Tercera edición de Cuento con Derechos
En la Ciudad de Buenos Aires, se realizó la presentación de la tercera edición de Cuento con Derechos. Se trata de una colección de libros sobre derechos de la niñez, creados con el aporte de chicas y chicos de diferentes escuelas y organizaciones sociales. El evento tuvo lugar en el Centro Cultural Recoleta. Y, allí, tuvieron la oportunidad de leer los propios cuentos que escribieron e intercambiar risas y opiniones sobre los derechos elegidos. Este año, la tercera edición estuvo centrada en la perspectiva de los derechos de la niñez bajo el paradigma de los derechos de las personas con discapacidad. Jessica Malegarie, directora de Participación Ciudadana, Acceso a la Justicia y Derechos Universales del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de CABA, explicó, en diálogo con Frecuencia Zero, que se trata de una iniciativa desarrollada para «generar espacios de participación de las chicas y los chicos de los barrios porteños, en los que ellos sean protagonistas; que cuenten sus propias historias, en las que aprendan sobre sus propios derechos». «Lo que buscamos a través de distintas actividades lúdicas, recreativas, artísticas y talleres es acercarnos a las organizaciones con las que venimos trabajando, para que los menores que concurren tengan un encuentro con voluntarios del Consejo», agregó Malegarie. En esta edición participaron ochenta niñas, niños y adolescentes que, a lo largo de seis meses, tuvieron talleres a cargo de profesionales especialistas en la temática, en los que se concientizó en materia de derechos para luego desarrollar una dinámica de creación de relatos, personajes y diseño de bocetos, así como dibujos para acompañar los cuentos. Esta tercera edición de Cuento con Derechos, sale por Editorial Jusbaires y será distribuida en bibliotecas populares, escuelas públicas y privadas, organizaciones sociales, comedores y centros comunitarios de distintos barrios de la Ciudad.
10 años de incumplir la Ley de Salud Mental
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó su informe «Salud mental: recursos insuficientes y concentrados en el manicomio”, que es el resultado del análisis realizado anualmente sobre los recursos que destina el Estado a garantizar los derechos humanos y salud mental. El objetivo es saber cómo éstos han evolucionado en los últimos años y los recursos que se destinan durante el 2021 en esa materia. “El Estado nacional tiene una obligación a partir de la sanción de la Ley de Salud Mental de 2010, que la de destinar el 10 % del presupuesto total de salud a salud mental y además, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben adoptar este mismo criterio”, aseguró Eduardo Quiroga, abogado del Programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la ACIJ. Asimismo, Quiroga, remarcó que dicha ley “dispuso la sustitución del modelo manicomial, basado en el encierro y el aislamiento por uno de salud mental comunitaria que promueva una mejor atención de la salud y que permita la vida en comunidad y la inclusión social de las personas con padecimiento mental”. Sin embargo, en esta primera década, según el informe, no se han producido cambios estructurales tendientes a modificar el sistema de atención a estas problemáticas y gran parte del presupuesto asignado se deriva a los hospitales psiquiatricos. A nivel nacional pueden identificarse 4 entidades con gasto en salud mental: el Ministerio de Salud (en particular la “Actividad Apoyo y Promoción de la Salud Mental”), los 2 hospitales monovalentes nacionales (Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Lic. “Laura Bonaparte” y Colonia “Dr. Manuel A. Montes de Oca”), y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR). Durante el año 2021, la suma de los recursos totales de estos organismos representará tan solo el 1,47% del gasto total de salud, lo que se encuentra muy por debajo del mínimo dispuesto en la norma 26.657. Por último el abogado del Programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la ACIJ, Eduardo Quiroga, enfatizó “Ésta situación es particularmente grave porque nos encontramos ya a más de 10 años de la sanción de la ley, porque el año pasado venció el plazo para el cierre de todos los hospitales psiquiátricos y porque no se ha avanzado en la transformación estructural del sistema de atención. Es por eso que es importante no solo aumentar los recursos, sino como comenzar a redirigirlos hacia la atención comunitaria». Además, ACIJ, lanzó argentinasinmanicomios.acij.org.ar, un sitio web que tiene como objetivo contar las historias de las personas que sobrevivieron al encierro psiquiátrico y desarticular los prejuicios que pesan sobre ellas, generar conocimiento sobre la ley y sobre la situación actual de la salud mental en Argentina, relevar y difundir modelos de salud mental comunitaria, compartir reflexiones y análisis sobre lo sucedido en estos años, y llamar a la movilización para exigir que se cumpla la ley 26.657.
Buscan acompañar a egresados de hogares sin cuidados parentales
El legislador porteño de Vamos Juntos, Claudio Cingolani, presentó un proyecto de ley ‒que será trabajado en distintas comisiones‒ para que jóvenes egresados de hogares y centros sin cuidados parentales tengan herramientas para poder insertarse en el mundo del trabajo. Cingolani aseguró que, como Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quieren que “la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio acompañe a estos jóvenes a conseguir su primer empleo”. La propuesta busca capacitarlos, preparándolos y promocionando sus oficios y saberes para que puedan sentirse valiosos, y así puedan ingresar al mercado laboral. La idea es ayudarlos, intermediando laboralmente con el objeto de que sus capacidades sean tomadas en cuenta por las distintas actividades económicas. El texto presentado la semana pasada fija que la autoridad de aplicación deberá “promover de forma progresiva en el sector privado la intermediación laboral, a través de los distintos programas, iniciativas, convenios o de las demás herramientas que a su alcance estime corresponder, de jóvenes sin cuidados parentales que hayan egresado de dispositivos de cuidados alternativos de la Ciudad”; y desarrollar “programas de capacitación para la obtención del primer empleo, dirigidos a jóvenes sin cuidados parentales en el plazo de permanencia institucional”. Además, establece que los requisitos necesarios para la inscripción en las distintas iniciativas serán determinados por la autoridad de aplicación, teniendo en cuenta antecedentes educativos, laborales, idoneidad para el cargo aspirado e inclusión voluntaria al “Programa Nacional de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales”.