Caída en la aprobación pública de Javier Milei
Según la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, el presidente cosecha un 46% de aprobación y un 51% de desaprobación. Su director, el Dr. Diego Reynoso, destacó que se tratan de “buenos números teniendo en cuenta las medidas de ajuste y el parate de la actividad económica”. Sin embargo, resaltó que el nivel de aprobación viene decayendo desde su asunción: “en diciembre cuando asumió tenía un 55%, así que perdió 9 puntos, casi que un punto por mes de gestión”, detalló. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el politólogo y Doctor en Ciencias Sociales, sostuvo que “la opinión pública no tiene un acuerdo programático con el gobierno”, ya que “el nivel de confianza depende de la esperanza que tienen los encuestados, la necesidad que tienen en creer que vendrán cosas mejores”. En este sentido, vinculó el “razonamiento motivado” de los ciudadanos en que “no toda la culpa la tiene el gobierno actual”. En cuanto a la oposición, Reynoso explicó que “está muy dispersa”, aunque señaló que “el dirigente mejor posicionado es Kicillof”: “entre el 51% que desaprueba a Milei, Axel Kicillof tiene un 55% de imagen positiva”. Asimismo, detalló que el ex presidente Alberto Fernández cuenta con un alto grado de desaprobación, tanto entre los que aprueban como en los que desaprueban la gestión de Milei (el ex mandatario tiene un 74% de imagen negativa). Por último, el estudio revela que defensa, economía, seguridad y relaciones exteriores son las cuatro áreas mejor valoradas del gobierno, a pesar de que ninguna logra pasar el 40% de aprobación. Por el contrario, las menos valoradas son salud, política científica, obras públicas e infraestructura, las cuales eran las que contaban con mayor valoración en la administración anterior: “claramente hay una agenda cambiada de prioridades en la sociedad”, afirmó Reynoso.
Las provincias enfrentan un recorte histórico
Según un informe de la Fundación Éfora, las transferencias nacionales no automáticas a las provincias cayeron un 84%, en términos reales, hasta agosto de este año. Por su parte, las transferencias automáticas presentaron una caída del 20% debido a la retracción en la recaudación y la caída del consumo, la demanda interna y los ingresos de los argentinos. “Esta reducción del gasto público muestra números que nunca se vieron, excepto en la crisis del 2001 y la pandemia de 2020”, expresó Hernán Caram, miembro de la organización autora del estudio. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Caram explicó que “el promedio de caída de las transferencias no automáticas varía entre un 80% y un 98%”. La provincia más afectada fue La Rioja, la cual “prácticamente no recibió transferencias, ya que percibió un 98% menos que el año pasado”. A ella le siguen las provincias de La Pampa, Formosa, San Juan, Tierra del Fuego, Chaco y Catamarca, la mayoría muy críticas del gobierno nacional. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el periodista destacó que fue “la que menos perdió, aunque igualmente perdió un 63%”, en tanto que la provincia de Buenos Aires cobró un 83% menos. El estudio también detalló que “el golpe más fuerte se dio en los servicios económicos que abarcan los subsidios al transporte, la energía, los combustibles y la minería”. En cuanto al transporte, “Nación prácticamente no transfirió a las provincias, salvo Misiones que aún perdió un 87%”. Luego le siguieron los servicios sociales que engloban la educación, la cultura, la ciencia, la investigación y la salud (que igualmente tuvo una caída del 40%) y las transferencias a las cajas previsionales de las provincias “que, hasta agosto, no recibieron ni un peso de Nación”.
