El gobierno flexibilizó controles sobre funcionarios
En diciembre pasado, la Unidad de Información Financiera (UIF) aprobó la resolución 192/2024 que limita el concepto de función pública prominente y, en consecuencia, reduce la lista de Personas Expuestas Políticamente (PEP). Se trata de “aquellas personas que distintos gobiernos les han otorgado relevancia pública suficiente como para que estén expuestos a hechos de corrupción, a influencias del sector privado u organizaciones criminales”, según definió Alejandra Freire, integrante de la Comisión Directiva del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la especialista autora de la investigación explicó que las PEP “son sujetos obligados que deben conocer qué operaciones informar a la UIF, ya sea la presentación de Declaraciones Juradas o informar de apertura de nuevas cuentas bancarias”, entre otros aspectos. De esta forma, cada vez menos funcionarios y representantes deben rendir cuentas a los fines de prevenir casos de corrupción o lavado de dinero: “en una primera reforma se sacó a los titulares de las cámaras empresarias, que están representadas por autoridades de las grandes empresas argentinas, muchas de las cuales contratan con el Estado y están expuestas a hechos de corrupción y, por otro lado, se redujo la lista en relación a todos los cargos medios”, detalló. Freire aclaró que la resolución del gobierno no contradice las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pero que sí implica un retroceso en la lucha contra la corrupción a nivel nacional: “la primera lista se estableció en el 2011 y, desde el primer momento, lo ampliamos desde el Estado inclusive al sector privado; lo tomamos como una política pública que traspasó diferentes gobiernos y recién ahora se redujo; eso sí es un problema porque en el avance de la prevención del crimen organizado y la criminalidad política no se puede retroceder, hay que ir siempre hacia adelante porque eso afecta a nuestro sistema de prevención”, agregó. ¿Cuáles son las modificaciones? Se eliminaron los rangos subalternos: Se eliminaron como PEP:
Argentina retrocedió en el Índice de Percepción de la Corrupción
El índice, elaborado por Transparencia Internacional, clasifica 180 países en una escala elaborada a partir de casos de sobornos, malversación de fondos, capacidad de los gobiernos para prevenir la corrupción, etc. En este contexto, la Argentina logró 37 puntos sobre 100 y se ubicó en el puesto 98, lo que significó un retroceso respecto de 2022, cuando el país se ubicó en el puesto 94. Teniendo en cuenta que en la escala el 0 implica una baja corrupción y el 100 alta corrupción, la Argentina habría mejorado su performance internacional. Sin embargo, ¿esto alcanza? En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Clara Lucarella, abogada y coordinadora del programa Fortalecimiento de la Democracia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), sostuvo que “la Argentina tiene todavía una deuda muy importante en la lucha contra la corrupción, sobre todo en cuanto a su prevención y sanción”. Asimismo, resaltó que “las causas de corrupción demoran muchos años y eso tiene que ver con las lógicas de poder y situaciones que se generan cuando llegan al poder judicial”. En consecuencia, manifestó que “hay que reforzar los mecanismos de investigación y de eventual sanción de la corrupción, así como también brindar herramientas a los organismos que se encargan de investigar”. Clara Lucarella también presentó el Observatorio de Causas de Corrupción, una plataforma que ACIJ pone a disposición de la ciudadanía “para que se pueda conocer más sobre las causas, investigar, conocer el sistema y ver qué actores intervienen, de manera simple, con información agregada y estadísticas”.
Insaurralde denunciado por enriquecimiento ilícito
El ex Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires e intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia, enfrenta un total de 8 denuncias penales a raíz del escándalo desatado el fin de semana pasado, por las publicaciones de la modelo Sofía Clerici en su cuenta de Instagram. La modelo y el funcionario pasearon por un yate en Marbella, cuyo alquiler costó más de 8 mil euros ($3 millones), además de compartir regalos cotizados en hasta 18.000 dólares. Una de las denuncias está a cargo de Pablo Torres Barthe, abogado del diputado José Luis Espert, quien presentó una acusación por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, contrabando y evasión fiscal: “solicitamos al juez que investigue qué pasó con los organismos de control, como la UIF, la Oficina Anticorrupción, la AFIP y la Aduana, porque más efectivo que todo eso fue la cuenta de Instagram de Clerici”, afirmó. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el letrado explicó que la denuncia “se sustenta en lo que todos vimos” y que “se solicita investigar y evaluar la declaración jurada de Insaurralde en carácter de Jefe de Gabinete de la provincia, además de la condición ante la AFIP de Sofía Clerici”: “él declara ganar un millón, mientras que la señorita es monotributista categoría A; ninguno de los dos podrían afrontar los gastos”. Además, declaró: “o esto viene de dinero mal habido de Martín Insaurralde o de dinero de terceros que él gasta, en apariencia, como lavado de dinero; la causa de contrabando responde a que si todas estas cosas (el dinero, los regalos) entraron a la Argentina sin declaración ante aduana, por el monto y el costo de todo, se configura un delito de contrabando agravado porque participó un funcionario público en ejercicio”, agregó. Asimismo, el abogado reaccionó a las declaraciones de Axel Kicillof, quien sostuvo que se enteró del escándalo por redes sociales: “Insaurralde era su Jefe de Gabinete, no podía no saber, le tuvo que haber pedido licencia, ¿sino a quién le pidió licencia para irse de vacaciones?, se supone que charlan, que tienen un vínculo político; no sé cómo el Jefe de Gabinete no podría decirle al gobernador”.
Investigan al partido de Pedro Castillo por presunto lavado de dinero
La fiscalía de Perú inició una investigación por presunto lavado de dinero contra el primer ministro, Guido Bellido, y contra el vocero del oficialismo en el Congreso, Vladimir Cerrón, a dos semanas de la asunción de Pedro Castillo como presidente. Por su parte, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, la analista internacional Andrea Blumtritt enfatizó que el Gabinete debía ser avalado por el Congreso. Y explicó que se indagaba también sobre si los fondos provenían de agrupaciones armadas. A la vez, Blumtritt advirtió que se inquirían posibles cobros ilegales dentro del Gobierno regional; donde el partido Perú Libre, liderado por Castillo, se había fortalecido. El funcionario asumió en el Poder Ejecutivo peruano el pasado 28 de julio; luego de un mes de recuento de votos por parte del Tribunal Electoral.