Hace algunos días se dio a conocer un informe de la Auditoría General de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre cuáles fueron las acciones a las que se comprometieron desde el Gobierno porteño, de acuerdo al PISA (Plan Integral de Saneamiento Ambiental), cómo las desarrolló y los niveles de eficacia de gestión y eficiencia económica.

Pero resulta que la evaluación de estos trece años de incumplimiento con el fallo de la Corte Suprema de Justicia con respecto al saneamiento del la Cuenca Matanza Riachuelo debe evaluarse con la responsabilidad tripartita que tienen Nación, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires.

Al respecto Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) dijo que “la falta de gestión que han tenido los organismos a cargo. El primero y principal, la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, que si bien está integrada por las tres jurisdicciones, está fuertemente encabezada por el Gobierno nacional que ha tenido gestión muy discontinua”.

“Las distintas jurisdicciones han hecho más y menos, es decir, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires el hecho de que se haya disuelto el organismo- la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo (UPE CUMAR)-es un dato, pero también es cierto que la CABA no ha avanzado con la relocalización de las viviendas que están en el borde del Riachuelo y que tenía la obligación de hacer y a mermado en otras obligaciones. Pero eso no es un indicador principal”, comentó Napoli.

Asimismo, el titular de FARN, señaló que es importante tener una visión equitativa de la situación: “La provincia de Buenos Aires por no ha hecho nada. Al punto tal que la representación de la provincia, en la última audiencia, fue un asesor de un Subsecretario. Lo que le valió a que la Corte dijera que la provincia no tiene representación en el caso”.