Secuelas de un asado polémico
Esta semana, el presidente Javier Milei recibió en la Quinta de Olivos a los (casi) 87 diputados que apoyaron el veto contra la movilidad jubilatoria. De esta forma, los legisladores mantuvieron un insólito encuentro con los funcionarios del Ejecutivo en el marco de un particular asado. Cada uno de los asistentes debió pagar $20.000, en tanto el menú se compuso de asado, chorizo, morcilla, chinchulines, riñón y mousse de chocolate como postre. ¿Cómo puede caer este acontecimiento entre sus votantes y detractores? En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Emmanuel Boente Brusa, Lic. en Ciencias Políticas, analizó las posibles consecuencias del asado de Olivos y sostuvo que “puede tener un efecto entre sus votantes indirectos, es decir, aquellos que no son parte de su núcleo, pero que lo votaron para que no gane Massa”. Entre ellos, el politólogo destacó que “pueden surgir fisuras debido a que la cena se puede interpretar como una falta de sensibilidad social por parte del gobierno”. De todas formas, Boente Brusa explicó que la cena sirvió a los fines de “edulcorar a los diputados aliados”, ya que el gobierno “tiene la necesidad de mantener acuerdos parlamentarios, sobre todo rumbo a la discusión del Presupuesto 2025”. Por otro lado, “algunos legisladores dialoguistas también aprovecharon la situación para acercarse al gobierno en busca de alianzas, tal como podría suceder con los diputados radicales”.
Piden que De Loredo deje de ser presidente del bloque radical
En medio de la fuerte interna que se desató en la UCR tras el apoyo de 5 diputados al veto presidencial contra la movilidad jubilatoria, ahora es Rodrigo De Loredo quien está en la mira de algunos dirigentes del radicalismo. Es el caso de Agustín Rombolá, abogado y ex presidente de la Juventud Radical de Ciudad de Buenos Aires, quien apuntó contra el cordobés y lo acusó de ser el “autor intelectual” del voto de los legisladores a favor del gobierno. “Por defectos de conducción o por complicidad con estos diputados, De Loredo no puede seguir siendo el presidente del bloque”, expresó. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Rombolá sostuvo: “De Loredo es una persona que, pensando en su propio distrito, Córdoba, cree que haciendo mileismo dentro del radicalismo va a poder arañar algunos votos más”. Asimismo, apuntó contra el ministro de defensa, Luis Petri, de quien también exigió su expulsión por ser parte del gobierno libertario: “me preocupa la construcción de un radicalismo distinto que esté en la vereda en frente de Petri; me gustaría que lo echemos o que se vaya solo porque no tenemos nada que ver con el discurso de Petri”, agregó. En el día de ayer, la Comisión Nacional de la UCR, a cargo de Gastón Manes, denunció a los diputados Picat, Campero, Cervi, Arjol, Reyes y Cipolini ante el Tribunal de Ética del partido y decidió la suspensión preventiva de cuatro de ellos hasta una resolución del tribunal. Rombolá afirmó que se trató de “un paso necesario para refrentar la identidad y decir lo que no queremos ser”, aunque pidió que la suspensión se extienda a Galimberti, legislador que renunció a su banca para asumir en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, lo que permitió que la UCR quedará con un diputado menos y el PRO sumara a Vallejos, legisladora que votó a favor del veto presidencial.
El PRO reclama la Coparticipación en medio de la discusión por el Presupuesto 2025
Daiana Fernández Molero, Diputada de la Nación del PRO por la Ciudad de Buenos Aires, se expresó en torno al discurso del presidente Milei en el Congreso, en el que presentó el Presupuesto 2025. Se mostró de acuerdo con el ajuste reclamado por Nación a las provincias, pero también aprovechó para reiterar el reclamo por la Coparticipación: “está muy bien el enfoque de decir que esto no lo resuelve solo el gobierno nacional, pero se tiene que concretar un pacto fiscal claro con proyecciones claras; si en CABA no se resuelve esto y el envío de fondos no se hace de forma efectiva, es muy difícil trabajar con previsibilidad”, expresó. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la legisladora nacional consideró que el conflicto entre la Ciudad y Nación se resolverá: “van a terminar haciendo lo que corresponde porque es un gobierno que quiere traer inversiones y que podamos vivir en libertad, así que parte de eso es tener reglas claras y cumplir con los fallos de la Corte”, agregó. En cuanto a la exigencia del presidente a las provincias de efectuar un ajuste de USD 60 mil millones, Fernández Molero pidió que se atiendan todos los casos y se estudien “qué provincias tienen las cuentas en orden y cuáles necesitan sanearlas”, pero que “se trabaje con previsibilidad”. Por último, hizo alusión a sus colegas que decidieron ausentarse del discurso en el recinto de la Cámara de Diputados: “a mí me parece que es una formalidad ir, independientemente de lo que uno piense, porque es un acto institucional; es verdad que no fue obligatorio, pero creo que si el presidente decide venir al Congreso corresponde ir porque es un acto institucional, pero está en cada uno”, sostuvo.
