl ideológico de los libertarios: “los votantes de LLA son levemente más progresistas que los votantes de JxC; mientras que el 42% de los seguidores del PRO adhieren a las ideas progresistas, en el caso de LLA esa cifra asciende a 49%”, afirmó.
Milei lanzó LLA a nivel nacional en Parque Lezama
En un multitudinario acto en el barrio de La Boca, el presidente y su hermana, Karina Milei, encabezaron el lanzamiento nacional de La Libertad Avanza, partido que logró ascender al poder mediante alianzas distritales, sin contar con un sello nacional propio. Lo destacado de la noche fueron las encendidas declaraciones del mandatario, el discurso de la secretaria general de la presidencia y la presencia de militantes proveniente del conurbano bonaerense. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Franco Ojeda, periodista de FM La Patriada, relató los entretelones del evento y resaltó el carácter verbal de Milei durante su discurso: “es más un mecanismo de defensa ante la mala situación económica que enfrenta el país y la mala situación de diferentes sectores del gobierno; hubo gran prédica contra cierto sector del periodismo aunque reivindicó a Esteban Trebucq, cuestionó a los encuestadores, pero le pidió a los simpatizantes que sigan apoyando las ideas de la libertad; entró en una gran contradicción”, afirmó. Por otro lado, detalló la fuerte presencia de militancia proveniente del AMBA y del interior del país: “el hombre detrás de la fuerte movilización fue Sebastián Pareja, senador libertario que es un gran articulador de La Libertad Avanza y quien trajo, a su vez, a otros articuladores también conocidos como punteros; se vieron banderas de Moreno, Quilmes, Zárate y otras localidades; hablé con muchos simpatizantes y sostienen que les cuesta llegar a fin de mes, pero señalan que aún tienen esperanza”, detalló.
El gobierno dilata una ley contra los sindicatos
Esta semana, la Cámara de Diputados se predisponía a tratar en comisión la llamada “Ley de Democracia Sindical”, una iniciativa que contempla una serie de modificaciones para los sindicatos vinculadas con su financiamiento, la reelección indefinida y la eliminación de la obligatoriedad de la cuota sindical, entre otros ítems. Sin embargo, La Libertad Avanza decidió no acompañar el dictamen de mayoría, por lo que la reunión de comisión se pospuso. De forma sorpresiva, el gobierno habría accedido a un pedido de la CGT y habría tomado la decisión de dilatar su tratamiento en pos de priorizar la privatización de Aerolíneas Argentinas y el Presupuesto 2025. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el diputado nacional del PRO por Río Negro, Sergio Capozzi, vicepresidente 2° de la Comisión de Legislación del Trabajo, manifestó su postura y detalló lo ocurrido: “fue una noticia desagradable; es un proyecto que veniamos trabajando entre varios bloques y las últimas correcciones las habíamos realizado el último domingo, cuando ya teníamos garantizadas 18 firmas para el dictamen, pero, a último momento, La Libertad Avanza se bajó y se suspendió la reunión de comisión porque su presidente, el diputado Tetaz, no quería que se transformara en un caos”. El legislador resaltó la importancia del proyecto y criticó a la actual dirigencia sindical, a la cual acusó de aferrarse a “estructuras obsoletas”, pero, de todas formas, no brindó garantías sobre cuándo podría reencauzarse su tratamiento: “la comisión pasaría para la próxima semana, pero veo difícil que se pueda tratar el proyecto porque tendremos comisiones y sesión; no veo cómo vamos a hacer para tratar esto nuevamente”, agregó.
Caída en la aprobación pública de Javier Milei
Según la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, el presidente cosecha un 46% de aprobación y un 51% de desaprobación. Su director, el Dr. Diego Reynoso, destacó que se tratan de “buenos números teniendo en cuenta las medidas de ajuste y el parate de la actividad económica”. Sin embargo, resaltó que el nivel de aprobación viene decayendo desde su asunción: “en diciembre cuando asumió tenía un 55%, así que perdió 9 puntos, casi que un punto por mes de gestión”, detalló. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el politólogo y Doctor en Ciencias Sociales, sostuvo que “la opinión pública no tiene un acuerdo programático con el gobierno”, ya que “el nivel de confianza depende de la esperanza que tienen los encuestados, la necesidad que tienen en creer que vendrán cosas mejores”. En este sentido, vinculó el “razonamiento motivado” de los ciudadanos en que “no toda la culpa la tiene el gobierno actual”. En cuanto a la oposición, Reynoso explicó que “está muy dispersa”, aunque señaló que “el dirigente mejor posicionado es Kicillof”: “entre el 51% que desaprueba a Milei, Axel Kicillof tiene un 55% de imagen positiva”. Asimismo, detalló que el ex presidente Alberto Fernández cuenta con un alto grado de desaprobación, tanto entre los que aprueban como en los que desaprueban la gestión de Milei (el ex mandatario tiene un 74% de imagen negativa). Por último, el estudio revela que defensa, economía, seguridad y relaciones exteriores son las cuatro áreas mejor valoradas del gobierno, a pesar de que ninguna logra pasar el 40% de aprobación. Por el contrario, las menos valoradas son salud, política científica, obras públicas e infraestructura, las cuales eran las que contaban con mayor valoración en la administración anterior: “claramente hay una agenda cambiada de prioridades en la sociedad”, afirmó Reynoso.
