A partir de un amparo presentado por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) y de una denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Justicia ordenó una serie de medidas para determinar si el sistema de reconocimiento facial pudo haber sido utilizado para realizar trabajos de vigilancia masiva e inteligencia de políticos, dirigentes sociales, sindicalistas y otras personalidades.

El juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, Andrés Gallardo, suspendió el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y allanó la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad y el Centro de Monitoreo porteño. Fue tras detectar la migración irregular de datos biométricos del Renaper (Registro Nacional de las Personas) de más de 7,5 millones de individuos hacia CABA; incluidos el Presidente, la Vicepresidenta, jueces de la Corte Suprema, entre otros.

Beatriz Busaniche, presidenta de Fundación Vía Libre, señaló en diálogo con Frecuencia Zero que en 2019, antes de que se aprobara el proyecto en la Legislatura porteña, se presentaron junto al CELS y a ODIA para que lo rechacen y que se prohibiera, como en muchas ciudades del mundo, buscando proteger los derechos de la ciudadanía.

“Nosotros en su momento habíamos indicado que esto suponía un problema serio a una violación a la privacidad, a la libertad de circulación; que era un sistema que tenía una tasa alta de falsos positivos. Pero que, además, si no fallara, supondría un estado de vigilancia permanente de todos modos”, explicó Busaniche.

Entre las personas cuyos datos fueron migrados forma ilegal del Renaper a CABA por parte de la gestión de Larreta (es decir, se los robó), figuran los dirigentes más importantes del oficialismo, como el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el diputado Máximo Kirchner. Pero también integrantes del propio espacio del jefe de Gobierno porteño, como Patricia Bullrich, Gerardo Morales y Elisa Carrió.

“D’Alessandro –el ministro de Seguridad porteño– salió a dar explicaciones bastante flojas, poco convincentes; pero la semana pasada ofreció el reconocimiento facial para perseguir manifestantes», advirtió la presidenta de la Fundación Vía Libre.