Impulsan un proyecto para bienes restituidos del crimen organizado
La iniciativa “Bien Restituido” busca que bienes criminales tales como vehículos o propiedades, que han sido instrumento, producto y provecho de actividades delictivas complejas, puedan ser transformados en bienes comunes para ser reutilizados social y económicamente. De esta forma, se busca crear un nuevo marco normativo que incite el decomiso de bienes provenientes del delito y que su destino sean diferentes organizaciones sociales y comunitarias. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Lucas Manjon, coordinador del proyecto, defendió la propuesta y sostuvo que “cerca del 90% de los bloques del Congreso firmaron en favor del proyecto”, aunque afirmó que la demora de su tratamiento en las comisiones se debe a “subjetividades políticas”: “algunos sectores creen que hay que vender directamente esos bienes, mientras que otros directamente no quieren que las organizaciones de la sociedad civil tengan participación”, agregó. Asimismo, resaltó la opacidad del sistema al sostener que no existe un ente que administre la materia y que “tampoco se sabe a ciencia cierta cuánto hay de bienes recuperados”. Cabe destacar que desde Bien Restituido consideran que la implementación de dicha ley permitirá al Estado ahorrar dinero en este tipo de transacciones: “sin un sistema de bienes restituidos, el Estado no solo pierde plata sino que gasta; en Italia, por ejemplo, se recuperaron 40 billones de euros del crimen organizado desde que se sancionó la ley”, destacó Majon.
La UCR mantendría el veto contra la Movilidad Jubilatoria
A diferencia de lo sucedido en junio pasado, el bloque liderado por Rodrigo De Loredo parece que le dará los votos que necesita el gobierno para evitar que la Cámara de Diputados rechace el veto presidencial contra la Ley de Movilidad Jubilatoria. La oposición necesitará los dos tercios de los votos (172 en diputados y 48 en senadores) para anularlo, mientras que al oficialismo le hacen falta 10 para evitarlo en la Cámara Baja. En este contexto parece que, por lo menos, 7 diputados radicales desconocerán su votación previa a favor de la movilidad y apoyarán al gobierno con el veto. Algunos de ellos son el diputado Campero de Tucumán, Soledad Carrizo y Luis Picat de Córdoba, Roxana Reyes de Santa Cruz y otros legisladores que responden a los gobernadores radicales Gustavo Valdés de Corrientes y Alfredo Cornejo de Mendoza. Por si fuera poco, desde Casa Rosada echaron manos a la obra y convocaron a diputados del PRO, el MID de Oscar Zago y la propia Libertad Avanza para diagramar una estrategia parlamentaria que evite nuevas derrotas del gobierno nacional en el Congreso. Quien comandó el encuentro fue la mismísima Karina Milei, en carácter de secretaria general de la presidencia, y Federico Sturzenegger como ministro de desregulación y transformación del Estado. El momento de la verdad será mañana a partir de las 11 hs.
