Impugnan a Lijo y García-Mansilla como candidatos a la Corte Suprema
Esta semana venció el plazo para la presentación de impugnaciones y adhesiones para los dos candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para incorporar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En concreto, el pliego de Ariel Lijo cosech´33 impugnaciones, 14 adhesiones y una observación, mientras que Manuel García-Mansilla recibió 22 impugnaciones, cinco avales y una observación. Ambos deberán presentar sus defensas en la audiencia pública del próximo 28 de agosto. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), una de las organizaciones que presentaron impugnaciones a los pliegos, arremetió contra el juez de Comodoro Py: “Lijo es el juez más ineficaz porque es el que menos respuesta da a los casos de ingresan y el que más se demora en casos de corrupción, según información pública; ya es polémico que siga siendo juez federal, así que sería la primera vez en la historia que un juez con estos antecedentes y sin ningún mérito, porque el gobierno no lo puedo explicar, llega a la corte”. Al respecto, agregó que el nombramiento de Lijo en la Corte contiene “una gran sospecha de que hay un acuerdo transversal poco transparente para poner un juez como él en la corte que extienda y amplíe la garantía de impunidad para todos los grupos de poder de la Argentina”. Asimismo, destacó que “con la designación de Lijo y García-Mansilla, tendríamos una Corte exclusivamente masculina, violando tratados internacionales a los que suscribió el país, los cuales garantizan una mayor diversidad de género”.
El juez de la impunidad en camino a la Corte Suprema
Ariel Lijo, juez federal de Comodoro Py, espera aún que el Senado de la Nación decida la suerte de su pliego para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta aún no estableció un cronograma para su tratamiento, pero las críticas contra su desempeño siguen creciendo y amenazan con entorpecer la intención de Javier Milei de tenerlo en el máximo tribunal del país. Manuel García-Mansilla también integra la nómina propuesta por el Ejecutivo y su suerte estará atada a la de Lijo: o se aprueban ambos pliegos o ninguno. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, María Eugenia Talerico, abogada penalista y ex vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), fue contundente contra Lijo: “estamos en presencia de premiar en la Corte Suprema a uno de los exponentes más grandes de la casta judicial, quien ha dado impunidad a muchísimos políticos y funcionarios de todos los colores, involucrados en casos de corrupción, lo que le dio una gran capacidad de negociación que hoy lo premia con el pliego”, detalló. Por otro lado, opinó sobre la intención personal de Javier Milei de llevarlo al máximo tribunal: “el presidente tiene mal la información y es absolutamente inconsistente a la hora de responder por qué lo propone; lo rodean personas del ámbito judicial que tienen que ver con un sistema de protección juicial de cosas que no están bien, personas que no tienen buena reputación en la materia y quienes lo estarían influenciando”. Sin embargo, destacó el pliego de García-Mansilla: “es una persona que merece estar en la Corte Suprema y que sería un honor que la integre, todo lo contrario con el compañero que le han puesto ahí”, agregó.
El oficialismo quiere seguir controlando la Justicia por la búsqueda de impunidad
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó el control del Consejo de la Magistratura, tras la asunción de su presidente, Horacio Rosatti, como nuevo titular del organismo responsable de seleccionar y remover jueces. Rosatti asumió en el cargo luego de declarase la inconstitucionalidad de la conformación de la institución, impulsada por Cristina Kirchner en 2006, e instar al Congreso, mediante el fallo del 16 de diciembre de 2021, a elaborar una nueva Ley para elegir autoridades y realizar cambios en el organismo. Por otro lado, la Corte Suprema le pidió ayer al juez federal de Paraná, Daniel Alonso, el envío del expediente de la causa que frenaba la acción del Congreso para nombrar a los dos representantes. Durante una votación especial, el Consejo había votado la semana pasada la designación de Alberto Lugones, quien era el responsable del organismo, como presidente interino y le había delegado una serie de atribuciones para que el funcionamiento siga bajo su mando. En medio de esta situación, el ex constituyente, Antonio María Hernández, se remontó al debate de la Convención para explicar el tema. Antes de la reforma, la designación de los jueces lo hacía el Presidente con acuerdo del Senado, lo que significaba un enorme peso del sector político. Por lo tanto, el objetivo de fue alejar tanta determinación de los dirigentes. En 2006 se pasó a la Ley 26.080 para reducir la cantidad de miembros de 20 a 13, por iniciativa de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dándole mayor predominio al sector político. «Alejándose del espíritu de la Constitución para dominar la Justicia», afirmó Hernández. Si bien las dos academias nacionales de derechos la calificaron de inconstitucional, la Corte tardó 15 años para dar una sentencia. «Ese fallo dio 120 días para sancionar una nueva Ley, y si eso no ocurría tenía que volverse a la integración de 20 miembros. Para cumplir ese fallo, queda nada más la integración de dos legisladores que deben corresponder a la segunda minoría de cada una de las Cámaras», explicó el profesor en derecho constitucional. Siguiendo su argumentación en diálogo con FRECUENCIA ZERO, señaló que la Ley de 1997 decía que el presidente del Máximo Tribunal podía asumir el mando del Consejo. Por lo tanto, consideró que no es ninguna novedad, porque ya ocurrió en la Argentina y todavía ocurre en la mayoría de las provincias. De este modo, el abogado desprendió una pregunta: «¿Por qué este escándalo institucional, que muestra la debilidad y muy baja calidad institucional de la Argentina? Porque el oficialismo quiere seguir controlando al Poder Judicial. El interés mayor está en las causas de corrupción. Es la búsqueda lisa y llanamente de impunidad».