El Congreso quiere ponerle un freno a los DNU de Milei
La Cámara de Diputados se reunirá a partir de las 15 hs. para debatir la modificación de la ley 26.122 del régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), además de rechazar el Decreto 846/24 que libera al Ejecutivo de pasar por el Congreso para reestructurar los canjes de deuda. “Planteamos un régimen que devuelva al Congreso un rol y que le ponga un límite al tiempo de los DNU, una herramienta que está muy bien para atender una emergencia, pero que no es eterna”, explicó Esteban Paulón, diputado nacional de Encuentro Federal, en diálogo con FRECUENCIA ZERO. El legislador, quien encabeza el pedido de sesión para el día de hoy, detalló que la iniciativa le da 90 días de validez a los DNU “hasta que pueda ser tratado en ambas Cámaras”, además de que “exige la aprobación de las mismas y no su silencio como ahora”. Paulón también destacó que la modificación hará que en el futuro “cualquier Ejecutivo tenga que dialogar más con el Congreso”, lo cual “dará más certeza y fortaleza a las decisiones que se toman y más robustez al sistema democrático”: “esa robustez institucional es la que están pidiendo los inversores”, agregó. Por último, apuntó contra Javier Milei: “es un presidente con tendencia autocrática, que no cree en la democracia y en la república”.
El gobierno preparado para privatizar Aerolíneas
Hoy habrá plenario de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y Transporte para tratar los tres proyectos que buscan declarar a Aerolíneas Argentina como empresa sujeta a privatización. El primero de ellos es de autoría de Hernán Lombardi con el apoyo de 14 diputados del PRO, el segundo a cargo de Juan Manuel López de la Coalición Cívica y el tercero del propio Poder Ejecutivo. Si se aprueba la iniciativa, el Congreso será el encargado de llevar adelante el proceso de privatización mediante una comisión especial. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el Diputado de la Nación por La Libertad Avanza, “Bertie” Benegas Lynch, secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, sostuvo que aspira “a que se pueda transitar el camino hacia la privatización de todas las empresas del Estado”: “El Estado está para proteger derechos y autonomías individuales y para impartir justicia; hace 100 años que tenemos la concepción de un Estado que nos tiene que hacer felices, pero si queremos eso tenemos que soportar que nos metan la mano en los bolsillos”, agregó. Asimismo, objetó la administración actual de Aerolíneas y denunció un “monopolio”: “cuando ponés políticos a jugar de empresarios, los incentivos son distintos; además, usan resortes políticos para limpiar la competencia y ser monopólicos porque Aerolíneas tiene el 65% de los vuelos domésticos porque le pusieron el lanzallamas en el pecho a las empresas con las que competían”, explicó. Por último, resaltó que, “en este contexto, el empresario genuino decide irse donde haya menos trogloditas”.
Polémica por los gastos del Senado
El portal Infobae publicó un estudio comparativo entre el Senado del Reino de España y la Cámara Alta de la Argentina. A pesar de tener más del triple de senadores (266 contra 72), la legislatura española gasta solo el 45% de lo que sería el presupuesto vigente del senado argentino, equivalente a más de $160 mil millones. Lo más curioso es la cantidad de empleados: mientras que en Argentina hay 4.754 empleados para 72 senadores, en España se registran 555 para 266. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Sandra Crucianelli, coordinadora de la Unidad de Datos de Infobae y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, analizó los datos del informe y resaltó los números del personal del senado local: “entre los 6 senadores de La Libertad Avanza suman 75 empleados, mientras que el bloque tiene 18; es el que más creció desde abril”, detalló. Asimismo, explicó que “el 90% del presupuesto corresponde a salarios”. En este contexto, la periodista reflexionó sobre la política de ajuste del gobierno y adelantó que no habrá recortes para el 2025: “hay una contradicción en el discurso del oficialismo porque a los legisladores los tildan de ratas, pero el ajuste no se ve plasmado en el Congreso; en el Presupuesto 2025 se prevé un aumento para el Senado, pero es muy mínimo; de esta forma, no hay recorte ni voluntad política para que esto cambie”, agregó.
LLA no presentó proyectos para auditar a las universidades
Luego de que Javier Milei dijera que “la universidad pública no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos” y de que se convirtió en un “obstáculo” para la movilidad social, el presidente reiteró su reclamo para auditar las 62 universidades nacionales: “deben estar sucios si no se dejan auditar”, había dicho en su discurso en el rebautizado Palacio Libertad. Sin embargo, La Libertad Avanza todavía no presentó proyectos en el Congreso de la Nación para modificar la legislación actual y avanzar en el sistema de rendición de cuentas que reclama el Ejecutivo. Los únicos bloques que presentaron iniciativas al respecto fueron el PRO y la Coalición Cívica. En el caso de los “lilitos”, se trata de proyectos de resolución que exigen a la Auditoría General de la Nación (AGN) una “auditoría presupuestaria, económica y financiera” sobre la Universidad de Buenos Aires, la de Tres de Febrero, Lomas de Zamora y General San Martín. Sin embargo, el proyecto más destacado es el encabezado por la diputada Giudici del PRO, acompañada por 10 legisladores del mismo espacio, que busca modificar la Ley de Educación Superior y la Ley Permanente de Presupuesto para que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) pueda realizar auditorías en todas las universidades públicas, respetando el principio de autonomía. En este sentido, según la propia SIGEN, no se pudo continuar con las respectivas auditorías tras un dictamen del ex Procurador General de la Nación, Carlos Zannini, quien en 2022 concluyó que no deben quedar bajo control de la Sindicatura. De esta forma, la iniciativa del PRO pretende volver a otorgar dicha potestad.
