El presidente de la Nación efectuó la firma el pasado viernes, en tanto el veto se publicó hoy en el Boletín Oficial. De esta forma, el Ejecutivo anuló, de forma total, la ley de movilidad jubilatoria sancionada por el Congreso de la Nación, tras argumentar que atenta contra el superávit fiscal. El trámite se dio luego de que el mandatario se reuniera en Casa Rosada con legisladores de la oposición dialoguista.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el Dr. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires, se expresó sobre el veto presidencial y adelantó que analizarán la presentación de un eventual amparo: “si bien el veto es constitucional, debe estar fundamentado, así que vamos a analizarlo a fondo y evaluar si realizamos una presentación judicial como hicimos en otras oportunidades”, detalló. Asimismo, resaltó que “el costo fiscal que le preocupa tanto al gobierno ya lo absorbió mediante la licuación de haberes durante los últimos 7 meses porque el bono está totalmente congelado”. 

Sin embargo, el Dr. Semino también aclaró que la movilidad jubilatoria “es una reforma pequeña porque para los 5 millones de jubilados con la mínima implica un aumento de $18 mil, mientras que para los jubilados con pensiones no contributivas como las personas con discapacidad y PUAM el aumento sería de entre $11 mil y $13 mil”. De todas formas, se manifestó en contra de la decisión presidencial. Por su parte, el Congreso podrá resistir el veto, pero necesita los dos tercios de sus votos para ello.