Agustín Rombolá propone renovar la política desde Nuevos Aires
En plena campaña rumbo a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, Agustín Rombolá, candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires del espacio Nuevos Aires, busca instalar una agenda de renovación política. A sus 34 años, se presenta como una voz distinta en un escenario marcado por la crisis económica y la falta de confianza ciudadana en las instituciones, con el objetivo de representar a una generación que reclama lugar en la toma de decisiones. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Rombolá aseguró que su candidatura se apoya en dos ejes centrales: “gritarle basta a una generación obsoleta de la política” y proyectar un país a 50 o 100 años, más allá de la coyuntura. Entre sus propuestas destacó la creación de una renta básica universal financiada con regalías de recursos estratégicos, destinada tanto a los jubilados como a los menores de 18 años, así como un proceso de descentralización que impulse el desarrollo de la Patagonia. También planteó la necesidad de trasladar la capital al sur del país para consolidar la posición geopolítica de Argentina en el Atlántico Sur. El candidato de Nuevos Aires remarcó además que la juventud no solo debe resolver los problemas de su generación, sino también los de los adultos mayores. En ese sentido, cuestionó la falta de soluciones estructurales en torno a las jubilaciones, el empleo y la vivienda, y afirmó que la política tradicional ha fracasado en dar respuestas. Como alternativa, propuso un Estado inteligente y eficiente, que combine mercado e innovación tecnológica, incluyendo una reforma integral basada en blockchain para terminar con la corrupción. Rombolá cerró su mensaje convocando a la participación popular y al voto joven como motores de cambio. “Lo único que nos va a salvar del fracaso argentino son las nuevas generaciones y la participación ciudadana”, afirmó, convencido de que el 26 de octubre marcará un punto de inflexión para discutir el futuro del país y abrir paso a una nueva dirigencia en el Senado.
Peretta propone una nueva ley de medicamentos para cortar con la corrupción
En plena campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el candidato a diputado nacional por Movimiento Plural en la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Peretta, plantea que el Congreso debe avanzar en una nueva ley de medicamentos. Según el dirigente, la norma vigente, sancionada en 1964, quedó desactualizada frente a los problemas actuales del sistema de salud, como los sobreprecios, la corrupción y la falta de acceso de la población a tratamientos básicos. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Peretta sostuvo que su proyecto buscará “frenar el vínculo entre laboratorios y política”, al denunciar que el financiamiento de campañas electorales por parte de la industria farmacéutica garantiza impunidad y privilegios en licitaciones. Además, advirtió que la corrupción en el sector se ve reflejada en escándalos recientes, como el caso de HLB Pharma y la crisis por ampollas de fentanilo contaminadas. “Necesitamos una ley que proteja a la gente y expulse a los empresarios que quieren hacer negocios con la salud”, afirmó. El candidato también responsabilizó a la ANMAT por controles deficientes y tardíos en laboratorios señalados por irregularidades desde 2019. “El organismo siempre trabajó a favor de los laboratorios, no de la gente”, expresó, y reclamó mayor transparencia en las decisiones regulatorias. Peretta cuestionó además la “publicidad exagerada” de medicamentos en los medios, a su juicio promotora de automedicación y empobrecimiento de los consumidores. Por último, el dirigente vinculó la situación sanitaria con la crisis política y económica. Consideró que el gobierno “mintió con las estadísticas” y entregó cargos clave a patrocinadores privados, lo que explica, según él, tanto los problemas en el PAMI como los escándalos en la Agencia Nacional de Discapacidad. En ese marco, insistió en que la Argentina tiene “la oportunidad histórica de sancionar una nueva ley de medicamentos” que blinde a la salud pública frente a los intereses corporativos.