Diputados ratificó el veto contra el Financiamiento Universitario
La oposición no consiguió reunir los dos tercios de los votos para rechazar el veto presidencial contra la Ley de Financiamiento Universitario, que establecía un mecanismo de actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades y una recomposición salarial para el personal docente y no docente. La votación finalizó con 159 votos contra el veto (necesitaban 166), 85 a favor, 5 abstenciones y 8 ausentes. La Unión Cívica Radical y el bloque Independencia de Tucumán, que responde al gobernador Jaldo, fueron clave para torcer la decisión del Congreso en favor del Ejecutivo. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Vanina Biasi, diputada nacional del Partido Obrero-Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, analizó el resultado y sostuvo que “el Congreso se está convirtiendo en una institución que, lejos de ser un contrapeso al gobierno, le da cada vez más poder”. Asimismo, calificó las políticas del gobierno como “criminales” y apoyó el reclamo de los estudiantes y docentes: “la comunidad educativa no está dispuesta a tolerar estas políticas de destrucción”, agregó. La legisladora también expresó que “Milei es un producto descartable” y que detrás suyo “están los mismos de siempre que gobernaron el país en los últimos 30 años”, haciendo referencia al apoyo del PRO en el Congreso de la Nación. Biasi también habló sobre la polémica desatada con el streamer Fran Fijap y la continuidad de las tomas en las universidades nacionales.
El gobierno hace cuentas para sostener el veto contra las universidades
Tras la segunda Marcha Federal Universitaria y el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, la discusión ahora se centra en el Congreso de la Nación, lugar donde la oposición intentará resistirlo con los dos tercios de los votos. En el caso de la Cámara Baja, se necesitarán 172 diputados para anular el veto, en tanto que la oposición ya podría contar con, al menos, 160 votos garantizados (teniendo en cuenta el pedido de sesión por parte de la UCR, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, bloques provinciales y la adhesión de Innovación Federal). En este sentido, el gobierno depende en un 100% del PRO, cuyo bloque está integrado por 38 diputados. Si la oposición consigue 12 diputados más para el próximo miércoles, el veto correrá serio riesgo y su discusión se trasladará al Senado de la Nación. En este contexto, Mauricio Macri se reunió con los senadores de su partido y declaró puertas adentro que “la educación pública es una de las banderas del PRO”. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Emmanuel Boente Brusa, Lic. en Ciencias Políticas, analizó la compleja situación de Javier Milei en el Congreso y opinó sobre los dichos del presidente del PRO: “hay una jugada de Macri en doble sentido: por un lado, establecer una diferencia con La Libertad Avanza y, por el otro, es una forma de ver qué tanto controla su tropa en un tema tan sensible”. Al respecto, expresó que “la educación pública no fue una de las banderas del PRO, aunque es verdad que durante el macrismo no hubo un recorte tan masivo en la educación”. En cuanto al rol de la Unión Cívica Radical en la discusión, el politólogo resaltó que “el partido va a tener que revalidar su postura”: “tienen la oportunidad de demostrar que realmente representan esa bandera de la educación pública, si no defienden eso van a seguir perdiendo credibilidad”, agregó.
El gobierno dilata una ley contra los sindicatos
Esta semana, la Cámara de Diputados se predisponía a tratar en comisión la llamada “Ley de Democracia Sindical”, una iniciativa que contempla una serie de modificaciones para los sindicatos vinculadas con su financiamiento, la reelección indefinida y la eliminación de la obligatoriedad de la cuota sindical, entre otros ítems. Sin embargo, La Libertad Avanza decidió no acompañar el dictamen de mayoría, por lo que la reunión de comisión se pospuso. De forma sorpresiva, el gobierno habría accedido a un pedido de la CGT y habría tomado la decisión de dilatar su tratamiento en pos de priorizar la privatización de Aerolíneas Argentinas y el Presupuesto 2025. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el diputado nacional del PRO por Río Negro, Sergio Capozzi, vicepresidente 2° de la Comisión de Legislación del Trabajo, manifestó su postura y detalló lo ocurrido: “fue una noticia desagradable; es un proyecto que veniamos trabajando entre varios bloques y las últimas correcciones las habíamos realizado el último domingo, cuando ya teníamos garantizadas 18 firmas para el dictamen, pero, a último momento, La Libertad Avanza se bajó y se suspendió la reunión de comisión porque su presidente, el diputado Tetaz, no quería que se transformara en un caos”. El legislador resaltó la importancia del proyecto y criticó a la actual dirigencia sindical, a la cual acusó de aferrarse a “estructuras obsoletas”, pero, de todas formas, no brindó garantías sobre cuándo podría reencauzarse su tratamiento: “la comisión pasaría para la próxima semana, pero veo difícil que se pueda tratar el proyecto porque tendremos comisiones y sesión; no veo cómo vamos a hacer para tratar esto nuevamente”, agregó.
