El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Salud, Fernández Quirós, fueron denunciados penalmente por supuesta privatización de las vacunas contra el Coronavirus, entregando dosis a obras sociales para el uso exclusivo de sus afiliados.

Al mismo tiempo, el Gobierno recibió otra presentación en su contra, ya que se lo acusa del armado de un centro de vacunación paralelo en el barrio de Parque Chacabuco, donde se estaría inmunizando a militantes de Juntos por el Cambio y amigos.

Para Quirós, las denuncias “pretenden agregar una angustia innecesaria” a la situación de millones de personas. “Si algún ciudadano tiene alguna duda, aquí estamos para mostrar y explicar lo que hacemos e hicimos y para transparentar los datos. Lo más importante es explicarle a la gente”, aseveró en conferencia de prensa.

La abogada que inició la primera acusación, Natalia Salvo, le respondió al funcionario porteño y sostuvo que «la angustia innecesaria también está producida en los adultos mayores que se ven en la cola para esperar la vacunación, cuando aquellos que cuentan con una empresa de medicina prepaga ya están inscriptos para ser vacunados».

En su justificación, la letrada manifestó que el Estado tiene el deber indelegable de fiscalizar la cadena de trazabilidad de las vacunas y sus aplicaciones en el orden correspondiente. Por eso, pidió preliminarmente que se investigue a Larreta y Quirós por presunto incumplimiento de los deberes como funcionarios públicos.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Salvo señaló que el Ejecutivo entrega las dosis, suministradas por la gestión nacional, al Sanatorio Güemes, el CEMIC, la obra social de gastronómicos, y los hospitales Británico y Alemán.

Sobre este punto, añadió que estas instituciones informan que sólo serán anotados los afiliados o socios. «Esto echa por tierra el argumento inicial del Gobierno, que estas empresas colaboraban para aplicar estas vacunas por el orden establecido en el plan de vacunación», marcó Salvo.