Desde hace un mes, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA está trabajando en los sobrecostos para la adquisición de alimentos por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Antes de la pandemia, ya existía la emergencia en el distrito. Cerca de 110 mil habitantes la recibían: almuerzos, meriendas y cenas, a través de comedores comunitarios. El Coronavirus sólo amplificó la situación de los porteños.
A partir del Covid- 19, la titular de la Cátedra, María Eva Koutsovitis, comentó que organismos sin competencia para la asistencia, como el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), comenzaron a hacerlo, particularmente en los barrios populares. Para esto, aparecieron empresas intermediarias de bienes y servicios. En lugar de realizar las adquisiciones mediante los proveedores o fabricantes.
En el caso del IVC, la especialista señaló el acuerdo con la compañía Sano y Bueno Catering S.A. para la compra de 30 mil bolsones de comida, con 11 alimentos esenciales: harina, leche, galletitas y cacao, son algunos componentes. «En general con baja calidad nutricional», expuso. Estos productos fueron entregados en un punto, y luego recogidos y repartidos por trabajadoras comunitarias, quienes lo hicieron sin retribución y protección por el virus.
Según denunció en diálogo con FRECUENCIA ZERO, esta contratación directa generó un sobrecosto del 100%, teniendo en cuenta valores minoristas. Lo que el Gobierno pagó $1200, en cualquier almacén se encuentra a $640. No obstante, los números son más llamativos cuando se observan los precios mayoristas y que muchos productos fueron intercambiados o no entregados.
Ante estos números, el IVC explicó que la empresa lleva más de 10 años trabajando con el Estado y reconoció que el valor minorista es más bajo al abonado, aunque no de la mitad. Sin embargo, marcó que la modalidad de contratación es el determinante en este caso.
En este marco, Koutsovitis aseguró que estos manejos se repiten en muchos bienes y productos, que el Estado podría fabricar o comprar a cooperativas, que producen barbijos, alimentos o bienes y servicios. Por otro lado, se mostró preocupada porque no establecieron la calidad de los alimentos. Esto último demuestra la falta de valor nutricional y que el Gobierno no sabe si está pagando un precio adecuado.