Lozano propone juicio político a Milei en el Congreso
De cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, Claudio Lozano, primer candidato a diputado nacional por Unidad Popular en la Ciudad de Buenos Aires, planteó que el Congreso debe recuperar un rol central en la defensa de los derechos ciudadanos frente a lo que definió como un “gobierno corrupto, represor y fuera de la Constitución”. El economista advirtió que la continuidad del rumbo actual significaría una hipoteca sobre el futuro del país y reclamó una oposición “que deje de ser cómplice”. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Lozano señaló que el presidente Javier Milei acumula causales suficientes para ser sometido a un juicio político. “Estamos frente a un Ejecutivo que gobierna por decreto y vulnera derechos elementales”, afirmó, al tiempo que adelantó que impulsará la anulación de los decretos de necesidad y urgencia que, a su entender, “cagan la vida a inquilinos, jubilados y usuarios de prepagas”. Además, reiteró su oposición al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la deuda heredada del macrismo, y reclamó la creación de un ingreso básico universal para erradicar la indigencia. El dirigente subrayó también que Milei no actúa en soledad, sino como “cabeza de proa de una alianza entre el capital financiero y las corporaciones económicas locales y extranjeras”, en la que, según dijo, participan sectores del PRO, la UCR y parte del peronismo. Frente a ese escenario, remarcó la necesidad de “llenar el Parlamento de legisladores dispuestos a representar a la sociedad y no al FMI ni al poder económico”. Al analizar su experiencia como exdiputado y exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández, Lozano sostuvo que esa coalición “nunca fue un frente político real, sino apenas un acuerdo electoral de reacción contra el macrismo”. A su juicio, la falta de debate, la fragmentación interna y la validación del acuerdo con el FMI terminaron en un “desastre” que allanó el camino al actual oficialismo. “El problema es que en la Argentina hemos pasado de una frustración a otra, y si no se construyen proyectos claros con verdadera democracia interna, el futuro seguirá siendo de crisis y desencanto”, concluyó.
Katz propone una nueva forma de distribuir el poder desde el Congreso
En plena campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre, Alejandro Katz, primer candidato a diputado nacional de Movimiento Ciudadano por la Ciudad de Buenos Aires, busca instalar una alternativa en un escenario político dominado por la polarización. Su propuesta apunta a representar a una sociedad civil que, según afirma, hace tiempo no encuentra opciones políticas que expresen sus intereses y necesidades de manera satisfactoria. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Katz explicó que su objetivo es construir un espacio que combine tradición democrática e innovación, sin caer en la lógica de quienes sostienen que “el Estado lo resuelve todo” ni en la de quienes creen que “el mercado es la panacea universal”. “No es el Estado, no es el mercado: es la sociedad”, subrayó, y advirtió que tanto la sobredimensión estatal como la desregulación total terminan afectando la vida cotidiana de la ciudadanía. El dirigente cuestionó tanto al kirchnerismo como al actual oficialismo. Señaló que el primero amplió el Estado sin mejorar los bienes públicos esenciales, mientras que Javier Milei, al que definió como “el emergente de una clase política disfuncional”, avanza con una lógica destructiva que no plantea una reforma inteligente. “Agrandar o achicar el Estado es fácil y estúpido; lo importante es pensar su calidad”, sentenció. De llegar al Congreso, Katz adelantó que impulsará proyectos para descentralizar el poder y fortalecer la participación ciudadana, con propuestas vinculadas a la educación, la salud y el desarrollo productivo. Su apuesta, dijo, no es mesiánica, sino de construcción colectiva: “No vamos a cambiar el país en cuatro años, pero podemos abrir un debate distinto. Distribuir el poder es más importante que distribuir el ingreso, porque sin autonomía social no hay verdadera democracia”.
