La política detrás de las Cortes Supremas provinciales
En la Argentina, la independencia judicial enfrenta serias tensiones. Un informe realizado por Ruido y Connectas, con la supervisión de Chequeado, reveló que el 64% de los jueces de las Cortes Supremas provinciales tuvieron vínculos previos con el poder político, ya sea como ministros, asesores o incluso vicegobernadores. De ellos, 76 sobre un total de 88 fueron nombrados por los mismos gobiernos para los que trabajaron. Este entramado, que incluye casos de designaciones familiares, plantea interrogantes sobre la credibilidad del sistema judicial y la vigencia del principio republicano de división de poderes. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Ezequiel Soria, periodista de ElRuido.org, sostuvo que estos hallazgos muestran que lo que parecía una sospecha aislada se transformó en una regla general. “Uno se pregunta hasta qué punto es ético que un gobernador designe a un familiar directo o a un abogado personal en la Corte Suprema provincial. Si bien los mecanismos de nombramiento son legítimos, el problema es que afectan la percepción de independencia y profundizan la desconfianza ciudadana en la justicia, que en Argentina apenas alcanza el 22%”, explicó. Según el informe, provincias como San Luis, San Juan y La Rioja tienen cortes compuestas por un 100% de exfuncionarios, mientras que Santiago del Estero aparece como una excepción sin antecedentes en el Ejecutivo. El estudio también destacó la falta de transparencia en el acceso a la información judicial: pocas cortes provinciales respondieron los pedidos formales y, en muchos casos, los sitios web oficiales carecen de currículums o datos básicos sobre sus miembros. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tres de los cinco integrantes del Tribunal Superior tuvieron cargos políticos previos, y el distrito no respondió a las solicitudes de información. Para Soria, esta opacidad no solo refuerza la sospecha de vínculos indebidos, sino que debilita la confianza pública en un Poder Judicial que debería ser la garantía máxima de imparcialidad.
Un fallo en Mendoza reactivó la discusión acerca de los créditos UVA
La jueza Cecilia Landaburu, emitió una resolución mediante la cual estableció eliminar el UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) como indicador de actualización. Determinó que en su lugar comience a aplicarse otra fórmula, el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), para fijar el monto de las cuotas mensuales. Y ordenó retrotraer las deudas al mes de agosto de 2019. Lo antes señalado se aplicará en el caso de Marcos Azulay, quien había tramitado un crédito para refacción de su vivienda por 1,2 millones de pesos por un plazo de 15 años. Y hoy debe 7 millones de pesos. Pero, además, el fallo de la magistrada fijó que el Congreso de la Nación tiene que buscar una solución para todos los afectados por los créditos UVA. El jueves 5 de mayo, a las 15 horas, en la puerta del Parlamento nacional se manifestarán Hipotecados UVA Autoconvocados para solicitar a senadores y diputados que trabajen en un proyecto de ley que unifique los 17 proyectos que existen; y, asimismo, que se los incluya en las discusiones que se llevarán adelante durante todo un mes. Paola Gutiérrez, miembro del colectivo, explica: «La UVA es una pseudomoneda; y en 2016 el valor de la misma era de $14.80, mientras que hoy es de $117.45. Estamos a $1.50 de tener una deuda dolarizada”. “Alberto Fernández se comprometió en campaña a generar un plan de salida de estos créditos; y no solo el presidente: funcionarios, legisladores, etc. Y ahora no nos atienden el teléfono. Nosotros decimos que esto no tiene grieta; uno lo creó y otro lo sostiene”, agregó Paola en diálogo con Frecuencia Zero. Cabe destacar que es urgente modificar el índice porque el día 31 de julio vence el decreto que estableció un 35 % como tope de pago de cuota a partir de los ingresos en cada hogar. Es decir, los endeudados podrían llegar a tener que responder con el 100 % de sus haberes. Por otra parte, lo que agrava su situación es que el cambio de régimen también habilitará a los bancos para que ejecuten las viviendas sin intermediación judicial. Esto corresponderá en los casos de familias que se atrasen con el pago de 3 cuotas consecutivas.
Quieren frenar un impuesto a las compras con tarjeta de crédito
Buscan frenar un impuesto aprobado en diciembre de 2020, en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de una alícuota del 1,2% que recae sobre todas las operaciones que se abonen con las tarjetas de crédito, como compras, pago de impuestos o servicios, sean en cuotas o en un solo pago. El legislador porteño del Frente de Todos Juan Manuel Valdés intenta detener, a través de un amparo colectivo, el impuesto que cobra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre los resúmenes de las tarjetas de crédito radicadas en el distrito, ya que la justicia hizo lugar a una medida cautelar que él presentó, pero limitó su alcance. Aunque Valdés presentó una acción colectiva, la jueza de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Alejandra Petrella, ordenó al Gobierno de la Ciudad «suspender», a través de la AGIP, el cobro del impuesto a los sellos sobre los resúmenes de las tarjetas de crédito, pero solo de «la parte actora», es decir, de quienes hicieron la presentación. Compromiso Ciudadano, se sumó al amparo y uno de sus miembros, Franco Maldonado planteó: “ojalá que quien tenga que decidir sobre la no sea parte de la jurisprudencia que tenemos a favor sobre la improcedencia de este tipo de gravámenes que son ilegítimos y arbitrarios.