Las provincias enfrentan un recorte histórico
Según un informe de la Fundación Éfora, las transferencias nacionales no automáticas a las provincias cayeron un 84%, en términos reales, hasta agosto de este año. Por su parte, las transferencias automáticas presentaron una caída del 20% debido a la retracción en la recaudación y la caída del consumo, la demanda interna y los ingresos de los argentinos. “Esta reducción del gasto público muestra números que nunca se vieron, excepto en la crisis del 2001 y la pandemia de 2020”, expresó Hernán Caram, miembro de la organización autora del estudio. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Caram explicó que “el promedio de caída de las transferencias no automáticas varía entre un 80% y un 98%”. La provincia más afectada fue La Rioja, la cual “prácticamente no recibió transferencias, ya que percibió un 98% menos que el año pasado”. A ella le siguen las provincias de La Pampa, Formosa, San Juan, Tierra del Fuego, Chaco y Catamarca, la mayoría muy críticas del gobierno nacional. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el periodista destacó que fue “la que menos perdió, aunque igualmente perdió un 63%”, en tanto que la provincia de Buenos Aires cobró un 83% menos. El estudio también detalló que “el golpe más fuerte se dio en los servicios económicos que abarcan los subsidios al transporte, la energía, los combustibles y la minería”. En cuanto al transporte, “Nación prácticamente no transfirió a las provincias, salvo Misiones que aún perdió un 87%”. Luego le siguieron los servicios sociales que engloban la educación, la cultura, la ciencia, la investigación y la salud (que igualmente tuvo una caída del 40%) y las transferencias a las cajas previsionales de las provincias “que, hasta agosto, no recibieron ni un peso de Nación”.
Secuelas de un asado polémico
Esta semana, el presidente Javier Milei recibió en la Quinta de Olivos a los (casi) 87 diputados que apoyaron el veto contra la movilidad jubilatoria. De esta forma, los legisladores mantuvieron un insólito encuentro con los funcionarios del Ejecutivo en el marco de un particular asado. Cada uno de los asistentes debió pagar $20.000, en tanto el menú se compuso de asado, chorizo, morcilla, chinchulines, riñón y mousse de chocolate como postre. ¿Cómo puede caer este acontecimiento entre sus votantes y detractores? En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Emmanuel Boente Brusa, Lic. en Ciencias Políticas, analizó las posibles consecuencias del asado de Olivos y sostuvo que “puede tener un efecto entre sus votantes indirectos, es decir, aquellos que no son parte de su núcleo, pero que lo votaron para que no gane Massa”. Entre ellos, el politólogo destacó que “pueden surgir fisuras debido a que la cena se puede interpretar como una falta de sensibilidad social por parte del gobierno”. De todas formas, Boente Brusa explicó que la cena sirvió a los fines de “edulcorar a los diputados aliados”, ya que el gobierno “tiene la necesidad de mantener acuerdos parlamentarios, sobre todo rumbo a la discusión del Presupuesto 2025”. Por otro lado, “algunos legisladores dialoguistas también aprovecharon la situación para acercarse al gobierno en busca de alianzas, tal como podría suceder con los diputados radicales”.
Piden que De Loredo deje de ser presidente del bloque radical
En medio de la fuerte interna que se desató en la UCR tras el apoyo de 5 diputados al veto presidencial contra la movilidad jubilatoria, ahora es Rodrigo De Loredo quien está en la mira de algunos dirigentes del radicalismo. Es el caso de Agustín Rombolá, abogado y ex presidente de la Juventud Radical de Ciudad de Buenos Aires, quien apuntó contra el cordobés y lo acusó de ser el “autor intelectual” del voto de los legisladores a favor del gobierno. “Por defectos de conducción o por complicidad con estos diputados, De Loredo no puede seguir siendo el presidente del bloque”, expresó. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Rombolá sostuvo: “De Loredo es una persona que, pensando en su propio distrito, Córdoba, cree que haciendo mileismo dentro del radicalismo va a poder arañar algunos votos más”. Asimismo, apuntó contra el ministro de defensa, Luis Petri, de quien también exigió su expulsión por ser parte del gobierno libertario: “me preocupa la construcción de un radicalismo distinto que esté en la vereda en frente de Petri; me gustaría que lo echemos o que se vaya solo porque no tenemos nada que ver con el discurso de Petri”, agregó. En el día de ayer, la Comisión Nacional de la UCR, a cargo de Gastón Manes, denunció a los diputados Picat, Campero, Cervi, Arjol, Reyes y Cipolini ante el Tribunal de Ética del partido y decidió la suspensión preventiva de cuatro de ellos hasta una resolución del tribunal. Rombolá afirmó que se trató de “un paso necesario para refrentar la identidad y decir lo que no queremos ser”, aunque pidió que la suspensión se extienda a Galimberti, legislador que renunció a su banca para asumir en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, lo que permitió que la UCR quedará con un diputado menos y el PRO sumara a Vallejos, legisladora que votó a favor del veto presidencial.