El PRO reclama la Coparticipación en medio de la discusión por el Presupuesto 2025
Daiana Fernández Molero, Diputada de la Nación del PRO por la Ciudad de Buenos Aires, se expresó en torno al discurso del presidente Milei en el Congreso, en el que presentó el Presupuesto 2025. Se mostró de acuerdo con el ajuste reclamado por Nación a las provincias, pero también aprovechó para reiterar el reclamo por la Coparticipación: “está muy bien el enfoque de decir que esto no lo resuelve solo el gobierno nacional, pero se tiene que concretar un pacto fiscal claro con proyecciones claras; si en CABA no se resuelve esto y el envío de fondos no se hace de forma efectiva, es muy difícil trabajar con previsibilidad”, expresó. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la legisladora nacional consideró que el conflicto entre la Ciudad y Nación se resolverá: “van a terminar haciendo lo que corresponde porque es un gobierno que quiere traer inversiones y que podamos vivir en libertad, así que parte de eso es tener reglas claras y cumplir con los fallos de la Corte”, agregó. En cuanto a la exigencia del presidente a las provincias de efectuar un ajuste de USD 60 mil millones, Fernández Molero pidió que se atiendan todos los casos y se estudien “qué provincias tienen las cuentas en orden y cuáles necesitan sanearlas”, pero que “se trabaje con previsibilidad”. Por último, hizo alusión a sus colegas que decidieron ausentarse del discurso en el recinto de la Cámara de Diputados: “a mí me parece que es una formalidad ir, independientemente de lo que uno piense, porque es un acto institucional; es verdad que no fue obligatorio, pero creo que si el presidente decide venir al Congreso corresponde ir porque es un acto institucional, pero está en cada uno”, sostuvo.
Impulsan un proyecto para bienes restituidos del crimen organizado
La iniciativa “Bien Restituido” busca que bienes criminales tales como vehículos o propiedades, que han sido instrumento, producto y provecho de actividades delictivas complejas, puedan ser transformados en bienes comunes para ser reutilizados social y económicamente. De esta forma, se busca crear un nuevo marco normativo que incite el decomiso de bienes provenientes del delito y que su destino sean diferentes organizaciones sociales y comunitarias. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Lucas Manjon, coordinador del proyecto, defendió la propuesta y sostuvo que “cerca del 90% de los bloques del Congreso firmaron en favor del proyecto”, aunque afirmó que la demora de su tratamiento en las comisiones se debe a “subjetividades políticas”: “algunos sectores creen que hay que vender directamente esos bienes, mientras que otros directamente no quieren que las organizaciones de la sociedad civil tengan participación”, agregó. Asimismo, resaltó la opacidad del sistema al sostener que no existe un ente que administre la materia y que “tampoco se sabe a ciencia cierta cuánto hay de bienes recuperados”. Cabe destacar que desde Bien Restituido consideran que la implementación de dicha ley permitirá al Estado ahorrar dinero en este tipo de transacciones: “sin un sistema de bienes restituidos, el Estado no solo pierde plata sino que gasta; en Italia, por ejemplo, se recuperaron 40 billones de euros del crimen organizado desde que se sancionó la ley”, destacó Majon.
La UCR mantendría el veto contra la Movilidad Jubilatoria
A diferencia de lo sucedido en junio pasado, el bloque liderado por Rodrigo De Loredo parece que le dará los votos que necesita el gobierno para evitar que la Cámara de Diputados rechace el veto presidencial contra la Ley de Movilidad Jubilatoria. La oposición necesitará los dos tercios de los votos (172 en diputados y 48 en senadores) para anularlo, mientras que al oficialismo le hacen falta 10 para evitarlo en la Cámara Baja. En este contexto parece que, por lo menos, 7 diputados radicales desconocerán su votación previa a favor de la movilidad y apoyarán al gobierno con el veto. Algunos de ellos son el diputado Campero de Tucumán, Soledad Carrizo y Luis Picat de Córdoba, Roxana Reyes de Santa Cruz y otros legisladores que responden a los gobernadores radicales Gustavo Valdés de Corrientes y Alfredo Cornejo de Mendoza. Por si fuera poco, desde Casa Rosada echaron manos a la obra y convocaron a diputados del PRO, el MID de Oscar Zago y la propia Libertad Avanza para diagramar una estrategia parlamentaria que evite nuevas derrotas del gobierno nacional en el Congreso. Quien comandó el encuentro fue la mismísima Karina Milei, en carácter de secretaria general de la presidencia, y Federico Sturzenegger como ministro de desregulación y transformación del Estado. El momento de la verdad será mañana a partir de las 11 hs.