Mercado Libre Avanza
Esta semana, el presidente de la Nación asistió a la celebración de la UIA por el Día de la Industria y a las oficinas de Mercado Libre, en el marco del anuncio de inversiones por USD 75 millones en el país. De esta forma, Javier Milei consolidó su cercanía con determinado sector empresarial, con miras a incrementar el financiamiento, pero también para buscar apoyo ideológico de referentes del sector. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el Lic. en Ciencias Políticas, Emmanuel Boente Brusa, analizó ambas visitas y resaltó la visita del mandatario a Marcos Galperín: “ahí hay una vinculación ideológica más que nada porque las empresas tecnológicas comparten la misma visión de la política que él; ellas producen bienes inmateriales, especialmente virtuales, y por eso son afines a su ideología de libre mercado total”, explicó. Asimismo, detalló que todos los gobiernos tuvieron “momentos de bonanza con el empresariado”, como el kirchnerismo con algunas empresas industriales o el macrismo con el sistema financiero y el campo, a excepción de la gestión de Alberto Fernández. Por otro lado, se refirió a las dificultades que enfrentan los gobiernos para conseguir inversiones por parte del empresariado: “en Argentina, el ámbito empresarial tiene una cultura que privilegia la exportación y al mercado externo por sobre el interno, por lo que es difícil que se piense en invertir acá; esa falencia se intentó subsanar con intervención estatal con industrias que se consideraban claves, pero las mismas van cambiando con los gobiernos”, agregó.
El gobierno restringe el Acceso a la Información Pública
El Ejecutivo publicó un polémico decreto que establece una serie de restricciones a la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública. Como consecuencia, el gobierno ya no se verá obligado a responder pedidos que puedan ser considerados de la esfera privada de los funcionarios, así como también deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo, exámenes preliminares o que su conocimiento público cause daños y perjuicios, entre otros aspectos. Un total de 70 entidades de la sociedad civil expresaron su preocupación por la medida. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Alicia Miller, integrante de la Comisión Directiva de FOPEA y miembro del Monitoreo de Libertad de Expresión, opinó que “esto afecta a los periodistas por su operatividad cotidiana”, pero que “en realidad el más afectado es el ciudadano común que puede ver restringido su derecho de tener un ejercicio pleno de la ciudadanía porque no hay ciudadanía sin información”. De esta forma, denunció que la nueva reglamentación “tiene la clara intención de restringir y reducir derechos”, algo que “no se puede hacer por decreto”. Según la ley, aprobada en 2016 durante el mandato de Mauricio Macri, toda información producida, generada y almacenada por organismos del Estado es pública, por lo que el Ejecutivo tiene la obligación de responder los pedidos de cualquier ciudadano. En este sentido, Miller objetó la noción de esfera privada del decreto ya que “la privacidad es mucho más restringida en los funcionarios que en cualquier persona común”: “la sociedad tiene derecho de saber, por ejemplo, si los funcionarios tienen relaciones con proveedores del Estado”, agregó. Finalmente, la representante de FOPEA, afirmó que están evaluando concretamente llevar adelante una acción judicial contra el decreto presidencial: “si el Ejecutivo no retira este decreto, esto se deberá dirimir en la justicia”, advirtió.
Polémica en la audiencia de García-Mansilla por Santiago Caputo
El abogado asistió a la Comisión de Acuerdos del Congreso para defender su pliego para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en reemplazo de Juan Carlos Maqueda, quien se jubilará en diciembre. Durante su intervención, el letrado sostuvo que su cargo “fue ofrecido por Santiago Caputo en una reunión en la que participó el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio”. A partir de allí, se destapó una polémica sobre la incidencia del joven consultor político en el gobierno. El problema radica en que Santiago Caputo no es empleado en relación de dependencia del Poder Ejecutivo. A pesar de que en el mes de enero fue designado como asesor en el Boletín Oficial, no figura como trabajador formal del gobierno en las bases de datos de ANSES, por lo que no está sujeto al régimen de funcionario público, no debe presentar declaraciones juradas y no tiene responsabilidad legal sobre las acciones del gobierno nacional. Por otro lado, García-Mansilla se defendió de las críticas por su postura en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, además de expresarse sobre el cupo de género en la Corte Suprema y la situación legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia. El gobierno necesita 9 firmas positivas en el dictamen de comisión para que los pliegos puedan pasar a tratarse en el recinto del Senado, donde deberán lograr dos tercios de los votos para ser aprobados.