El Partido Comunista quiere llegar al Congreso Nacional
De cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, el Partido Comunista busca tener representación en el Congreso tras más de tres décadas sin listas propias. Su primer candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Ariel Elger, plantea una agenda de transformaciones profundas, que incluye una nueva Constitución y una fuerte redistribución de la riqueza como ejes centrales de campaña. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Elger sostuvo que la Argentina necesita aplicar un impuesto extraordinario a las grandes fortunas y terminar con la concentración de recursos en manos de unos pocos. “En el país sobra riqueza, pero está concentrada en grupos económicos que se la llevan al exterior. No es cierto que no haya plata, lo que falta es una distribución justa”, afirmó, y remarcó que el comunismo propone “una transformación radical” para revertir la desigualdad social. El dirigente también subrayó la necesidad de una reforma política de fondo. Propone reemplazar el actual esquema bicameral por una única Cámara de Representantes, así como ampliar los mecanismos de participación popular. “Los sindicatos, el movimiento estudiantil y la cultura deberían tener representación directa en el Parlamento. Eso sería una verdadera democracia participativa”, argumentó, en línea con la idea de impulsar una nueva Constitución que supere el Pacto de Olivos de 1994. Sobre el escenario político, Elger reconoció la fragmentación de las fuerzas progresistas, pero defendió la vocación unitaria de su espacio. Diferenció al Partido Comunista del Frente de Izquierda, al señalar que mientras su partido impulsa la construcción frentista y el apoyo a avances concretos, tal como la estatización de YPF, otras fuerzas “han optado por la abstención”. Finalmente, criticó la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y atribuyó el crecimiento del ausentismo electoral a la desilusión popular con las promesas incumplidas de los últimos gobiernos.
Hernán Reyes quiere que el Congreso recupere su rol frente al avance del poder
En la recta hacia las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, la Coalición Cívica busca consolidar su presencia en el Congreso con un discurso centrado en la defensa de las instituciones y la transparencia. Hernán Reyes, actual legislador porteño y primer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, planteó que la disputa política se da hoy entre la preservación de los valores republicanos y el avance de modelos que, a su entender, degradan la vida democrática. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Reyes afirmó que su propuesta consiste en “llevar al Congreso las ideas de la república, la honestidad y la transparencia”, y cuestionó tanto al oficialismo de Javier Milei como al kirchnerismo, por sostener un esquema de “polarización binaria” que, según señaló, impide discutir los problemas de fondo. En ese marco, advirtió que las políticas de desregulación impulsadas por el gobierno “han derivado en abusos de las prepagas y ajustes sobre los más vulnerables, como jubilados, personas con discapacidad o el propio Hospital Garrahan”. El dirigente de la Coalición Cívica planteó que el equilibrio fiscal es necesario, pero rechazó que se logre a costa de recortar en áreas sensibles para la sociedad. “No todo vale por el superávit. No se puede dejar de invertir en salud, educación o ciencia porque eso termina frenando el desarrollo del país”, sostuvo. Asimismo, propuso revisar beneficios fiscales a grandes empresas y discutir el gasto tributario para liberar recursos que puedan destinarse a prioridades sociales. Respecto del rol del Congreso, Reyes remarcó que “no puede quedar despreciado por el veto y los decretos presidenciales”, y subrayó que la Coalición Cívica “es una fuerza parlamentaria por excelencia, con una trayectoria en la defensa de la institucionalidad”. Finalmente, descartó la posibilidad de un frente electoral amplio que una a sectores enfrentados históricamente y llamó a construir confianza desde la sociedad: “Lo central es recuperar la autoestima de los argentinos y volver a creer que merecemos un país con instituciones fuertes y oportunidades para todos”.
