El ministro de economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo, anunció en conferencia de prensa la inesperada decisión del gobierno, que dejó fuera de la discusión legislativa temas tales como la movilidad jubilatoria, el blanqueo de capitales, la moratoria, bienes personales, el impuesto a las ganancias y las retenciones a economías regionales, un artículo que comprometía el apoyo de los gobernadores. “Bajar el capítulo fiscal de la ley implica que el gobierno resigne recursos por un 1,8% del PBI y recordemos que quieren un ajuste del 5%”, explicó el economista José Castillo, en diálogo con FRECUENCIA ZERO. 

Sin embargo, el gobierno promete sostener el equilibrio fiscal a través de la quita de transferencias de fondos a las provincias, por fuera de la coparticipación, además de actualizar el impuesto a los combustibles, que no es coparticipable y está frenado desde el 2021, y el ajuste de los salarios del gobierno nacional, tras una paritaria de ATE y UPCN que cerró muy por debajo de la inflación, con aumentos del 16%. Sin embargo, José Castillo alertó que “el ajuste también se hace con la inflación”: “no hay Presupuesto 2024, por lo que las partidas siguen siendo las mismas del año pasado y con la inflación descomunal que tenemos, por ejemplo, la mayoría de ministerios se pueden quedar sin plata en abril”, resaltó.

En cuanto a la pérdida real de los salarios y jubilaciones, el economista sostuvo que “no se puede calcular”, pero que, en el mejor escenario y con los números de inflación que pronostica el gobierno, “se puede estimar un golpe sobre los salarios del sector público y jubilaciones de entre un 25% y 30%”. “Además, si le sumas que el gobierno provoca una recesión y tiende naturalmente a quitarle poder a las negociaciones paritarias, los empresarios van a empezar a no ceder con los aumentos, y ahí tenes una situación catastrófica”, agregó.