Winokur propone un programa anticapitalista en el Congreso
En el marco de la campaña rumbo a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, Federico Winokur se presenta como primer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Nuevo MAS. Maestro de formación y referente joven de la izquierda, sostiene que su espacio busca instalar una agenda distinta a la de las fuerzas mayoritarias, poniendo en primer plano las necesidades de los trabajadores frente a la crisis económica y social. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Winokur subrayó que el salario es hoy la principal preocupación popular. “Todos tienen más de un trabajo, hacen Uber o Rappi para llegar a fin de mes. Nosotros queremos representar a esos sectores y proponemos un salario mínimo de dos millones de pesos”, afirmó. Para alcanzar ese objetivo, planteó medidas inmediatas como un impuesto permanente a la riqueza y, en paralelo, un cambio estructural en la organización de la economía, con planificación democrática encabezada por los trabajadores. El dirigente también cuestionó duramente a otros espacios de izquierda, en particular al Frente de Izquierda y de los Trabajadores, por la fragmentación electoral y las candidaturas testimoniales. Consideró que estas prácticas “ensucian” la trayectoria de la izquierda y la acercan a las lógicas del peronismo, centradas en “rosca y carguitos”. En contraste, destacó que en las listas del Nuevo MAS se integran militantes de base e incluso sectores desencantados del peronismo que encuentran en su propuesta un canal de representación. También acusó a Nicolás del Caño de ser un “candidato testimonial”. En materia educativa, Winokur defendió la necesidad de triplicar de inmediato el presupuesto universitario para sostener el carácter público y gratuito de la enseñanza superior. Señaló que la política del gobierno nacional apunta a desfinanciar derechos básicos, lo que calificó como “ultracapitalismo”. De cara a los comicios, instó a respaldar una alternativa anticapitalista “clara y honesta”, cuyo eje sea garantizar un salario digno, fortalecer la universidad pública y dar voz a quienes hoy no encuentran representación en la agenda del Congreso.
Reclaman una ley de obstetricia en CABA
Mientras 23 jurisdicciones del país (incluida la provincia de Buenos Aires) ya actualizaron su marco legal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue rigiéndose por una norma de 1967 para regular la actividad de licenciadas y licenciados en obstetricia. Esta situación impide que profesionales formados en universidades, con residencia, diplomaturas y cursos de posgrado, puedan ejercer plenamente su labor. A pesar de los avances en legislación vinculada a la salud sexual y reproductiva, la falta de una ley local obstaculiza el acceso real de la población a esos derechos. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Yamila Morales, licenciada en obstetricia, advirtió que la ley vigente las ubica como “colaboradoras del médico”, lo que limita su capacidad de recetar suplementos, colocar anticonceptivos o garantizar interrupciones legales del embarazo. “Acompañamos a las personas en toda su vida sexual, reproductiva y no reproductiva. Pero sin una ley acorde, no podemos trabajar de lo que aprendimos”, señaló. También remarcó que muchas colegas jóvenes se ven obligadas a migrar laboralmente hacia la provincia, donde sí pueden ejercer su rol con autonomía. La campaña por una Ley de Ejercicio Profesional en CABA recién comienza. Morales explicó que el proyecto busca igualar derechos con otros distritos y permitir que las y los obstetras trabajen también en docencia, investigación, atención primaria y consultorios propios. Aunque intentaron acercarse a legisladores porteños, todavía no lograron instalar el tema en la agenda política. “No pedimos más que poder ejercer nuestra profesión con dignidad y garantizar derechos a quienes acompañamos”, concluyó. Para seguir su iniciativa, invitan a la comunidad a sumarse en Instagram a través de la cuenta @leyobstetricascaba.
La Comuna 9 refuerza el control del espacio público
En las últimas semanas, la Comuna 9 de la Ciudad de Buenos Aires, que comprende los barrios de Liniers, Parque Avellaneda y Mataderos, fue escenario de un amplio desalojo de manteros. Con la presencia del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y del presidente comunal Maximiliano Mosquera, se desplegó un operativo de gran magnitud sobre la colectora de General Paz, Av. Rivadavia, Timoteo Gordillo y Ventura Bosch. Esta intervención formó parte de una serie de acciones impulsadas por el Ejecutivo porteño para ordenar el espacio público, recuperar la circulación peatonal y brindar mayor seguridad en zonas de alta concurrencia. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Maximiliano Mosquera explicó que el operativo respondió a un reclamo “histórico” de los vecinos, quienes señalaban problemas de suciedad e inseguridad vinculados a la venta callejera. “Esto no es un pedido caprichoso. Todos sabemos que muchas veces estos focos de manteros generan arrebatos y situaciones de riesgo para los vecinos”, afirmó. Aclaró que no se trata de una acción aislada, sino de una intervención planificada, con trabajo de inteligencia previo, que incluyó allanamientos y control de depósitos informales. Además, aseguró que se mantendrá presencia de la Ciudad para evitar la reinstalación de los puestos. Consultado sobre críticas por presunta violencia institucional, Mosquera replicó: “Violencia es que un vecino no pueda transitar su vereda o que un comerciante no pueda trabajar por la ocupación del espacio público”. Más allá de los operativos, la gestión comunal también avanza en obras de puesta en valor en distintos puntos de la Comuna. En Mataderos, por ejemplo, se están completando las primeras tres cuadras del proyecto de remodelación del Casco Histórico sobre Avenida de los Corrales. Aunque la iniciativa original incluía la restauración de la fachada del ex Mercado de Hacienda, esa etapa se encuentra paralizada debido a que el predio es propiedad del Gobierno nacional. “Desde la Ciudad ofrecimos hacernos cargo de las obras si Nación autorizaba, pero el expediente sigue esperando una firma”, lamentó Mosquera. Por otra parte, destacó las obras realizadas en espacios verdes como la Plaza Olivera, remodelada con un diseño de castillo medieval, y la plaza conocida como “La Monito” en Rómulo Zabala, donde además del nuevo patio de juegos con temática náutica, se amplió el predio y se reorganizó la circulación para desalentar picadas y el uso indebido del espacio. En esa misma línea, se están instalando reductores de velocidad y realizando cambios de sentido en calles aledañas, con el objetivo de brindar mayor seguridad. Mosquera subrayó que todas estas obras buscan recuperar el espacio público para el disfrute de los vecinos y fomentar una convivencia más ordenada en los tres barrios que componen la Comuna 9.
CABA avanza en la creación de su propio sistema penitenciario
La Legislatura porteña inició el debate para la creación del Sistema Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto, impulsado por el Ejecutivo de Jorge Macri y acompañado por otras propuestas legislativas, busca administrar la custodia de detenidos, imputados y condenados en el ámbito local, en medio de una crisis carcelaria con superpoblación de presos en las alcaidías. La iniciativa apunta a regular cómo se ejecutan las penas dentro del distrito, un paso pendiente en la autonomía judicial de la Ciudad. La discusión también se enmarca en las negociaciones con el gobierno nacional por el traspaso de competencias vinculadas al encierro de personas condenadas por delitos no federales. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Leandro Halperín, subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del gobierno porteño, aclaró que aún no hay un proyecto cerrado, sino que se trabaja en construir un texto consensuado entre las distintas fuerzas. El funcionario destacó que el sistema en debate busca combinar tres vectores: seguridad en la pena, resocialización para reducir la reincidencia e inclusión de la víctima en el proceso. Además, señaló que, si bien hay propuestas que permiten la participación del sector privado en infraestructura y servicios, como alimentación o educación, no hay acuerdo para delegar en privados las funciones de seguridad ni de tratamiento penitenciario. Respecto al acuerdo firmado en noviembre entre la Ciudad y la Nación, Halperín explicó que no se trata aún de un traspaso efectivo, sino de una apertura al diálogo. Denunció que actualmente hay más de 2.500 personas detenidas en comisarías porteñas debido a que el Servicio Penitenciario Federal se niega a recibirlas, lo cual contraviene la legislación vigente. “El traspaso debe hacerse como marca la Constitución: con leyes, acuerdos y recursos suficientes. No se trata de trasladar presos, sino de transferir competencias”, subrayó el funcionario.